Centroamérica
Panamá ordena cese de operaciones de minera canadiense
| Por AFP | Francisco Jara |
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó este jueves la paralización de las operaciones del gigante canadiense del cobre First Quantum Minerals que explota la mayor mina de América Central en el Caribe panameño.
«He decidido […] instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, [solo] cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá», dijo Cortizo en un mensaje por televisión.
La decisión del mandatario, respaldada por su Consejo de Ministros, implica la suspensión de las operaciones en el país de una compañía que aporta el 75% de las exportaciones y el 4% del PIB de Panamá.
Cortizo afirmó que Minera Panamá, la filial de First Quantum, «no ha cumplido los compromisos» de suscribir a más tardar este miércoles un nuevo contrato de concesión que elevaría a 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior.
«Eso no es aceptable para mí como presidente, tampoco para el gobierno ni para el pueblo panameño», añadió el presidente socialdemócrata.
La empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares en movimientos de tierra, construcción de edificios para alojar a sus 7.200 empleados, compra de maquinaria pesada, una central eléctrica, un puerto para buques mercantes de gran calado, caminos de acceso, reforestación y programas de ayuda a las comunidades.
La mina, descubierta en 1968, se encuentra en la costa del Caribe, a 240 km por carretera de la capital y una hora en helicóptero. Desde febrero de 2019 produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que se exportan desde el Puerto Punta Rincón, contiguo al yacimiento.
El gerente de la compañía en Panamá, el británico Keith Green, no reaccionó de inmediato al anuncio del presidente.
Green había dicho a la AFP hace una semana que su compañía tenía «la intención de llegar a un acuerdo» con el gobierno panameño. Sin embargo, admitió en esa oportunidad que «la negociación está un poco trabada».
Recurso legal
First Quantum, que cotiza en la Bosta de Toronto, tiene además operaciones en España, Turquía, Finlandia, Australia, Zambia y Mauritania.
La compañía canadiense comenzó a tener dificultades en Panamá luego de que el 21 de diciembre de 2017 la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de explotación de esta mina, la más grande de América Central.
El tribunal tomó esta decisión tras un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato presentado por los abogados Juan Ramón Sevillano y Aracelly Serracín, esta última en representación de la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
«Contrato justo»
«Las acciones tomadas hoy por nuestro gobierno garantizan el principio establecido en nuestra constitución: los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño», dijo Cortizo en su mensaje este jueves.
«Tengan la certeza que el gobierno nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato justo» con otra empresa, añadió.
El pasado 18 de enero, el mandatario había anunciado que endurecería las condiciones de la concesión y que con el nuevo contrato la minera debería pagar como «mínimo» 375 millones de dólares anuales al Estado panameño, 10 veces más que antes.
«Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño», argumentó Cortizo.
A pesar de estas advertencias, la empresa canadiense siguió trabajando e invirtiendo con normalidad. Incluso hace ocho días puso en operación una enorme perforadora de 200 toneladas, fabricada por la empresa sueca Epiroc en Estados Unidos, que costó más de seis millones de dólares.
América Central carece de tradición minera y esta actividad productiva es ilegal en Costa Rica y El Salvador.
Centroamérica
Bukele defiende medidas de seguridad y cuestiona a organizaciones de derechos humanos
El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró que la prioridad de su Gobierno es garantizar los derechos de las personas honradas, y no los de los criminales que, según señaló, son defendidos por ciertas organizaciones nacionales e internacionales que afirman trabajar en favor de los derechos humanos.
A través de una publicación en la red social X, el mandatario citó declaraciones brindadas previamente a la prensa durante una conferencia en la que fue consultado sobre las críticas de algunas entidades y medios de comunicación a las medidas de seguridad implementadas en El Salvador.
«Un buen momento para recordar esto [declaraciones], donde, sin saberlo, respondí al 100 % de las acusaciones que hoy hacen quienes únicamente defienden los derechos humanos de los criminales, que no niego que los tengan, pero es extraño que ellos sean la única prioridad de estas organizaciones», expresó Bukele.
Debate sobre derechos humanos
En el video adjunto a la publicación, el jefe de Estado señaló que los criminales poseen derechos humanos, pero cuestionó que algunas organizaciones prioricen su defensa frente a las víctimas de la violencia que afectó al país durante décadas.
Las medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno, agregó, cuentan con el respaldo del 96 % de la población, según ha señalado el mandatario en diferentes ocasiones al referirse a los resultados obtenidos en la reducción de la criminalidad.
Ulloa habla de delitos de lesa humanidad
Por su parte, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recordó que los actos cometidos por grupos terroristas pueden ser tipificados como delitos de lesa humanidad.
Ulloa sostuvo que lo ocurrido en el país entre 2009 y 2019 puede calificarse como un genocidio, periodo en el que —según indicó— fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños.
El vicepresidente señaló que estos delitos no prescriben, por lo que deberían ser investigados y juzgados, y cuestionó que organizaciones de derechos humanos no hayan impulsado denuncias al respecto.
Asimismo, planteó si organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas deberían investigar estos hechos de oficio.
Centroamérica
Alcaldesa de Ibagué busca conocer modelo de seguridad aplicado en El Salvador
La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, manifestó su interés en conocer de cerca la estrategia de seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
«Nos interesa, especialmente, conocer de cerca el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele que hoy es referente internacional, para seguir fortaleciendo la tranquilidad de nuestra gente», publicó la funcionaria en su cuenta de Instagram.
Reunión con diplomáticos salvadoreños
Las declaraciones de Aranda se producen luego de una reunión oficial que sostuvo con representantes de la Embajada de El Salvador en Colombia, con el objetivo de impulsar alianzas institucionales y mecanismos de cooperación.
Durante el encuentro también se planteó la posibilidad de promover el hermanamiento de ciudades, específicamente entre Ibagué y las ciudades salvadoreñas de San Vicente y Santa Tecla.
Intercambio de estrategias
En declaraciones a medios colombianos como El Olfato, la alcaldesa explicó que la iniciativa también busca explorar estrategias que contribuyan a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital del departamento de Tolima.
La funcionaria señaló que estas acciones se desarrollan en el marco de posibles acuerdos de cooperación entre ciudades, con el fin de intercambiar experiencias en temas de seguridad y gestión municipal.
Centroamérica
FGR y PNC golpean estructura que traficaba marihuana, cocaína y cristal
La Fiscalía General de la República de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador, desarticuló este viernes una estructura de narcotráfico que introducía drogas desde Guatemala hacia El Salvador.
Durante el operativo, las autoridades capturaron a cinco personas identificadas como Miguel Ángel Soriano Olla, Verónica del Carmen Ramos García, Damián Rafael Menjívar Ramírez, Marlon Osmaro Olivo Purquir y Juan Carlos Urquilla Cortéz.
De acuerdo con la Fiscalía, los miembros de la organización criminal introducían marihuana, cocaína y metanfetamina (cristal) al territorio salvadoreño.
Movilizaban droga por tierra y mar
Las investigaciones determinaron que la droga era trasladada mediante lanchas y vehículos, para luego ser distribuida en distintos sectores del occidente del país, principalmente en los municipios de San Francisco Menéndez, así como en zonas de Ahuachapán y Sonsonate.
Según la FGR, esta red operaba como parte de una estructura dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes en la región.
Delitos que enfrentarán
Los cinco detenidos serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de drogas y posesión y tenencia ilegal de drogas, informaron las autoridades.
Las capturas forman parte de las acciones que ejecutan las instituciones de seguridad para combatir las redes de narcotráfico que operan en el país.
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