El exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega, enjuiciado civilmente por presunto enriquecimiento ilícito, no compareció para rendir su declaración en la audiencia probatoria que la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador inició el pasado miércoles.

En esta audiencia, solicitada por fiscales de la Unidad Anticorrupción, se espera determinar la situación jurídica del exlegislador, quien enfrenta acusaciones relacionadas con ingresos no justificados por un monto de $182,374.61 junto a su familia.

A pesar de que el tribunal habilitó el espacio para que Hándal Vega ejerciera su derecho de defensa y presentara elementos de prueba, el exdiputado optó por no hacer uso de la declaración de propia parte. Del mismo modo, sus parientes, quienes también tenían derecho a declarar, no se presentaron.

Durante la segunda jornada de la audiencia, solo declaró uno de los tres testigos propuestos por Hándal Vega y su familia, concluyendo así la aportación de pruebas testimoniales.

Para este viernes está prevista la última jornada de la diligencia, que incluirá los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa. Posteriormente, se definirá la fecha en la cual se emitirá la resolución.

En este juicio civil, el exdiputado Hándal Vega enfrenta acusaciones junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal, y sus dos hijas, Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales. Se les señala por un incremento patrimonial no justificado de $182,374.61, con montos específicos de irregularidades atribuidos a cada miembro de la familia.

Este jueves, autoridades de El Salvador y Estados Unidos celebraron la inauguración del Centro Nacional de Análisis de Pasajeros (CENAP), bajo la dirección de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). El evento contó con la presencia de altos funcionarios de seguridad y control fronterizo estadounidenses, quienes recorrieron las modernas instalaciones del centro.

El propósito del CENAP es fortalecer la seguridad nacional y combatir la criminalidad al detectar posibles amenazas. Entre sus objetivos se encuentran interceptar delincuentes, obtener un registro detallado del ciclo migratorio de personas sospechosas, detectar redes criminales de tráfico de personas y activar alertas internacionales cuando sea necesario. Además, el centro trabajará en estrecha colaboración con instituciones de seguridad pública como la Policía Nacional Civil (PNC) y organismos internacionales como Interpol.

Equipado con herramientas tecnológicas avanzadas, el centro realizará perfiles y rastreará información de visitantes nacionales y extranjeros que ingresen a El Salvador. El Subsecretario Adjunto de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Blas Nuñez-Neto, destacó la importancia de estos centros para garantizar la seguridad en las fronteras y colaborar en temas migratorios.

Ricardo Cucalón, director general de Migración, subrayó la necesidad de proteger las fronteras salvadoreñas y asegurar que las personas que ingresen al país tengan intenciones legítimas. Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, destacó el papel clave de estas oficinas que utilizan tecnología para facilitar el control y la seguridad fronteriza.

La inauguración del CENAP representa una nueva etapa en la colaboración entre El Salvador y Estados Unidos para reforzar la seguridad fronteriza y combatir la criminalidad transnacional.

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad, ha resuelto enviar a juicio al exdirector de Tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT), Edwin Ernesto Flores Sánchez, y al empresario Miguel Castaneda por su presunta participación en la concesión irregular del Sistema de Transporte de Área Metropolitana (SITRAMSS).

La Fiscalía acusa a Flores Sánchez de actos arbitrarios relacionados con la adjudicación irregular del proyecto SITRAMSS a la empresa privada de Castaneda en 2015. Por su parte, Castaneda enfrenta cargos por extorsión agravada en calidad de cómplice no necesario.

Además, el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y el exviceministro de Transporte, Nelson Napoleón García Rodríguez, también están involucrados en el proceso. Martínez fue separado del caso, mientras que García Rodríguez tiene una orden de captura por extorsión agravada como autor directo.

Las investigaciones de la Fiscalía sugieren que Flores Sánchez otorgó la concesión de manera irregular, sin seguir los procedimientos legales requeridos, omitiendo la aprobación de la Asamblea Legislativa. Se alega que García Rodríguez habría extorsionado a una empresa de autobuses para ceder sus líneas a la empresa asociada con SITRAMSS, afectando así a la primera empresa.

Este caso será llevado a juicio público en un tribunal de sentencia de Santa Tecla.