Centroamérica

Panamá descarta regularizar ruta selvática hacia EEUU en medio de récord de migrantes

Foto: Luis Acosta / AFP

| Por AFP | Juan José Rodríguez |

El gobierno de Panamá descartó este viernes regularizar el paso de migrantes ilegales por la inhóspita selva del Darién, una zona fronteriza con Colombia en la que murieron al menos 60 personas de las más de 240.000 que este año tomaron esa ruta en su camino hacia Estados Unidos.

«La selva del Darién no va a ser una ruta regularizada», dijo la canciller panameña, Janaina Tewaney, durante una reunión con periodistas este viernes.

«En ese espacio, entre la frontera, se dan crímenes de todo tipo, porque no es una ruta segura, hay quienes insisten que sí, pero no lo es», insistió la ministra al explicar la decisión de su gobierno.

«No vamos a ponderar ninguna ruta por el Darién, muy por el contrario, las medidas que se van a llevar a cabo son para proteger la selva del Darién, no para normalizar una ruta que no debe ser normalizada», señaló Tewaney.

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La funcionaria panameña se reunió esta semana en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para analizar posibles medidas para contener el flujo de personas que atraviesan la peligrosa jungla en su camino hacia Estados Unidos.

Según datos aportados por el gobierno panameño, en lo que va de año más de 243.000 personas (dos terceras partes venezolanos) usaron la ruta del Darién, una cifra que pulveriza los registros del año anterior, cuando 133.000 migrantes realizaron la travesía.

El director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, dependiente de la fiscalía, José Vicente Pachar, informó este viernes a la AFP que al menos 60 migrantes han muerto en 2022 cruzando el Darién, una cifra que supera el medio centenar de fallecidos de 2021.

«Hay muchos testimonios de fallecidos y abandonados en la selva», afirmó Pachar.

Zona de peligros

La selvática frontera de Panamá y Colombia, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, es un corredor plagado de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales que se aprovechan de quienes buscan migrar a Estados Unidos cruzando América Central.

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Panamá, Colombia y Costa Rica, con el apoyo de Washington, buscan establecer posibles rutas migratorias para facilitar un tránsito seguro y regularizado para los migrantes, que afluyen en números récord.

Estados Unidos destinó cerca de 18 millones de dólares en 2022 para la asistencia humanitaria de refugiados y migrantes vulnerables en Panamá, una cifra cuatro veces mayor al monto enviado en 2021.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió en septiembre la idea de una «presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo la ruta de la muerte».

Panamá ha levantado varios campamentos para la atención humanitaria a migrantes en la frontera con Colombia, pero entiende que facilitar su traslado por la jungla supondría un beneficio indirecto a los traficantes de personas.

«Las historias de los migrantes son desgarradoras. Este es un peligroso viaje que nadie debe emprender», declaró a comienzos de diciembre la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte.

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El gobierno panameño considera además que cualquier apertura de la selva pondría en peligro la biodiversidad del país.

«El Darién es una selva protegida, un territorio ancestral de nuestros indígenas, es nuestro pulmón y es para Panamá y Centroamérica lo mismo que el Amazonas para Suramérica», concluyó Tewaney.

Centroamérica

Honduras interviene unidad antipandillas tras asesinato de cinco agentes

El Ministerio de Seguridad de Honduras ordenó la intervención inmediata de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), luego de que un operativo considerado irregular terminara con el secuestro y asesinato de cinco agentes de esa división policial.

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades suspendieron al director, subdirector y jefe de operaciones de la unidad antipandillas. El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, indicó que la cúpula de Dipampco será investigada para determinar por qué los agentes participaron en un allanamiento sin cumplir los protocolos institucionales establecidos.

De acuerdo con las autoridades hondureñas, los policías fueron asesinados por integrantes de una estructura criminal tras un operativo realizado el jueves en la aldea Corinto, municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala.

El Ministerio de Seguridad detalló en un comunicado que Dipampco ejecutó el allanamiento “sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial correspondientes”.

Las investigaciones preliminares señalan que el operativo estaba dirigido contra una estructura dedicada al narcotráfico liderada por Héber Noé Argueta Zavala, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los agentes ingresaron en fila a la vivienda intervenida y fueron recibidos con disparos. Periodistas hondureños que acudieron al lugar señalaron que la organización criminal aparentemente ya conocía sobre la llegada de los uniformados antes del operativo.

Las autoridades continúan las investigaciones para establecer responsabilidades dentro de la unidad policial y determinar cómo se filtró la información sobre el procedimiento.

Centroamérica

PNC y Ejército aumentan vigilancia fronteriza ante violencia en Honduras

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que la Policía Nacional Civil de Guatemala y el Ejército de Guatemala reforzaron la seguridad en la frontera con Honduras tras las masacres ocurridas el jueves en territorio hondureño, donde al menos 24 personas murieron, incluidos cinco agentes policiales.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que las autoridades mantienen vigilancia permanente en los pasos fronterizos y coordinación con cuerpos de seguridad hondureños para impedir el ingreso de los responsables de los ataques.

“Hemos tenido constante monitoreo de la situación y nos hemos comunicado con autoridades del vecino país para conocer el estado de la frontera. Hemos enviado varios contingentes de la Policía Nacional Civil para reforzar la zona y evitar que las personas que atentaron contra la Policía de Honduras se trasladen a territorio nacional. También contamos con el apoyo del Ejército de Guatemala”, declaró el funcionario.

Las medidas de seguridad se concentran principalmente en las zonas limítrofes de Izabal y Chiquimula, donde se incrementaron los patrullajes y los controles vehiculares.

Las autoridades guatemaltecas también informaron sobre el cruce de dos ciudadanos hondureños sospechosos de estar vinculados con la masacre de policías ocurrida en Honduras, aunque no se brindaron mayores detalles sobre su situación migratoria o posibles capturas.

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Centroamérica

Masacres en Honduras elevan tensión por violencia armada y disputas territoriales

Honduras vivió este jueves una nueva escalada de violencia armada que dejó al menos 25 personas fallecidas en dos masacres ocurridas en distintas zonas del país, según reportes preliminares de las autoridades.

Aproximadamente 12 horas después del primer hecho violento, el Ministerio Público de Honduras confirmó a medios locales la recuperación de 19 cuerpos en el departamento de Colón.

El portavoz de la institución, Yuri Mora, explicó que las víctimas fueron encontradas en distintos puntos de la zona.

“En un sector son 13 los cuerpos reconocidos y en otro son 6 hasta el momento”, detalló Mora.

Uno de los hechos ocurrió en el sector Palmeras, Paso Aguán, municipio de Trujillo, donde habitantes reportaron el asesinato de al menos diez trabajadores agrícolas de una finca de palma africana.

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De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron atacadas durante la madrugada cuando se disponían a iniciar su jornada laboral.

La Policía Nacional de Honduras indicó que no pudo confirmar inicialmente el número de fallecidos debido a que familiares trasladaron los cuerpos antes de la llegada de Medicina Forense.

“Los cuerpos fueron levantados por familiares; es una aldea de difícil acceso. Eran personas que pernoctaban en estas fincas”, señaló una fuente policial.

Por su parte, Javier Talavera aseguró que una de las principales hipótesis apunta a conflictos de tierras en la zona, problemática que históricamente ha generado enfrentamientos en el sector del Bajo Aguán.

Las autoridades continúan investigando ambos hechos para determinar responsabilidades y esclarecer las causas de las masacres.