Centroamérica
Guatemala abre disputa diplomática al acusar a ministro colombiano
19 de enero | Por AFP | Edgar Calderon |
La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.
El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció un proceso contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.
De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y «en reciprocidad» Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.
Velásquez «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», tuiteó el mandatario colombiano.
En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como «un error de guerrillero» la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.
Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó «una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala», según su portavoz, Farhan Haq.
«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, sean los que están siendo perseguidos y procesados», dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.
«Ninguna prueba»
La acusación contra el exjefe de la CICIG (Comisión la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que operó de 2007 a 2019) se suma a una seguidilla de arrestos de exfuncionarios de esta misión internacional y de fiscales guatemaltecos anticorrupción.
«Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala», escribió en Twitter el martes el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
La fiscalía guatemalteca acusa a Velásquez de haber avalado, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de «colaborador eficaz» de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.
Pero Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, estima que el caso contra Velásquez «es espurio», pues «realmente se basa en ninguna prueba».
«El Ministerio Público [Fiscalía] ha perdido totalmente el camino, el mandato legal por el que ha sido creado. Lejos de perseguir los delitos se han vuelto prácticamente un bufete de defensa pública para las personas que han sido señaladas de corrupción», afirmó Cux a la AFP.
La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, junto a la fiscalía local develó varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.
El caso de mayor impacto involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
En 2021, luego de que comenzara la cruzada contra los fiscales anticorrupción en Guatemala, Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, a quien incluyó en su listado de «corruptos y antidemocráticos» y le prohibió el ingreso a Estados Unidos.
La fiscalía guatemalteca afirmó que «es una institución autónoma e independiente» y que las críticas internacionales son un intento «de incidir en su labor de investigación, la cual se fundamenta en la Constitución y las leyes guatemaltecas».
Pero sus argumentos no convencen a la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, quien asegura que la acusación contra Velásquez debilita la lucha contra la corrupción.
Además, destaca que esta causa «no tiene ningún sentido», porque Velásquez «goza de inmunidad a perpetuidad por sus acciones, opiniones y criterios expresados en el desempeño de sus cargos», según una ley aprobada por el Parlamento.
El portavoz de Guterres también recordó que la inmunidad de los exfuncionarios de la CICIG «continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos».
«Acá hay una articulación de parte de las fuerzas que están en contra de la lucha contra la corrupción tanto en Guatemala como en Colombia», expresó Ibarra a la AFP.
Explicó que la cruzada contra la CICIG comenzó en 2017 bajo el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), pero Giammattei «prosiguió y profundizó la línea».
Centroamérica
Denuncian proceso contra exfiscal de derechos humanos de Guatemala
23 de marzo | Redacción |
El pasado 16 de marzo las autoridades de Guatemala detuvieron a Orlando Salvador López, exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos y el martes 21 fue ligado a proceso por la jueza Ruth Ambrosio, acusándole de abuso de autoridad por ejercer su profesión como abogado y notario pese a que tenía una prohibición por ser empleado del Ministerio Público, ya que dirigió la acusación contra el general Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio.
La abogada defensora, Jovita Tzul, explicó a medios locales que el exfiscal ejerció como abogado en el libre ejercicio de su derecho humano al trabajo porque estaba suspendido como funcionario público.
Ante lo anterior, la organización Convergencia por los Derechos Humanos, que reúne a organizaciones sociales, expresó su rechazo y asegura que se trata de un acto de venganza por los procesos que el exfiscal investigó a altos mandos militares.
Por su parte, el subdirector de Human Rights Watch, Juan Pappier, declaró que el proceso es parte de un patrón de persecución contra quienes investigaron la corrupción y violaciones de derechos humanos en Guatemala.
Centroamérica
Solicitan retirar inmunidad a candidato presidencial de Guatemala
20 de marzo | Redacción |
A días de que inicie la campaña para elegir presidente en Guatemala, la Fiscalía pidió hoy que se le retire la inmunidad al candidato presidencial Edmond Mulet por presunta conspiración para obstruir a la justicia al haber solicitado que se investigue a un juez que ordenó pesquisas contra nueve periodistas.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y sancionado por el gobierno de Estados Unidos por socavar la democracia en Guatemala y obstruir la lucha anticorrupción, solicitó a la Corte Suprema de Justicia quitarle a Mulet la inmunidad de la que goza por estar inscrito como candidato presidencial.
Al parecer, Curruchiche busca investigar a Mulet por haber solicitado que se investigue al juez Jimi Bremer quien ordenó, a petición de una cuestionada fiscal, investigar a nueve periodistas y columnistas de El Periódico que realizaban publicaciones sobre denuncias y sanciones a funcionarios del Poder Judicial.
La fiscal está denunciada por haber abusado de su cargo al solicitar información judicial de personas que ella no investigaba y por haber presuntamente demorado maliciosamente investigaciones penales.
Mulet es candidato por el partido Cabal y según algunas mediciones se encuentra entre el tercero y cuarto lugar en la preferencia electoral, mencionó en una conferencia de prensa que hizo la solicitud para que se investigue “por qué se hostiga a periodistas desde el propio Ministerio Púbico”.
“Vamos a ver si esta solicitud que hace totalmente fuera de lugar, totalmente loca que hace el Ministerio Público, vamos a ver si la CSJ (Corte Suprema de Justicia) la admite o no y seguiremos en este proceso de lucha contra la corrupción”, dijo el candidato.
El caso de El Periódico ha trascendido a nivel internacional y decenas de organizaciones de protección a periodistas han solicitado el cese la criminalización de los trabajadores de prensa que inició con el presidente de ese medio, José Rubén Zamora, que lleva casi ocho meses detenido por supuesto lavado dinero producto de chantajes.
Los guatemaltecos tienen previsto acudir a las urnas del 25 de junio para elegir presidente, vicepresidente, alcaldes municipales, diputados al Congreso y diputados al Parlamento Centroamericano para los próximos cuatro años a partir de 2024.
Centroamérica
Ministra de Exteriores de Panamá pondera integración latinoamericana en su visita a España
16 de marzo | Redacción |
La ministra de Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney, aplaudió la integración latinoamericana y la unidad entre sus pueblos dentro de los diferentes modelos políticos, en el marco de su visita a España, donde este jueves se entrevistó con su homólogo José Manuel Albares.
La funcionaria panameña declaró a la agencia EFE que Panamá mantiene relaciones con Nicaragua y que, por su parte, continuará su Embajada en Managua con el mismo nivel de siempre. “Es cierto que semanas atrás, al igual que otros países, expresamos preocupación por el tema de la apatridia y nuestra disposición a otorgarles la ciudadanía. Pero de ahí a que se hayan deteriorado los lazos bilaterales, hasta ahora no lo creo”, aseguró.
Por otro lado, la canciller Tewaney y el vicepresidente panameño, José Gabriel Carrizo, asistirán a la Cumbre Iberoamericana de República Dominicana a finales de marzo.
En referencia al impulso que ofrece Panamá al foro «Our Ocean», en defensa de los océanos y el enfoque verde que promueve su país, la canciller destacó ambos temas como cruciales en el futuro climático de la humanidad y aprovechó para señalar que la selva del Darién, pulmón de Centroamérica, es actualmente afectado por un enorme flujo de migrantes, en cifras que pueden superar las 400 mil personas este año.
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