Centroamérica
Panamá ordena cese de operaciones de minera canadiense
| Por AFP | Francisco Jara |
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó este jueves la paralización de las operaciones del gigante canadiense del cobre First Quantum Minerals que explota la mayor mina de América Central en el Caribe panameño.
«He decidido […] instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, [solo] cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá», dijo Cortizo en un mensaje por televisión.
La decisión del mandatario, respaldada por su Consejo de Ministros, implica la suspensión de las operaciones en el país de una compañía que aporta el 75% de las exportaciones y el 4% del PIB de Panamá.
Cortizo afirmó que Minera Panamá, la filial de First Quantum, «no ha cumplido los compromisos» de suscribir a más tardar este miércoles un nuevo contrato de concesión que elevaría a 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior.
«Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el gobierno ni para el pueblo panameño», añadió el presidente socialdemócrata.
La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares en movimientos de tierra, construcción de edificios para alojar a sus 7.200 empleados, compra de maquinaria pesada, una central eléctrica, un puerto para buques mercantes de gran calado, caminos de acceso, reforestación y programas de ayuda a las comunidades.
La mina, descubierta en 1968, se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital y una hora en helicóptero. Desde febrero de 2019 produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que se exportan desde el Puerto Punta Rincón, contiguo al yacimiento.
El gerente de la compañía en Panamá, el británico Keith Green, no reaccionó de inmediato al anuncio del presidente.
Green había dicho a la AFP hace una semana que su compañía tenía «la intención de llegar a un acuerdo» con el gobierno panameño. Sin embargo, admitió en esa oportunidad que «la negociación está un poco trabada».
Recurso legal
First Quantum, que cotiza en la Bosta de Toronto, tiene además operaciones en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania.
La compañía canadiense comenzó a tener dificultades en Panamá luego de que el 21 de diciembre de 2017 la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de explotación de esta mina, la más grande de América Central.
El tribunal tomó esta decisión tras un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato presentado por los abogados Juan Ramón Sevillano y Aracelly Serracín, esta última en representación de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
«Contrato justo»
«Las acciones tomadas hoy por nuestro gobierno garantizan el principio establecido en nuestra constitución: los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño», dijo Cortizo en su mensaje este jueves.
«Tengan la certeza que el gobierno nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato justo» con otra empresa, añadió.
El pasado 18 de enero, el mandatario había anunciado que endurecería las condiciones de la concesión y que con el nuevo contrato la minera debería pagar como «mínimo» 375 millones de dólares anuales al Estado panameño, 10 veces más que antes.
«Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño», argumentó Cortizo.
A pesar de estas advertencias, la empresa canadiense siguió trabajando e invirtiendo con normalidad. Incluso hace ocho días puso en operación una enorme perforadora de 200 toneladas, fabricada por la empresa sueca Epiroc en Estados Unidos, que costó más de seis millones de dólares.
América Central carece de tradición minera y esta actividad productiva es ilegal en Costa Rica y El Salvador.
Centroamérica
Panamá registra más de 180 pandillas vinculadas al narcotráfico
En Panamá existen actualmente más de 180 pandillas, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico, y dos de estos grupos destacan por impulsar la violencia homicida en el país, afirmó el director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández.
Las autoridades panameñas atribuyen a las pandillas al menos el 70 % de los homicidios registrados, que en 2025 sumaron 593 casos, lo que representó un aumento del 2 % respecto al año anterior.
“Son más de 180 pandillas que hay en Panamá, esa es la realidad. Se concentran mucho en lo que es San Miguelito y Colón”, declaró Fernández durante una entrevista con un canal de televisión local.
Dentro de este escenario sobresalen dos grandes grupos pandilleros que operan principalmente en esas zonas, los cuales —según el jefe policial— están impulsando el incremento de la tasa de homicidios en medio de una disputa que incluye el reclutamiento de nuevos integrantes.
El director de la Policía aseguró que las autoridades han reforzado la seguridad en estas áreas con más agentes y vehículos, como parte de una estrategia para adaptarse a las nuevas dinámicas del crimen.
“Estamos reforzando en las zonas con nuevas unidades y vehículos (…) así como el crimen muta, estamos cambiando en la Policía para enfrentarlo”, afirmó.
Las pandillas en Panamá también operan como eslabones del narcotráfico internacional, encargándose de movilizar cargamentos de droga que llegan desde el sur del continente y que tienen como destino Estados Unidos y Europa.
Parte de ese trabajo, explicó Fernández, se paga con droga, lo que alimenta el mercado local y obliga a las autoridades a combatir no solo el tráfico internacional, sino también el microtráfico dentro del país.
En ese contexto, la Policía informó que en los últimos diez días se han incautado más de dos toneladas de sustancias ilícitas en tierra firme. En uno de los operativos más recientes, realizado en Colón, las autoridades decomisaron casi 1.3 toneladas de droga en una vivienda, que funcionaba como centro de acopio antes de que la mercancía fuera trasladada a los puertos de la provincia para contaminar contenedores.
Centroamérica
Fallece bebé de tres meses y aumentan decesos por tos ferina en Honduras
Las muertes por Tos ferina en Honduras ascendieron a nueve en lo que va de 2026, tras confirmarse el fallecimiento de un bebé de tres meses, superando el total de decesos registrados durante todo 2025, informó este jueves una fuente sanitaria.
El jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud de Honduras, Homer Mejía, indicó a periodistas que la víctima era un menor procedente del departamento de Olancho, en el este del país, quien no contaba con su esquema de vacunación.
Según explicó el funcionario, el lactante no había recibido la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad y su madre tampoco tenía antecedentes de inmunización durante el embarazo.
Mejía subrayó que la mayoría de las víctimas mortales son neonatos menores de 30 días, un grupo que depende principalmente de la inmunidad transmitida por la madre durante la gestación.
Con este nuevo fallecimiento, Honduras supera las ocho muertes registradas por tos ferina durante todo 2025, año en el que se contabilizaron 63 contagios, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud.
El país centroamericano acumula en lo que va de 2026 alrededor de 80 casos confirmados de la enfermedad, agregó el funcionario.
Mejía enfatizó que las muertes por tos ferina pueden prevenirse mediante la vacunación, y recordó que la vacuna se encuentra disponible de forma gratuita en todos los establecimientos de salud públicos del país.
Asimismo, instó a las mujeres embarazadas a vacunarse entre las semanas 26 y 37 de gestación, una práctica que —según alertó— no se está cumpliendo con el rigor necesario actualmente.
Para los menores de cinco años, el esquema de inmunización comienza a los dos meses de edad con una primera dosis, seguida de otras a los cuatro y seis meses. El ciclo se completa con dos refuerzos: uno a los 18 meses y otro al cumplir los cuatro años, explicó el funcionario.
Centroamérica
Arévalo pide independencia a nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, instó a los nuevos magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala a ejercer sus funciones con independencia, transparencia y apego a la ley.
El llamado del mandatario fue divulgado por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y retomado por el medio local La Hora.
En los últimos meses, Guatemala ha atravesado varios procesos políticos relacionados con elecciones de segundo grado, entre ellos la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, donde aún están pendientes dos plazas que deben ser nombradas por el Ejecutivo.
Asimismo, en mayo se prevé la elección del nuevo fiscal general, un proceso considerado clave dentro del escenario político del país.
El martes, el Congreso de la República de Guatemala eligió, tras varias horas de negociaciones entre las distintas bancadas, a cinco magistrados propietarios y sus respectivos suplentes que estarán al frente del organismo electoral durante el período 2026-2032.
Durante la sesión plenaria, el diputado oficialista José Carlos Sanabria afirmó que el proceso evidenció la posibilidad de alcanzar acuerdos entre fuerzas políticas.
“Hoy el Congreso de la República da una muestra de que cuando hay voluntad política podemos alcanzar acuerdos”, expresó el legislador, quien señaló que se lograron “consensos amplios” con sectores de la oposición.
La designación de las nuevas autoridades del tribunal electoral se produce en un contexto de reconfiguración institucional en Guatemala, donde diversos organismos clave están renovando sus autoridades para los próximos años.
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