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Centroamérica

Panamá ordena cese de operaciones de minera canadiense

Foto: Luis Acosta / AFP

| Por AFP | Francisco Jara |

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó este jueves la paralización de las operaciones del gigante canadiense del cobre First Quantum Minerals que explota la mayor mina de América Central en el Caribe panameño.

«He decidido […] instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, [solo] cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá», dijo Cortizo en un mensaje por televisión.

La decisión del mandatario, respaldada por su Consejo de Ministros, implica la suspensión de las operaciones en el país de una compañía que aporta el 75% de las exportaciones y el 4% del PIB de Panamá.

Cortizo afirmó que Minera Panamá, la filial de First Quantum, «no ha cumplido los compromisos» de suscribir a más tardar este miércoles un nuevo contrato de concesión que elevaría a 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior.

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«Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el gobierno ni para el pueblo panameño», añadió el presidente socialdemócrata.

La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares en movimientos de tierra, construcción de edificios para alojar a sus 7.200 empleados, compra de maquinaria pesada, una central eléctrica, un puerto para buques mercantes de gran calado, caminos de acceso, reforestación y programas de ayuda a las comunidades.

La mina, descubierta en 1968, se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital y una hora en helicóptero. Desde febrero de 2019 produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que se exportan desde el Puerto Punta Rincón, contiguo al yacimiento.

El gerente de la compañía en Panamá, el británico Keith Green, no reaccionó de inmediato al anuncio del presidente.

Green había dicho a la AFP hace una semana que su compañía tenía «la intención de llegar a un acuerdo» con el gobierno panameño. Sin embargo, admitió en esa oportunidad que «la negociación está un poco trabada».

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Recurso legal

First Quantum, que cotiza en la Bosta de Toronto, tiene además operaciones en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania.

La compañía canadiense comenzó a tener dificultades en Panamá luego de que el 21 de diciembre de 2017 la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de explotación de esta mina, la más grande de América Central.

El tribunal tomó esta decisión tras un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato presentado por los abogados Juan Ramón Sevillano y Aracelly Serracín, esta última en representación de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

«Contrato justo»

«Las acciones tomadas hoy por nuestro gobierno garantizan el principio establecido en nuestra constitución: los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño», dijo Cortizo en su mensaje este jueves.

«Tengan la certeza que el gobierno nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato justo» con otra empresa, añadió.

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El pasado 18 de enero, el mandatario había anunciado que endurecería las condiciones de la concesión y que con el nuevo contrato la minera debería pagar como «mínimo» 375 millones de dólares anuales al Estado panameño, 10 veces más que antes.

«Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño», argumentó Cortizo.

A pesar de estas advertencias, la empresa canadiense siguió trabajando e invirtiendo con normalidad. Incluso hace ocho días puso en operación una enorme perforadora de 200 toneladas, fabricada por la empresa sueca Epiroc en Estados Unidos, que costó más de seis millones de dólares.

América Central carece de tradición minera y esta actividad productiva es ilegal en Costa Rica y El Salvador.

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Centroamérica

Guatemala despliega el Operativo Centinela para recuperar control del penal Renovación 1

Desde tempranas horas de este martes, unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, con apoyo del Ejército y del Sistema Penitenciario, ejecutan el Operativo Centinela con el objetivo de retomar el control del centro penitenciario Renovación 1, ubicado en el departamento de Escuintla, informó el Ministerio de Gobernación mediante transmisiones en vivo desde su cuenta oficial en X.

Las fuerzas de seguridad desarrollan requisas simultáneas en la Cárcel de Máxima Seguridad para Varones Renovación 1, como parte de una estrategia para reducir la incidencia criminal, prevenir delitos y frenar el ingreso y traslado de objetos ilícitos dentro y en los alrededores del penal, detalló la cartera de Gobernación.

De acuerdo con información publicada por el medio guatemalteco Prensa Libre, el operativo responde a investigaciones que señalan que estructuras de pandillas ejercen control sobre comercios y terrenos cercanos al centro penitenciario, los cuales serían utilizados como puntos de vigilancia y para ocultar drogas, armas y otros objetos ilegales.

“Las maras se apoderan de terrenos y comercios cercanos para utilizarlos como puestos de vigilancia, esconder drogas, armas y otros ilícitos”, afirmó el Sistema Penitenciario, citado por el medio local.

Durante el despliegue, las autoridades realizaron un acto protocolario para dar inicio formal al Operativo Centinela, encabezado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; el ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos; la gobernadora departamental de Escuintla, Vivian Mayorga; el director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo; y el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, entre otros funcionarios.

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“Este operativo se formula para proteger a la población, tomar el control del territorio y devolvérselo al pueblo digno. No venimos a improvisar, venimos a ejecutar; no venimos a ver qué pasa, venimos a tomar el control”, afirmó el ministro Villeda, quien subrayó que el objetivo es recuperar el orden, la seguridad y la gobernabilidad en zonas afectadas por la presencia de maras.

El operativo se desarrolla en un contexto de reciente incremento de hechos violentos en Escuintla, entre ellos el asesinato de una joven madre y su bebé, ocurrido en una zona rural del departamento, hecho que conmocionó a la población.

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Centroamérica

OEA y BID destacan avances de El Salvador en legislación y estrategia de ciberseguridad

Costa Rica reitera importancia del uso de herramientas jurídicas y técnicas contra el ciberdelito

El Salvador ha dado pasos significativos en la consolidación de un marco legal sólido en materia de ciberseguridad, según señala el Informe de Ciberseguridad 2025: “Vulnerabilidad y madurez: desafíos para cerrar brechas en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El estudio resalta como uno de los principales avances la aprobación, en 2024, de dos leyes clave por parte de la Asamblea Legislativa: la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (decreto 143) y la Ley de Protección de Datos Personales (decreto 144).

De acuerdo con el informe, la Ley de Ciberseguridad establece un marco integral de políticas aplicable a todas las entidades del Estado, incluidos organismos autónomos y municipalidades, e incorpora sanciones específicas para los funcionarios públicos que incumplan la implementación de medidas de seguridad adecuadas, reforzando así la importancia del cumplimiento normativo.

El documento también destaca que el Gobierno salvadoreño impulsa diversos esfuerzos para fortalecer la ciberseguridad como parte de la Agenda Digital 2020-2030, con el objetivo de integrar a los sectores público y privado en un entorno digital seguro que fomente el desarrollo nacional mediante la innovación y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En esa línea, el informe subraya que El Salvador avanza en la construcción de una estrategia nacional de ciberseguridad, enfocada en la protección de la información digital del Estado mediante la adopción de estándares internacionales y una coordinación interinstitucional sólida.

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Asimismo, se resalta la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), encargada de implementar las políticas de ciberseguridad en las instituciones públicas, así como de desarrollar y administrar el Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad.

El estudio añade que el país está implementando centros de operaciones de seguridad (SOC) para la gestión y respuesta ante amenazas en sectores sensibles vinculados al Gobierno Electrónico, los cuales contarán con apoyo técnico y financiero del BID.

En ese contexto, se destaca que en 2023 El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en establecer un SOC especializado para el sector financiero, reflejando el compromiso gubernamental con el fortalecimiento de la seguridad digital.

Finalmente, el informe señala que el Gobierno ha reforzado la gestión del dominio .sv, con el fin de mejorar la seguridad de los portales institucionales.

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Centroamérica

El Salvador cierra 2025 con la tasa de homicidios más baja de su historia

El Salvador cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja desde que existen registros oficiales, como resultado de la ofensiva gubernamental contra las pandillas, aseguró este lunes el Gobierno.

De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la tasa de asesinatos se redujo a 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año pasado, una disminución frente a los 1,9 registrados en 2024. El funcionario precisó que en 2025 se contabilizaron 82 homicidios, todos los cuales —afirmó— fueron esclarecidos por las autoridades.

“Estos datos nos permiten decir ahora con propiedad que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental”, sostuvo Villatoro durante una declaración a la prensa.

Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales amparada en un régimen de excepción, que autoriza detenciones sin orden judicial y ha sido prorrogado de forma continua. Según el ministro, esta estrategia permitió durante 2025 “neutralizar y seguir derrotando” a las pandillas, a las que calificó como el “enemigo más grande” que enfrentaba el país.

El Salvador llegó a registrar una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, lo que lo colocó entonces entre los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Las autoridades atribuyen la drástica reducción de la violencia a las políticas de seguridad implementadas en los últimos años.

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