Centroamérica

Fiscalía anuncia nuevo caso contra dueño de diario opositor en Guatemala

Foto: JOHAN ORDONEZ / AFP

20 de enero | Por AFP |

La Fiscalía de Guatemala anunció el jueves un segundo caso penal contra el dueño de un diario opositor al gobierno, José Rubén Zamora, quien deberá enfrentar en mayo un polémico juicio por supuesto lavado de dinero.

Zamora, presidente de El Periódico y preso desde julio pasado, fue señalado en este nuevo caso de participar en una «posible conspiración» para «obstruir» una investigación en su contra también por lavado de dinero, dijo el fiscal Rafael Curruchiche en un video difundido en su cuenta de Twitter.

Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), indicó que Zamora y otros implicados «se reunieron [en 2021] para planificar el desvío de la investigación» de un posible blanqueo de unos 25.000 en 2013 a través de la empresa Aldea Global, matriz del diario.

Sin embargo, no detalló cómo llegó el dinero al medio de prensa.

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Los «posibles involucrados» se «alarmaron» tras la destitución en julio de 2021 del entonces jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, ente que llevaba la investigación, afirmó.

Por el caso, este martes fue arrestado Mario Castañeda, uno de los abogados de Zamora y está pendiente la captura de Roberto Montoya, también parte del equipo defensor del periodista, indicó Curruchiche.

Zamora fue citado a declarar por el nuevo proceso el 31 de enero junto a Flora Silva, exdirectora financiera del diario, quien en diciembre fue condenada a tres años de prisión conmutables en un proceso abreviado al aceptar el cargo de lavado de dinero en la primera acusación contra el periodista.

Según esa acusación, Zamora participó en una trama de chantaje y lavado de dinero contra empresarios a cambio de no publicar información en su contra por unos 37.500 dólares. El inicio del polémico juicio fue programado para el 2 de mayo.

Zamora, de 66 años, sostiene que es un «perseguido político» y que su caso fue fabricado por el presidente, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, para silenciarlo por publicaciones sobre corrupción.

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Estados Unidos en 2021 incluyó a Porras en una lista de implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia tras despedir a Sandoval, considerado por Washington como un «campeón anticorrupción».

Curruchiche también fue incluido en la misma lista el año pasado.

La detención de Zamora es considerada por varios sectores como un atentado contra la libertad de expresión y provocó preocupación en la comunidad internacional. Su captura ocurrió tras el arresto y procesamiento de varios exfiscales que investigaron casos de corrupción.

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Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

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Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

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Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.