Centroamérica
Panamá descarta regularizar ruta selvática hacia EEUU en medio de récord de migrantes
| Por AFP | Juan José Rodríguez |
El gobierno de Panamá descartó este viernes regularizar el paso de migrantes ilegales por la inhóspita selva del Darién, una zona fronteriza con Colombia en la que murieron al menos 60 personas de las más de 240.000 que este año tomaron esa ruta en su camino hacia Estados Unidos.
«La selva del Darién no va a ser una ruta regularizada», dijo la canciller panameña, Janaina Tewaney, durante una reunión con periodistas este viernes.
«En ese espacio, entre la frontera, se dan crímenes de todo tipo, porque no es una ruta segura, hay quienes insisten que sí, pero no lo es», insistió la ministra al explicar la decisión de su gobierno.
«No vamos a ponderar ninguna ruta por el Darién, muy por el contrario, las medidas que se van a llevar a cabo son para proteger la selva del Darién, no para normalizar una ruta que no debe ser normalizada», señaló Tewaney.
La funcionaria panameña se reunió esta semana en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para analizar posibles medidas para contener el flujo de personas que atraviesan la peligrosa jungla en su camino hacia Estados Unidos.
Según datos aportados por el gobierno panameño, en lo que va de año más de 243.000 personas (dos terceras partes venezolanos) usaron la ruta del Darién, una cifra que pulveriza los registros del año anterior, cuando 133.000 migrantes realizaron la travesía.
El director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, dependiente de la fiscalía, José Vicente Pachar, informó este viernes a la AFP que al menos 60 migrantes han muerto en 2022 cruzando el Darién, una cifra que supera el medio centenar de fallecidos de 2021.
«Hay muchos testimonios de fallecidos y abandonados en la selva», afirmó Pachar.
Zona de peligros
La selvática frontera de Panamá y Colombia, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, es un corredor plagado de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales que se aprovechan de quienes buscan migrar a Estados Unidos cruzando América Central.
Panamá, Colombia y Costa Rica, con el apoyo de Washington, buscan establecer posibles rutas migratorias para facilitar un tránsito seguro y regularizado para los migrantes, que afluyen en números récord.
Estados Unidos destinó cerca de 18 millones de dólares en 2022 para la asistencia humanitaria de refugiados y migrantes vulnerables en Panamá, una cifra cuatro veces mayor al monto enviado en 2021.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió en septiembre la idea de una «presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo la ruta de la muerte».
Panamá ha levantado varios campamentos para la atención humanitaria a migrantes en la frontera con Colombia, pero entiende que facilitar su traslado por la jungla supondría un beneficio indirecto a los traficantes de personas.
«Las historias de los migrantes son desgarradoras. Este es un peligroso viaje que nadie debe emprender», declaró a comienzos de diciembre la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte.
El gobierno panameño considera además que cualquier apertura de la selva pondría en peligro la biodiversidad del país.
«El Darién es una selva protegida, un territorio ancestral de nuestros indígenas, es nuestro pulmón y es para Panamá y Centroamérica lo mismo que el Amazonas para Suramérica», concluyó Tewaney.
Centroamérica
El Salvador envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto
El Salvador enviará 100 toneladas de insumos humanitarios a Colombia para apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó al país suramericano el pasado lunes, informó el presidente Nayib Bukele.
La asistencia será trasladada en dos aviones de carga. El primero partió la noche del martes con parte de los suministros, mientras que el segundo será enviado este miércoles.
Bukele explicó que el Gobierno de Colombia informó que sus equipos de rescate, personal médico y cuerpos de emergencia ya se encuentran desplegados para atender la emergencia, por lo que en esta etapa no es necesaria la presencia de personal salvadoreño.
Ante esta situación, las autoridades colombianas solicitaron principalmente insumos para apoyar a las familias afectadas por el sismo.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció la ayuda enviada por El Salvador y destacó la solidaridad del pueblo salvadoreño ante la emergencia.
“En nombre de Colombia y de todas las familias que hoy atraviesan momentos difíciles, le agradezco profundamente a usted y al pueblo salvadoreño este gesto de solidaridad”, expresó el mandatario colombiano.
El Salvador mantiene disposición de apoyar
Desde que ocurrió el terremoto, Bukele ha expresado su solidaridad con Colombia y manifestó la disposición de su Gobierno para brindar asistencia de acuerdo con las necesidades que fueran identificadas.
Según los datos proporcionados en el reporte, el terremoto dejó 240 personas fallecidas y más de 1,300 heridas.
“Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo”, señaló Bukele.
El mandatario también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseos de recuperación para los heridos.
Antecedentes de asistencia internacional
El Salvador ha participado en los últimos años en diferentes operaciones de asistencia humanitaria fuera de sus fronteras, con el envío de insumos y equipos de apoyo a países como Guatemala, Honduras, Turquía, Costa Rica y Jamaica.
Más recientemente, el país brindó asistencia a Venezuela después de que esa nación registrara dos terremotos consecutivos en junio pasado.
Durante un acto de condecoración al contingente salvadoreño que participó en las labores de asistencia y rescate en Venezuela, Bukele destacó la disposición de El Salvador para apoyar a otros países ante situaciones de emergencia.
“No ayuda el que puede, ayuda el que quiere”, afirmó el mandatario en aquella ocasión.
Centroamérica
TSE cerrará en agosto tres actividades clave del calendario electoral
Tres actividades contempladas en el calendario de las próximas elecciones generales de El Salvador finalizarán durante agosto, de acuerdo con la agenda establecida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Una de ellas corresponde al período para actualizar el Documento Único de Identidad (DUI) de los salvadoreños residentes en el territorio nacional, cuyo plazo vence el 27 de agosto.
El TSE hizo un llamado a los ciudadanos que hayan cambiado de domicilio para que actualicen la dirección registrada en su DUI, con el objetivo de que puedan ejercer el voto en un centro de votación más cercano a su lugar de residencia.
Para facilitar el trámite, se ampliaron los horarios de atención en cinco duicentros ubicados en Galerías, Sonsonate, Santa Ana, San Miguel y Santa Tecla. La actualización también puede realizarse a través de la plataforma en línea dui.sv.
Inscripción de partidos y coaliciones
Otra de las actividades que concluirá este mes es la presentación de solicitudes para la inscripción de nuevos partidos políticos, cuyo plazo para la admisión de solicitudes vence el 31 de agosto.
En esa misma fecha finalizará el período para la admisión de solicitudes de inscripción de pactos de coalición entre partidos políticos.
El artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos establece que la inscripción de coaliciones debe concluir 120 días hábiles antes de la fecha de las elecciones. La normativa también establece que este plazo es improrrogable.
Según el calendario electoral, una vez recibidas las solicitudes de coalición, el TSE deberá resolverlas dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación.
De acuerdo con las fechas establecidas, el Tribunal deberá notificar a los partidos políticos sobre las resoluciones correspondientes el 3 de septiembre.
La notificación final relacionada con la inscripción de las coaliciones está prevista entre el 7 y el 11 de septiembre, conforme al calendario electoral.
Con estos plazos, agosto se convierte en un mes clave para la organización del proceso electoral, tanto para los ciudadanos que necesiten actualizar sus datos de identidad como para las organizaciones políticas que busquen participar en las próximas elecciones.
Centroamérica
Más de 170,000 salvadoreños enfrentan incertidumbre ante el vencimiento del TPS en EE. UU.
Más de 170,000 salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos enfrentan una carrera contrarreloj ante el vencimiento del beneficio, previsto para el próximo 9 de septiembre.
La finalización del programa dejaría a los beneficiarios sin autorización de trabajo y los expondría a procesos de deportación, salvo que puedan acogerse a otra protección migratoria o regularizar su situación por una vía distinta.
«La gente (las personas amparadas por el TPS) está atemorizada», afirmó a EFE Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), organización que ha promovido durante años las renovaciones del programa otorgado a El Salvador en febrero de 2001, después de los terremotos que azotaron al país ese año.
Tejada explicó que en los últimos días la organización ha recibido numerosas llamadas de salvadoreños que buscan orientación ante la posibilidad de perder la protección migratoria.
La ofensiva de Trump contra el TPS
Las perspectivas para una nueva extensión del programa no son alentadoras. El abogado de inmigración Fernando Romo consideró que «no es probable» que el TPS para El Salvador sea prorrogado, debido a las medidas adoptadas por la Administración del presidente Donald Trump contra este mecanismo de protección.
Durante el primer mandato de Trump, en enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación del TPS para El Salvador. En ese momento, unos 180,000 salvadoreños estaban protegidos por el programa y se les otorgó un período para buscar otras alternativas migratorias o abandonar Estados Unidos.
La decisión fue posteriormente bloqueada por los tribunales tras una demanda presentada por beneficiarios del TPS y sus hijos estadounidenses, quienes argumentaron que la Administración había actuado por motivos discriminatorios y racistas.
Tras regresar a la Casa Blanca, Trump retomó las medidas contra el TPS y eliminó la protección para ciudadanos de varios países, entre ellos Venezuela y Haití. Beneficiarios de esos programas también recurrieron a los tribunales.
En esta ocasión, la Administración obtuvo un respaldo de la Corte Suprema, que determinó que el Ejecutivo tenía autoridad para revocar el TPS.
Riesgo de perder el permiso de trabajo
En el caso de El Salvador, el Gobierno estadounidense podría dejar expirar el programa para aproximadamente 170,000 beneficiarios, de acuerdo con datos citados por The National Immigration Forum.
La pérdida del TPS implicaría también la expiración de los permisos de trabajo vinculados al programa y del estatus de protección temporal que permite a los beneficiarios permanecer legalmente en Estados Unidos.
Para quienes no cuenten con otra vía de protección migratoria, el vencimiento del beneficio supondría un riesgo de deportación.
«Es una situación muy complicada», señaló Romo al referirse al escenario que enfrentan los salvadoreños protegidos por el TPS mientras se acerca la fecha límite del programa.
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