Centroamérica

Centroamérica reduce los homicidios violentos en 2022

Foto: Marvin Recinos / AFP

12 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

Los homicidios violentos se redujeron en Centroamérica, una región asolada por las pandillas y corredor del narcotráfico hacia Estados Unidos, donde los altos índices de criminalidad son motivo de migración masiva y preocupación de los gobiernos.

Según cifras oficiales de los diferentes países, hubo 9 737 muertes violentas en 2022 comparadas con las 10 487 de 2021.

Pero la realidad en la región es heterogénea. Mientras en algunos países la criminalidad aumenta, como en Guatemala o Costa Rica, en otros baja, como en El Salvador o Panamá, indicó a la AFP el académico de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rodolfo Calderón.

«El tema del tráfico de drogas es un problema común para todo Centroamérica», puntualizó el investigador.

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Calderón destacó por un lado el «triángulo norte» compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, un «ecosistema criminal que está dominado por un actor casi único que son las maras», afirmó el sociólogo.

Por otro lado están los países del sur, Costa Rica y Panamá, donde los grupos armados «desorganizados» han sido enfrentados por sistemas policiales y judiciales más sólidos.

Nicaragua, por su parte, desde que comenzó la crisis política en 2018, no tiene datos «confiables» en cuanto a violencia y homicidios, señaló Calderón.

Guatemala y Honduras a la cabeza

Guatemala, con 4 274 muertes, y Honduras, con 3 397 muertes, encabezan la estadística en términos absolutos y aglutinan el 81,86 % de los homicidios de la región, según datos oficiales.

En Guatemala la violencia está vinculada con el control territorial que ejercen las pandillas por el «negocio de las drogas», donde grupos del narcotráfico han logrado una «colusión» con algunos miembros del Ejército, indicó Calderón.

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Guatemala registró una tasa de muertes de 17,33 por cada 100 000 habitantes, un aumento de 0,74 con respecto a 2021, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

En Honduras la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes se posicionó en 35,79 homicidios, la más alta de la región.

Sin embargo, las autoridades se congratularon de reducir la proporción en comparación a 2021, cuando la tasa fue de 41,23 muertes.

«Desde el año 2006, el país no había registrado un número tan bajo en el delito de homicidio», indicaron desde la Secretaría de Seguridad.

Guerra a las pandillas

En El Salvador la guerra frontal del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas dio como resultado la reducción más notable de la violencia en toda la región.

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«Es una reducción (en la tasa de homicidios) jamás vista en nuestro país», señaló el fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado, al presentar los datos de 2022.

El país quedó en 7,8 homicidios por cada 100 000 personas -se registraron 496 muertes violentas en total en 2022-, por debajo incluso de la media internacional establecida en ocho por las Naciones Unidas.

Bukele señaló el pasado diciembre que el país pasó de ser el más peligroso del mundo al «más seguro de América Latina». En 2019 la tasa de homicidios en El Salvador fue de 38 por cada 100.000 habitantes.

Crimen «desorganizado»

Panamá y Costa Rica experimentaron menor cantidad de hechos violentos en el sur de Centroamérica ya que el entramado criminal está más «desorganizado», dijo Calderón.

A pesar de ello, Costa Rica consignó al 2022 como el año más violento desde que hay registros con 656 homicidios, con una tasa de 12,6 por cada 100 000 habitantes, un incremento de 1,2 en comparación con 2021.

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«El ajuste de cuentas se ubicó en un 63% de las ocasiones, esto significa un aumento respecto al histórico que teníamos de 55%», señaló Randall Zúñiga, director general del Organismo de investigación Judicial.

Panamá registró 454 homicidios, una caída de la tasa de 11,5 en 2021 a 10,6 por cada 100.000 habitantes en 2022.

La criminalidad está asociada «a cuestiones como robo con violencia hacia las personas, una cuestión más pecuniaria, de delito común», señaló Calderón sobre Panamá.

Datos «poco confiables»

Con respecto a Nicaragua, Calderón destacó que hasta 2018 el país era objeto de estudio por sus similitudes criminales con Honduras y Guatemala pero sus bajas cifras de violencia como Costa Rica y Panamá.

«Tiene que ver con un modelo de Policía comunitario, proactivo, pero que se inscribe en el marco de una revolución que triunfa», dijo Calderón. Desde 2018 «todo cambió y los datos no son confiables», agregó.

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En 2022 Nicaragua registró 460 homicidios, según fuentes oficiales, pero no se puede comparar ya que no se publicaron cifras de 2020 ni 2021.

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Colocan primera piedra de “El Nido”, centro de maternidad pionero en la región

La primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, colocó la primera piedra del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, un proyecto que busca convertirse en referente nacional y pionero en América Latina.

Durante el acto, destacó que esta iniciativa representa una nueva etapa en la transformación del sistema de salud materno-perinatal del país, al apostar por un modelo centrado en la madre, el recién nacido y su familia.

El proyecto tiene como objetivo brindar atención integral y gratuita en un solo espacio, además de formar a profesionales de la salud bajo este enfoque y contribuir a la reducción de la mortalidad materna y neonatal.

En ese contexto, la primera dama señaló que el modelo responde a la necesidad de transformar la forma en que se atiende el nacimiento, en línea con la Ley Nacer con Cariño, la cual promueve una atención más humana y centrada en la familia.

De acuerdo con información oficial, el complejo estará conformado por dos torres. La primera se enfocará en la atención materno-perinatal, acompañando a las madres desde el embarazo hasta los primeros cuidados del bebé, además de funcionar como un centro de formación especializado.

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Las autoridades subrayaron que el proyecto busca mejorar la calidad de los servicios de salud y ofrecer experiencias de nacimiento más seguras y dignas para las familias salvadoreñas.

Centroamérica

Congreso de Honduras suspende al fiscal general Johel Zelaya y abre juicio político

El Congreso de Honduras aprobó la noche del lunes la suspensión del fiscal general, Johel Zelaya, con el objetivo de someterlo a un juicio político por presuntos delitos de abuso de autoridad y persecución durante los comicios de noviembre pasado.

La decisión fue respaldada por 93 de los 128 diputados en una sesión legislativa marcada por tensiones, en la que incluso se registraron incidentes entre parlamentarios. Como parte del proceso, se designó una comisión especial que tendrá un plazo de 30 días para investigar el caso y emitir una recomendación sobre la destitución o continuidad del funcionario.

El proceso contra Zelaya se da en el contexto de las disputadas elecciones presidenciales, en las que resultó ganador Nasry Asfura, tras un conteo que se extendió por casi un mes y estuvo acompañado de denuncias de fraude.

Zelaya, quien asumió el cargo en 2023 con el respaldo del partido Libre, es señalado de haber realizado declaraciones sobre supuestas conspiraciones dentro de las autoridades electorales y de promover acciones penales contra magistrados vinculados a partidos de derecha, presuntamente con el objetivo de favorecer a dicha fuerza política.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, defendió la decisión al señalar que el juicio político responde a un mecanismo de control constitucional cuando un alto funcionario actúa fuera del marco legal.

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De acuerdo con la denuncia presentada, el fiscal también enfrenta señalamientos por presunta negligencia, incompetencia y por afectar la independencia de organismos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, además de actuar de manera selectiva en la persecución penal.

Centroamérica

FGR recibe 180 denuncias en caso Credicash y asegura más de $38 millones

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó este lunes que, desde el inicio de la investigación contra la financiera Credicash, han recibido al menos 180 denuncias en contra de su presunto líder, Gerson Orellana Ayala.

Según explicó el funcionario, las autoridades se encuentran en proceso de determinar los montos entregados por cada persona afectada, así como los niveles de inversión realizados. “Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas. Estamos estableciendo cuánto dinero entregó cada persona”, detalló.

La Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de datos con el objetivo de identificar a las víctimas y agilizar la resolución de los casos. Además, invitó a los afectados a acudir a cualquiera de sus oficinas para presentar sus denuncias.

Delgado señaló que también se realizan procesos de verificación para confirmar la identidad de los denunciantes, descartar posibles vínculos con estructuras criminales y validar la autenticidad de las inversiones reportadas.

El número de denuncias contrasta con la alta afluencia de personas que, según registros en redes sociales, acudían a las instalaciones de la financiera en Chalatenango. Asimismo, las autoridades han incautado alrededor de 18,000 contratos de mutuo, en los que podrían figurar uno o más acreedores.

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Como parte de las diligencias, la FGR ha asegurado $27,550,750 en efectivo y ha inmovilizado $11,023,972 en cuentas bancarias, sumando un total de $38,574,722. También se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados al caso.

De acuerdo con las investigaciones, Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo rendimientos del 10 % mensual, una tasa que supera ampliamente las ofrecidas por el sistema financiero formal.

Las autoridades indicaron que la empresa realizaba captación ilegal de fondos y estaría vinculada a delitos como defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos. El modelo utilizado carecía de respaldo económico real, ya que los pagos a inversionistas se realizaban con el dinero aportado por nuevos participantes, característica de un esquema tipo Ponzi.

El fiscal general advirtió que este tipo de mecanismos engañan a las personas al prometer ganancias rápidas y sin riesgo. “Al inicio, algunos reciben dinero, lo que genera confianza; sin embargo, esos pagos no provienen de una actividad económica legítima”, explicó.

Para ejecutar el fraude, se utilizó la figura del contrato de mutuo como herramienta de captación. Los clientes entregaban dinero y firmaban documentos ante notario en los que figuraban como acreedores, mientras los administradores del esquema aparecían como deudores.