Centroamérica

Dueño de periódico de Guatemala enfrentará polémico juicio

Foto: Johan Ordonez / AFP

| Por AFP |

Un juez de Guatemala ordenó el jueves llevar a juicio al dueño de un diario por supuesto lavado de dinero, en un caso denunciado por gremios internacionales de prensa como un intento para acallarlo.

José Rubén Zamora, de 66 años, presidente del diario El Periódico y quien guarda prisión preventiva, también enfrentará el juicio por los delitos de tráfico de influencias y chantaje.

«La investigación presentada por la Fiscalía contiene medios de investigación que orienta a que existe fundamento serio para abrir a juicio», dijo el juez capitalino Freddy Orellana al finalizar la audiencia de etapa intermedia del caso.

Zamora fue detenido el pasado 29 de julio, el mismo día que las autoridades allanaron la sede del diario. El medio, tras denunciar ataques y bloqueo económico, dejó de circular en papel desde inicios de diciembre y funciona en su versión digital.

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El periodista, quien asistió a la cita judicial ataviado con un traje oscuro, sostiene que es un «perseguido político» y que el caso fue fabricado por el presidente, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, para silenciarlo por investigaciones sobre corrupción publicadas en el periódico.

Según la acusación, Zamora participó en una trama de chantaje y lavado de dinero contra empresarios a cambio de no publicar información en su contra por unos 37.500 dólares.

El gobierno ha rechazado estar detrás de la detención de Zamora, mientras que el Ministerio Público argumenta que el proceso es por su calidad de empresario y no por su labor periodística.

Porras fue incluida el año pasado por Washington en la llamada «Lista Engel» de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.

Antes de ordenar el juicio, el juzgador condenó a tres años de prisión conmutables a la exdirectora financiera del diario, Flora Silva, detenida en agosto, en un proceso abreviado luego de que la directiva aceptó el cargo de lavado de dinero.

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En la audiencia estuvo presente una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), encabezada por su presidente Michael Greenspon, quien dijo que «la aprehensión de Zamora es una violación de sus derechos humanos». El ente también ha destacado que en Guatemala «se está atacando en forma sistemática a los periodistas y medios que no se pliegan a los intereses del gobierno».

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Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

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Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.