Centroamérica
Costa Rica muestra con orgullo sus caballos en multitudinario desfile
| Por AFP | Alberto Peña |
Sombreros y botas de vaqueros, al más puro estilo «wild west», inundaron este lunes las calles del centro de San José para mostrar con orgullo la cultura del caballo en Costa Rica.
Cientos de animales y sus jinetes desfilaron en ‘El Tope’ para conmemorar, después de tres años sin lucirse por la pandemia del coronavirus, el Día Nacional del Caballista.
Para Omar González los caballos son su vida. Veterinario especializado en equinos desde hace tres décadas, a sus 58 años fue designado como el «dedicado» del desfile de 2022, la persona a quien se dedica cada año el desfile.
«El caballo para Costa Rica es uno de los emblemas del pueblo y salir a lucir el caballo el día de El Tope nacional es una convivencia con amigos, es ir a pasar bonito sanamente», afirma a la AFP González.
Él lleva toda su vida dedicado a criar y sanar caballos, y desde niño participa en ‘El Tope’.
Tres años lleva González esperando a poder subir de nuevo al lomo de su caballo para desfilar: «es una fiesta nacional», comenta.
Tradición y orgullo
Desde 2019 los caballos no habían vuelto a desfilar por las calles del centro de San José. Con la vuelta de las herraduras golpeando el asfalto los costarricenses salieron a la calle por miles para ver a los equinos.
‘El Tope’ conmemora la tradición ecuestre de Costa Rica desde la época colonial, cuando los caballos eran necesarios para moverse por el país o trabajar en el campo.
De aquella época viene la figura del ‘sabanero’, un vaquero al estilo tico, que ahora encarnan los cientos de jinetes que se suman cada año al desfile.
Marianela Matamoros, de 58 años, espera tras las vallas que delimitan el recorrido ver pasar a los caballos.
Algunos jinetes se acercan a la multitud en los laterales para que puedan acariciar a los animales. Otros cabalgan diferentes aires del caballo, la mayoría al paso, o haciendo paso doble, mostrando como si el equino bailara.
«En Costa Rica hay muchos caballos y (‘El Tope’) es algo que los ticos esperan con ansia porque aquí vienen a lucir a sus animales, vienen a mostrar lo que tienen de bello y disfrutar, que es lo más importante», señala Matamoros.
Los caballos se mostraron con sus peinados y trenzados en crines y colas, las sillas relucientes y las cintas adornando su pelo. Los jinetes, algunos con trajes tradicionales y prácticamente todos con botas y sombreros variados.
Proteger al caballo
Antes de lucir sus mejores galas, los cientos de animales que van a desfilar deben pasar una revisión veterinaria.
Equipos del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) junto con grupos de veterinarios revisan cada uno de los caballos nada más descender de los camiones que los transportan, antes incluso de que sean ensillados.
Diana Jiménez, de 35 años, es la regente encargada de los equipos veterinarios y asegura que velan porque los animales «estén bien preparados, que cuenten con herraduras adecuadas, que tengan una condición corporal adecuada, que no tengan heridas o signos de enfermedades que puedan representar un riesgo para otros participantes».
Además los equipos veterinarios fiscalizan durante el recorrido que ningún animal sufra, bien por accidente o por mal comportamiento de su jinete.
«El uso de espuelas es inadecuado, (también) el uso abusivo de la fusta o la corrección. Jinetes en estado de ebriedad tampoco pueden participar», comenta a la AFP Jiménez.
En caso de observar cualquier mala práctica, tienen potestad para retirar al animal del desfile, sancionar al jinete o incluso decomisar al caballo.
A pesar de los controles veterinarios, la fiscalización y las garantías dadas por los organizadores en los 4 kilómetros del recorrido, activistas rechazaron el desfile.
Una docena de personas se manifestaron con pancartas en las que se podía leer: «Para los caballos no es divertido. ‘El Tope’ es explotación animal» o «Tu diversión, su tortura».
Centroamérica
Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.
Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.
Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.
Centroamérica
Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.
En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.
“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.
La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.
“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.
Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.
En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.
Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.
“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.
Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.
Centroamérica
Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.
Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.
“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.
Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.
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