Centroamérica
Guatemala abre disputa diplomática al acusar a ministro colombiano
19 de enero | Por AFP | Edgar Calderon |
La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.
El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció un proceso contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.
De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y «en reciprocidad» Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.
Velásquez «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», tuiteó el mandatario colombiano.
En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como «un error de guerrillero» la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.
Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó «una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala», según su portavoz, Farhan Haq.
«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, sean los que están siendo perseguidos y procesados», dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.
«Ninguna prueba»
La acusación contra el exjefe de la CICIG (Comisión la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que operó de 2007 a 2019) se suma a una seguidilla de arrestos de exfuncionarios de esta misión internacional y de fiscales guatemaltecos anticorrupción.
«Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala», escribió en Twitter el martes el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
La fiscalía guatemalteca acusa a Velásquez de haber avalado, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de «colaborador eficaz» de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.
Pero Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, estima que el caso contra Velásquez «es espurio», pues «realmente se basa en ninguna prueba».
«El Ministerio Público [Fiscalía] ha perdido totalmente el camino, el mandato legal por el que ha sido creado. Lejos de perseguir los delitos se han vuelto prácticamente un bufete de defensa pública para las personas que han sido señaladas de corrupción», afirmó Cux a la AFP.
La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, junto a la fiscalía local develó varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.
El caso de mayor impacto involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
En 2021, luego de que comenzara la cruzada contra los fiscales anticorrupción en Guatemala, Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, a quien incluyó en su listado de «corruptos y antidemocráticos» y le prohibió el ingreso a Estados Unidos.
La fiscalía guatemalteca afirmó que «es una institución autónoma e independiente» y que las críticas internacionales son un intento «de incidir en su labor de investigación, la cual se fundamenta en la Constitución y las leyes guatemaltecas».
Pero sus argumentos no convencen a la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, quien asegura que la acusación contra Velásquez debilita la lucha contra la corrupción.
Además, destaca que esta causa «no tiene ningún sentido», porque Velásquez «goza de inmunidad a perpetuidad por sus acciones, opiniones y criterios expresados en el desempeño de sus cargos», según una ley aprobada por el Parlamento.
El portavoz de Guterres también recordó que la inmunidad de los exfuncionarios de la CICIG «continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos».
«Acá hay una articulación de parte de las fuerzas que están en contra de la lucha contra la corrupción tanto en Guatemala como en Colombia», expresó Ibarra a la AFP.
Explicó que la cruzada contra la CICIG comenzó en 2017 bajo el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), pero Giammattei «prosiguió y profundizó la línea».
Centroamérica
Historial crediticio de salvadoreños podrá ser almacenado fuera del país
Con 57 votos a favor y uno en contra, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves dos reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas, con el objetivo de permitir que las agencias de información crediticia puedan almacenar datos en la nube.
Con estas reformas, empresas como Equifax, TransUnion e Infored podrán utilizar servicios de almacenamiento en la nube tanto dentro como fuera del país, siempre que cumplan con los estándares técnicos que serán establecidos por el Banco Central de Reserva (BCR). Estas normativas deberán garantizar la ciberseguridad y la protección de datos personales.
Una de las reformas modifica el artículo 17, añadiendo el literal “n”, que autoriza el uso del almacenamiento en la nube. La otra modificación afecta el artículo 19, específicamente el literal “h”, que originalmente prohibía a las agencias usar, transferir o compartir datos sin consentimiento. Ahora se incluye una salvedad para permitir lo dispuesto en el artículo 17.
La diputada Dania González, del partido Nuevas Ideas, explicó que la reforma facilitará que la base de datos del historial crediticio de los salvadoreños pueda tener respaldo más allá del territorio nacional, con la posibilidad de estar alojada en infraestructuras tecnológicas más robustas y seguras.
Centroamérica
Gobierno amplía oportunidades laborales en el exterior
Más de un centenar de salvadoreños viajaron este miércoles rumbo a Canadá para incorporarse al mercado laboral bajo la modalidad de visas de trabajo temporal, informó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).
Durante una conferencia de prensa, el ministro Rolando Castro detalló que los trabajadores han sido contratados por empresas del sector construcción, como parte del programa de migración laboral impulsado por el Gobierno.
Castro recordó que esta iniciativa comenzó con la colocación de salvadoreños en el sector agrícola de Estados Unidos, en diciembre de 2019. Aunque el avance del programa se vio ralentizado por la pandemia, tomó mayor fuerza en 2021, año en que también se amplió a Canadá.
Posteriormente, se estableció una alianza con Costa Rica en diciembre de 2023 y, más recientemente, con España, país al que se ha enviado personal para desempeñarse en una cadena hotelera.
El ministro subrayó que todos los programas son administrados por el MTPS, a excepción del caso de Estados Unidos, que hasta 2024 fue gestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Centroamérica
El Salvador abre sus puertas a la SEC para innovación regulatoria
En un hecho sin precedentes para la cooperación regulatoria internacional, la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) de El Salvador y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) han iniciado conversaciones para establecer un “sandbox” regulatorio transfronterizo. Esta iniciativa busca facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos sobre la supervisión de activos digitales.
Según explicó Juan Carlos Reyes, presidente de la CNAD, el objetivo es ofrecer a la SEC un entorno práctico y controlado donde pueda conocer de cerca cómo El Salvador ha implementado marcos regulatorios innovadores en materia de activos digitales.
“Queremos que la SEC observe directamente cómo funcionan nuestras regulaciones en un ambiente real, lo cual puede abrir la puerta a nuevas formas de colaboración entre países con diferentes enfoques regulatorios”, señaló Reyes.
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