Centroamérica
Guatemala abre disputa diplomática al acusar a ministro colombiano
19 de enero | Por AFP | Edgar Calderon |
La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.
El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció un proceso contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.
De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y «en reciprocidad» Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.
Velásquez «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», tuiteó el mandatario colombiano.
En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como «un error de guerrillero» la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.
Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó «una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala», según su portavoz, Farhan Haq.
«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, sean los que están siendo perseguidos y procesados», dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.
«Ninguna prueba»
La acusación contra el exjefe de la CICIG (Comisión la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que operó de 2007 a 2019) se suma a una seguidilla de arrestos de exfuncionarios de esta misión internacional y de fiscales guatemaltecos anticorrupción.
«Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala», escribió en Twitter el martes el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
La fiscalía guatemalteca acusa a Velásquez de haber avalado, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de «colaborador eficaz» de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.
Pero Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, estima que el caso contra Velásquez «es espurio», pues «realmente se basa en ninguna prueba».
«El Ministerio Público [Fiscalía] ha perdido totalmente el camino, el mandato legal por el que ha sido creado. Lejos de perseguir los delitos se han vuelto prácticamente un bufete de defensa pública para las personas que han sido señaladas de corrupción», afirmó Cux a la AFP.
La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, junto a la fiscalía local develó varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.
El caso de mayor impacto involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
En 2021, luego de que comenzara la cruzada contra los fiscales anticorrupción en Guatemala, Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, a quien incluyó en su listado de «corruptos y antidemocráticos» y le prohibió el ingreso a Estados Unidos.
La fiscalía guatemalteca afirmó que «es una institución autónoma e independiente» y que las críticas internacionales son un intento «de incidir en su labor de investigación, la cual se fundamenta en la Constitución y las leyes guatemaltecas».
Pero sus argumentos no convencen a la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, quien asegura que la acusación contra Velásquez debilita la lucha contra la corrupción.
Además, destaca que esta causa «no tiene ningún sentido», porque Velásquez «goza de inmunidad a perpetuidad por sus acciones, opiniones y criterios expresados en el desempeño de sus cargos», según una ley aprobada por el Parlamento.
El portavoz de Guterres también recordó que la inmunidad de los exfuncionarios de la CICIG «continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos».
«Acá hay una articulación de parte de las fuerzas que están en contra de la lucha contra la corrupción tanto en Guatemala como en Colombia», expresó Ibarra a la AFP.
Explicó que la cruzada contra la CICIG comenzó en 2017 bajo el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), pero Giammattei «prosiguió y profundizó la línea».
Centroamérica
ETESAL realiza mantenimiento estratégico en subestación San Miguel
TESAL, en su compromiso por garantizar un suministro eléctrico estable y confiable, llevó a cabo el mantenimiento preventivo de la subestación San Miguel, una infraestructura clave en la zona oriental que beneficia a más de 202,653 usuarios residenciales, comerciales e industriales. Esta subestación recibe energía de las principales fuentes renovables del país, como la Hidroeléctrica 15 de Septiembre y la Central Geotérmica Berlín, y conecta con subestaciones estratégicas como Ozatlán y La Unión, fortaleciendo la red eléctrica en toda la región.
En paralelo, ETESAL realizó el mantenimiento de la línea de transmisión de 230 kV entre Ahuachapán y Energía del Pacífico en el occidente del país, un tramo vital para la integración de El Salvador al Sistema de Interconexión de los Países de América Central (SIEPAC). Esta línea no solo refuerza la confiabilidad de la red nacional, sino que también posiciona al país como un participante clave en el mercado internacional de energía.
Más de 80 especialistas, provenientes de los complejos técnicos de Soyapango, San Miguel y Santa Ana, participaron en estas intervenciones, demostrando la capacidad técnica y logística de ETESAL para mantener operativa y eficiente su infraestructura.
Centroamérica
Trump promete recuperar el Canal de Panamá en su discurso de investidura
Durante su discurso de investidura como 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump prometió recuperar el Canal de Panamá, que, según él, fue entregado de manera incorrecta al país centroamericano.
«China está operando el Canal de Panamá y nosotros no se lo dimos a China», enfatizó el mandatario, quien en las semanas previas no descartó la posibilidad de usar fuerza militar para recuperar el control de esta importante vía interoceánica.
Antes de asumir el cargo, Trump había reiterado su deseo de apoderarse del Canal de Panamá, un proyecto inicialmente construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, pero cuya administración fue transferida a Panamá en 1999.
«Hemos sido muy maltratados con este tonto regalo que nunca debió ser otorgado. La promesa que nos hizo Panamá no se ha cumplido», expresó Trump durante su discurso inaugural, poco después de haber prestado juramento.
El presidente republicano también criticó el acuerdo de 1977, negociado por el entonces presidente Jimmy Carter, que resultó en la transferencia del control del canal a Panamá en 1999.
«Vamos a recuperarlo», afirmó Trump, lo que fue recibido con aplausos en la ceremonia.
En su discurso, Trump señaló que el acuerdo y el espíritu del tratado habían sido completamente violados. «Los barcos estadounidenses están siendo severamente sobrearancelados y no están siendo tratados de manera justa, incluso la Armada de Estados Unidos», añadió.
Centroamérica
Trump designará como terroristas a grupos como MS-13 y Tren de Aragua
Donald Trump, quien asumió este lunes la presidencia de Estados Unidos, ha anunciado que designará como terroristasa grupos criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) de El Salvador y el Tren de Aragua de Venezuela, así como a diversos cárteles delictivos. La información fue confirmada por una fuente del gobierno entrante.
«Vamos a designar a los cárteles criminales y otros grupos como terroristas globales», indicó la fuente, citando específicamente a la MS-13 y al Tren de Aragua.
Además, Trump ordenará la expulsión de los miembros de la banda Tren de Aragua, a quienes considera una fuerza armada irregular del gobierno de Venezuela, que estaría realizando una incursión e invasión depredadora en Estados Unidos.
Durante su campaña, caracterizada por una retórica fuertemente antinmigrante, Trump prometió erradicar a bandas como el Tren de Aragua y la MS-13, así como deportar a inmigrantes indocumentados y aplicar la pena de muerte para aquellos que cometan asesinatos de ciudadanos estadounidenses.
«Estados Unidos es ahora un país ocupado, pero pronto dejará de serlo», repetía en sus mítines.
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