Centroamérica
La ONU apuesta por combatir la corrupción en Honduras pero el reto es difícil
| Por AFP| Noe Leiva |
La ONU y Honduras acordaron esta semana formar una comisión que investigue actos de corrupción en el país centroamericano, pero esta iniciativa puede sucumbir incluso antes de nacer, advirtieron expertos y políticos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta hondureña, Xiomara Castro, asistieron en Nueva York el miércoles a la firma de un «memorándum» para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que debe comenzar a operar en seis meses.
Esta comisión será integrada por «expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado al país», explicó la mandataria izquierdista en Nueva York.
Mecanismo imparcial
El convenio fue suscrito por el canciller hondureño, Enrique Reina, y el subsecretario de la ONU para Asuntos Políticos, Miroslav Jenca, y estipula que la CICIH será «un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras».
«Hay que trabajar fuertemente para que eso [la CICIH] logre concretarse», expresó a la AFP el representante de la ONG Transparencia Internacional en Honduras, Héctor Hernández.
La Comisión será similar a una entidad avalada por la ONU que trabajó como una suerte de fiscalía paralela durante 12 años en Guatemala para combatir al crimen organizado, que estaba enquistado en la policía y otros entes públicos sensibles.
La CICIG comenzó a operar en 2007 pero fue sacada de Guatemala en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, quien declaró poco antes «persona non grata» a su jefe, el magistrado colombiano Iván Velásquez.
Honduras también tuvo un ente similar creado por OEA creó en 2016, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que solo operó cuatro años hasta que el entonces presidente Juan Orlando Hernández y el Congreso se negaron a renovar el convenio.
Tomaron esta decisión aparentemente porque decenas de diputados, empresarios y funcionarios fueron acusados de desviar fondos públicos. Los juicios contra ellos llegaron a su fin cuando la MACCIH salió del país.
Diputados que lograron la reelección en el presente Congreso y familiares del expresidente Hernández estuvieron entre los acusados.
La esposa del expresidente Porfirio Lobo, Rosa Elena Bonilla, de 55 años, fue sentenciada a 14 años de cárcel por el mismo delito de corrupción, en uno de los pocos juicios que sobrevivió al irse la MACCIH.
En un caso aparte, de la justicia estadounidense, el expresidente Hernández fue extraditado a Nueva York acusado de conspirar para introducir 500 toneladas de cocaína con carteles mexicanos y colombianos a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Corre riesgo de recibir condena de cadena perpuatua, como pasó con su hermano Tony en marzo del 2021.
«Amiguismo»
Según el «memorándum», en la primera fase la ONU mandará a Honduras a expertos en sistema penal para la adopción de reformas legales y determinar las fortalezas del Poder Judicial y la fiscalía.
El representante de Transparencia aseguró que la presidenta Castro está luchando contra la corrupción «porque la gente está reclamando» que tenga un mayor protagonismo en esta lucha.
«La corrupción es estructural, no hay una cultura en la administración pública de eficiencia» y también en el gobierno actual «lo que prima es el amiguismo, el nepotismo (…), todas esas son expresiones de corrupción», sentenció Hernández.
86 votos
Para que la CICIH entre en operación se requiere la aprobación de dos tercios de los 128 diputados del Congreso (86 votos), y Hernández cree complicado que la presidenta Castro consiga el apoyo de la oposición, que controla 68 escaños frente a los 60 del oficialismo.
Las seis bancadas en el Congreso «van a tener que generar diálogos, mucho consenso» para lograr los 86 votos, añadió Hernández.
El jefe de la bancada del derechista Partido Nacional, Thomas Zambrano, dijo que sus 44 diputados votarán contra de CICIH a menos de que el ente investigue también los actos del gobierno de Xiomara Castro (en el poder desde el 27 de enero) y de su esposo, Manuel Zelaya (2006-2009).
Zelaya fue derrocado por una alianza cívico-militar en 2009 por vincularse con el Socialismo del Siglo XXI del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.
Centroamérica
Estados Unidos concentrará 53 de los 92 centros de votación en el exterior para 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que habilitará 92 centros de votación en el exterior para las elecciones generales de 2027, distribuidos en 29 países, donde los salvadoreños residentes fuera del país podrán ejercer el sufragio mediante la modalidad de voto electrónico presencial.
La cifra representa un incremento de 11 centros de votación respecto a los 81 habilitados para las elecciones de 2024, equivalente a un crecimiento del 14 %.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que la decisión responde a un proceso de evaluación de la experiencia registrada en los comicios anteriores y a las recomendaciones planteadas por los salvadoreños residentes en el extranjero.
“Esta decisión responde a un proceso de evaluación y mejora continua. Hemos escuchado las opiniones, sugerencias y experiencias que nos han compartido nuestros compatriotas residentes en el extranjero”, señaló Soriano.
De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es identificar las principales dificultades registradas durante el proceso electoral anterior y convertir los aprendizajes en medidas concretas para las elecciones de 2027.
El TSE detalló que, hasta el 14 de julio de 2026, el registro electoral en el exterior contabilizaba 972,517 salvadoreños. Esta cifra se suma a los aproximadamente 5.5 millones de ciudadanos inscritos en el territorio nacional, para conformar un padrón electoral de alrededor de 6.5 millones de personas.
Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de centros de votación en el exterior, con 53 de los 92 habilitados, equivalentes al 58.5 % del total.
El organismo electoral explicó que la distribución responde a las características y necesidades identificadas en cada país, con el propósito de reforzar la capacidad operativa en los territorios donde existe una mayor concentración y demanda de la población salvadoreña.
Centroamérica
Reconocen a brigada salvadoreña que apoyó labores de rescate tras terremotos en Venezuela
La Asamblea Legislativa realizó una ceremonia de reconocimiento a los salvadoreños que integraron la misión internacional humanitaria enviada a Venezuela para brindar asistencia tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio.
El acto se desarrolló en el Salón Azul, donde el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, expresó su agradecimiento a los integrantes de la misión por el trabajo realizado durante las labores de atención y rescate.
“Este día rendimos honor y gratitud a los hombres y mujeres que arriesgaron su integridad física para salvar la vida de nuestros hermanos venezolanos”, afirmó Castro, quien destacó la respuesta de los equipos salvadoreños ante la emergencia.
La misión fue desplegada luego de que Venezuela registrara dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos con menos de un minuto de diferencia, según lo señalado durante el acto.
Castro destacó que, tras la emergencia, el Gobierno salvadoreño envió una misión humanitaria integrada por miembros del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de El Salvador (USAR) y de la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador (UHR-FAES).
La brigada que se desplazó a territorio venezolano estuvo conformada inicialmente por unas 300 personas, entre socorristas, médicos, enfermeras, policías, militares, psicólogos y miembros de la unidad canina. Posteriormente, se incorporaron más integrantes para mantener la capacidad operativa del equipo.
Durante el reconocimiento, Castro destacó el papel de los salvadoreños desplegados en Venezuela y aseguró que su participación representó un mensaje de solidaridad para las familias afectadas por los terremotos.
“Ustedes representaron un rayo de esperanza y de fe para muchas familias”, expresó el presidente del Legislativo, al reconocer el trabajo de los miembros de la misión humanitaria.
Centroamérica
EE. UU. planea ampliar a tierra sus operaciones contra el narcotráfico en Latinoamérica
Estados Unidos planea ampliar sus operaciones contra el narcotráfico a objetivos terrestres en Latinoamérica, como parte de una estrategia que hasta ahora se ha centrado en acciones contra presuntas embarcaciones utilizadas para transportar drogas en aguas internacionales, afirmó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.
El funcionario señaló en Panamá que Washington busca desarrollar, junto con países aliados, una capacidad operativa similar a la utilizada en las operaciones contra lanchas sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico oriental.
El Gobierno del presidente Donald Trump inició en septiembre pasado una campaña de ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, operaciones que, según las autoridades estadounidenses, han dejado al menos 215 muertos.
Hegseth explicó que los nuevos planes forman parte de los esfuerzos de una alianza integrada por 19 países, aunque las operaciones podrían extenderse a cualquier territorio donde operen organizaciones dedicadas al narcotráfico.
A corto plazo, Estados Unidos espera desplegar junto con sus aliados capacidades para combatir a estas organizaciones en tierra. El secretario de Defensa mencionó específicamente la cooperación con Ecuador y Colombia para ampliar las acciones contra organizaciones de narcotráfico designadas por Washington como grupos terroristas.
“Será el mismo efecto en tierra”, afirmó Hegseth durante una conversación con periodistas en un punto no identificado de la selva panameña.
El funcionario se encontraba en Panamá como parte de una visita relacionada con ejercicios militares que se realizan anualmente en el país y en los que participan alrededor de una veintena de naciones.
La eventual ampliación de las operaciones al territorio terrestre marcaría una nueva fase en la estrategia antidrogas de la administración Trump, al trasladar parte de las acciones que hasta ahora se han desarrollado en aguas internacionales hacia zonas donde operan organizaciones vinculadas al narcotráfico.
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