Centroamérica
Guatemala abre disputa diplomática al acusar a ministro colombiano

19 de enero | Por AFP | Edgar Calderon |
La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.
El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció un proceso contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.
De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y «en reciprocidad» Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.
Velásquez «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», tuiteó el mandatario colombiano.
En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como «un error de guerrillero» la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.
Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó «una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala», según su portavoz, Farhan Haq.
«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, sean los que están siendo perseguidos y procesados», dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.
«Ninguna prueba»
La acusación contra el exjefe de la CICIG (Comisión la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que operó de 2007 a 2019) se suma a una seguidilla de arrestos de exfuncionarios de esta misión internacional y de fiscales guatemaltecos anticorrupción.
«Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala», escribió en Twitter el martes el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
La fiscalía guatemalteca acusa a Velásquez de haber avalado, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de «colaborador eficaz» de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.
Pero Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, estima que el caso contra Velásquez «es espurio», pues «realmente se basa en ninguna prueba».
«El Ministerio Público [Fiscalía] ha perdido totalmente el camino, el mandato legal por el que ha sido creado. Lejos de perseguir los delitos se han vuelto prácticamente un bufete de defensa pública para las personas que han sido señaladas de corrupción», afirmó Cux a la AFP.
La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, junto a la fiscalía local develó varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.
El caso de mayor impacto involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
En 2021, luego de que comenzara la cruzada contra los fiscales anticorrupción en Guatemala, Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, a quien incluyó en su listado de «corruptos y antidemocráticos» y le prohibió el ingreso a Estados Unidos.
La fiscalía guatemalteca afirmó que «es una institución autónoma e independiente» y que las críticas internacionales son un intento «de incidir en su labor de investigación, la cual se fundamenta en la Constitución y las leyes guatemaltecas».
Pero sus argumentos no convencen a la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, quien asegura que la acusación contra Velásquez debilita la lucha contra la corrupción.
Además, destaca que esta causa «no tiene ningún sentido», porque Velásquez «goza de inmunidad a perpetuidad por sus acciones, opiniones y criterios expresados en el desempeño de sus cargos», según una ley aprobada por el Parlamento.
El portavoz de Guterres también recordó que la inmunidad de los exfuncionarios de la CICIG «continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos».
«Acá hay una articulación de parte de las fuerzas que están en contra de la lucha contra la corrupción tanto en Guatemala como en Colombia», expresó Ibarra a la AFP.
Explicó que la cruzada contra la CICIG comenzó en 2017 bajo el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), pero Giammattei «prosiguió y profundizó la línea».
Centroamérica
Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, pierde su visa estadounidense tras criticar al gobierno de Trump

Este martes, se informó que el gobierno de Donald Trump canceló la visa estadounidense al expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien ha sido un firme crítico del actual mandatario de la Casa Blanca. Arias, quien presidió el país centroamericano en dos periodos, primero de 1986 a 1990 y luego de 2006 a 2010, expresó su sorpresa ante la medida, pero reafirmó su postura de seguir siendo un crítico del gobierno de EE. UU.
En respuesta a la cancelación, Arias dijo: «Crítique al gobierno de EE. UU., tanto al actual como al pasado», y aseguró que, a pesar de perder la visa, continuará denunciando lo que considera injusticias, especialmente en temas de migración. «La pobreza no necesita pasaporte para viajar, ni con un muro ni con un mar de por medio», agregó el ganador del Premio Nobel de la Paz en 1987.
Aunque la cancelación de su visa sorprendió a Arias, recordó que lleva más de 50 años siendo un crítico del gobierno estadounidense en cuestiones relacionadas con la migración.
Arias no es el primer exmandatario centroamericano en ser privado de su visa estadounidense; sin embargo, en casos previos, los afectados generalmente estaban involucrados en procesos judiciales por corrupción en sus países. Además de Arias, el gobierno de Trump también revocó las visas de varios diputados costarricenses, incluidos Francisco Nicolás (PLN), Vanessa Castro (social cristiana), y los independientes Johanna Obando y Cynthia Córdoba, según reportes de medios locales.
Centroamérica
Reino Unido congela activos y prohíbe la entrada a siete funcionarios guatemaltecos por socavar la democracia

El gobierno del Reino Unido anunció este miércoles que tomará medidas contra «siete actores corruptos» de Guatemala, incluido el expresidente Alejandro Giammattei, a quienes se les imponen sanciones por sus acciones que, según el Reino Unido, han socavado la democracia y el estado de derecho en ese país.
Además de Giammattei, quien fue presidente de Guatemala entre 2020 y 2024, también está incluida en la lista la fiscal general María Consuelo Porras.
El Ministerio de Relaciones Exteriores británico explicó en un comunicado que estas sanciones son una reafirmación de su compromiso para combatir la corrupción y proteger las instituciones encargadas de exigir responsabilidad a individuos corruptos.
Según el comunicado, las sanciones incluyen prohibiciones de viaje y la congelación de activos, lo que impedirá a los sancionados ingresar al Reino Unido o mantener fondos o recursos económicos en este país.
Los otros cinco guatemaltecos sancionados son José Curruchiche y Cinthia Monterroso, quienes ocupan cargos de responsabilidad en la Fiscalía Especial contra la Impunidad; Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público; Melvin Quijivix, exresponsable del Instituto Nacional de Electrificación; y Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno.
Centroamérica
El Salvador registra los niveles más bajos de homicidios en el primer trimestre de 2025

Las autoridades de El Salvador han cumplido su promesa de mejorar la seguridad, reflejándose en las cifras más bajas de crímenes contra la vida durante el primer trimestre de 2025. Con un promedio de 0.18 homicidios por día, el país ha logrado una notable disminución en comparación con años anteriores.
En los primeros tres meses de 2025, El Salvador ha registrado el promedio más bajo de homicidios. Por ejemplo, en el mismo periodo de 2024, el promedio fue de 0.27 homicidios diarios, y en 2023 fue de 0.41. Según datos de la Policía Nacional Civil, el número total de homicidios también ha disminuido: en enero de 2025 hubo seis homicidios, en 2024 fueron nueve y en 2023 fueron 11. En febrero, el país reportó tres homicidios, en 2024 fueron seis y en 2023 fueron 14. En marzo de 2025, hubo ocho homicidios, comparado con 10 en 2024 y 12 en 2023.
La reducción sostenida de homicidios en los últimos años es, según las autoridades de seguridad, el resultado de las estrategias implementadas por el presidente Nayib Bukele, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
Además, las autoridades han señalado que las muertes violentas ya no se deben principalmente a las pandillas, como ocurría en el pasado, sino a situaciones de intolerancia, como peleas entre personas ebrias y crímenes pasionales. En 2024, de los 114 homicidios reportados, el 70% fueron atribuibles a estos factores de intolerancia social y familiar.
La significativa disminución de homicidios ha convertido a El Salvador en un referente internacional de cambio. De una tasa de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015, el país llegó a una tasa de 1.9 al final de 2024, el año más seguro en su historia.
«Lo que por décadas fue impensable para los salvadoreños, vivir sin miedo, con paz y libertad, ahora es una realidad. Somos el país más seguro del hemisferio occidental y vamos a continuar trabajando para garantizar que dentro de nuestro territorio no haya ni un solo criminal», afirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
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