Centroamérica
Panamá descarta regularizar ruta selvática hacia EEUU en medio de récord de migrantes
| Por AFP | Juan José Rodríguez |
El gobierno de Panamá descartó este viernes regularizar el paso de migrantes ilegales por la inhóspita selva del Darién, una zona fronteriza con Colombia en la que murieron al menos 60 personas de las más de 240.000 que este año tomaron esa ruta en su camino hacia Estados Unidos.
«La selva del Darién no va a ser una ruta regularizada», dijo la canciller panameña, Janaina Tewaney, durante una reunión con periodistas este viernes.
«En ese espacio, entre la frontera, se dan crímenes de todo tipo, porque no es una ruta segura, hay quienes insisten que sí, pero no lo es», insistió la ministra al explicar la decisión de su gobierno.
«No vamos a ponderar ninguna ruta por el Darién, muy por el contrario, las medidas que se van a llevar a cabo son para proteger la selva del Darién, no para normalizar una ruta que no debe ser normalizada», señaló Tewaney.
La funcionaria panameña se reunió esta semana en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para analizar posibles medidas para contener el flujo de personas que atraviesan la peligrosa jungla en su camino hacia Estados Unidos.
Según datos aportados por el gobierno panameño, en lo que va de año más de 243.000 personas (dos terceras partes venezolanos) usaron la ruta del Darién, una cifra que pulveriza los registros del año anterior, cuando 133.000 migrantes realizaron la travesía.
El director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, dependiente de la fiscalía, José Vicente Pachar, informó este viernes a la AFP que al menos 60 migrantes han muerto en 2022 cruzando el Darién, una cifra que supera el medio centenar de fallecidos de 2021.
«Hay muchos testimonios de fallecidos y abandonados en la selva», afirmó Pachar.
Zona de peligros
La selvática frontera de Panamá y Colombia, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, es un corredor plagado de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales que se aprovechan de quienes buscan migrar a Estados Unidos cruzando América Central.
Panamá, Colombia y Costa Rica, con el apoyo de Washington, buscan establecer posibles rutas migratorias para facilitar un tránsito seguro y regularizado para los migrantes, que afluyen en números récord.
Estados Unidos destinó cerca de 18 millones de dólares en 2022 para la asistencia humanitaria de refugiados y migrantes vulnerables en Panamá, una cifra cuatro veces mayor al monto enviado en 2021.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió en septiembre la idea de una «presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo la ruta de la muerte».
Panamá ha levantado varios campamentos para la atención humanitaria a migrantes en la frontera con Colombia, pero entiende que facilitar su traslado por la jungla supondría un beneficio indirecto a los traficantes de personas.
«Las historias de los migrantes son desgarradoras. Este es un peligroso viaje que nadie debe emprender», declaró a comienzos de diciembre la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte.
El gobierno panameño considera además que cualquier apertura de la selva pondría en peligro la biodiversidad del país.
«El Darién es una selva protegida, un territorio ancestral de nuestros indígenas, es nuestro pulmón y es para Panamá y Centroamérica lo mismo que el Amazonas para Suramérica», concluyó Tewaney.
Centroamérica
Homicidios bajan 50 % y extorsiones 32 % durante el estado de sitio en Guatemala
Las autoridades guatemaltecas informaron este miércoles que los homicidios se redujeron en un 50 % y las extorsiones en un 32 % desde la entrada en vigor del estado de sitio decretado el pasado 18 de enero, tras un ataque atribuido a pandilleros que dejó 11 policías muertos.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó en conferencia de prensa que, en comparación con el mismo período del año anterior, la estrategia de seguridad aplicada bajo la medida de excepción, vigente hasta el 18 de febrero, refleja una mejora en la situación del país.
Según el funcionario, desde el inicio del régimen especial se contabilizan 95 homicidios menos, mientras que las denuncias de extorsión vinculadas a pandillas han disminuido en casi un tercio. En ese mismo lapso, las fuerzas de seguridad ejecutaron 3,548 operativos que derivaron en cerca de 3,000 capturas.
Villeda detalló que entre los detenidos hay 78 presuntos pandilleros —catalogados como terroristas por el Estado guatemalteco—, 100 personas acusadas de extorsión y seis individuos requeridos en extradición por Estados Unidos por delitos de narcotráfico. También reportó la desactivación de 15 cámaras de videovigilancia que, según las autoridades, eran operadas clandestinamente por estructuras criminales en un sector popular de la capital.
Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que el estado de sitio permitió interrumpir las comunicaciones entre los reclusos y sus colaboradores en el exterior, lo que calificó como un paso clave para desarticular redes de alta peligrosidad.
“El éxito se demuestra en operativos ejecutados de manera quirúrgica para no interferir con la normalidad de los ciudadanos”, sostuvo el mandatario.
El Gobierno decretó la medida excepcional luego de la crisis provocada por motines simultáneos en tres cárceles del país, encabezados por integrantes del Barrio 18 el 17 de enero. Los disturbios derivaron, al día siguiente, en ataques coordinados contra fuerzas de seguridad, que dejaron 11 agentes de la Policía Nacional Civil asesinados, en represalia por las acciones estatales para retomar el control de los penales.
Centroamérica
Honduras lamenta decisión de EE. UU. de cancelar el TPS para sus ciudadanos
El gobierno de Honduras expresó este lunes su pesar ante la decisión de la administración del presidente Donald Trump de mantener la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños que residen en Estados Unidos.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional afirmó que los beneficiarios del programa «han vivido bajo estricta auditoría federal cumpliendo cada requisito de ley» y que su permanencia dentro del sistema constituye «una prueba irrefutable de conducta intachable».
«Lamentamos que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal», reiteró la cancillería.
Más temprano, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor de retirar el beneficio del TPS para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal que viven en ese país.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la resolución como «una victoria para el Estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos». Añadió que el TPS fue concebido, como su nombre lo indica, para ser temporal, pero sostuvo que «administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas».
La administración estadounidense argumentó que Honduras ya no cumple las condiciones que justificaban mantener la designación del TPS.
Centroamérica
Fuerzas de seguridad retiran cámaras presuntamente instaladas por el Barrio 18 en la zona 18
Elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA), junto a agentes de la Comisaría 12, la Policía Municipal y miembros de las Fuerzas Armadas, desinstalaron cámaras de videovigilancia colocadas en postes de distintas colonias de la zona 18 de la capital guatemalteca.
El operativo se desarrolló este lunes tras una denuncia ciudadana recibida en el centro de llamadas de la Policía Nacional Civil (PNC).
Entre los puntos intervenidos figuran la 31 avenida y 9ª calle de la colonia Paraíso II, así como la 13 avenida y 12 calle de la colonia San Rafael II, sectores que, según las autoridades, son dominados por la organización Barrio 18.
De acuerdo con la PNC, se presume que estos dispositivos eran utilizados por integrantes de la pandilla para vigilar a los habitantes y, dependiendo de sus intereses, convertirlos posteriormente en víctimas.
Hasta las 18:00 horas del lunes, las autoridades reportaban nueve cámaras incautadas: una en la colonia Paraíso II y ocho más en San Rafael II.
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha intensificado las acciones contra las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 desde la instauración del estado de sitio el pasado 18 de enero. La medida fue adoptada tras la ofensiva de estos grupos, que incluyó la toma de tres prisiones y el asesinato de diez agentes policiales, en protesta por la recuperación del control penitenciario y la negativa a otorgarles concesiones especiales dentro de los centros penales.
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