Centroamérica
Guatemala abre disputa diplomática al acusar a ministro colombiano
19 de enero | Por AFP | Edgar Calderon |
La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.
El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció un proceso contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.
De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y «en reciprocidad» Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.
Velásquez «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», tuiteó el mandatario colombiano.
En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como «un error de guerrillero» la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.
Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó «una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala», según su portavoz, Farhan Haq.
«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, sean los que están siendo perseguidos y procesados», dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.
«Ninguna prueba»
La acusación contra el exjefe de la CICIG (Comisión la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que operó de 2007 a 2019) se suma a una seguidilla de arrestos de exfuncionarios de esta misión internacional y de fiscales guatemaltecos anticorrupción.
«Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala», escribió en Twitter el martes el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
La fiscalía guatemalteca acusa a Velásquez de haber avalado, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de «colaborador eficaz» de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.
Pero Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, estima que el caso contra Velásquez «es espurio», pues «realmente se basa en ninguna prueba».
«El Ministerio Público [Fiscalía] ha perdido totalmente el camino, el mandato legal por el que ha sido creado. Lejos de perseguir los delitos se han vuelto prácticamente un bufete de defensa pública para las personas que han sido señaladas de corrupción», afirmó Cux a la AFP.
La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, junto a la fiscalía local develó varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.
El caso de mayor impacto involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
En 2021, luego de que comenzara la cruzada contra los fiscales anticorrupción en Guatemala, Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, a quien incluyó en su listado de «corruptos y antidemocráticos» y le prohibió el ingreso a Estados Unidos.
La fiscalía guatemalteca afirmó que «es una institución autónoma e independiente» y que las críticas internacionales son un intento «de incidir en su labor de investigación, la cual se fundamenta en la Constitución y las leyes guatemaltecas».
Pero sus argumentos no convencen a la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, quien asegura que la acusación contra Velásquez debilita la lucha contra la corrupción.
Además, destaca que esta causa «no tiene ningún sentido», porque Velásquez «goza de inmunidad a perpetuidad por sus acciones, opiniones y criterios expresados en el desempeño de sus cargos», según una ley aprobada por el Parlamento.
El portavoz de Guterres también recordó que la inmunidad de los exfuncionarios de la CICIG «continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos».
«Acá hay una articulación de parte de las fuerzas que están en contra de la lucha contra la corrupción tanto en Guatemala como en Colombia», expresó Ibarra a la AFP.
Explicó que la cruzada contra la CICIG comenzó en 2017 bajo el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), pero Giammattei «prosiguió y profundizó la línea».
Centroamérica
Panamá recibe a 175 migrantes deportados de EE. UU. con vuelos programados a varios destinos internacionales
El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó que 175 migrantes deportados desde Estados Unidos han aceptado el retorno voluntario a sus países de origen. Actualmente, se encuentran alojados en el hotel Decápolis, ubicado en la capital panameña. Las autoridades ya han gestionado al menos 41 pasajes aéreos para su regreso, con 17 personas viajando a India, nueve a Turquía, ocho a China, cinco a Georgia, uno a Nepal y otro a Kosovo.
Hasta el miércoles, el Servicio Nacional de Migración (SNM) había registrado un total de 299 migrantes repatriados, como parte del acuerdo entre Panamá y Estados Unidos. El grupo incluye 157 mujeres, 142 hombres y 12 familias. Además, otro albergue ha sido habilitado en San Vicente, provincia de Darién, cerca de la localidad selvática de Metetí, a unos 230 km al este de la capital, al que se trasladaron los migrantes durante la noche del martes al miércoles.
Este centro de acogida, que hasta ahora recibía a migrantes que cruzaban la peligrosa selva del Darién en su ruta hacia Estados Unidos, se encuentra en un trayecto de más de cinco horas desde la capital panameña. Según las autoridades, todos los gastos relacionados con la movilización aérea, el hospedaje y la alimentación de los migrantes son cubiertos por el Gobierno de Estados Unidos.
Centroamérica
Costa Rica se adentra en el mundo de las criptomonedas con el lanzamiento de un fondo de inversión en Bitcoin
El Banco Nacional (BN) de Costa Rica, la principal institución financiera del país, ha decidido aprovechar el creciente interés por el bitcóin como activo de inversión y sus perspectivas de crecimiento, lanzando este viernes un fondo de inversión relacionado con la moneda digital.
El nuevo producto, denominado BN ETF Bitcoin, está dirigido a personas con un horizonte de inversión superior a cinco años y está compuesto por una cartera de fondos de inversión cotizados (ETF) de bitcóin, como los de Estados Unidos y Hong Kong. Según información de medios locales, para manejar la liquidez, el fondo tiene la opción de adquirir valores de deuda emitidos por el Sector Público de EE. UU. y Costa Rica, denominados en dólares y registrados en mercados internacionales y nacionales.
Los ETF al contado son instrumentos de inversión que permiten a los inversores apostar por un activo sin necesidad de comprarlo directamente. Esto ha permitido que grandes empresas con interés en adquirir bitcóin, pero sin querer gestionar su propia wallet, inviertan a través de instituciones autorizadas como BlackRock, que se encargan de la compra, administración y emisión de documentos representativos de la inversión.
Los ETF de bitcóin al contado en EE. UU. han experimentado un lanzamiento histórico, alcanzando un impresionante éxito. En su primer año, lograron superar los $120,000 millones en activos netos y captaron $37,000 millones en flujos netos. Eric Balchunas, analista senior de ETF de Bloomberg Intelligence, destacó el impacto de este crecimiento, señalando que el iShares Bitcoin Trust de BlackRock se acerca a los $60,000 millones, posicionándose como uno de los ETF más importantes en la actualidad.
Centroamérica
Japón celebra 90 años de relaciones con El Salvador destacando avances en cooperación y transformación social
La embajada de Japón en El Salvador celebró la Fiesta Nacional el pasado miércoles 19 de febrero, en conmemoración del aniversario del natalicio del emperador Naruhito. Durante la ceremonia, el embajador japonés, Yoshitaka Hoshino, resaltó las estrechas relaciones de amistad y comercio entre ambos países, que han perdurado por casi nueve décadas. Hoshino destacó que se ha observado un cambio significativo en El Salvador, caracterizado por un mayor optimismo y convicción de parte de los salvadoreños.
«El Salvador ahora vive con la misma esperanza que los japoneses alguna vez tuvieron y que hoy han perdido, la sensación de que «mañana será mejor que hoy». Esto es precisamente lo que Japón busca recuperar, y lo que podemos sentir aquí, en El Salvador. Después de 90 años de relaciones amistosas, Japón también puede aprender de El Salvador», expresó el embajador.
Además, mencionó que a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), 30 voluntarios japoneses están contribuyendo en áreas como educación, salud, desarrollo comunitario, medio ambiente y deportes. De hecho, El Salvador fue el primer país de América Latina y el Caribe en recibir voluntarios de JICA.
En su discurso, Hoshino también resaltó el trabajo conjunto en proyectos de infraestructura, como la inauguración del periférico Gerardo Barrios en San Miguel el pasado diciembre, junto al presidente Nayib Bukele. Finalmente, reiteró que Japón continuará alineándose con las iniciativas que El Salvador lleva a cabo, como el programa ESMATE para mejorar los currículos educativos.
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