Centroamérica
Panamá ordena cese de operaciones de minera canadiense
| Por AFP | Francisco Jara |
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó este jueves la paralización de las operaciones del gigante canadiense del cobre First Quantum Minerals que explota la mayor mina de América Central en el Caribe panameño.
«He decidido […] instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, [solo] cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá», dijo Cortizo en un mensaje por televisión.
La decisión del mandatario, respaldada por su Consejo de Ministros, implica la suspensión de las operaciones en el país de una compañía que aporta el 75% de las exportaciones y el 4% del PIB de Panamá.
Cortizo afirmó que Minera Panamá, la filial de First Quantum, «no ha cumplido los compromisos» de suscribir a más tardar este miércoles un nuevo contrato de concesión que elevaría a 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior.
«Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el gobierno ni para el pueblo panameño», añadió el presidente socialdemócrata.
La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares en movimientos de tierra, construcción de edificios para alojar a sus 7.200 empleados, compra de maquinaria pesada, una central eléctrica, un puerto para buques mercantes de gran calado, caminos de acceso, reforestación y programas de ayuda a las comunidades.
La mina, descubierta en 1968, se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital y una hora en helicóptero. Desde febrero de 2019 produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que se exportan desde el Puerto Punta Rincón, contiguo al yacimiento.
El gerente de la compañía en Panamá, el británico Keith Green, no reaccionó de inmediato al anuncio del presidente.
Green había dicho a la AFP hace una semana que su compañía tenía «la intención de llegar a un acuerdo» con el gobierno panameño. Sin embargo, admitió en esa oportunidad que «la negociación está un poco trabada».
Recurso legal
First Quantum, que cotiza en la Bosta de Toronto, tiene además operaciones en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania.
La compañía canadiense comenzó a tener dificultades en Panamá luego de que el 21 de diciembre de 2017 la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de explotación de esta mina, la más grande de América Central.
El tribunal tomó esta decisión tras un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato presentado por los abogados Juan Ramón Sevillano y Aracelly Serracín, esta última en representación de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
«Contrato justo»
«Las acciones tomadas hoy por nuestro gobierno garantizan el principio establecido en nuestra constitución: los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño», dijo Cortizo en su mensaje este jueves.
«Tengan la certeza que el gobierno nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato justo» con otra empresa, añadió.
El pasado 18 de enero, el mandatario había anunciado que endurecería las condiciones de la concesión y que con el nuevo contrato la minera debería pagar como «mínimo» 375 millones de dólares anuales al Estado panameño, 10 veces más que antes.
«Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño», argumentó Cortizo.
A pesar de estas advertencias, la empresa canadiense siguió trabajando e invirtiendo con normalidad. Incluso hace ocho días puso en operación una enorme perforadora de 200 toneladas, fabricada por la empresa sueca Epiroc en Estados Unidos, que costó más de seis millones de dólares.
América Central carece de tradición minera y esta actividad productiva es ilegal en Costa Rica y El Salvador.
Centroamérica
Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia con efecto inmediato
El Gobierno de Honduras anunció este jueves su retiro inmediato del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia(CCJ), una decisión que, según las autoridades, permitirá ahorrar más de $720,000 anuales para destinarlos a prioridades nacionales.
La medida fue comunicada oficialmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, que señaló que el retiro se realiza en ejercicio de la soberanía del país y conforme al derecho internacional.
El Gobierno hondureño argumentó que la CCJ operaba únicamente con dos Estados parte, situación que, a su criterio, modificó sustancialmente las condiciones originales del convenio y redujo la operatividad, representatividad y carácter multilateral del organismo regional.
La Cancillería indicó además que la decisión forma parte de la Agenda Presidencial 2026-2030, enfocada en la eficiencia institucional y el saneamiento de las finanzas públicas, mediante la reducción de gastos y la reorganización de estructuras estatales.
Centroamérica
FGR destruye más de 85 mil gramos de droga valorados en $333 mil
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), destruyó más de 85 mil gramos de droga valorados en $333,786.85, como parte de las acciones contra el narcotráfico desarrolladas en diferentes puntos del país.
De acuerdo con las autoridades, los estupefacientes fueron incautados en operativos realizados en Santa Ana, San Miguely San Salvador.
La FGR indicó que algunos de los casos corresponden a condenados que ya cumplen penas de prisión, mientras que otros imputados continúan enfrentando procesos judiciales por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Entre las sustancias destruidas se contabilizaron 83,712.07 gramos de marihuana, 13 plantas de cannabis, 1,487.51 gramos de cocaína y 25.35 gramos de metanfetamina.
Centroamérica
Fiscalía decomisa más de 20 mil medicamentos irregulares en San Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con diversas instituciones gubernamentales, continúa desarrollando operativos en inmuebles de San Salvador donde han sido encontrados medicamentos de dudosa procedencia presuntamente distribuidos en tiendas y farmacias del país.
Según informó la institución fiscal, hasta el momento han sido decomisados más de 20,000 fármacos que no cuentan con registro sanitario ni con permisos legales para su comercialización y consumo en territorio salvadoreño.
Las autoridades señalaron además que algunos de los productos incautados presentaban viñetas falsificadas con nombres de reconocidos laboratorios farmacéuticos, lo que incrementa las sospechas sobre una posible red de distribución ilegal de medicamentos.
En los procedimientos participan elementos de la Policía Nacional Civil, la Superintendencia de Regulación Sanitaria y la Dirección General de Aduanas.
“Se ha determinado que estos medicamentos pudieron ser ingresados al país de manera ilícita. Se prevé que los registros continúen en los próximos días”, indicó la Fiscalía a través de un comunicado.
Los operativos forman parte de una investigación iniciada tras el allanamiento realizado el pasado 29 de abril en dos locales ubicados en las cercanías del mercado Central de San Salvador Centro.
En esos inmuebles, las autoridades encontraron medicamentos sin registros sanitarios y productos identificados con etiquetas presuntamente falsificadas. La investigación busca determinar el origen de los fármacos y la posible existencia de estructuras dedicadas al contrabando y comercialización ilegal de medicinas.
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