Centroamérica

Panamá ordena cese de operaciones de minera canadiense

Foto: Luis Acosta / AFP

| Por AFP | Francisco Jara |

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó este jueves la paralización de las operaciones del gigante canadiense del cobre First Quantum Minerals que explota la mayor mina de América Central en el Caribe panameño.

«He decidido […] instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, [solo] cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá», dijo Cortizo en un mensaje por televisión.

La decisión del mandatario, respaldada por su Consejo de Ministros, implica la suspensión de las operaciones en el país de una compañía que aporta el 75% de las exportaciones y el 4% del PIB de Panamá.

Cortizo afirmó que Minera Panamá, la filial de First Quantum, «no ha cumplido los compromisos» de suscribir a más tardar este miércoles un nuevo contrato de concesión que elevaría a 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior.

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«Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el gobierno ni para el pueblo panameño», añadió el presidente socialdemócrata.

La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares en movimientos de tierra, construcción de edificios para alojar a sus 7.200 empleados, compra de maquinaria pesada, una central eléctrica, un puerto para buques mercantes de gran calado, caminos de acceso, reforestación y programas de ayuda a las comunidades.

La mina, descubierta en 1968, se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital y una hora en helicóptero. Desde febrero de 2019 produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que se exportan desde el Puerto Punta Rincón, contiguo al yacimiento.

El gerente de la compañía en Panamá, el británico Keith Green, no reaccionó de inmediato al anuncio del presidente.

Green había dicho a la AFP hace una semana que su compañía tenía «la intención de llegar a un acuerdo» con el gobierno panameño. Sin embargo, admitió en esa oportunidad que «la negociación está un poco trabada».

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Recurso legal

First Quantum, que cotiza en la Bosta de Toronto, tiene además operaciones en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania.

La compañía canadiense comenzó a tener dificultades en Panamá luego de que el 21 de diciembre de 2017 la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de explotación de esta mina, la más grande de América Central.

El tribunal tomó esta decisión tras un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato presentado por los abogados Juan Ramón Sevillano y Aracelly Serracín, esta última en representación de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

«Contrato justo»

«Las acciones tomadas hoy por nuestro gobierno garantizan el principio establecido en nuestra constitución: los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño», dijo Cortizo en su mensaje este jueves.

«Tengan la certeza que el gobierno nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato justo» con otra empresa, añadió.

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El pasado 18 de enero, el mandatario había anunciado que endurecería las condiciones de la concesión y que con el nuevo contrato la minera debería pagar como «mínimo» 375 millones de dólares anuales al Estado panameño, 10 veces más que antes.

«Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño», argumentó Cortizo.

A pesar de estas advertencias, la empresa canadiense siguió trabajando e invirtiendo con normalidad. Incluso hace ocho días puso en operación una enorme perforadora de 200 toneladas, fabricada por la empresa sueca Epiroc en Estados Unidos, que costó más de seis millones de dólares.

América Central carece de tradición minera y esta actividad productiva es ilegal en Costa Rica y El Salvador.

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Centroamérica

Honduras interviene unidad antipandillas tras asesinato de cinco agentes

El Ministerio de Seguridad de Honduras ordenó la intervención inmediata de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), luego de que un operativo considerado irregular terminara con el secuestro y asesinato de cinco agentes de esa división policial.

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades suspendieron al director, subdirector y jefe de operaciones de la unidad antipandillas. El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, indicó que la cúpula de Dipampco será investigada para determinar por qué los agentes participaron en un allanamiento sin cumplir los protocolos institucionales establecidos.

De acuerdo con las autoridades hondureñas, los policías fueron asesinados por integrantes de una estructura criminal tras un operativo realizado el jueves en la aldea Corinto, municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala.

El Ministerio de Seguridad detalló en un comunicado que Dipampco ejecutó el allanamiento “sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial correspondientes”.

Las investigaciones preliminares señalan que el operativo estaba dirigido contra una estructura dedicada al narcotráfico liderada por Héber Noé Argueta Zavala, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los agentes ingresaron en fila a la vivienda intervenida y fueron recibidos con disparos. Periodistas hondureños que acudieron al lugar señalaron que la organización criminal aparentemente ya conocía sobre la llegada de los uniformados antes del operativo.

Las autoridades continúan las investigaciones para establecer responsabilidades dentro de la unidad policial y determinar cómo se filtró la información sobre el procedimiento.

Centroamérica

PNC y Ejército aumentan vigilancia fronteriza ante violencia en Honduras

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que la Policía Nacional Civil de Guatemala y el Ejército de Guatemala reforzaron la seguridad en la frontera con Honduras tras las masacres ocurridas el jueves en territorio hondureño, donde al menos 24 personas murieron, incluidos cinco agentes policiales.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que las autoridades mantienen vigilancia permanente en los pasos fronterizos y coordinación con cuerpos de seguridad hondureños para impedir el ingreso de los responsables de los ataques.

“Hemos tenido constante monitoreo de la situación y nos hemos comunicado con autoridades del vecino país para conocer el estado de la frontera. Hemos enviado varios contingentes de la Policía Nacional Civil para reforzar la zona y evitar que las personas que atentaron contra la Policía de Honduras se trasladen a territorio nacional. También contamos con el apoyo del Ejército de Guatemala”, declaró el funcionario.

Las medidas de seguridad se concentran principalmente en las zonas limítrofes de Izabal y Chiquimula, donde se incrementaron los patrullajes y los controles vehiculares.

Las autoridades guatemaltecas también informaron sobre el cruce de dos ciudadanos hondureños sospechosos de estar vinculados con la masacre de policías ocurrida en Honduras, aunque no se brindaron mayores detalles sobre su situación migratoria o posibles capturas.

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Centroamérica

Masacres en Honduras elevan tensión por violencia armada y disputas territoriales

Honduras vivió este jueves una nueva escalada de violencia armada que dejó al menos 25 personas fallecidas en dos masacres ocurridas en distintas zonas del país, según reportes preliminares de las autoridades.

Aproximadamente 12 horas después del primer hecho violento, el Ministerio Público de Honduras confirmó a medios locales la recuperación de 19 cuerpos en el departamento de Colón.

El portavoz de la institución, Yuri Mora, explicó que las víctimas fueron encontradas en distintos puntos de la zona.

“En un sector son 13 los cuerpos reconocidos y en otro son 6 hasta el momento”, detalló Mora.

Uno de los hechos ocurrió en el sector Palmeras, Paso Aguán, municipio de Trujillo, donde habitantes reportaron el asesinato de al menos diez trabajadores agrícolas de una finca de palma africana.

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De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron atacadas durante la madrugada cuando se disponían a iniciar su jornada laboral.

La Policía Nacional de Honduras indicó que no pudo confirmar inicialmente el número de fallecidos debido a que familiares trasladaron los cuerpos antes de la llegada de Medicina Forense.

“Los cuerpos fueron levantados por familiares; es una aldea de difícil acceso. Eran personas que pernoctaban en estas fincas”, señaló una fuente policial.

Por su parte, Javier Talavera aseguró que una de las principales hipótesis apunta a conflictos de tierras en la zona, problemática que históricamente ha generado enfrentamientos en el sector del Bajo Aguán.

Las autoridades continúan investigando ambos hechos para determinar responsabilidades y esclarecer las causas de las masacres.