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Centroamérica

La ONU apuesta por combatir la corrupción en Honduras pero el reto es difícil

Foto: AFP

| Por AFP| Noe Leiva |

La ONU y Honduras acordaron esta semana formar una comisión que investigue actos de corrupción en el país centroamericano, pero esta iniciativa puede sucumbir incluso antes de nacer, advirtieron expertos y políticos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta hondureña, Xiomara Castro, asistieron en Nueva York el miércoles a la firma de un «memorándum» para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que debe comenzar a operar en seis meses.

Esta comisión será integrada por «expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado al país», explicó la mandataria izquierdista en Nueva York.

Mecanismo imparcial

El convenio fue suscrito por el canciller hondureño, Enrique Reina, y el subsecretario de la ONU para Asuntos Políticos, Miroslav Jenca, y estipula que la CICIH será «un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras».

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«Hay que trabajar fuertemente para que eso [la CICIH] logre concretarse», expresó a la AFP el representante de la ONG Transparencia Internacional en Honduras, Héctor Hernández.

La Comisión será similar a una entidad avalada por la ONU que trabajó como una suerte de fiscalía paralela durante 12 años en Guatemala para combatir al crimen organizado, que estaba enquistado en la policía y otros entes públicos sensibles.

La CICIG comenzó a operar en 2007 pero fue sacada de Guatemala en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, quien declaró poco antes «persona non grata» a su jefe, el magistrado colombiano Iván Velásquez.

Honduras también tuvo un ente similar creado por OEA creó en 2016, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que solo operó cuatro años hasta que el entonces presidente Juan Orlando Hernández y el Congreso se negaron a renovar el convenio.

Tomaron esta decisión aparentemente porque decenas de diputados, empresarios y funcionarios fueron acusados de desviar fondos públicos. Los juicios contra ellos llegaron a su fin cuando la MACCIH salió del país.

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Diputados que lograron la reelección en el presente Congreso y familiares del expresidente Hernández estuvieron entre los acusados. 

La esposa del expresidente Porfirio Lobo, Rosa Elena Bonilla, de 55 años, fue sentenciada a 14 años de cárcel por el mismo delito de corrupción, en uno de los pocos juicios que sobrevivió al irse la MACCIH.

En un caso aparte, de la justicia estadounidense, el expresidente Hernández fue extraditado a Nueva York acusado de conspirar para introducir 500 toneladas de cocaína con carteles mexicanos y colombianos a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Corre riesgo de recibir condena de cadena perpuatua, como pasó con su hermano Tony en marzo del 2021.

«Amiguismo»

Según el «memorándum», en la primera fase la ONU mandará a Honduras a expertos en sistema penal para la adopción de reformas legales y determinar las fortalezas del Poder Judicial y la fiscalía.

El representante de Transparencia aseguró que la presidenta Castro está luchando contra la corrupción «porque la gente está reclamando» que tenga un mayor protagonismo en esta lucha.

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«La corrupción es estructural, no hay una cultura en la administración pública de eficiencia» y también en el gobierno actual «lo que prima es el amiguismo, el nepotismo (…), todas esas son expresiones de corrupción», sentenció Hernández.

86 votos

Para que la CICIH entre en operación se requiere la aprobación de dos tercios de los 128 diputados del Congreso (86 votos), y Hernández cree complicado que la presidenta Castro consiga el apoyo de la oposición, que controla 68 escaños frente a los 60 del oficialismo.

Las seis bancadas en el Congreso «van a tener que generar diálogos, mucho consenso» para lograr los 86 votos, añadió Hernández.

El jefe de la bancada del derechista Partido Nacional, Thomas Zambrano, dijo que sus 44 diputados votarán contra de CICIH a menos de que el ente investigue también los actos del gobierno de Xiomara Castro (en el poder desde el 27 de enero) y de su esposo, Manuel Zelaya (2006-2009).

Zelaya fue derrocado por una alianza cívico-militar en 2009 por vincularse con el Socialismo del Siglo XXI del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

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Centroamérica

Bukele defiende medidas de seguridad y cuestiona a organizaciones de derechos humanos

El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró que la prioridad de su Gobierno es garantizar los derechos de las personas honradas, y no los de los criminales que, según señaló, son defendidos por ciertas organizaciones nacionales e internacionales que afirman trabajar en favor de los derechos humanos.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario citó declaraciones brindadas previamente a la prensa durante una conferencia en la que fue consultado sobre las críticas de algunas entidades y medios de comunicación a las medidas de seguridad implementadas en El Salvador.

«Un buen momento para recordar esto [declaraciones], donde, sin saberlo, respondí al 100 % de las acusaciones que hoy hacen quienes únicamente defienden los derechos humanos de los criminales, que no niego que los tengan, pero es extraño que ellos sean la única prioridad de estas organizaciones», expresó Bukele.

Debate sobre derechos humanos

En el video adjunto a la publicación, el jefe de Estado señaló que los criminales poseen derechos humanos, pero cuestionó que algunas organizaciones prioricen su defensa frente a las víctimas de la violencia que afectó al país durante décadas.

Las medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno, agregó, cuentan con el respaldo del 96 % de la población, según ha señalado el mandatario en diferentes ocasiones al referirse a los resultados obtenidos en la reducción de la criminalidad.

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Ulloa habla de delitos de lesa humanidad

Por su parte, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recordó que los actos cometidos por grupos terroristas pueden ser tipificados como delitos de lesa humanidad.

Ulloa sostuvo que lo ocurrido en el país entre 2009 y 2019 puede calificarse como un genocidio, periodo en el que —según indicó— fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños.

El vicepresidente señaló que estos delitos no prescriben, por lo que deberían ser investigados y juzgados, y cuestionó que organizaciones de derechos humanos no hayan impulsado denuncias al respecto.

Asimismo, planteó si organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas deberían investigar estos hechos de oficio.

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Centroamérica

Alcaldesa de Ibagué busca conocer modelo de seguridad aplicado en El Salvador

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, manifestó su interés en conocer de cerca la estrategia de seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.

«Nos interesa, especialmente, conocer de cerca el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele que hoy es referente internacional, para seguir fortaleciendo la tranquilidad de nuestra gente», publicó la funcionaria en su cuenta de Instagram.

Reunión con diplomáticos salvadoreños

Las declaraciones de Aranda se producen luego de una reunión oficial que sostuvo con representantes de la Embajada de El Salvador en Colombia, con el objetivo de impulsar alianzas institucionales y mecanismos de cooperación.

Durante el encuentro también se planteó la posibilidad de promover el hermanamiento de ciudades, específicamente entre Ibagué y las ciudades salvadoreñas de San Vicente y Santa Tecla.

Intercambio de estrategias

En declaraciones a medios colombianos como El Olfato, la alcaldesa explicó que la iniciativa también busca explorar estrategias que contribuyan a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital del departamento de Tolima.

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La funcionaria señaló que estas acciones se desarrollan en el marco de posibles acuerdos de cooperación entre ciudades, con el fin de intercambiar experiencias en temas de seguridad y gestión municipal.

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Centroamérica

FGR y PNC golpean estructura que traficaba marihuana, cocaína y cristal

La Fiscalía General de la República de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador, desarticuló este viernes una estructura de narcotráfico que introducía drogas desde Guatemala hacia El Salvador.

Durante el operativo, las autoridades capturaron a cinco personas identificadas como Miguel Ángel Soriano Olla, Verónica del Carmen Ramos García, Damián Rafael Menjívar Ramírez, Marlon Osmaro Olivo Purquir y Juan Carlos Urquilla Cortéz.

De acuerdo con la Fiscalía, los miembros de la organización criminal introducían marihuana, cocaína y metanfetamina (cristal) al territorio salvadoreño.

Movilizaban droga por tierra y mar

Las investigaciones determinaron que la droga era trasladada mediante lanchas y vehículos, para luego ser distribuida en distintos sectores del occidente del país, principalmente en los municipios de San Francisco Menéndez, así como en zonas de Ahuachapán y Sonsonate.

Según la FGR, esta red operaba como parte de una estructura dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes en la región.

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Delitos que enfrentarán

Los cinco detenidos serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de drogas y posesión y tenencia ilegal de drogas, informaron las autoridades.

Las capturas forman parte de las acciones que ejecutan las instituciones de seguridad para combatir las redes de narcotráfico que operan en el país.

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