Este sábado, en un acto de protesta inusual, una estudiante iraní se quitó la ropa en el campus de la Universidad de Ciencia e Investigación de Teherán tras sufrir una agresión, presuntamente por no llevar el hiyab. Videos difundidos en redes sociales muestran a la joven caminando en ropa interior en el patio de la universidad, en un gesto de repudio hacia las restricciones impuestas por las autoridades.

De acuerdo con testigos, la agresión fue cometida por agentes de seguridad del campus, quienes, al parecer, la reprendieron por no portar el velo islámico. Otros videos muestran cómo miembros del personal de seguridad aparentemente introducen a la estudiante a un coche que no parece una patrulla policial. Desde entonces, se desconoce el paradero de la joven.

Las autoridades no han emitido aún declaraciones oficiales sobre el incidente; sin embargo, el diario local Hamshahrinegó que la estudiante haya sido maltratada, indicando que solo recibió una advertencia verbal por parte del personal de seguridad.

En los últimos dos años, las autoridades de Irán han intensificado los esfuerzos por hacer cumplir el uso del hiyab, implementando castigos como la confiscación de vehículos y el regreso de la llamada «Policía de la moral», que detiene a las mujeres que no llevan el velo según lo dictado por el régimen.

A pesar de estas medidas, muchas mujeres en Irán continúan desafiando la normativa como una forma de resistencia. La indignación por la obligatoriedad del hiyab cobró fuerza tras la muerte de Mahsa Amini, una joven que falleció bajo custodia policial después de ser arrestada por no portar correctamente el velo, lo que provocó una ola de protestas en todo el país.

En septiembre pasado, el Consejo de los Guardianes aprobó una nueva ley que endurece las penas para las mujeres que no usen el velo, con castigos que incluyen hasta cinco años de prisión. Aunque el Parlamento ya ratificó la ley, esta debe ser promulgada por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien había prometido durante su campaña flexibilizar el código de vestimenta, promesa que aún no ha cumplido.

Este sábado, el Gobierno de Venezuela instó a Brasil a “dejar de inmiscuirse en asuntos que competen exclusivamente a los venezolanos” en respuesta a las críticas del país sudamericano a la reciente reelección de Nicolás Maduro, realizada el pasado 28 de julio. El exhorto fue hecho público en un comunicado difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, a través de Telegram, en el que acusó a la Cancillería brasileña de ejercer una “agresión descarada y grosera” contra el “presidente constitucional” Maduro.

Las elecciones de Venezuela han sido objeto de rechazo por parte de varios gobiernos, incluyendo Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones, que han cuestionado la transparencia del proceso y solicitan la publicación de las actas electorales.

El comunicado emitido por Caracas también calificó como “inentendible” el reciente mensaje de la Cancillería brasileña, que criticaba el “tono ofensivo” del gobierno venezolano tras convocar a consultas a su embajador en Brasilia y acusar a las autoridades brasileñas de “intervencionismo”. La Cancillería de Brasil había manifestado que, aunque respeta la soberanía de cada nación, su interés en el proceso electoral venezolano se deriva de su rol como observador de los Acuerdos de Barbados, pactados entre el Gobierno de Maduro y la oposición, que ha denunciado incumplimientos por parte del oficialismo.

Venezuela, en respuesta, rechazó la postura de Brasil, alegando que Itamaraty, al autodenominarse “testigo de los Acuerdos de Barbados”, está usando un “argumento sin veracidad” y “una artimaña” que debería cesar de inmediato. Además, instó a Brasil a evitar el deterioro de sus relaciones diplomáticas y adoptar una “conducta profesional”.

El gobierno de Maduro también llamó a consultas a su embajador en Brasil, Manuel Vedell, tras las declaraciones que consideró “groseras e injerencistas” de Celso Amorim, asesor de asuntos internacionales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien manifestó en el Congreso brasileño que “el principio de transparencia no fue respetado” en las elecciones venezolanas, lo que impide reconocer la victoria de Maduro.

Desde la proclamación de Maduro como presidente reelecto, considerada “fraudulenta” por la principal coalición opositora, el gobierno de Lula ha intentado mediar en la crisis y ha solicitado que las autoridades venezolanas publiquen las actas electorales, una demanda aún no atendida por el gobierno de Caracas.

Este sábado, decenas de miles de personas participaron en la trigésimo tercera Marcha del Orgullo en Buenos Aires, lanzando fuertes críticas hacia el gobierno del presidente argentino, Javier Milei. Las principales demandas giraron en torno a la denuncia de políticas de ajuste económico y los “discursos de odio” emitidos desde el Ejecutivo.

La jornada comenzó en la Plaza de Mayo, donde la Feria del Orgullo ofreció productos y espectáculos en vivo en un ambiente festivo y colorido. Durante la tarde, la marcha avanzó hacia la Plaza de los Dos Congresos, donde un escenario acogió conciertos y eventos para continuar hasta la noche. El comité organizador, compuesto por alrededor de 60 organizaciones no gubernamentales, destacó el lema de la marcha: “No hay libertad sin derechos ni políticas públicas. No hay libertad con ajuste y represión. ¡Ley Integral Trans y Ley Antidiscriminatoria ya!”

Los organizadores expresaron que la marcha es un llamado a la unidad social y a la reivindicación de derechos, con una lista de demandas centrada en la justicia por crímenes de odio, el cumplimiento de leyes que garanticen el acceso a preservativos y tratamientos para enfermedades como el sida, y la oposición al cierre de instituciones como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que el gobierno de Milei clausuró en agosto pasado.

María Rachid, activista de la Federación Argentina LGBT y miembro del comité organizador, destacó la preocupación ante el “recorte de toda la política pública relacionada con la diversidad” y la desaparición del INADI, que funcionaba como un espacio clave para denunciar actos de discriminación. Rachid también alertó sobre el impacto de los “discursos de odio que provienen desde el Gobierno nacional”, los cuales, aseguró, legitiman actitudes de discriminación y violencia hacia la comunidad LGBTIQ+.

Pese al apoyo que ha tenido en el pasado, la Marcha del Orgullo ya no cuenta con respaldo del gobierno nacional, explicó Rachid. Este año, la organización y la logística del evento fueron financiadas por recursos de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, organismos internacionales y empresas privadas comprometidas con la causa.