Centroamérica

La ONU apuesta por combatir la corrupción en Honduras pero el reto es difícil

Foto: AFP

| Por AFP| Noe Leiva |

La ONU y Honduras acordaron esta semana formar una comisión que investigue actos de corrupción en el país centroamericano, pero esta iniciativa puede sucumbir incluso antes de nacer, advirtieron expertos y políticos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta hondureña, Xiomara Castro, asistieron en Nueva York el miércoles a la firma de un «memorándum» para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que debe comenzar a operar en seis meses.

Esta comisión será integrada por «expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado al país», explicó la mandataria izquierdista en Nueva York.

Mecanismo imparcial

El convenio fue suscrito por el canciller hondureño, Enrique Reina, y el subsecretario de la ONU para Asuntos Políticos, Miroslav Jenca, y estipula que la CICIH será «un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras».

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«Hay que trabajar fuertemente para que eso [la CICIH] logre concretarse», expresó a la AFP el representante de la ONG Transparencia Internacional en Honduras, Héctor Hernández.

La Comisión será similar a una entidad avalada por la ONU que trabajó como una suerte de fiscalía paralela durante 12 años en Guatemala para combatir al crimen organizado, que estaba enquistado en la policía y otros entes públicos sensibles.

La CICIG comenzó a operar en 2007 pero fue sacada de Guatemala en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, quien declaró poco antes «persona non grata» a su jefe, el magistrado colombiano Iván Velásquez.

Honduras también tuvo un ente similar creado por OEA creó en 2016, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que solo operó cuatro años hasta que el entonces presidente Juan Orlando Hernández y el Congreso se negaron a renovar el convenio.

Tomaron esta decisión aparentemente porque decenas de diputados, empresarios y funcionarios fueron acusados de desviar fondos públicos. Los juicios contra ellos llegaron a su fin cuando la MACCIH salió del país.

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Diputados que lograron la reelección en el presente Congreso y familiares del expresidente Hernández estuvieron entre los acusados.

La esposa del expresidente Porfirio Lobo, Rosa Elena Bonilla, de 55 años, fue sentenciada a 14 años de cárcel por el mismo delito de corrupción, en uno de los pocos juicios que sobrevivió al irse la MACCIH.

En un caso aparte, de la justicia estadounidense, el expresidente Hernández fue extraditado a Nueva York acusado de conspirar para introducir 500 toneladas de cocaína con carteles mexicanos y colombianos a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Corre riesgo de recibir condena de cadena perpuatua, como pasó con su hermano Tony en marzo del 2021.

«Amiguismo»

Según el «memorándum», en la primera fase la ONU mandará a Honduras a expertos en sistema penal para la adopción de reformas legales y determinar las fortalezas del Poder Judicial y la fiscalía.

El representante de Transparencia aseguró que la presidenta Castro está luchando contra la corrupción «porque la gente está reclamando» que tenga un mayor protagonismo en esta lucha.

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«La corrupción es estructural, no hay una cultura en la administración pública de eficiencia» y también en el gobierno actual «lo que prima es el amiguismo, el nepotismo (…), todas esas son expresiones de corrupción», sentenció Hernández.

86 votos

Para que la CICIH entre en operación se requiere la aprobación de dos tercios de los 128 diputados del Congreso (86 votos), y Hernández cree complicado que la presidenta Castro consiga el apoyo de la oposición, que controla 68 escaños frente a los 60 del oficialismo.

Las seis bancadas en el Congreso «van a tener que generar diálogos, mucho consenso» para lograr los 86 votos, añadió Hernández.

El jefe de la bancada del derechista Partido Nacional, Thomas Zambrano, dijo que sus 44 diputados votarán contra de CICIH a menos de que el ente investigue también los actos del gobierno de Xiomara Castro (en el poder desde el 27 de enero) y de su esposo, Manuel Zelaya (2006-2009).

Zelaya fue derrocado por una alianza cívico-militar en 2009 por vincularse con el Socialismo del Siglo XXI del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

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Arzobispo de Tegucigalpa pide a políticos priorizar empleo y combate a la violencia

El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, instó a la clase política hondureña a priorizar la solución de los “problemas fundamentales” del país, como el desempleo y la violencia, durante la misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma para los católicos.

Ante centenares de fieles reunidos en la Basílica Menor de Suyapa, al oriente de la capital, el prelado subrayó que la población espera que los dirigentes “vayan todos juntos, los políticos primero”, a resolver los principales desafíos nacionales.

Llamado a la convivencia y al diálogo

Nácher exhortó a la sociedad a dejar atrás la “tensión” y la “preocupación constante”, e invitó a los ciudadanos a aprender a convivir, resolver conflictos y buscar soluciones de manera conjunta.

El arzobispo advirtió que problemáticas como la falta de oportunidades laborales y la violencia —especialmente la intrafamiliar— deben enfrentarse colectivamente, con responsabilidad tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

La celebración del Miércoles de Ceniza marca el comienzo del período de reflexión y preparación espiritual previo a la Semana Santa, una de las fechas más significativas del calendario litúrgico católico.

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Consuelo Porras niega acusaciones sobre adopciones durante el conflicto armado

El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, informó en rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que los hechos sean investigados con “objetividad” e “independencia”.

Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el fin de participar directamente en el proceso penal y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

“Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley”, afirmó Saavedra, quien señaló que estas acciones responden al mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado con la justicia.

Señalamientos sobre adopciones durante el conflicto armado

De acuerdo con el comunicado divulgado por expertos de la ONU, existe “preocupación” por información que apunta a que al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez.

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Según el informe, los hechos habrían ocurrido entre 1968 y 1996, en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco. El documento señala que Porras habría actuado como “tutora legal” de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.

La fiscal general, quien dejará el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión, rechazó los señalamientos y acusó a la ONU de difundir acusaciones “falsas” y “politizadas”.

El caso se produce en un contexto de tensión institucional, mientras las autoridades guatemaltecas evalúan los pasos legales para esclarecer los hechos denunciados.

Centroamérica

Ordenan que $7,087 incautados a pandilleros pasen al Estado salvadoreño

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $7,087 incautados a tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) sean transferidos a favor del Estado.

Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal demostró que el dinero fue decomisado el 2 de julio de 2019, en un procedimiento realizado en San Salvador, y que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas.

Según explicó el fiscal del caso, se comprobó que los fondos provenían de aportaciones de distintas clicas, lo cual quedó evidenciado en manuscritos encontrados durante el operativo, utilizados para financiar actividades delictivas.

Personas vinculadas al caso

El monto fue incautado a:

Santos Elías Guardado Flores
William Arnoldo Hernández Navidad
José Luis González Villalobos

Los implicados no lograron justificar la procedencia legal del dinero, por lo que el tribunal ordenó que los fondos pasen definitivamente al Estado.

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Otro caso reciente

Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que $30,000 también fueran transferidos al Estado por estar relacionados con la actividad de agrupaciones ilícitas.

En ese caso, el dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía, en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía antecedentes por pertenecer a grupos criminales.

Las resoluciones forman parte de los procesos de extinción de dominio que buscan recuperar bienes vinculados a estructuras delictivas y destinarlos a favor del Estado.