Centroamérica

Panamá ordena cese de operaciones de minera canadiense

Foto: Luis Acosta / AFP

| Por AFP | Francisco Jara |

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó este jueves la paralización de las operaciones del gigante canadiense del cobre First Quantum Minerals que explota la mayor mina de América Central en el Caribe panameño.

«He decidido […] instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, [solo] cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá», dijo Cortizo en un mensaje por televisión.

La decisión del mandatario, respaldada por su Consejo de Ministros, implica la suspensión de las operaciones en el país de una compañía que aporta el 75% de las exportaciones y el 4% del PIB de Panamá.

Cortizo afirmó que Minera Panamá, la filial de First Quantum, «no ha cumplido los compromisos» de suscribir a más tardar este miércoles un nuevo contrato de concesión que elevaría a 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior.

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«Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el gobierno ni para el pueblo panameño», añadió el presidente socialdemócrata.

La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares en movimientos de tierra, construcción de edificios para alojar a sus 7.200 empleados, compra de maquinaria pesada, una central eléctrica, un puerto para buques mercantes de gran calado, caminos de acceso, reforestación y programas de ayuda a las comunidades.

La mina, descubierta en 1968, se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital y una hora en helicóptero. Desde febrero de 2019 produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que se exportan desde el Puerto Punta Rincón, contiguo al yacimiento.

El gerente de la compañía en Panamá, el británico Keith Green, no reaccionó de inmediato al anuncio del presidente.

Green había dicho a la AFP hace una semana que su compañía tenía «la intención de llegar a un acuerdo» con el gobierno panameño. Sin embargo, admitió en esa oportunidad que «la negociación está un poco trabada».

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Recurso legal

First Quantum, que cotiza en la Bosta de Toronto, tiene además operaciones en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania.

La compañía canadiense comenzó a tener dificultades en Panamá luego de que el 21 de diciembre de 2017 la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de explotación de esta mina, la más grande de América Central.

El tribunal tomó esta decisión tras un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato presentado por los abogados Juan Ramón Sevillano y Aracelly Serracín, esta última en representación de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

«Contrato justo»

«Las acciones tomadas hoy por nuestro gobierno garantizan el principio establecido en nuestra constitución: los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño», dijo Cortizo en su mensaje este jueves.

«Tengan la certeza que el gobierno nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato justo» con otra empresa, añadió.

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El pasado 18 de enero, el mandatario había anunciado que endurecería las condiciones de la concesión y que con el nuevo contrato la minera debería pagar como «mínimo» 375 millones de dólares anuales al Estado panameño, 10 veces más que antes.

«Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño», argumentó Cortizo.

A pesar de estas advertencias, la empresa canadiense siguió trabajando e invirtiendo con normalidad. Incluso hace ocho días puso en operación una enorme perforadora de 200 toneladas, fabricada por la empresa sueca Epiroc en Estados Unidos, que costó más de seis millones de dólares.

América Central carece de tradición minera y esta actividad productiva es ilegal en Costa Rica y El Salvador.

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Centroamérica

Consuelo Porras busca tercer mandato como fiscal general en Guatemala

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) bajo señalamientos de “corrupción” y conductas “antidemocráticas”, se postuló para un tercer periodo consecutivo al frente del Ministerio Público, informó el viernes la comisión encargada de conformar la nómina de candidatos.

El comité deberá entregar un listado de seis aspirantes entre los cuales el presidente Bernardo Arévalo elegirá al próximo fiscal general. El mandatario mantiene un enfrentamiento con Porras desde hace dos años, luego de que la funcionaria impulsara investigaciones que pusieron en duda su investidura.

Washington y la UE sancionaron a Porras —en el cargo desde 2018 y reelecta en 2022— al considerar que intentó obstaculizar la toma de posesión de Arévalo y promovió, según sus señalamientos, acciones contra exfuncionarios anticorrupción, periodistas y líderes sociales, varios de los cuales se encuentran actualmente en el exilio.

59 aspirantes al cargo

La secretaria de la comisión y presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, informó en conferencia de prensa que al cierre del período de recepción de expedientes se registraron 59 postulaciones para el cargo.

El funcionario que resulte electo asumirá el próximo 17 de mayo.

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De acuerdo con el listado oficial divulgado por la comisión, la candidatura de Porras fue incluida pese a que no presentó personalmente su documentación. Según medios locales, la fiscal envió a una representante para completar el trámite.

Señalamientos y revés electoral

La funcionaria perdió recientemente una elección interna en la que una universidad pública designó a dos de los 10 magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la máxima instancia judicial del país, aunque podría optar nuevamente mediante la vía de la Corte Suprema.

Ese mismo día, expertos de la ONU vincularon a Porras con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas ocurrido en la década de 1980, durante la guerra civil guatemalteca, acusación que la fiscal rechazó.

El proceso de selección se desarrolla en un contexto de tensión política y escrutinio internacional sobre el sistema de justicia guatemalteco.

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Centroamérica

El Salvador y Acnur celebran 45 años de cooperación en protección internacional

El Gobierno de El Salvador y la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) conmemoraron 45 años de trabajo conjunto y cooperación en materia de protección internacional y asistencia humanitaria.

La agencia de la ONU llegó al país en la década de los ochenta, en el contexto del conflicto armado, con el objetivo de brindar apoyo a la población afectada. Desde entonces, ha acompañado distintos proyectos orientados a la protección de personas refugiadas y desplazadas.

“Conmemorar 45 años de historia y trabajo conjunto entre El Salvador y Acnur es reconocer una alianza sólida que ha puesto la protección internacional y la salvaguarda de la dignidad humana en el centro de las políticas públicas y de nuestra visión de país”, expresó la vicecanciller Adriana Mira.

La diplomática destacó que esta cooperación ha permitido fortalecer la institucionalidad nacional, dando paso a la creación de la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas (Coder), liderada por la Cancillería de la República y articulada con diversas entidades del Estado.

Entre las instituciones que integran este esfuerzo se encuentran la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, la Procuraduría General de la República de El Salvador y el Registro Nacional de las Personas Naturales.

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“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con determinación y responsabilidad, consolidando a El Salvador como un referente regional de dignidad, esperanza y solidaridad, donde la protección de las personas sea una realidad permanente y sostenible”, enfatizó Mira.

Las autoridades señalaron que la alianza continuará enfocada en fortalecer los mecanismos de protección y garantizar el respeto a los derechos de las personas en situación de movilidad.

Centroamérica

CUBO impulsan becas y formación para jóvenes salvadoreños

El director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, informó en la entrevista de Diálogo 21 que los 11 Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) registraron alrededor de 15,000 usuarios durante el mes de enero.

De acuerdo con el funcionario, del total de asistentes el 54 % fueron hombres y el 46 % mujeres. La mayoría de quienes frecuentan estos espacios son adolescentes.

“Estamos hablando que la mayoría de los usuarios que tenemos en los CUBOS son adolescentes. Entonces esto es un centro de entretenimiento, piensan algunos. Pero no, es un punto de trabajo con la generación perdida a causa de la violencia”, expresó Marroquín.

El director señaló que los CUBO funcionan como semilleros de oportunidades para jóvenes que durante años estuvieron excluidos, permitiéndoles desarrollar nuevas habilidades y acceder a herramientas formativas.

Asimismo, destacó el apoyo interinstitucional para ampliar oportunidades educativas. “Hoy, gracias al trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), las becas están llegando a salvadoreños que antes no podían acceder. Acá les brindamos acompañamiento legal y técnico para que realmente aprovechen estas oportunidades”, explicó.

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Marroquín agregó que recientemente, con el respaldo de la Embajada de China, tres jóvenes usuarios de los CUBO viajarán a ese país asiático para continuar su formación académica, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Las autoridades reiteraron que estos centros forman parte de la estrategia de reconstrucción del tejido social, orientada a generar espacios seguros y de desarrollo para la juventud salvadoreña.