Centroamérica
Panamá descarta regularizar ruta selvática hacia EEUU en medio de récord de migrantes
| Por AFP | Juan José Rodríguez |
El gobierno de Panamá descartó este viernes regularizar el paso de migrantes ilegales por la inhóspita selva del Darién, una zona fronteriza con Colombia en la que murieron al menos 60 personas de las más de 240.000 que este año tomaron esa ruta en su camino hacia Estados Unidos.
«La selva del Darién no va a ser una ruta regularizada», dijo la canciller panameña, Janaina Tewaney, durante una reunión con periodistas este viernes.
«En ese espacio, entre la frontera, se dan crímenes de todo tipo, porque no es una ruta segura, hay quienes insisten que sí, pero no lo es», insistió la ministra al explicar la decisión de su gobierno.
«No vamos a ponderar ninguna ruta por el Darién, muy por el contrario, las medidas que se van a llevar a cabo son para proteger la selva del Darién, no para normalizar una ruta que no debe ser normalizada», señaló Tewaney.
La funcionaria panameña se reunió esta semana en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para analizar posibles medidas para contener el flujo de personas que atraviesan la peligrosa jungla en su camino hacia Estados Unidos.
Según datos aportados por el gobierno panameño, en lo que va de año más de 243.000 personas (dos terceras partes venezolanos) usaron la ruta del Darién, una cifra que pulveriza los registros del año anterior, cuando 133.000 migrantes realizaron la travesía.
El director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, dependiente de la fiscalía, José Vicente Pachar, informó este viernes a la AFP que al menos 60 migrantes han muerto en 2022 cruzando el Darién, una cifra que supera el medio centenar de fallecidos de 2021.
«Hay muchos testimonios de fallecidos y abandonados en la selva», afirmó Pachar.
Zona de peligros
La selvática frontera de Panamá y Colombia, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, es un corredor plagado de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales que se aprovechan de quienes buscan migrar a Estados Unidos cruzando América Central.
Panamá, Colombia y Costa Rica, con el apoyo de Washington, buscan establecer posibles rutas migratorias para facilitar un tránsito seguro y regularizado para los migrantes, que afluyen en números récord.
Estados Unidos destinó cerca de 18 millones de dólares en 2022 para la asistencia humanitaria de refugiados y migrantes vulnerables en Panamá, una cifra cuatro veces mayor al monto enviado en 2021.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió en septiembre la idea de una «presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo la ruta de la muerte».
Panamá ha levantado varios campamentos para la atención humanitaria a migrantes en la frontera con Colombia, pero entiende que facilitar su traslado por la jungla supondría un beneficio indirecto a los traficantes de personas.
«Las historias de los migrantes son desgarradoras. Este es un peligroso viaje que nadie debe emprender», declaró a comienzos de diciembre la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte.
El gobierno panameño considera además que cualquier apertura de la selva pondría en peligro la biodiversidad del país.
«El Darién es una selva protegida, un territorio ancestral de nuestros indígenas, es nuestro pulmón y es para Panamá y Centroamérica lo mismo que el Amazonas para Suramérica», concluyó Tewaney.
Centroamérica
Honduras planea fortalecer su Fuerza Aérea con aviones multipropósito y drones de vigilancia
El Gobierno de Honduras anunció un programa de fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas que contempla la incorporación de nuevas aeronaves y tecnología de vigilancia para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar la protección del territorio nacional.
El ministro de Defensa hondureño, Enrique Rodríguez, explicó que en el caso de la Fuerza Aérea se analiza la adquisición de aviones de ala fija, no helicópteros, destinados principalmente a labores humanitarias y de apoyo a la población.
«Son para el transporte de heridos, para el transporte de carga, para el combate de incendios forestales, que nos ayuden a tener mejores soluciones y respuesta a las necesidades del pueblo», afirmó Rodríguez en declaraciones a EFE.
El funcionario detalló que, dentro del marco de cooperación con Estados Unidos, Honduras prioriza la compra de aeronaves de carga, equipos multipropósito y sistemas de vigilancia para fortalecer la seguridad y el control del territorio.
Además, indicó que el país evalúa la incorporación de drones como una alternativa más económica para ampliar la vigilancia aérea, especialmente en la zona marítima.
Rodríguez señaló que Honduras cuenta con un territorio marítimo de aproximadamente 270,000 kilómetros cuadrados, una extensión superior al doble de su territorio continental, por lo que considera necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo para atender desafíos relacionados con la soberanía y el combate al narcotráfico.
El ministro explicó que la administración del presidente Nasry Asfura, quien asumió el cargo el pasado 27 de enero, trabaja en un plan integral para modernizar todas las ramas de las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta el desgaste natural de los equipos con el paso del tiempo.
«Las Fuerzas Armadas en general es el último recurso que tenemos los hondureños. A ella acudimos cuando tenemos necesidades que no podemos cubrir por otros medios», señaló Rodríguez, al destacar su papel en situaciones como desastres naturales, incendios, inundaciones, pandemias y otras emergencias.
Sobre la reciente adquisición de aviones de combate A-37 realizada por El Salvador a Chile, el ministro hondureño afirmó que las decisiones de otros países no determinarán la planificación estratégica de Honduras.
«Lo que hagan los amigos vecinos no va a condicionar nuestros planes estratégicos; nosotros hemos tenido siempre cómo responder por nuestra soberanía», indicó.
Rodríguez agregó que Honduras mantiene intercambio de información con Estados Unidos y realiza estudios para definir las necesidades de equipamiento de manera eficiente, debido a los altos costos que implica la adquisición de tecnología militar.
Centroamérica
Denuncian a policía guatemalteco por presunto cobro ilegal a turistas en carretera fronteriza
Un video difundido en redes sociales generó denuncias contra un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, quien presuntamente habría exigido dinero a turistas a cambio de no decomisar el vehículo en el que se movilizaban por la carretera CA-2, en jurisdicción de Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa, cerca del punto fronterizo La Hachadura, entre Guatemala y El Salvador.
Las imágenes fueron grabadas por una de las personas afectadas y posteriormente compartidas en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron el supuesto actuar del agente policial.
En un primer momento se indicó que los turistas involucrados eran salvadoreños; sin embargo, posteriormente medios digitales como La Nación El Salvador señalaron que se trataba de ciudadanos hondureños.
Aunque el video corresponde al año 2025, su difusión volvió a poner sobre la mesa denuncias realizadas por turistas que han reportado presuntos cobros ilegales y abusos de autoridad por parte de algunos agentes policiales guatemaltecos durante sus recorridos por rutas del país.
En la grabación se observa a uno de los turistas sacar dinero y posteriormente acercarse a un agente que permanece a la espera del efectivo. El material no establece las circunstancias completas del procedimiento ni si existió una investigación oficial relacionada con el caso.
Las denuncias sobre posibles irregularidades en controles carreteros han generado llamados en redes sociales para que las autoridades correspondientes investiguen este tipo de situaciones y garanticen un trato adecuado a los visitantes que transitan por las rutas internacionales de la región.
Centroamérica
OPS certifica a El Salvador como país libre de tracoma tras alcanzar prevalencia del 0 %
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) entregó a El Salvador la certificación oficial que reconoce la eliminación del tracoma como problema de salud pública, convirtiendo al país en el primero de Centroamérica y el segundo del continente americano en alcanzar este logro sanitario.
El reconocimiento fue recibido por el ministro de Salud, Francisco Alabi, de manos del director de la OPS, Jarbas Barbosa, durante un acto en el que también participaron la embajadora de Canadá en El Salvador, Mylene Paradis, y el representante de la OPS en el país, doctor Marcelo Korc.
El tracoma es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, que puede transmitirse mediante el contacto con secreciones oculares y nasales de personas infectadas. Es considerada la principal causa de ceguera infecciosa prevenible a nivel mundial.
Alabi destacó que la certificación es resultado de un trabajo coordinado entre las instituciones de salud y equipos técnicos que permitieron identificar las zonas de mayor vulnerabilidad e implementar una estrategia nacional para erradicar la enfermedad.
«Este es un logro que alcanza El Salvador a través de todo el trabajo articulado que se ha venido haciendo con los equipos técnicos. Se hizo una priorización del análisis de toda la data en los municipios con mayor vulnerabilidad, logrando implementar esta estrategia», afirmó el funcionario.
Según datos del Ministerio de Salud, el tracoma ha afectado aproximadamente a 1.9 millones de personas en el mundo, de las cuales cerca de 450,000 han desarrollado ceguera irreversible.
Para enfrentar este desafío, El Salvador implementó desde marzo de 2023 una estrategia nacional enfocada en fortalecer la vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de casos, la prevención, el diagnóstico y el seguimiento, en coordinación con la Iniciativa para la Eliminación del Tracoma en las Américas, impulsada por la OPS con apoyo del Gobierno de Canadá.
Como parte del proceso de evaluación, las autoridades sanitarias examinaron a 3,248 personas, entre ellas 2,091 niños de uno a nueve años y 1,157 adultos mayores de 15 años. Los resultados no identificaron casos de tracoma folicular en la población infantil ni casos de tracoma cicatrizal en adultos.
Estos resultados permitieron que El Salvador alcanzara una prevalencia del 0 %, por debajo de los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para certificar la eliminación del tracoma como problema de salud pública.
Entre 2024 y 2025, equipos del Ministerio de Salud, con acompañamiento técnico de la OPS, realizaron evaluaciones rápidas en 38 comunidades priorizadas de 12 municipios ubicados en los departamentos de Ahuachapán, Chalatenango, Usulután, San Miguel y Morazán.
El director de la OPS/OMS, Jarbas Barbosa, calificó la certificación como un hito para El Salvador y destacó que fue alcanzada tras un proceso de evaluación internacional basado en evidencia científica.
«El Ministerio de Salud y sus equipos trabajan en las comunidades para hacer la detección de los casos, el tratamiento y con esto prevenir la ceguera. Además, con el apoyo de Canadá se avanza a la eliminación del tracoma en la región», señaló Barbosa.
Las autoridades sanitarias resaltaron que mantener la vigilancia permitirá evitar la reaparición de la enfermedad y proteger especialmente a la población infantil, uno de los grupos más vulnerables ante sus efectos.
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