Centroamérica
La ONU apuesta por combatir la corrupción en Honduras pero el reto es difícil
| Por AFP| Noe Leiva |
La ONU y Honduras acordaron esta semana formar una comisión que investigue actos de corrupción en el país centroamericano, pero esta iniciativa puede sucumbir incluso antes de nacer, advirtieron expertos y políticos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta hondureña, Xiomara Castro, asistieron en Nueva York el miércoles a la firma de un «memorándum» para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que debe comenzar a operar en seis meses.
Esta comisión será integrada por «expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado al país», explicó la mandataria izquierdista en Nueva York.
Mecanismo imparcial
El convenio fue suscrito por el canciller hondureño, Enrique Reina, y el subsecretario de la ONU para Asuntos Políticos, Miroslav Jenca, y estipula que la CICIH será «un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras».
«Hay que trabajar fuertemente para que eso [la CICIH] logre concretarse», expresó a la AFP el representante de la ONG Transparencia Internacional en Honduras, Héctor Hernández.
La Comisión será similar a una entidad avalada por la ONU que trabajó como una suerte de fiscalía paralela durante 12 años en Guatemala para combatir al crimen organizado, que estaba enquistado en la policía y otros entes públicos sensibles.
La CICIG comenzó a operar en 2007 pero fue sacada de Guatemala en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, quien declaró poco antes «persona non grata» a su jefe, el magistrado colombiano Iván Velásquez.
Honduras también tuvo un ente similar creado por OEA creó en 2016, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que solo operó cuatro años hasta que el entonces presidente Juan Orlando Hernández y el Congreso se negaron a renovar el convenio.
Tomaron esta decisión aparentemente porque decenas de diputados, empresarios y funcionarios fueron acusados de desviar fondos públicos. Los juicios contra ellos llegaron a su fin cuando la MACCIH salió del país.
Diputados que lograron la reelección en el presente Congreso y familiares del expresidente Hernández estuvieron entre los acusados.
La esposa del expresidente Porfirio Lobo, Rosa Elena Bonilla, de 55 años, fue sentenciada a 14 años de cárcel por el mismo delito de corrupción, en uno de los pocos juicios que sobrevivió al irse la MACCIH.
En un caso aparte, de la justicia estadounidense, el expresidente Hernández fue extraditado a Nueva York acusado de conspirar para introducir 500 toneladas de cocaína con carteles mexicanos y colombianos a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Corre riesgo de recibir condena de cadena perpuatua, como pasó con su hermano Tony en marzo del 2021.
«Amiguismo»
Según el «memorándum», en la primera fase la ONU mandará a Honduras a expertos en sistema penal para la adopción de reformas legales y determinar las fortalezas del Poder Judicial y la fiscalía.
El representante de Transparencia aseguró que la presidenta Castro está luchando contra la corrupción «porque la gente está reclamando» que tenga un mayor protagonismo en esta lucha.
«La corrupción es estructural, no hay una cultura en la administración pública de eficiencia» y también en el gobierno actual «lo que prima es el amiguismo, el nepotismo (…), todas esas son expresiones de corrupción», sentenció Hernández.
86 votos
Para que la CICIH entre en operación se requiere la aprobación de dos tercios de los 128 diputados del Congreso (86 votos), y Hernández cree complicado que la presidenta Castro consiga el apoyo de la oposición, que controla 68 escaños frente a los 60 del oficialismo.
Las seis bancadas en el Congreso «van a tener que generar diálogos, mucho consenso» para lograr los 86 votos, añadió Hernández.
El jefe de la bancada del derechista Partido Nacional, Thomas Zambrano, dijo que sus 44 diputados votarán contra de CICIH a menos de que el ente investigue también los actos del gobierno de Xiomara Castro (en el poder desde el 27 de enero) y de su esposo, Manuel Zelaya (2006-2009).
Zelaya fue derrocado por una alianza cívico-militar en 2009 por vincularse con el Socialismo del Siglo XXI del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.
Centroamérica
El Salvador impulsa reforma del SICA para avanzar hacia una Unión Centroamericana
El Salvador impulsa una reforma integral del Protocolo de Tegucigalpa, tratado que dio origen al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con el objetivo de fortalecer la integración regional, modernizar sus instituciones y avanzar hacia una mayor cooperación entre los países del istmo.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, explicó que la propuesta busca transformar el funcionamiento del sistema para avanzar hacia una Unión Centroamericana con personalidad jurídica propia, respetando la soberanía y el orden constitucional de cada Estado miembro.
Según Ulloa, la reforma permitiría contar con instituciones regionales más eficientes, con mayores estándares de legalidad, participación, transparencia y cumplimiento de acuerdos.
El planteamiento surge en un contexto de dificultades dentro del SICA, que recientemente atravesó un período sin una persona al frente de su Secretaría General, situación que, de acuerdo con el vicepresidente, refleja una crisis integracionista que requiere una revisión profunda del modelo actual.
«Nosotros en El Salvador lo vemos como una oportunidad esta crisis que vive el sistema, para superar los obstáculos y dar un salto de calidad en una revisión integral del Protocolo de Tegucigalpa de 1991», afirmó Ulloa.
El funcionario señaló que la propuesta salvadoreña plantea una «reingeniería» institucional con una visión adaptada a los desafíos del siglo XXI, incluyendo temas como la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial, el cambio climático y los nuevos retos económicos globales.
Ulloa también mencionó que organismos regionales como la Corte Centroamericana de Justicia han dejado de operar plenamente y que el Parlamento Centroamericano (Parlacen) enfrenta un proceso de debilitamiento, por lo que considera necesario un reordenamiento del sistema.
El vicepresidente indicó que ya sostuvo reuniones con la nueva secretaria general del SICA, Lina Ajoy, representante de Costa Rica, quien asumirá oficialmente el cargo el próximo 8 de agosto. El objetivo es incorporar la revisión del protocolo dentro de la agenda de trabajo del organismo regional.
Ulloa destacó el potencial económico y estratégico de Centroamérica debido a su ubicación geográfica y al peso conjunto de las ocho economías que integran la región.
«Todas esas ventajas quisiéramos que se aprovecharan, que los líderes de los países vieran que estando unidos podemos sacar más ventaja que estando divididos y fraccionados», señaló.
La iniciativa salvadoreña plantea una nueva etapa para la integración regional, con el propósito de fortalecer la cooperación y aprovechar de manera conjunta las oportunidades económicas, tecnológicas y sociales del istmo.
Centroamérica
EE. UU. destaca a El Salvador por su lucha contra el narcotráfico marítimo
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó este lunes el trabajo de las unidades antidrogas de El Salvador y la cooperación entre ambos países para combatir el tráfico internacional de drogas por vía marítima.
A través de sus redes sociales, la institución estadounidense señaló que la colaboración con la Policía Costera salvadoreña representa una estrategia efectiva contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
«El Salvador haciendo olas una vez más. Para los narcotraficantes, la colaboración de EE. UU. con la Policía Costera de El Salvador es la TORMENTA perfecta. Sus oficiales abordan valientemente las embarcaciones narco y cierran rutas marítimas, estableciendo el estándar de oro para la región», publicó la INL.
La oficina, que asesora al presidente y al secretario de Estado de Estados Unidos en políticas y programas relacionados con la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia internacional, resaltó las capacidades operativas de las autoridades salvadoreñas.
La publicación fue compartida posteriormente por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por la Embajada de Estados Unidos en el país. El mandatario destacó el reconocimiento al trabajo de las instituciones salvadoreñas en el combate al crimen organizado transnacional.
El pronunciamiento ocurre días después de la visita del subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Cart Weiland, a la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) de San Salvador, donde conoció sus instalaciones y participó en actividades del Curso Avanzado Antipandillas.
El programa reunió a 40 participantes de Bahamas, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica y El Salvador, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.
Durante su visita, Weiland sostuvo un encuentro con el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, para abordar los esfuerzos conjuntos entre ambos países en el fortalecimiento de capacidades policiales y tecnológicas.
«Juntos apoyaremos el combate a organizaciones terroristas designadas como tales por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la región y fortaleceremos las capacidades humanas y tecnológicas de nuestra Policía», afirmó Villatoro.
La ILEA San Salvador, creada en 2005 mediante un acuerdo entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, funciona como un centro internacional de capacitación para policías, fiscales y operadores de justicia de América Latina y el Caribe.
Entre las operaciones recientes destacadas por las autoridades salvadoreñas se encuentra la incautación de 375 kilogramos de cocaína realizada en enero por unidades STORM, con un valor estimado de $9.4 millones. El cargamento fue localizado en una embarcación intervenida en la bocana del río Jiboa, entre San Vicente y La Paz.
Durante ese operativo fueron capturados dos hombres: Ubaldo Reyes Juárez, salvadoreño, y Rony Eduardo Morales Fajardo, de nacionalidad guatemalteca.
Centroamérica
Presidenta de Costa Rica impulsa ampliar extradición de nacionales por delitos vinculados al crimen organizado
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma constitucional para ampliar las causales de extradición de ciudadanos costarricenses, como parte de su estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Actualmente, la legislación del país permite la extradición de nacionales únicamente por delitos relacionados con narcotráfico internacional y terrorismo, pero la propuesta del Gobierno busca incorporar nuevas categorías de delitos graves.
Fernández informó que el proyecto será presentado el próximo 3 de agosto y explicó que la reforma pretende incluir delitos como financiación del narcotráfico y terrorismo, lavado de activos, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de armas y órganos, sicariato, homicidios vinculados al crimen organizado, cibercrimen y ciberterrorismo.
«Vamos a ampliar las causales de extradición para delitos graves», afirmó la mandataria durante la presentación de varias iniciativas en materia de seguridad ante la Asamblea Legislativa.
Fernández, aliada del presidente estadounidense Donald Trump, asumió el cargo en mayo pasado con la promesa de endurecer las medidas contra el narcotráfico, al que responsabiliza por el incremento de la violencia en un país que durante décadas fue considerado uno de los más seguros de la región.
«No vamos a parar en la cruzada nacional contra el crimen organizado ni en la guerra sin cuartel contra el narcotráfico», señaló la presidenta.
La iniciativa deberá conseguir respaldo legislativo, ya que para modificar la Constitución se requieren 38 votos de los 57 diputados. El oficialismo cuenta actualmente con 31 curules.
El Gobierno sostiene que Costa Rica enfrenta un nuevo escenario de seguridad debido al fortalecimiento de estructuras criminales. Según datos oficiales, alrededor de siete de cada diez homicidios estarían relacionados con el narcotráfico, mientras que la tasa de asesinatos alcanzó 17 casos por cada 100,000 habitantes en 2025, frente a los 11.2 registrados en 2019.
«Las organizaciones criminales han incrementado su capacidad operativa», afirmó Fernández al justificar la necesidad de modificar las herramientas legales del Estado.
La discusión sobre extradición tomó mayor relevancia luego de que Costa Rica realizara el pasado 20 de marzo su primera extradición de nacionales, enviando a Estados Unidos al exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa, acusado de narcotráfico, junto con su presunto socio Edwin López Vega, conocido como «Pecho de Rata».
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