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Centroamérica

Panamá descarta regularizar ruta selvática hacia EEUU en medio de récord de migrantes

Foto: Luis Acosta / AFP

| Por AFP | Juan José Rodríguez |

El gobierno de Panamá descartó este viernes regularizar el paso de migrantes ilegales por la inhóspita selva del Darién, una zona fronteriza con Colombia en la que murieron al menos 60 personas de las más de 240.000 que este año tomaron esa ruta en su camino hacia Estados Unidos.

«La selva del Darién no va a ser una ruta regularizada», dijo la canciller panameña, Janaina Tewaney, durante una reunión con periodistas este viernes.

«En ese espacio, entre la frontera, se dan crímenes de todo tipo, porque no es una ruta segura, hay quienes insisten que sí, pero no lo es», insistió la ministra al explicar la decisión de su gobierno.

«No vamos a ponderar ninguna ruta por el Darién, muy por el contrario, las medidas que se van a llevar a cabo son para proteger la selva del Darién, no para normalizar una ruta que no debe ser normalizada», señaló Tewaney.

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La funcionaria panameña se reunió esta semana en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para analizar posibles medidas para contener el flujo de personas que atraviesan la peligrosa jungla en su camino hacia Estados Unidos.

Según datos aportados por el gobierno panameño, en lo que va de año más de 243.000 personas (dos terceras partes venezolanos) usaron la ruta del Darién, una cifra que pulveriza los registros del año anterior, cuando 133.000 migrantes realizaron la travesía.

El director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, dependiente de la fiscalía, José Vicente Pachar, informó este viernes a la AFP que al menos 60 migrantes han muerto en 2022 cruzando el Darién, una cifra que supera el medio centenar de fallecidos de 2021.

«Hay muchos testimonios de fallecidos y abandonados en la selva», afirmó Pachar. 

Zona de peligros

La selvática frontera de Panamá y Colombia, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, es un corredor plagado de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales que se aprovechan de quienes buscan migrar a Estados Unidos cruzando América Central. 

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Panamá, Colombia y Costa Rica, con el apoyo de Washington, buscan establecer posibles rutas migratorias para facilitar un tránsito seguro y regularizado para los migrantes, que afluyen en números récord.

Estados Unidos destinó cerca de 18 millones de dólares en 2022 para la asistencia humanitaria de refugiados y migrantes vulnerables en Panamá, una cifra cuatro veces mayor al monto enviado en 2021.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió en septiembre la idea de una «presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo la ruta de la muerte».

Panamá ha levantado varios campamentos para la atención humanitaria a migrantes en la frontera con Colombia, pero entiende que facilitar su traslado por la jungla supondría un beneficio indirecto a los traficantes de personas.

«Las historias de los migrantes son desgarradoras. Este es un peligroso viaje que nadie debe emprender», declaró a comienzos de diciembre la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte.

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El gobierno panameño considera además que cualquier apertura de la selva pondría en peligro la biodiversidad del país.

«El Darién es una selva protegida, un territorio ancestral de nuestros indígenas, es nuestro pulmón y es para Panamá y Centroamérica lo mismo que el Amazonas para Suramérica», concluyó Tewaney. 

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Centroamérica

Daniel Ortega cierra la puerta a nuevos comicios en Nicaragua tras décadas de concentración política

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que en el país no volverán a celebrarse elecciones, una decisión que profundiza el control político que su gobierno ha consolidado desde su regreso al poder en 2007 y que ha sido cuestionado por organismos internacionales y sectores de la oposición.

Durante el acto conmemorativo por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario afirmó que Nicaragua no volverá a realizar procesos electorales que, según sus palabras, permitan a la oposición “atrapar el Gobierno” o “atrapar el poder”.

“En Nicaragua no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró Ortega durante su discurso.

El gobernante nicaragüense, de 80 años, dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que modificó la estructura del poder ejecutivo.

El retorno de Ortega a la Presidencia fue posible luego de una reforma electoral derivada de un acuerdo político alcanzado en 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán. Ese cambio redujo del 45 % al 35 % el porcentaje mínimo de votos requerido para ganar en primera vuelta, permitiendo que Ortega triunfara en las elecciones de 2006 con el 37,99 % de los sufragios.

Otro punto clave en su permanencia en el poder ocurrió en 2009, cuando magistrados de la Sala Constitucional declararon “inaplicable” el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial consecutiva. Esta decisión abrió el camino para que Ortega buscara nuevamente la Presidencia en 2011, un proceso que posteriormente fue señalado por denuncias de irregularidades.

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Más recientemente, en enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la continuidad de Ortega en el poder.

El anuncio de suspender futuras elecciones representa un nuevo giro en la política nicaragüense y aumenta las críticas de sectores opositores y organizaciones internacionales que señalan un deterioro de las instituciones democráticas del país.

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Centroamérica

PNC de Guatemala detiene a salvadoreño acusado de robo tras salir de prisión

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó la captura de un ciudadano salvadoreño identificado como Douglas Estrada, de 30 años, alias “Zapatón”, señalado por el delito de robo de equipo terminal móvil (celular).

La detención se realizó en el asentamiento La Línea, zona 4 de Escuintla, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un caso de robo, según detallaron las autoridades guatemaltecas.

La PNC indicó que Estrada había recuperado su libertad en febrero pasado, luego de cumplir una condena en la Granja Penal Canadá de Escuintla, también por un delito relacionado con robo de equipo terminal móvil.

Además, las autoridades señalaron que el detenido cuenta con antecedentes por ebriedad, escándalo y faltas contra las buenas costumbres.

Tras su captura, el acusado será puesto a disposición de un juzgado de Escuintla, donde deberá enfrentar el proceso penal correspondiente por el nuevo caso de robo. Mientras avanza la investigación de la Fiscalía guatemalteca, permanecerá bajo custodia.

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Centroamérica

Tres sudamericanos reciben 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas en El Salvador

Tres ciudadanos sudamericanos fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas, luego de una vista pública realizada por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Los sentenciados fueron identificados como Rubén Darío Acevedo Cedeño e Hipólito Perlaza Moreno, ambos de nacionalidad ecuatoriana, y el colombiano Nolberto Valencia Arroyo.

De acuerdo con las autoridades, los tres hombres fueron capturados cuando se movilizaban a bordo de una Embarcación de Bajo Perfil (LPV), también conocida como semisumergible, utilizada para el traslado de drogas por organizaciones criminales.

La embarcación fue interceptada por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) de la Marina Nacional, a unas 600 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz.

Las autoridades explicaron que los LPV son naves modificadas empleadas por estructuras dedicadas al narcotráfico para evadir los sistemas de detección marítima, debido a que navegan a poca altura sobre el nivel del agua y mantienen expuesta únicamente una pequeña parte de su estructura.

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La condena forma parte de las acciones contra el tráfico internacional de drogas y el uso de rutas marítimas para el traslado de sustancias ilícitas en la región.

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