Centroamérica

Panamá ordena cese de operaciones de minera canadiense

Foto: Luis Acosta / AFP

| Por AFP | Francisco Jara |

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó este jueves la paralización de las operaciones del gigante canadiense del cobre First Quantum Minerals que explota la mayor mina de América Central en el Caribe panameño.

«He decidido […] instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, [solo] cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá», dijo Cortizo en un mensaje por televisión.

La decisión del mandatario, respaldada por su Consejo de Ministros, implica la suspensión de las operaciones en el país de una compañía que aporta el 75% de las exportaciones y el 4% del PIB de Panamá.

Cortizo afirmó que Minera Panamá, la filial de First Quantum, «no ha cumplido los compromisos» de suscribir a más tardar este miércoles un nuevo contrato de concesión que elevaría a 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior.

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«Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el gobierno ni para el pueblo panameño», añadió el presidente socialdemócrata.

La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares en movimientos de tierra, construcción de edificios para alojar a sus 7.200 empleados, compra de maquinaria pesada, una central eléctrica, un puerto para buques mercantes de gran calado, caminos de acceso, reforestación y programas de ayuda a las comunidades.

La mina, descubierta en 1968, se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital y una hora en helicóptero. Desde febrero de 2019 produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que se exportan desde el Puerto Punta Rincón, contiguo al yacimiento.

El gerente de la compañía en Panamá, el británico Keith Green, no reaccionó de inmediato al anuncio del presidente.

Green había dicho a la AFP hace una semana que su compañía tenía «la intención de llegar a un acuerdo» con el gobierno panameño. Sin embargo, admitió en esa oportunidad que «la negociación está un poco trabada».

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Recurso legal

First Quantum, que cotiza en la Bosta de Toronto, tiene además operaciones en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania.

La compañía canadiense comenzó a tener dificultades en Panamá luego de que el 21 de diciembre de 2017 la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de explotación de esta mina, la más grande de América Central.

El tribunal tomó esta decisión tras un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato presentado por los abogados Juan Ramón Sevillano y Aracelly Serracín, esta última en representación de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

«Contrato justo»

«Las acciones tomadas hoy por nuestro gobierno garantizan el principio establecido en nuestra constitución: los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño», dijo Cortizo en su mensaje este jueves.

«Tengan la certeza que el gobierno nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato justo» con otra empresa, añadió.

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El pasado 18 de enero, el mandatario había anunciado que endurecería las condiciones de la concesión y que con el nuevo contrato la minera debería pagar como «mínimo» 375 millones de dólares anuales al Estado panameño, 10 veces más que antes.

«Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño», argumentó Cortizo.

A pesar de estas advertencias, la empresa canadiense siguió trabajando e invirtiendo con normalidad. Incluso hace ocho días puso en operación una enorme perforadora de 200 toneladas, fabricada por la empresa sueca Epiroc en Estados Unidos, que costó más de seis millones de dólares.

América Central carece de tradición minera y esta actividad productiva es ilegal en Costa Rica y El Salvador.

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Centroamérica

Fiscalía decomisa más de 20 mil medicamentos irregulares en San Salvador

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con diversas instituciones gubernamentales, continúa desarrollando operativos en inmuebles de San Salvador donde han sido encontrados medicamentos de dudosa procedencia presuntamente distribuidos en tiendas y farmacias del país.

Según informó la institución fiscal, hasta el momento han sido decomisados más de 20,000 fármacos que no cuentan con registro sanitario ni con permisos legales para su comercialización y consumo en territorio salvadoreño.

Las autoridades señalaron además que algunos de los productos incautados presentaban viñetas falsificadas con nombres de reconocidos laboratorios farmacéuticos, lo que incrementa las sospechas sobre una posible red de distribución ilegal de medicamentos.

En los procedimientos participan elementos de la Policía Nacional Civil, la Superintendencia de Regulación Sanitaria y la Dirección General de Aduanas.

“Se ha determinado que estos medicamentos pudieron ser ingresados al país de manera ilícita. Se prevé que los registros continúen en los próximos días”, indicó la Fiscalía a través de un comunicado.

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Los operativos forman parte de una investigación iniciada tras el allanamiento realizado el pasado 29 de abril en dos locales ubicados en las cercanías del mercado Central de San Salvador Centro.

En esos inmuebles, las autoridades encontraron medicamentos sin registros sanitarios y productos identificados con etiquetas presuntamente falsificadas. La investigación busca determinar el origen de los fármacos y la posible existencia de estructuras dedicadas al contrabando y comercialización ilegal de medicinas.

Centroamérica

Panamá agradece respaldo internacional en disputa con China por el canal

El gobierno de Panamá agradeció este miércoles el respaldo recibido por parte de varios países, encabezados por Estados Unidos, en medio de la disputa con China relacionada con el canal de Panamá y la operación de puertos estratégicos en esa vía marítima.

La controversia surgió luego de que Panamá asumiera en febrero el control de dos puertos ubicados en el canal, anteriormente administrados por un conglomerado con sede en Hong Kong, tras una resolución emitida por la Corte Suprema panameña en enero.

Estados Unidos lideró una declaración conjunta junto a Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en la que cuestionaron las acciones de Pekín y las calificaron como una amenaza para la soberanía regional.

“Las acciones de China son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringen la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”, señaló el comunicado divulgado por el Departamento de Estado estadounidense.

El documento agregó que “cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza contra todos nosotros”.

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Ante estas muestras de apoyo, el presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó su agradecimiento a los países aliados.

“Agradecemos la solidaridad de países amigos. No deseamos polémicas ya que valoramos las relaciones respetuosas con todas las naciones”, manifestó el mandatario.

Por su parte, el gobierno chino reaccionó a las declaraciones estadounidenses. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, calificó las acusaciones como “totalmente infundadas”.

La situación mantiene la atención internacional debido a la importancia estratégica del canal de Panamá para el comercio marítimo mundial y la creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China en la región.

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Centroamérica

SIP condena asesinato de periodista en Guatemala y exige investigación

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles el asesinato del periodista guatemalteco Carlos Humberto Cal Ical y pidió a las autoridades de Guatemala identificar y llevar ante la justicia a los responsables del crimen.

A través de un comunicado, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que este tipo de hechos representan una grave amenaza para la libertad de prensa en la región.

“El asesinato de un periodista, sumado a la impunidad que suele rodear a la mayoría de estos crímenes, constituye una de las más graves violaciones a la libertad de prensa que debemos enfrentar con urgencia y determinación”, expresó Manigault.

Carlos Cal Ical falleció el pasado domingo luego de ser atacado a tiros por desconocidos cerca de su vivienda en San Cristóbal Verapaz, localidad ubicada a unos 80 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la asociación de periodistas locales, el comunicador no había denunciado amenazas previas. Sin embargo, la organización indicó que no se descarta que el ataque esté vinculado con su trabajo periodístico.