Centroamérica
La ONU apuesta por combatir la corrupción en Honduras pero el reto es difícil
| Por AFP| Noe Leiva |
La ONU y Honduras acordaron esta semana formar una comisión que investigue actos de corrupción en el país centroamericano, pero esta iniciativa puede sucumbir incluso antes de nacer, advirtieron expertos y políticos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta hondureña, Xiomara Castro, asistieron en Nueva York el miércoles a la firma de un «memorándum» para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que debe comenzar a operar en seis meses.
Esta comisión será integrada por «expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado al país», explicó la mandataria izquierdista en Nueva York.
Mecanismo imparcial
El convenio fue suscrito por el canciller hondureño, Enrique Reina, y el subsecretario de la ONU para Asuntos Políticos, Miroslav Jenca, y estipula que la CICIH será «un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras».
«Hay que trabajar fuertemente para que eso [la CICIH] logre concretarse», expresó a la AFP el representante de la ONG Transparencia Internacional en Honduras, Héctor Hernández.
La Comisión será similar a una entidad avalada por la ONU que trabajó como una suerte de fiscalía paralela durante 12 años en Guatemala para combatir al crimen organizado, que estaba enquistado en la policía y otros entes públicos sensibles.
La CICIG comenzó a operar en 2007 pero fue sacada de Guatemala en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, quien declaró poco antes «persona non grata» a su jefe, el magistrado colombiano Iván Velásquez.
Honduras también tuvo un ente similar creado por OEA creó en 2016, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que solo operó cuatro años hasta que el entonces presidente Juan Orlando Hernández y el Congreso se negaron a renovar el convenio.
Tomaron esta decisión aparentemente porque decenas de diputados, empresarios y funcionarios fueron acusados de desviar fondos públicos. Los juicios contra ellos llegaron a su fin cuando la MACCIH salió del país.
Diputados que lograron la reelección en el presente Congreso y familiares del expresidente Hernández estuvieron entre los acusados.
La esposa del expresidente Porfirio Lobo, Rosa Elena Bonilla, de 55 años, fue sentenciada a 14 años de cárcel por el mismo delito de corrupción, en uno de los pocos juicios que sobrevivió al irse la MACCIH.
En un caso aparte, de la justicia estadounidense, el expresidente Hernández fue extraditado a Nueva York acusado de conspirar para introducir 500 toneladas de cocaína con carteles mexicanos y colombianos a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Corre riesgo de recibir condena de cadena perpuatua, como pasó con su hermano Tony en marzo del 2021.
«Amiguismo»
Según el «memorándum», en la primera fase la ONU mandará a Honduras a expertos en sistema penal para la adopción de reformas legales y determinar las fortalezas del Poder Judicial y la fiscalía.
El representante de Transparencia aseguró que la presidenta Castro está luchando contra la corrupción «porque la gente está reclamando» que tenga un mayor protagonismo en esta lucha.
«La corrupción es estructural, no hay una cultura en la administración pública de eficiencia» y también en el gobierno actual «lo que prima es el amiguismo, el nepotismo (…), todas esas son expresiones de corrupción», sentenció Hernández.
86 votos
Para que la CICIH entre en operación se requiere la aprobación de dos tercios de los 128 diputados del Congreso (86 votos), y Hernández cree complicado que la presidenta Castro consiga el apoyo de la oposición, que controla 68 escaños frente a los 60 del oficialismo.
Las seis bancadas en el Congreso «van a tener que generar diálogos, mucho consenso» para lograr los 86 votos, añadió Hernández.
El jefe de la bancada del derechista Partido Nacional, Thomas Zambrano, dijo que sus 44 diputados votarán contra de CICIH a menos de que el ente investigue también los actos del gobierno de Xiomara Castro (en el poder desde el 27 de enero) y de su esposo, Manuel Zelaya (2006-2009).
Zelaya fue derrocado por una alianza cívico-militar en 2009 por vincularse con el Socialismo del Siglo XXI del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.
Centroamérica
Expertos de la ONU denuncian que la represión en Nicaragua se ha intensificado
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no solo continúan, sino que se han intensificado y diversificado, incluso más allá de sus fronteras.
Durante una presentación en Ginebra, el presidente del grupo, Jan-Michael Simon, afirmó que las investigaciones han documentado una conexión entre estructuras del Estado, el partido gobernante y el uso irregular de recursos públicos para sostener la represión.
“Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, declaró el experto.
Según el informe, la corrupción habría sido utilizada como un mecanismo para financiar acciones represivas contra sectores de la población. Entre las pruebas recopiladas figuran registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos que respaldarían estas conclusiones.
El grupo señaló que su trabajo busca dar voz a las víctimas de abusos en el país, que en muchos casos han quedado fuera del foco mediático internacional debido a otras crisis globales.
Asimismo, los expertos advirtieron que la persecución estatal ha ampliado el perfil de las víctimas. Entre los afectados mencionaron a estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, así como campesinos, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas.
El mecanismo de expertos también ha señalado que el aparato estatal nicaragüense habría extendido la vigilancia y la persecución política a opositores que viven en el exilio, mediante una red transnacional de inteligencia y monitoreo.
Centroamérica
El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios
La Policía Nacional Civil informó que el domingo 15 de marzo cerró sin homicidios en todo el territorio nacional.
Con esta cifra, el país suma tres días consecutivos sin registrar asesinatos, de acuerdo con los datos oficiales divulgados por la corporación policial.
Durante marzo, los días que han finalizado con cero homicidios son el 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 15, lo que representa un total de diez jornadas sin muertes violentas en lo que va del mes.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, implementados para combatir a las estructuras criminales.
De acuerdo con el Gobierno de El Salvador, estas medidas han contribuido a la reducción de los índices de violencia y a posicionar al país como un referente internacional en materia de seguridad.
Centroamérica
Bukele cuestiona informe presentado ante CIDH y ONU sobre detenidos del régimen de excepción
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó nuevamente a las exigencias de un grupo de expertos internacionales que, mediante un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, plantean la liberación de personas detenidas durante el régimen de excepción.
Según el mandatario, diversos “periodistas”, activistas y representantes de organizaciones no gubernamentales han sostenido que el informe no exige la liberación de todos los pandilleros capturados desde que inició la medida extraordinaria; sin embargo, Bukele aseguró que el documento sí lo plantea en varias ocasiones.
“Los ‘periodistas’, activistas y personeros de ONG pagadas por Open Society tienen ya dos días afirmando que el informe de ‘los expertos y expertas de derechos humanos’ sobre El Salvador no exige la liberación de todos los pandilleros detenidos desde que inició el régimen de excepción, pero sí lo exigen, y múltiples veces”, afirmó el gobernante.
El presidente también citó uno de los argumentos del informe, en el que se señala que “nadie, y menos alguien que dice ser defensor de derechos humanos, puede argumentar que es legal mantener en prisión a una persona detenida arbitrariamente”. Al respecto, Bukele sostuvo que calificar una detención como arbitraria implica exigir la liberación inmediata del detenido.
Asimismo, el mandatario cuestionó otra de las observaciones contenidas en el documento, según la cual encarcelar a una persona por su pertenencia a una pandilla y no por delitos específicos constituiría una violación a los derechos humanos.
Bukele interpretó este planteamiento como una exigencia de que las autoridades deban probar delitos concretos más allá de la pertenencia a estructuras criminales para proceder con una detención.
Las declaraciones del presidente se producen en medio del debate internacional sobre el régimen de excepción implementado en el país para combatir a las pandillas.
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