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Centroamérica

Panamá descarta regularizar ruta selvática hacia EEUU en medio de récord de migrantes

Foto: Luis Acosta / AFP

| Por AFP | Juan José Rodríguez |

El gobierno de Panamá descartó este viernes regularizar el paso de migrantes ilegales por la inhóspita selva del Darién, una zona fronteriza con Colombia en la que murieron al menos 60 personas de las más de 240.000 que este año tomaron esa ruta en su camino hacia Estados Unidos.

«La selva del Darién no va a ser una ruta regularizada», dijo la canciller panameña, Janaina Tewaney, durante una reunión con periodistas este viernes.

«En ese espacio, entre la frontera, se dan crímenes de todo tipo, porque no es una ruta segura, hay quienes insisten que sí, pero no lo es», insistió la ministra al explicar la decisión de su gobierno.

«No vamos a ponderar ninguna ruta por el Darién, muy por el contrario, las medidas que se van a llevar a cabo son para proteger la selva del Darién, no para normalizar una ruta que no debe ser normalizada», señaló Tewaney.

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La funcionaria panameña se reunió esta semana en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para analizar posibles medidas para contener el flujo de personas que atraviesan la peligrosa jungla en su camino hacia Estados Unidos.

Según datos aportados por el gobierno panameño, en lo que va de año más de 243.000 personas (dos terceras partes venezolanos) usaron la ruta del Darién, una cifra que pulveriza los registros del año anterior, cuando 133.000 migrantes realizaron la travesía.

El director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, dependiente de la fiscalía, José Vicente Pachar, informó este viernes a la AFP que al menos 60 migrantes han muerto en 2022 cruzando el Darién, una cifra que supera el medio centenar de fallecidos de 2021.

«Hay muchos testimonios de fallecidos y abandonados en la selva», afirmó Pachar. 

Zona de peligros

La selvática frontera de Panamá y Colombia, de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie, es un corredor plagado de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales que se aprovechan de quienes buscan migrar a Estados Unidos cruzando América Central. 

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Panamá, Colombia y Costa Rica, con el apoyo de Washington, buscan establecer posibles rutas migratorias para facilitar un tránsito seguro y regularizado para los migrantes, que afluyen en números récord.

Estados Unidos destinó cerca de 18 millones de dólares en 2022 para la asistencia humanitaria de refugiados y migrantes vulnerables en Panamá, una cifra cuatro veces mayor al monto enviado en 2021.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió en septiembre la idea de una «presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo la ruta de la muerte».

Panamá ha levantado varios campamentos para la atención humanitaria a migrantes en la frontera con Colombia, pero entiende que facilitar su traslado por la jungla supondría un beneficio indirecto a los traficantes de personas.

«Las historias de los migrantes son desgarradoras. Este es un peligroso viaje que nadie debe emprender», declaró a comienzos de diciembre la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte.

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El gobierno panameño considera además que cualquier apertura de la selva pondría en peligro la biodiversidad del país.

«El Darién es una selva protegida, un territorio ancestral de nuestros indígenas, es nuestro pulmón y es para Panamá y Centroamérica lo mismo que el Amazonas para Suramérica», concluyó Tewaney. 

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Centroamérica

Asamblea aprueba ley que otorga incentivos fiscales a empresas que amplíen sus inversiones

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 57 votos, la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, una normativa que otorga beneficios fiscales a empresas que ya operan en el país desde hace más de una década y que amplíen su inversión y capacidad productiva.

La ley está dirigida a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que incrementen sus inversiones por un monto superior a un millón de dólares. Entre los principales incentivos se incluye una deducción del impuesto sobre la renta (ISR), calculada en función del monto de la inversión realizada.

De acuerdo con el decreto, las empresas que inviertan entre un millón y diez millones de dólares podrán deducir el 10 % del ISR; aquellas cuya inversión supere los diez millones y alcance hasta veinte millones recibirán una deducción del 20 %; mientras que las inversiones mayores a veinte millones de dólares tendrán una deducción del 30 % del impuesto.

Este beneficio fiscal podrá ser utilizado durante un período de hasta diez años, contados a partir de la obtención de la calificación correspondiente por parte de las autoridades competentes.

La normativa también contempla la exoneración del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces para los inmuebles adquiridos con fines de expansión. Para acceder a este incentivo, las empresas deberán utilizar el bien durante un plazo mínimo de cinco años y conservar su propiedad durante ese mismo período.

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Entre los requisitos establecidos, los interesados deberán comprobar la antigüedad de sus operaciones en el país, no estar acogidos a otros regímenes de incentivos fiscales, contar con la calificación Invest y no mantener obligaciones pendientes con el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, la ley prohíbe a los beneficiarios sustituir activos o reducir las operaciones con las que inicien el proceso de expansión, como condición para mantener los incentivos otorgados.

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Centroamérica

Nicaragua elimina la doble nacionalidad tras reforma constitucional

Nicaragua cierra y confisca bienes de 12 ONGs por incumplimiento de obligaciones legales

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes, en segunda legislatura, una reforma a los artículos 23 y 25 de la Constitución Política que elimina la doble nacionalidad para los ciudadanos nicaragüenses y establece que quienes adquieran otra nacionalidad perderán automáticamente la nicaragüense.

La reforma constitucional también dispone que los extranjeros que soliciten la nacionalidad nicaragüense deberán renunciar a su nacionalidad de origen, con excepción de los ciudadanos de países centroamericanos.

El cambio constitucional fue impulsado por el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, quienes ordenaron la iniciativa de reforma en mayo pasado durante un acto oficial por el natalicio de Augusto C. Sandino. El Ejecutivo argumentó que no es posible mantener lealtad a dos Estados y que la eliminación de la doble nacionalidad busca frenar lo que calificó como “injerencias extranjeras”, en una medida de carácter “antiimperialista”.

Durante el debate legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó que la reforma no tendrá efectos retroactivos. “Nadie debe servir a dos patrias”, sostuvo el funcionario. No obstante, sectores opositores han puesto en duda esa afirmación y advierten sobre posibles implicaciones para nicaragüenses que residen en el exterior.

La reforma se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En 2023, el régimen retiró la nacionalidad nicaragüense a más de 200 presos políticos, quienes fueron enviados al exilio en Estados Unidos, una medida ampliamente condenada por organismos internacionales.

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Centroamérica

Ejército de Nicaragua niega que lancha con droga interceptada en El Salvador saliera de su territorio

El Ejército de Nicaragua negó este miércoles que la embarcación interceptada la noche del martes en aguas cercanas a El Salvador haya salido de su territorio, en respuesta a declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, quien afirmó que la lancha procedía de Nicaragua.

En un comunicado oficial, la institución castrense del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó los señalamientos y afirmó que Villatoro ha reiterado en al menos cuatro ocasiones que cargamentos de droga han salido de Nicaragua. Según el Ejército nicaragüense, dichas afirmaciones contradicen información que, asegura, demuestra que la droga proviene del sur de la región y es transportada por rutas marítimas alejadas de los litorales nicaragüenses.

La noche del martes, autoridades de seguridad de El Salvador capturaron a dos hombres que transportaban 375 kilogramos de droga a bordo de una embarcación interceptada en la zona costera del país. De acuerdo con Villatoro, la lancha fue intervenida en la bocana del río Jiboa, entre los departamentos de San Vicente y La Paz.

Los detenidos fueron identificados como Rony Eduardo Morales Fajardo, de nacionalidad guatemalteca, y Ubaldo Reyes Juárez, ciudadano salvadoreño. Según las autoridades salvadoreñas, la droga incautada tiene un valor comercial estimado de 9.4 millones de dólares. Durante el operativo también se decomisaron dos teléfonos celulares y un sistema de posicionamiento global (GPS).

El Ejército de Nicaragua recordó que no es la primera vez que niega este tipo de señalamientos. El pasado 25 de diciembre, la institución también rechazó que una lancha detenida con dos salvadoreños a bordo y un cargamento de 450 kilogramos de droga hubiera salido de territorio nicaragüense.

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