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Exsecretario de Seguridad de México se sienta en el banquillo de la justicia en Nueva York
17 de enero | Por AFP | Ana Fernández |
El mexicano Genaro García Luna, el arquitecto de la guerra contra el crimen organizado de México, se sienta a partir de este martes en el banquillo de la justicia en Nueva York para responder por cinco cargos, entre ellos narcotráfico, que le pueden llevar a pasar el resto de sus días en la cárcel.
El juicio del que fuera secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), el funcionario de mayor rango mexicano que comparece ante la justicia estadounidense, se inicia con la selección durante al menos dos días del jurado en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn que determinará a lo largo de ocho semanas la suerte de este ingeniero mecánico de formación de 54 años.
García Luna está acusado de cinco cargos, entre ellos, participar en una empresa criminal continuada, conspirar para el tráfico de cocaína y mentir a las autoridades cuando solicitó la nacionalidad estadounidense en 2018.
Según la fiscalía, el que fuera director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 y después secretario de Seguridad Pública (2006-2012) bajo el gobierno de Felipe Calderón, ayudó al cártel de Sinaloa y a su jefe, Joaquín «Chapo» Guzmán, a introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, convirtiéndose en un «miembro» más de la conspiración.
El «superpolicía» -la Policía Federal estaba bajo su mando-, habría ayudado al cártel del Chapo, quien protagonizó una sonada fuga cuando él era responsable de la Seguridad, haciendo la vista gorda sobre sus actividades, avisándole de operativos policiales, deteniendo a miembros de cárteles rivales y colocando a otros funcionarios corruptos en influyentes puestos de poder a cambio de «millones de dólares».
Detenido el 4 de diciembre de 2019 en Dallas, estado de Texas, el nombre de García Luna surgió durante el juicio del Chapo Guzmán (condenado a cadena perpetua en Estados Unidos) llevado por el mismo juez que ahora lo juzgará a él: Brian Cogan.
El entonces miembro del cartel de Sinaloa Jesús «Rey» Zambada contó en el juicio que había entregado al entonces funcionario en un restaurante maletas con entre seis y ocho millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2007.
«Juicio relevante»
El proceso a García Luna «es importante porque es el juicio más relevante que ha derivado hasta ahora del juicio al Chapo Guzmán», dice a la AFP la periodista de investigación Peniley Ramírez, autora del libro «Los millonarios de la guerra» declarada al crimen organizado por el presidente Felipe Calderón (2006-2012), que ha dejado más de 340.000 muertos sumiendo al país en una ola de violencia sin precedentes.
«Va a ser presidido por el mismo juez, en la misma corte y va a estar protagonizado por una persona que era al mismo tiempo un alto funcionario en México y un gran aliado del gobierno de Estados Unidos», sostiene.
El equipo defensor, dirigido por el abogado César de Castro, quiere centrar su estrategia en las «felicitaciones y premios» que recibió en Estados Unidos por sus «esfuerzos» para combatir los cárteles de la droga mexicanos y en su «estrecha relación» con las fuerzas de seguridad estadounidenses.
Cuando dejó el gobierno de México en 2012, se radicó en Estados Unidos, cuya nacionalidad solicitó en 2018.
Según Ramírez, el «negocio» en el que se convirtió la seguridad en México en la guerra contra el crimen organizado reportó a García Luna pingües beneficios gracias a su supuesta participación en empresas del ramo que obtuvieron contratos con el gobierno.
El nombre de García Luna está también ligado al de la francesa Florence Cassez y su expareja Ismael Vallarta, detenidos en un operativo preparado para los medios de comunicación, por su supuesta participación en secuestros, en un caso que llevó al borde de la ruptura las relaciones diplomáticas con Francia. Después de 6 años en la cárcel, Cassez fue liberada pero Vallarta sigue detenido desde hace casi 20 años, sin que se haya celebrado un juicio.
El actual gobierno de México, que ha pedido su extradición a Estados Unidos, también lo acusa de desviar más de 200 millones de dólares del erario hacia empresas de su familia.
Centroamérica
Pandillero es condenado a seis años de prisión en Santa Tecla por lesiones y privación de libertad
El pandillero César Humberto Rodríguez Guadrón ha sido condenado a seis años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad. La condena, lograda por la Fiscalía General de la República, incluye tres años y seis meses por el delito de lesiones agravadas, además de tres años por privación de libertad.
Según la acusación fiscal, el 25 de marzo de 2019, alrededor de las 6:30 p.m., Rodríguez Guadrón retuvo a una persona y, bajo amenaza con un arma de fuego, la llevó a una quebrada donde otros cinco miembros de la Mara Salvatrucha la esperaban. Allí, la víctima fue brutalmente golpeada con un bate, sufriendo múltiples lesiones. Los otros pandilleros involucrados ya habían sido juzgados y sentenciados por un tribunal de La Libertad.
Este caso resalta la actuación de las autoridades judiciales en su lucha contra la violencia de las pandillas en la zona.
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El Salvador suma cinco días sin homicidios en octubre
El Salvador continúa acumulando días sin homicidios en 2024, consolidando un nuevo récord de seguridad en el país, según los datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), divulgados este lunes por la madrugada.
Las estadísticas indican que el domingo 6 de octubre finalizó sin reportes de homicidios, lo que suma un total de cinco días consecutivos sin muertes violentas en el mes de octubre.
Este logro se añade a los 24 días sin homicidios registrados en enero y febrero, a los 22 de marzo, 19 de abril y 21 de mayo, reflejando una tendencia positiva en la reducción de la violencia a lo largo del año.
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Ministro de Seguridad: La Campanera renace gracias al trabajo del gobierno
En un evento significativo para la colonia de La Campanera, instituciones gubernamentales y la empresa privada han inaugurado nuevos espacios públicos que prometen revitalizar la comunidad, anteriormente dominada por pandillas. La entrega de estos espacios marca un nuevo capítulo para los residentes.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, resaltó el esfuerzo por involucrar a los gobiernos locales y al sector privado en el desarrollo de las comunidades. «Le estamos demostrando al mundo qué es lo que significa una comunión entre pueblo, Gobierno, Estado y sector privado. Lo que estamos viviendo acá es el protocolo de reactivación e intervención comunitaria», expuso.
Los ministerios de Seguridad, Vivienda, y Cultura, en colaboración con La Constancia, han trabajado en la rehabilitación de parques y áreas públicas, incluyendo juegos infantiles y mejoras en el entorno urbano.
Carol Colorado, de La Constancia, mencionó que el progreso de su empresa está estrechamente vinculado al desarrollo de las comunidades en las que opera. La renovación de estos espacios tiene como objetivo recuperar la paz y fortalecer la convivencia en La Campanera.
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