Centroamérica

Encuentran siete cadáveres en guarida de pandilleros en Guatemala

| Por AFP |

Al menos siete cadáveres fueron localizados debajo del piso de concreto de una vivienda que supuestamente oficiaba de guarida de pandilleros en una zona periférica de la capital de Guatemala asediada por esos grupos, informó este viernes la Fiscalía.

El hallazgo se produjo la noche del jueves en una residencia abandonada en el asentamiento Lomas de Santa Faz en la zona 18 capitalina, en la periferia norte, dijo a periodistas el vocero de la institución pública, Moisés Ortiz.

Según detalló el funcionario, los cadáveres estaban enterrados en un mismo ambiente de la vivienda, «se presume son de sexo femenino y se encuentran en distintos estados de descomposición».

Además, Ortiz comentó que el inmueble «se presume pertenece a alguna estructura criminal que opera en el sector y se trabaja sobre distintas líneas de investigación con el propósito de esclarecer el hecho».

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Las autoridades efectuaron el hallazgo tras denuncias de vecinos sobre olores fétidos que emanaban de la vivienda en construcción, aclaró.

Ortiz indicó que ahora será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses quien determine el sexo de las víctimas, las causas de la muerte y el momento de deceso.

En tanto, un vocero de los Bomberos Municipales, Javier Soto, relató que personal de esa entidad trabajó unas 12 horas con palas y piquetas para remover la plancha de concreto.

«Algunas (de las víctimas) se encontraban envueltas en sábanas y otras en nailon», puntualizó Soto.

Las temibles y antagónicas pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se disputan ferozmente el control de territorios para exigir extorsiones a comerciantes, muchos asesinados si se niegan a pagar la cuota exigida, según las autoridades.

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En Guatemala, buena parte de las 3.210 muertes violentas registradas el año pasado es atribuida por las autoridades al narcotráfico y las pandillas.

Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.

En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.

“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.

La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.

“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.

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Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.

En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.

Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.

“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.

Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.

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Centroamérica

Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.

Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.

“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.