Centroamérica
Calvario de migrantes nicaragüenses arranca en control fronterizo de Honduras
| Por AFP |
Para muchos nicaragüenses que se marchan hacia Estados Unidos para dejar atrás las complicaciones políticas y económicas bajo el gobierno de Daniel Ortega, la odisea comienza apenas ponen un pie en la vecina Honduras.
Después de dejar a sus familias, malvender sus pertenencias o endeudarse, decenas parten cada día, asfixiados por la falta de trabajo o míseros salarios.
Yesica Centeno, una administradora de empresas de 42 años, eso uno de los pasajeros de un autobús que acaba de llegar al puesto fronterizo hondureño El Guasaule, después de tres horas de viaje desde Managua.
«Es posible que algunos de ustedes tengan problemas con sus tarjetas de vacunación o con sus documentos. Si eso ocurre no peleen con la ‘migra’ hondureña. Me buscan a mí para ayudarles. Pero ya saben que todo se soluciona con dinero», les dice el auxiliar del autobús.
El vehículo, en el que viajan 36 personas, casi todos nicaragüenses que buscan migrar, cubre en dos días este trayecto de casi 800 kilómetros hasta Ciudad de Guatemala, pasando por Honduras y El Salvador.
En efecto, una vez en el control migratorio Yesica es informada de que no puede entrar a Honduras por un supuesto problema con su certificado de vacuna anticovid.
«Cuando llegamos a la frontera con Honduras sentí que nos maltrataron», pues «todo es dinero, te ponen peros, te dicen que por una letra o por un número un documento no está bien y que no puedes continuar viajando», relata a la AFP.
«La única opción que te dan es ‘arreglémoslo’ [con dinero], se aprovechan» de la desesperación de los migrantes, agrega la mujer, que viaja con sus dos hijos adolescentes para reencontrarse con su esposo, que migró hace un año a Estados Unidos.
Miles de dólares
Veinte de los ocupantes del autobús terminan pagando 40 dólares cada uno en El Guasaule para que los dejen continuar por territorio hondureño, constata un periodista de la AFP.
Otros se ven obligados a entregar 100 y hasta 250 dólares por supuestos problemas con sus documentos.
Las cifras, en algunos casos, representan un parte significativa del dinero que llevan.
«Casi a la mayoría nos quitaron 40 dólares y eso no es justo para nosotros», dice a la AFP Eriselda Soza, una campesina nicaragüense de 32 años que también busca llegar a Estados Unidos.
«A los pasajeros que no llevaban la tarjeta de vacunación, la migración hondureña les aplicó una multa de 250 dólares» a cada uno para que pudieran pasar, se queja otro viajero que pidió no ser identificado.
En total, los migrantes desembolsaron 1.300 dólares en sobornos en el paso de El Guasaule. En todos los casos, la negociación la hizo el auxiliar del autobús, quien recogió el dinero y lo llevó a los funcionarios hondureños.
Otros 16 autobuses cargados de migrantes llegaron casi a esa misma hora al puesto de El Guasaule.
Mas de 164.000 nicaragüenses han sido interceptados por entrar de manera irregular a Estados Unidos en el año fiscal 2022, tres veces más que el periodo anterior, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Sin pruebas
Las autoridades de Honduras dicen ignorar que ocurren irregularidades en el puesto fronterizo con Nicaragua.
«El Instituto Nacional de Migración no cobra por el ingreso al país, estamos en contra de cualquier cobro ilegal», dice a la AFP el portavoz de esta entidad, Wilsón Gómez.
«De comprobar que existen cobros el Instituto remitirá los casos al Ministerio Público para su investigación», agrega.
La directora de Salud de la zona sur de Honduras, fronteriza con Nicaragua, Merary Avilés, expresó que había recibido «reportes» sobre procedimientos de esta naturaleza.
«Pero no hemos tenido las pruebas», sentencia.
Los nicaragüenses están migrando masivamente debido a la crisis política y social que vive su país desde las protestas que estallaron en 2018 contra el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007 y que ha estrechado el cerco sobre los opositores.
En su ruta, deben cruzar Honduras, El Salvador, Guatemala y luego México, desde donde buscar ingresar a Estados Unidos, la mayoría de las veces ilegalmente.
La corrupción es uno de los grandes problemas que padece Honduras.
La presidenta izquierdista Xiomara Castro suscribió este mes en Nueva York un acuerdo con la ONU para formar una comisión que investigue actos de corrupción en el país centroamericano.
Centroamérica
El Salvador incauta tonelada de cocaína y detiene a cuatro costarricenses en altamar
Las autoridades salvadoreñas presentaron este miércoles un cargamento de una tonelada de cocaína incautado en aguas internacionales por la Fuerza Naval, durante la interceptación de una embarcación tripulada por cuatro ciudadanos costarricenses.
El operativo se realizó a bordo de una lancha pesquera artesanal equipada con tecnología de navegación para operar tanto de día como de noche. Además del cargamento de droga, valorado en aproximadamente 25,6 millones de dólares, se decomisaron seis fusiles AR-15, dos pistolas Glock y equipo especializado para navegación en altamar.
El presidente Nayib Bukele destacó en redes sociales que, con esta operación, las incautaciones de droga durante el último año ascienden a 28,2 toneladas, con un valor total estimado de 706,8 millones de dólares.
Durante la presentación del alijo, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, subrayó que la operación también logró detener el tráfico ilegal de armas. “No sólo detenemos el tráfico de droga, sino también el tráfico ilegal de armas de fuego”, aseguró.
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William H. Duncan, felicitó a la Marina Nacional por su trabajo y reiteró el compromiso compartido en la lucha contra el narcotráfico. “Reconozco este logro como un ejemplo del firme compromiso que compartimos en la lucha contra el narcotráfico y por la seguridad regional”, expresó.
Los cuatro detenidos serán procesados judicialmente por tráfico ilegal de drogas.
Centroamérica
CIDH cuestiona deportaciones masivas de EE.UU. y la cooperación de El Salvador y Panamá
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las deportaciones masivas de inmigrantes desde Estados Unidos, así como por la colaboración de países como El Salvador y Panamá con la administración del presidente Donald Trump.
“Llama poderosamente la atención estas expulsiones masivas, que en muchos casos no advierten que se trata de personas que merecen protección internacional”, afirmó Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH, en declaraciones a la agencia AP. “Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos nos preocupan muchísimo», añadió.
El organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó este jueves su informe anual sobre derechos humanos en la región, el cual refleja el seguimiento que realiza a las políticas implementadas por Trump desde su retorno a la presidencia en enero de 2025.
Según la CIDH, las nuevas medidas de la Casa Blanca incluyen la expulsión de migrantes en situación irregular sin un debido proceso, incluso a países donde podrían estar en riesgo. La comisión denunció además que algunos deportados han sido enviados a prisiones de máxima seguridad, en violación de decisiones judiciales que ordenaban frenar las deportaciones.
Estados Unidos ha sellado acuerdos con El Salvador, Panamá y otras naciones para facilitar estas expulsiones. Aunque algunos países han rechazado recibir a deportados, estos convenios han permitido que la administración Trump expulse a cientos de personas en pocos meses.
El gobierno estadounidense ha justificado estas acciones alegando que los deportados tienen vínculos con organizaciones criminales como la MS-13 y el Tren de Aragua. Sin embargo, el Departamento de Estado no respondió a una solicitud de información por parte de la AP.
Centroamérica
ONU exige a Guatemala reparar y reasentar a indígenas mayas desplazados por la guerra
El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó este jueves al Estado de Guatemala a cumplir con el reasentamiento de cientos de indígenas mayas desplazados forzadamente durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1960 y 1996.
En 2021, un grupo de 269 personas pertenecientes a los pueblos mayas k’iche’, ixil y kaqchikel presentó una denuncia ante el Comité, alegando que, desde la década de 1980, fueron víctimas de las operaciones militares de “tierra arrasada” y que, hasta la fecha, no han podido regresar a sus comunidades de origen ni recibir reparaciones adecuadas.
“El Comité ha declarado a Guatemala internacionalmente responsable por no implementar los acuerdos de reasentamiento y otras medidas de reparación”, señaló el órgano de la ONU en un comunicado, calificando la resolución como “histórica”.
La integrante del Comité, Hélène Tigroudja, subrayó que el desplazamiento forzado continúa mientras no se garantice un retorno seguro y digno o un reasentamiento voluntario en otro lugar. Además, el Comité consideró que el Estado violó también los derechos de los niños nacidos en el exilio, pertenecientes a la tercera generación de desplazados.
Las víctimas relataron que, al huir a la capital, se vieron forzadas a renunciar a su cultura: dejaron de usar vestimentas tradicionales, ocultaron sus lenguas y perdieron la posibilidad de realizar rituales funerarios, ya que no pudieron recuperar los restos de familiares desaparecidos o ejecutados.
En 2011, las comunidades desplazadas habían alcanzado un acuerdo con el Estado para implementar medidas de reparación, pero estas nunca se llevaron a cabo, denunció el Comité.
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