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Centroamérica

Panamá ordena cese de operaciones de minera canadiense

Foto: Luis Acosta / AFP

| Por AFP | Francisco Jara |

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó este jueves la paralización de las operaciones del gigante canadiense del cobre First Quantum Minerals que explota la mayor mina de América Central en el Caribe panameño.

«He decidido […] instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, [solo] cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá», dijo Cortizo en un mensaje por televisión.

La decisión del mandatario, respaldada por su Consejo de Ministros, implica la suspensión de las operaciones en el país de una compañía que aporta el 75% de las exportaciones y el 4% del PIB de Panamá.

Cortizo afirmó que Minera Panamá, la filial de First Quantum, «no ha cumplido los compromisos» de suscribir a más tardar este miércoles un nuevo contrato de concesión que elevaría a 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior.

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«Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el gobierno ni para el pueblo panameño», añadió el presidente socialdemócrata.

La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares en movimientos de tierra, construcción de edificios para alojar a sus 7.200 empleados, compra de maquinaria pesada, una central eléctrica, un puerto para buques mercantes de gran calado, caminos de acceso, reforestación y programas de ayuda a las comunidades.

La mina, descubierta en 1968, se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital y una hora en helicóptero. Desde febrero de 2019 produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que se exportan desde el Puerto Punta Rincón, contiguo al yacimiento.

El gerente de la compañía en Panamá, el británico Keith Green, no reaccionó de inmediato al anuncio del presidente.

Green había dicho a la AFP hace una semana que su compañía tenía «la intención de llegar a un acuerdo» con el gobierno panameño. Sin embargo, admitió en esa oportunidad que «la negociación está un poco trabada».

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Recurso legal

First Quantum, que cotiza en la Bosta de Toronto, tiene además operaciones en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania.

La compañía canadiense comenzó a tener dificultades en Panamá luego de que el 21 de diciembre de 2017 la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de explotación de esta mina, la más grande de América Central.

El tribunal tomó esta decisión tras un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato presentado por los abogados Juan Ramón Sevillano y Aracelly Serracín, esta última en representación de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

«Contrato justo»

«Las acciones tomadas hoy por nuestro gobierno garantizan el principio establecido en nuestra constitución: los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño», dijo Cortizo en su mensaje este jueves.

«Tengan la certeza que el gobierno nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato justo» con otra empresa, añadió.

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El pasado 18 de enero, el mandatario había anunciado que endurecería las condiciones de la concesión y que con el nuevo contrato la minera debería pagar como «mínimo» 375 millones de dólares anuales al Estado panameño, 10 veces más que antes.

«Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño», argumentó Cortizo.

A pesar de estas advertencias, la empresa canadiense siguió trabajando e invirtiendo con normalidad. Incluso hace ocho días puso en operación una enorme perforadora de 200 toneladas, fabricada por la empresa sueca Epiroc en Estados Unidos, que costó más de seis millones de dólares.

América Central carece de tradición minera y esta actividad productiva es ilegal en Costa Rica y El Salvador.

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MARN1

Centroamérica

Protección Civil emite Alerta Naranja por lluvias intensas en todo El Salvador

La Dirección General de Protección Civil decretó Alerta Naranja en todo El Salvador a partir de este domingo 19 de octubre, ante las fuertes lluvias provocadas por el paso de una vaguada en superficie y el flujo de humedad proveniente del océano Pacífico.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), entre las 7:00 de la mañana del sábado 18 y las 7:00 de la mañana del domingo 19, se registraron precipitaciones de moderadas a fuertes en la cordillera volcánica y en la franja montañosa norte del país.

El máximo acumulado de lluvia alcanzó 83.4 milímetros, medido en la estación meteorológica de Zaragoza, departamento de La Libertad. Ante esta situación, las autoridades advirtieron sobre una alta probabilidad de desbordamientos en las cuencas de las regiones hidrográficas Lempa Alta, Media y Baja, así como en los Estero de Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco, Sirama y Mandinga-Comalapa, además de los ríos Grande de San Miguel, Goascorán y Jiboa.

Protección Civil instó a la población a mantenerse alerta, atender las recomendaciones de las autoridades locales y evitar cruzar ríos o quebradas con alto caudal, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

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Centroamérica

El Salvador alcanza 0 % de impunidad en delitos, indica ministro Villatoro

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, destacó este jueves ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa que El Salvador ha alcanzado un 0 % de impunidad en los delitos cometidos durante 2025, como parte de los resultados del plan de seguridad implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Durante su intervención, Villatoro explicó que uno de los pilares del plan de seguridad es la combinación de acciones policiales y judiciales, lo que ha permitido reducir de manera sostenida los niveles de impunidad.

“Uno de los aspectos fundamentales del plan de seguridad del presidente Bukele es que no solo incluye medidas de seguridad, sino también de justicia, donde se aborda directamente el componente de impunidad”, subrayó el funcionario.

El ministro precisó que el combate a la impunidad ha tenido una mejora histórica: en 2019, el índice alcanzaba el 97 %, lo que significaba que de cada 100 homicidios, los responsables tenían altas probabilidades de no ser capturados. En 2022, la cifra se redujo a 35 %; en 2023, a 5 %, y en 2024, a 1.6 %.

“En lo que va de este año, la impunidad es de 0 %. Este es un mensaje fuerte, un golpe de autoridad en materia de seguridad y justicia”, afirmó Villatoro.

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El funcionario también señaló que, más allá de la reducción en los homicidios, el objetivo del plan de seguridad es desincentivar el crimen al eliminar cualquier beneficio o posibilidad de escapar de la justicia.

“Antes, matar era rentable para el criminal. Hoy no lo es”, concluyó.

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Centroamérica

Bukele prioriza educación, salud y seguridad en un plan de inversión social a largo plazo

El Gobierno del presidente Nayib Bukele proyecta un incremento significativo en la inversión social para 2026, con mayores asignaciones en los ministerios de Educación, Salud, Seguridad y Defensa, según los datos del proyecto de Presupuesto General del Estado.

Para el próximo año, el plan de gastos contempla una inversión de $3,886.9 millones en estas cuatro áreas, lo que representa un aumento de $277.3 millones en comparación con los $3,609.6 millones asignados en 2025. En 2024, el monto destinado al área social fue de $3,698.9 millones, mientras que en 2023 alcanzó los $3,263.6 millones, lo que refleja un incremento acumulado de $623.6 millones en tres años.

De acuerdo con el sociólogo René Martínez, el proyecto presupuestario 2026, actualmente en discusión en la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, mantiene un equilibrio entre “lo urgente y lo importante”, y reafirma al área social como pilar del crecimiento económico y del desarrollo orientado a reducir la desigualdad.

“En el área social, se trata de un plan financiero de mediano y largo plazo que concreta las urgencias y aspiraciones de la población. Garantiza derechos civiles y bienestar colectivo en ámbitos como salud, educación, seguridad, servicios públicos de calidad y defensa”, explicó Martínez.

En los rubros de Seguridad y Defensa, el Gobierno continuará la ejecución del Plan Control Territorial (PCT), como parte de la estrategia para mantener los resultados obtenidos en la lucha contra las pandillas y el crimen organizado.

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“La meta del presidente Bukele al priorizar el área social es seguir construyendo la sociedad de bienestar delineada desde 2019, con ejes estratégicos basados en la seguridad, el desarrollo social sostenido, la educación y la salud”, concluyó el sociólogo.

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