Centroamérica
La ONU apuesta por combatir la corrupción en Honduras pero el reto es difícil
| Por AFP| Noe Leiva |
La ONU y Honduras acordaron esta semana formar una comisión que investigue actos de corrupción en el país centroamericano, pero esta iniciativa puede sucumbir incluso antes de nacer, advirtieron expertos y políticos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta hondureña, Xiomara Castro, asistieron en Nueva York el miércoles a la firma de un «memorándum» para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que debe comenzar a operar en seis meses.
Esta comisión será integrada por «expertos internacionales que investiguen las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado al país», explicó la mandataria izquierdista en Nueva York.
Mecanismo imparcial
El convenio fue suscrito por el canciller hondureño, Enrique Reina, y el subsecretario de la ONU para Asuntos Políticos, Miroslav Jenca, y estipula que la CICIH será «un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras».
«Hay que trabajar fuertemente para que eso [la CICIH] logre concretarse», expresó a la AFP el representante de la ONG Transparencia Internacional en Honduras, Héctor Hernández.
La Comisión será similar a una entidad avalada por la ONU que trabajó como una suerte de fiscalía paralela durante 12 años en Guatemala para combatir al crimen organizado, que estaba enquistado en la policía y otros entes públicos sensibles.
La CICIG comenzó a operar en 2007 pero fue sacada de Guatemala en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, quien declaró poco antes «persona non grata» a su jefe, el magistrado colombiano Iván Velásquez.
Honduras también tuvo un ente similar creado por OEA creó en 2016, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que solo operó cuatro años hasta que el entonces presidente Juan Orlando Hernández y el Congreso se negaron a renovar el convenio.
Tomaron esta decisión aparentemente porque decenas de diputados, empresarios y funcionarios fueron acusados de desviar fondos públicos. Los juicios contra ellos llegaron a su fin cuando la MACCIH salió del país.
Diputados que lograron la reelección en el presente Congreso y familiares del expresidente Hernández estuvieron entre los acusados.
La esposa del expresidente Porfirio Lobo, Rosa Elena Bonilla, de 55 años, fue sentenciada a 14 años de cárcel por el mismo delito de corrupción, en uno de los pocos juicios que sobrevivió al irse la MACCIH.
En un caso aparte, de la justicia estadounidense, el expresidente Hernández fue extraditado a Nueva York acusado de conspirar para introducir 500 toneladas de cocaína con carteles mexicanos y colombianos a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Corre riesgo de recibir condena de cadena perpuatua, como pasó con su hermano Tony en marzo del 2021.
«Amiguismo»
Según el «memorándum», en la primera fase la ONU mandará a Honduras a expertos en sistema penal para la adopción de reformas legales y determinar las fortalezas del Poder Judicial y la fiscalía.
El representante de Transparencia aseguró que la presidenta Castro está luchando contra la corrupción «porque la gente está reclamando» que tenga un mayor protagonismo en esta lucha.
«La corrupción es estructural, no hay una cultura en la administración pública de eficiencia» y también en el gobierno actual «lo que prima es el amiguismo, el nepotismo (…), todas esas son expresiones de corrupción», sentenció Hernández.
86 votos
Para que la CICIH entre en operación se requiere la aprobación de dos tercios de los 128 diputados del Congreso (86 votos), y Hernández cree complicado que la presidenta Castro consiga el apoyo de la oposición, que controla 68 escaños frente a los 60 del oficialismo.
Las seis bancadas en el Congreso «van a tener que generar diálogos, mucho consenso» para lograr los 86 votos, añadió Hernández.
El jefe de la bancada del derechista Partido Nacional, Thomas Zambrano, dijo que sus 44 diputados votarán contra de CICIH a menos de que el ente investigue también los actos del gobierno de Xiomara Castro (en el poder desde el 27 de enero) y de su esposo, Manuel Zelaya (2006-2009).
Zelaya fue derrocado por una alianza cívico-militar en 2009 por vincularse con el Socialismo del Siglo XXI del entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.
Centroamérica
Guatemala despliega el Operativo Centinela para recuperar control del penal Renovación 1
Desde tempranas horas de este martes, unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, con apoyo del Ejército y del Sistema Penitenciario, ejecutan el Operativo Centinela con el objetivo de retomar el control del centro penitenciario Renovación 1, ubicado en el departamento de Escuintla, informó el Ministerio de Gobernación mediante transmisiones en vivo desde su cuenta oficial en X.
Las fuerzas de seguridad desarrollan requisas simultáneas en la Cárcel de Máxima Seguridad para Varones Renovación 1, como parte de una estrategia para reducir la incidencia criminal, prevenir delitos y frenar el ingreso y traslado de objetos ilícitos dentro y en los alrededores del penal, detalló la cartera de Gobernación.
De acuerdo con información publicada por el medio guatemalteco Prensa Libre, el operativo responde a investigaciones que señalan que estructuras de pandillas ejercen control sobre comercios y terrenos cercanos al centro penitenciario, los cuales serían utilizados como puntos de vigilancia y para ocultar drogas, armas y otros objetos ilegales.
“Las maras se apoderan de terrenos y comercios cercanos para utilizarlos como puestos de vigilancia, esconder drogas, armas y otros ilícitos”, afirmó el Sistema Penitenciario, citado por el medio local.
Durante el despliegue, las autoridades realizaron un acto protocolario para dar inicio formal al Operativo Centinela, encabezado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; el ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos; la gobernadora departamental de Escuintla, Vivian Mayorga; el director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo; y el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, entre otros funcionarios.
“Este operativo se formula para proteger a la población, tomar el control del territorio y devolvérselo al pueblo digno. No venimos a improvisar, venimos a ejecutar; no venimos a ver qué pasa, venimos a tomar el control”, afirmó el ministro Villeda, quien subrayó que el objetivo es recuperar el orden, la seguridad y la gobernabilidad en zonas afectadas por la presencia de maras.
El operativo se desarrolla en un contexto de reciente incremento de hechos violentos en Escuintla, entre ellos el asesinato de una joven madre y su bebé, ocurrido en una zona rural del departamento, hecho que conmocionó a la población.
Centroamérica
OEA y BID destacan avances de El Salvador en legislación y estrategia de ciberseguridad
El Salvador ha dado pasos significativos en la consolidación de un marco legal sólido en materia de ciberseguridad, según señala el Informe de Ciberseguridad 2025: “Vulnerabilidad y madurez: desafíos para cerrar brechas en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El estudio resalta como uno de los principales avances la aprobación, en 2024, de dos leyes clave por parte de la Asamblea Legislativa: la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (decreto 143) y la Ley de Protección de Datos Personales (decreto 144).
De acuerdo con el informe, la Ley de Ciberseguridad establece un marco integral de políticas aplicable a todas las entidades del Estado, incluidos organismos autónomos y municipalidades, e incorpora sanciones específicas para los funcionarios públicos que incumplan la implementación de medidas de seguridad adecuadas, reforzando así la importancia del cumplimiento normativo.
El documento también destaca que el Gobierno salvadoreño impulsa diversos esfuerzos para fortalecer la ciberseguridad como parte de la Agenda Digital 2020-2030, con el objetivo de integrar a los sectores público y privado en un entorno digital seguro que fomente el desarrollo nacional mediante la innovación y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
En esa línea, el informe subraya que El Salvador avanza en la construcción de una estrategia nacional de ciberseguridad, enfocada en la protección de la información digital del Estado mediante la adopción de estándares internacionales y una coordinación interinstitucional sólida.
Asimismo, se resalta la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), encargada de implementar las políticas de ciberseguridad en las instituciones públicas, así como de desarrollar y administrar el Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad.
El estudio añade que el país está implementando centros de operaciones de seguridad (SOC) para la gestión y respuesta ante amenazas en sectores sensibles vinculados al Gobierno Electrónico, los cuales contarán con apoyo técnico y financiero del BID.
En ese contexto, se destaca que en 2023 El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en establecer un SOC especializado para el sector financiero, reflejando el compromiso gubernamental con el fortalecimiento de la seguridad digital.
Finalmente, el informe señala que el Gobierno ha reforzado la gestión del dominio .sv, con el fin de mejorar la seguridad de los portales institucionales.
Centroamérica
El Salvador cierra 2025 con la tasa de homicidios más baja de su historia
El Salvador cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja desde que existen registros oficiales, como resultado de la ofensiva gubernamental contra las pandillas, aseguró este lunes el Gobierno.
De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la tasa de asesinatos se redujo a 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año pasado, una disminución frente a los 1,9 registrados en 2024. El funcionario precisó que en 2025 se contabilizaron 82 homicidios, todos los cuales —afirmó— fueron esclarecidos por las autoridades.
“Estos datos nos permiten decir ahora con propiedad que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental”, sostuvo Villatoro durante una declaración a la prensa.
Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales amparada en un régimen de excepción, que autoriza detenciones sin orden judicial y ha sido prorrogado de forma continua. Según el ministro, esta estrategia permitió durante 2025 “neutralizar y seguir derrotando” a las pandillas, a las que calificó como el “enemigo más grande” que enfrentaba el país.
El Salvador llegó a registrar una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, lo que lo colocó entonces entre los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Las autoridades atribuyen la drástica reducción de la violencia a las políticas de seguridad implementadas en los últimos años.
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