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Centroamérica

La ONU apuesta por combatir la corrupción en Honduras pero el reto es difícil

Foto: AFP

| Por AFP| Noe Leiva |

La ONU y Honduras acordaron esta semana formar una comisión que investigue actos de corrupción en el país centroamericano, pero esta iniciativa puede sucumbir incluso antes de nacer, advirtieron expertos y políticos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta hondureña, Xiomara Castro, asistieron en Nueva York el miércoles a la firma de un «memorándum» para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que debe comenzar a operar en seis meses.

Esta comisión será integrada por «expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado al país», explicó la mandataria izquierdista en Nueva York.

Mecanismo imparcial

El convenio fue suscrito por el canciller hondureño, Enrique Reina, y el subsecretario de la ONU para Asuntos Políticos, Miroslav Jenca, y estipula que la CICIH será «un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras».

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«Hay que trabajar fuertemente para que eso [la CICIH] logre concretarse», expresó a la AFP el representante de la ONG Transparencia Internacional en Honduras, Héctor Hernández.

La Comisión será similar a una entidad avalada por la ONU que trabajó como una suerte de fiscalía paralela durante 12 años en Guatemala para combatir al crimen organizado, que estaba enquistado en la policía y otros entes públicos sensibles.

La CICIG comenzó a operar en 2007 pero fue sacada de Guatemala en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, quien declaró poco antes «persona non grata» a su jefe, el magistrado colombiano Iván Velásquez.

Honduras también tuvo un ente similar creado por OEA creó en 2016, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que solo operó cuatro años hasta que el entonces presidente Juan Orlando Hernández y el Congreso se negaron a renovar el convenio.

Tomaron esta decisión aparentemente porque decenas de diputados, empresarios y funcionarios fueron acusados de desviar fondos públicos. Los juicios contra ellos llegaron a su fin cuando la MACCIH salió del país.

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Diputados que lograron la reelección en el presente Congreso y familiares del expresidente Hernández estuvieron entre los acusados. 

La esposa del expresidente Porfirio Lobo, Rosa Elena Bonilla, de 55 años, fue sentenciada a 14 años de cárcel por el mismo delito de corrupción, en uno de los pocos juicios que sobrevivió al irse la MACCIH.

En un caso aparte, de la justicia estadounidense, el expresidente Hernández fue extraditado a Nueva York acusado de conspirar para introducir 500 toneladas de cocaína con carteles mexicanos y colombianos a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Corre riesgo de recibir condena de cadena perpuatua, como pasó con su hermano Tony en marzo del 2021.

«Amiguismo»

Según el «memorándum», en la primera fase la ONU mandará a Honduras a expertos en sistema penal para la adopción de reformas legales y determinar las fortalezas del Poder Judicial y la fiscalía.

El representante de Transparencia aseguró que la presidenta Castro está luchando contra la corrupción «porque la gente está reclamando» que tenga un mayor protagonismo en esta lucha.

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«La corrupción es estructural, no hay una cultura en la administración pública de eficiencia» y también en el gobierno actual «lo que prima es el amiguismo, el nepotismo (…), todas esas son expresiones de corrupción», sentenció Hernández.

86 votos

Para que la CICIH entre en operación se requiere la aprobación de dos tercios de los 128 diputados del Congreso (86 votos), y Hernández cree complicado que la presidenta Castro consiga el apoyo de la oposición, que controla 68 escaños frente a los 60 del oficialismo.

Las seis bancadas en el Congreso «van a tener que generar diálogos, mucho consenso» para lograr los 86 votos, añadió Hernández.

El jefe de la bancada del derechista Partido Nacional, Thomas Zambrano, dijo que sus 44 diputados votarán contra de CICIH a menos de que el ente investigue también los actos del gobierno de Xiomara Castro (en el poder desde el 27 de enero) y de su esposo, Manuel Zelaya (2006-2009).

Zelaya fue derrocado por una alianza cívico-militar en 2009 por vincularse con el Socialismo del Siglo XXI del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

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Centroamérica

Daniel Ortega cierra la puerta a nuevos comicios en Nicaragua tras décadas de concentración política

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que en el país no volverán a celebrarse elecciones, una decisión que profundiza el control político que su gobierno ha consolidado desde su regreso al poder en 2007 y que ha sido cuestionado por organismos internacionales y sectores de la oposición.

Durante el acto conmemorativo por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario afirmó que Nicaragua no volverá a realizar procesos electorales que, según sus palabras, permitan a la oposición “atrapar el Gobierno” o “atrapar el poder”.

“En Nicaragua no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró Ortega durante su discurso.

El gobernante nicaragüense, de 80 años, dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que modificó la estructura del poder ejecutivo.

El retorno de Ortega a la Presidencia fue posible luego de una reforma electoral derivada de un acuerdo político alcanzado en 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán. Ese cambio redujo del 45 % al 35 % el porcentaje mínimo de votos requerido para ganar en primera vuelta, permitiendo que Ortega triunfara en las elecciones de 2006 con el 37,99 % de los sufragios.

Otro punto clave en su permanencia en el poder ocurrió en 2009, cuando magistrados de la Sala Constitucional declararon “inaplicable” el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial consecutiva. Esta decisión abrió el camino para que Ortega buscara nuevamente la Presidencia en 2011, un proceso que posteriormente fue señalado por denuncias de irregularidades.

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Más recientemente, en enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la continuidad de Ortega en el poder.

El anuncio de suspender futuras elecciones representa un nuevo giro en la política nicaragüense y aumenta las críticas de sectores opositores y organizaciones internacionales que señalan un deterioro de las instituciones democráticas del país.

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Centroamérica

PNC de Guatemala detiene a salvadoreño acusado de robo tras salir de prisión

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó la captura de un ciudadano salvadoreño identificado como Douglas Estrada, de 30 años, alias “Zapatón”, señalado por el delito de robo de equipo terminal móvil (celular).

La detención se realizó en el asentamiento La Línea, zona 4 de Escuintla, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un caso de robo, según detallaron las autoridades guatemaltecas.

La PNC indicó que Estrada había recuperado su libertad en febrero pasado, luego de cumplir una condena en la Granja Penal Canadá de Escuintla, también por un delito relacionado con robo de equipo terminal móvil.

Además, las autoridades señalaron que el detenido cuenta con antecedentes por ebriedad, escándalo y faltas contra las buenas costumbres.

Tras su captura, el acusado será puesto a disposición de un juzgado de Escuintla, donde deberá enfrentar el proceso penal correspondiente por el nuevo caso de robo. Mientras avanza la investigación de la Fiscalía guatemalteca, permanecerá bajo custodia.

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Centroamérica

Tres sudamericanos reciben 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas en El Salvador

Tres ciudadanos sudamericanos fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas, luego de una vista pública realizada por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Los sentenciados fueron identificados como Rubén Darío Acevedo Cedeño e Hipólito Perlaza Moreno, ambos de nacionalidad ecuatoriana, y el colombiano Nolberto Valencia Arroyo.

De acuerdo con las autoridades, los tres hombres fueron capturados cuando se movilizaban a bordo de una Embarcación de Bajo Perfil (LPV), también conocida como semisumergible, utilizada para el traslado de drogas por organizaciones criminales.

La embarcación fue interceptada por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) de la Marina Nacional, a unas 600 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz.

Las autoridades explicaron que los LPV son naves modificadas empleadas por estructuras dedicadas al narcotráfico para evadir los sistemas de detección marítima, debido a que navegan a poca altura sobre el nivel del agua y mantienen expuesta únicamente una pequeña parte de su estructura.

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La condena forma parte de las acciones contra el tráfico internacional de drogas y el uso de rutas marítimas para el traslado de sustancias ilícitas en la región.

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