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Centroamérica

La ONU apuesta por combatir la corrupción en Honduras pero el reto es difícil

Foto: AFP

| Por AFP| Noe Leiva |

La ONU y Honduras acordaron esta semana formar una comisión que investigue actos de corrupción en el país centroamericano, pero esta iniciativa puede sucumbir incluso antes de nacer, advirtieron expertos y políticos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta hondureña, Xiomara Castro, asistieron en Nueva York el miércoles a la firma de un «memorándum» para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que debe comenzar a operar en seis meses.

Esta comisión será integrada por «expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado al país», explicó la mandataria izquierdista en Nueva York.

Mecanismo imparcial

El convenio fue suscrito por el canciller hondureño, Enrique Reina, y el subsecretario de la ONU para Asuntos Políticos, Miroslav Jenca, y estipula que la CICIH será «un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras».

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«Hay que trabajar fuertemente para que eso [la CICIH] logre concretarse», expresó a la AFP el representante de la ONG Transparencia Internacional en Honduras, Héctor Hernández.

La Comisión será similar a una entidad avalada por la ONU que trabajó como una suerte de fiscalía paralela durante 12 años en Guatemala para combatir al crimen organizado, que estaba enquistado en la policía y otros entes públicos sensibles.

La CICIG comenzó a operar en 2007 pero fue sacada de Guatemala en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, quien declaró poco antes «persona non grata» a su jefe, el magistrado colombiano Iván Velásquez.

Honduras también tuvo un ente similar creado por OEA creó en 2016, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que solo operó cuatro años hasta que el entonces presidente Juan Orlando Hernández y el Congreso se negaron a renovar el convenio.

Tomaron esta decisión aparentemente porque decenas de diputados, empresarios y funcionarios fueron acusados de desviar fondos públicos. Los juicios contra ellos llegaron a su fin cuando la MACCIH salió del país.

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Diputados que lograron la reelección en el presente Congreso y familiares del expresidente Hernández estuvieron entre los acusados. 

La esposa del expresidente Porfirio Lobo, Rosa Elena Bonilla, de 55 años, fue sentenciada a 14 años de cárcel por el mismo delito de corrupción, en uno de los pocos juicios que sobrevivió al irse la MACCIH.

En un caso aparte, de la justicia estadounidense, el expresidente Hernández fue extraditado a Nueva York acusado de conspirar para introducir 500 toneladas de cocaína con carteles mexicanos y colombianos a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Corre riesgo de recibir condena de cadena perpuatua, como pasó con su hermano Tony en marzo del 2021.

«Amiguismo»

Según el «memorándum», en la primera fase la ONU mandará a Honduras a expertos en sistema penal para la adopción de reformas legales y determinar las fortalezas del Poder Judicial y la fiscalía.

El representante de Transparencia aseguró que la presidenta Castro está luchando contra la corrupción «porque la gente está reclamando» que tenga un mayor protagonismo en esta lucha.

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«La corrupción es estructural, no hay una cultura en la administración pública de eficiencia» y también en el gobierno actual «lo que prima es el amiguismo, el nepotismo (…), todas esas son expresiones de corrupción», sentenció Hernández.

86 votos

Para que la CICIH entre en operación se requiere la aprobación de dos tercios de los 128 diputados del Congreso (86 votos), y Hernández cree complicado que la presidenta Castro consiga el apoyo de la oposición, que controla 68 escaños frente a los 60 del oficialismo.

Las seis bancadas en el Congreso «van a tener que generar diálogos, mucho consenso» para lograr los 86 votos, añadió Hernández.

El jefe de la bancada del derechista Partido Nacional, Thomas Zambrano, dijo que sus 44 diputados votarán contra de CICIH a menos de que el ente investigue también los actos del gobierno de Xiomara Castro (en el poder desde el 27 de enero) y de su esposo, Manuel Zelaya (2006-2009).

Zelaya fue derrocado por una alianza cívico-militar en 2009 por vincularse con el Socialismo del Siglo XXI del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

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Centroamérica

Honduras impulsa alianza logística para atraer inversiones y generar empleo

El Gobierno de Honduras anunció la firma de un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Logística (CNL) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), una iniciativa orientada a fortalecer la competitividad del país, atraer nuevas inversiones y promover la generación de empleo.

La alianza fue formalizada en Casa Presidencial por el comisionado presidente para el Desarrollo del Sector Logístico del CNL, Yaudet Burbara, y el secretario ejecutivo del CNI, Epaminondas Marinakys, como parte de una estrategia gubernamental para mejorar el clima de negocios y estimular el crecimiento económico.

Según las autoridades, el acuerdo busca consolidar una mayor coordinación entre ambas instituciones para impulsar proyectos que contribuyan a la modernización de la infraestructura logística, optimizar los procesos de comercio y facilitar la llegada de capital nacional y extranjero.

El Gobierno del presidente Nasry Asfura destacó que esta cooperación permitirá fortalecer sectores estratégicos de la economía, generar nuevas oportunidades laborales para miles de hondureños y posicionar al país como un destino más atractivo para la inversión.

Asimismo, las instituciones involucradas señalaron que el trabajo conjunto facilitará el diseño de políticas y acciones enfocadas en mejorar la competitividad, aumentar la eficiencia logística y aprovechar las ventajas geográficas de Honduras para impulsar el desarrollo económico sostenible.

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Centroamérica

Mulino viajará a Grecia para fortalecer la confianza en la bandera panameña ante tensiones con China

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que viajará esta semana a Grecia con el objetivo de fortalecer la confianza de uno de los principales usuarios de la bandera panameña para buques mercantes, en medio de preocupaciones por el incremento de las retenciones de estas embarcaciones en puertos de China.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario informó que partirá este jueves hacia Grecia, donde permanecerá aproximadamente una semana sosteniendo encuentros con autoridades y actores vinculados al sector marítimo.

La visita ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre Panamá y China, luego de que las autoridades panameñas reconocieran un aumento en las inspecciones y detenciones de barcos con bandera panameña en puertos chinos. Estas acciones se realizan bajo las facultades del Estado Rector del Puerto, pero han generado inquietud en la industria naviera internacional.

Según fuentes oficiales, la situación se ha intensificado tras la salida forzosa de un conglomerado chino de la operación de dos terminales estratégicas ubicadas cerca del Canal de Panamá, un hecho que ha impactado las relaciones bilaterales entre ambos países.

Grecia representa un socio clave para Panamá en el sector marítimo, ya que es uno de los mayores usuarios de su registro naval. La flota mercante panameña se mantiene entre las más importantes del mundo, con 8,638 buques abanderados y un registro de 233.2 millones de toneladas brutas, de acuerdo con los datos más recientes de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Como parte de los esfuerzos para reducir las fricciones diplomáticas, los cancilleres de Panamá, Javier Martínez-Acha, y de China, Wang Yi, sostuvieron esta semana una reunión en Nueva York. Se trató del primer encuentro de alto nivel entre ambos gobiernos desde el inicio de las tensiones, con el propósito de buscar soluciones que permitan normalizar la situación que afecta al sector marítimo panameño.

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Centroamérica

Gobierno de Honduras disuelve unidad antidrogas tras operativo que dejó cuatro policías muertos

El Gobierno de Honduras anunció la disolución de la Dirección Policial Antimaras y Contra el Crimen Organizado (Dipamco), una unidad especializada que estaba bajo cuestionamientos por presuntos abusos a los derechos humanos y cuya cúpula ya había sido suspendida tras un fallido operativo antidrogas que terminó con la muerte de cuatro agentes policiales.

La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por el presidente Nasry Asfura, luego de una investigación que detectó irregularidades en la operación realizada el pasado 21 de mayo en la localidad de Omoa, cerca de la frontera con Guatemala.

Según las autoridades, el procedimiento se ejecutó sin contar con una orden judicial y existió un presunto encubrimiento sobre la verdadera naturaleza y propósito de la misión.

Los agentes fallecidos participaban en una intervención dirigida contra una vivienda donde supuestamente operaban integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico mexicano.

El Gobierno indicó que la Dipamco será sustituida por una nueva unidad especializada, cuya estructura y funcionamiento serán definidos en los próximos meses.

La unidad ahora desarticulada también había sido objeto de cuestionamientos por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos, que inicialmente colaboró en la capacitación de sus miembros, retiró posteriormente su respaldo durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro.

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