Centroamérica
La ONU apuesta por combatir la corrupción en Honduras pero el reto es difícil
| Por AFP| Noe Leiva |
La ONU y Honduras acordaron esta semana formar una comisión que investigue actos de corrupción en el país centroamericano, pero esta iniciativa puede sucumbir incluso antes de nacer, advirtieron expertos y políticos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta hondureña, Xiomara Castro, asistieron en Nueva York el miércoles a la firma de un «memorándum» para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que debe comenzar a operar en seis meses.
Esta comisión será integrada por «expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado al país», explicó la mandataria izquierdista en Nueva York.
Mecanismo imparcial
El convenio fue suscrito por el canciller hondureño, Enrique Reina, y el subsecretario de la ONU para Asuntos Políticos, Miroslav Jenca, y estipula que la CICIH será «un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras».
«Hay que trabajar fuertemente para que eso [la CICIH] logre concretarse», expresó a la AFP el representante de la ONG Transparencia Internacional en Honduras, Héctor Hernández.
La Comisión será similar a una entidad avalada por la ONU que trabajó como una suerte de fiscalía paralela durante 12 años en Guatemala para combatir al crimen organizado, que estaba enquistado en la policía y otros entes públicos sensibles.
La CICIG comenzó a operar en 2007 pero fue sacada de Guatemala en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, quien declaró poco antes «persona non grata» a su jefe, el magistrado colombiano Iván Velásquez.
Honduras también tuvo un ente similar creado por OEA creó en 2016, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que solo operó cuatro años hasta que el entonces presidente Juan Orlando Hernández y el Congreso se negaron a renovar el convenio.
Tomaron esta decisión aparentemente porque decenas de diputados, empresarios y funcionarios fueron acusados de desviar fondos públicos. Los juicios contra ellos llegaron a su fin cuando la MACCIH salió del país.
Diputados que lograron la reelección en el presente Congreso y familiares del expresidente Hernández estuvieron entre los acusados.
La esposa del expresidente Porfirio Lobo, Rosa Elena Bonilla, de 55 años, fue sentenciada a 14 años de cárcel por el mismo delito de corrupción, en uno de los pocos juicios que sobrevivió al irse la MACCIH.
En un caso aparte, de la justicia estadounidense, el expresidente Hernández fue extraditado a Nueva York acusado de conspirar para introducir 500 toneladas de cocaína con carteles mexicanos y colombianos a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Corre riesgo de recibir condena de cadena perpuatua, como pasó con su hermano Tony en marzo del 2021.
«Amiguismo»
Según el «memorándum», en la primera fase la ONU mandará a Honduras a expertos en sistema penal para la adopción de reformas legales y determinar las fortalezas del Poder Judicial y la fiscalía.
El representante de Transparencia aseguró que la presidenta Castro está luchando contra la corrupción «porque la gente está reclamando» que tenga un mayor protagonismo en esta lucha.
«La corrupción es estructural, no hay una cultura en la administración pública de eficiencia» y también en el gobierno actual «lo que prima es el amiguismo, el nepotismo (…), todas esas son expresiones de corrupción», sentenció Hernández.
86 votos
Para que la CICIH entre en operación se requiere la aprobación de dos tercios de los 128 diputados del Congreso (86 votos), y Hernández cree complicado que la presidenta Castro consiga el apoyo de la oposición, que controla 68 escaños frente a los 60 del oficialismo.
Las seis bancadas en el Congreso «van a tener que generar diálogos, mucho consenso» para lograr los 86 votos, añadió Hernández.
El jefe de la bancada del derechista Partido Nacional, Thomas Zambrano, dijo que sus 44 diputados votarán contra de CICIH a menos de que el ente investigue también los actos del gobierno de Xiomara Castro (en el poder desde el 27 de enero) y de su esposo, Manuel Zelaya (2006-2009).
Zelaya fue derrocado por una alianza cívico-militar en 2009 por vincularse con el Socialismo del Siglo XXI del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.
Centroamérica
Protección Civil reporta 302 accidentes y 46 rescates en Plan Verano 2026
Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil presentaron este día un balance preliminar de las emergencias atendidas entre el 28 de marzo y el 1 de abril, en el marco del Plan Verano 2026.
Durante la conferencia de prensa, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que las acciones de respuesta se han intensificado ante el inicio de los días con mayor actividad durante la Semana Santa.
“Este día marca el inicio de las jornadas más intensas en materia de movilidad, turismo y actividades religiosas”, señaló el funcionario.
En ese contexto, destacó que el Gobierno ha reforzado el despliegue operativo en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros.
Según los datos oficiales, las instituciones han realizado 46 rescates acuáticos, de los cuales 12 fueron catalogados como simples y 34 como profundos. Además, se contabilizan 302 accidentes de tránsito, que han dejado un saldo de 15 fallecidos.
Las autoridades también reportaron 208 personas lesionadas en percances viales, así como la detención de 44 conductores por el delito de conducción peligrosa.
Centroamérica
Canal de Panamá gana protagonismo tras bloqueo del Estrecho de Ormuz
El bloqueo del Estrecho de Ormuz ejecutado por Irán el pasado 28 de febrero ha reconfigurado las rutas marítimas globales y posicionado al Canal de Panamá como una de las principales alternativas para el transporte de energía.
En este contexto, la vía interoceánica reporta un crecimiento en sus ingresos de entre 8% y 10% durante los primeros cinco meses del año fiscal 2026, impulsado por el aumento en la demanda de tránsito.
La subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, confirmó que en las últimas dos semanas se han registrado entre 38 y 40 tránsitos diarios, superando la proyección inicial de 34 cruces por día.
“El Canal de Panamá es una ruta corta y segura que, con los precios del combustible, sigue reduciendo los costos para los operadores”, afirmó la funcionaria.
El impacto también se refleja en el transporte de gas natural licuado (GNL). Antes del conflicto, el canal registraba en promedio cuatro buques mensuales de este tipo; actualmente, las autoridades se preparan para habilitar un tránsito diario para estas embarcaciones.
Por su parte, el administrador del canal, Ricaurte Vásquez, proyectó que el mercado asiático podría incrementar la demanda de GNL proveniente de Estados Unidos, como alternativa ante las exportaciones restringidas desde Qatar.
“Cuando suben los costos, especialmente el precio del combustible marino, el Canal de Panamá se vuelve una ruta más atractiva”, explicó Vásquez.
Centroamérica
Sistema penitenciario salvadoreño muestra transformación tras décadas marcadas por violencia
El sistema penitenciario de El Salvador ha experimentado una transformación significativa en las últimas dos décadas. En 2004, el país registró una de las peores masacres carcelarias de su historia, con el hallazgo de 32 cadáveres de pandilleros de la Barrio 18 y supuestos civiles en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
A 22 años de ese hecho, el panorama en los centros penitenciarios es distinto, de acuerdo con autoridades, quienes aseguran que actualmente prevalecen el orden, el control y la disciplina en las cárceles del país.
Este cambio es atribuido a la implementación del Plan Control Territorial, estrategia de seguridad impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, y reforzada mediante el régimen de excepción, vigente desde 2022.
En el penal de Mariona, los privados de libertad considerados reos comunes participan en el programa “Cero Ocio”, que incluye actividades educativas y de formación. En contraste, las autoridades han endurecido las condiciones para miembros de pandillas, eliminando beneficios que, según señalan, existían en administraciones anteriores.
Según datos oficiales, durante la actual gestión no se han registrado amotinamientos ni hechos de violencia interna derivados de riñas en los centros penitenciarios. Además, se han ejecutado mejoras en infraestructura y se han fortalecido los controles de seguridad, incluyendo la implementación de tecnología para evitar la comunicación de los reos con el exterior.
En contraste, registros de años anteriores dan cuenta de episodios violentos en el sistema carcelario. En diciembre de 2002, dos agentes policiales fueron tomados como rehenes y posteriormente asesinados durante un motín en Mariona, que dejó además 17 personas lesionadas entre custodios y reclusos.
Posteriormente, en 2007, un amotinamiento en el centro penitenciario de Apanteos, en el departamento de Santa Ana, dejó al menos 20 reclusos muertos y varios heridos, lo que llevó a declarar estado de emergencia en ese recinto. En 2011, otro enfrentamiento interno dejó tres fallecidos y cuatro lesionados.
Asimismo, en 2015, miembros de la pandilla Barrio 18 asesinaron a 14 integrantes de la facción conocida como “Los Revolucionarios” durante una purga interna en el penal de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad.
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