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Miles de familias recuperan casas usurpadas por pandillas en El Salvador
25 de enero | Redacción | Carlos Mario Marquez |
Ana Vilma Cuéllar debió vencer el miedo para regresar después de dos décadas a La Campanera, un populoso suburbio de San Salvador, para recuperar una casa que nunca pudo habitar porque pandilleros se apoderaron de toda la zona.
«Es una alegría», dice entre lágrimas esta mujer de 62 años, quien confía en poder finalmente residir allí tras la «guerra» contra las pandillas emprendida por el presidente Nayib Bukele hace casi un año.
Su marido compró el inmueble en 2002 a una entidad estatal, pero nunca pudo ocuparlo.
«He pasado muchas cosas [dificultades]», indica esta extrabajadora de una maquila, que tuvo que arrendar otra vivienda en Ilopango, un suburbio capitalino controlado por otra pandilla.
La última vez que Cuéllar visitó La Campanera, en 2003, se marchó frustrada, porque el autobús en que viajaba fue blanco de disparos de pandilleros, con saldo de varios heridos.
Ahora se percibe un ambiente de seguridad en esta zona de pequeñas viviendas de clase trabajadora, que por años la pandilla Barrio 18 sometió a sus caprichos sin límite.
Cerco militar
Hasta hace un mes y medio, en La Campanera imperaban la anarquía y el temor.
Para no vivir bajo los designios de Barrio 18, muchas familias abandonaron sus casas, que luego fueron ocupadas por la pandilla. Sus «palabreros» (cabecillas) incluso las rentaban a quienes se sometían a sus reglas de convivencia.
Al vecindario ni siquiera podían ingresar los camiones municipales de limpieza ni las motos de repartidores de comida, y muchos hogares tenían conexiones ilegales de electricidad o televisión por cable.
Pero todo comenzó a cambiar el 3 de diciembre, cuando Bukele ordenó que miles de soldados y policías rodearan el municipio de Soyapango, donde se encuentra este vecindario.
Para facilitar su escape, los pandilleros rompieron las paredes de muchas viviendas y también desprendieron los números que identificaban a las casas.
El cerco militar fue una operación más de la «guerra» contra las pandillas declarada por Bukele en respuesta a una escalada de violencia que del 25 al 27 de marzo de 2022 dejó 87 asesinatos.
A petición del presidente, el Congreso aprobó entonces un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, que ha llevado a prisión a unos 62.000 presuntos pandilleros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y las oenegés Amnistía Internacional y Human Rights Watch cuestionaron la «suspensión de derechos básicos» y alertaron sobre la falta de «garantías judiciales» en El Salvador.
Pero según Bukele, el régimen de excepción permitió arrebatar el control que las pandillas tenían sobre el 80% del territorio salvadoreño.
«Fronteras imaginarias»
Tras la captura o huida de los pandilleros, a La Campanera llegan a diario personas que desean recuperar sus casas. Muchas fueron construidas por el estatal Fondo Social para la Vivienda (FSV), que ahora apoya los reclamos de sus legítimos propietarios.
Una casa usurpada donde los pandilleros habían montado una panadería y donde una vez quemaron a un agente de seguridad, ahora se convirtió en una delegación de la Policía Nacional Civil.
Al supervisar el proceso de recuperación de las viviendas en La Campanera, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, se declara «conmovida» por los testimonios de decenas de familias que bajo amenazas habían sido despojadas de sus hogares.
La odisea de esas familias era interminable, porque tampoco podían instalarse en vecindarios donde imperaba una pandilla rival, que establecía una frontera invisible.
«Ahora ya no existen las fronteras imaginarias de una colonia a otra» y «le estamos poniendo fin al desplazamiento forzado», asegura la ministra.
Los departamentos del país con mayor número de viviendas recuperadas son San Salvador (3.400), La Libertad (500), Santa Ana (300) y Sonsonate (150), según Sol. En La Campanera suman 500.
«La cifra seguirá aumentando», vaticina la ministra, mientras inspecciona una casa que los pandilleros desmantelaron, arrancándole puertas, ventanas, techo y hasta el inodoro.
El gobierno de Bukele estima que al menos 6.000 viviendas fueron tomadas por pandilleros en todo el país.
Jóvenes «guardados»
El jueves una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) consignó que 88 de cada 100 salvadoreños indicaron sentirse seguros al final de 2022.
«Hoy sale uno con libertad» a la calle, dice a la AFP Roberto Morales, de 55 años, quien sobrevivió con su familia en La Campanera durante los años de sometimiento a la pandilla.
«Ya todo va bien (…), la gente ha regresado», relata, recordando que en el barrio se vivieron violentas jornadas cuando llegaba la policía a perseguir a pandilleros.
Otra vecina, Maritza Maribel Gutiérrez, reconoce que se ha recuperado la normalidad, pero hace notar que en las calles de La Campanera no se ven jóvenes.
Todos «están guardados [encarcelados]», dice llorando esta ama de casa, al confesar que su único hijo también está preso «sin ser pandillero».
Afirma que tiene la esperanza de que su hijo recobre su libertad para que vuelva a trabajar como chofer de una empresa.
Centroamérica
Presupuesto 2025 incluye fondos para proyectos en El Mozote como parte de la reparación a víctimas.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele continuará su apoyo a las familias víctimas de la masacre de El Mozote, destinando casi $3 millones en el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2025 para obras y proyectos en la zona.
Los recursos serán administrados por seis instituciones públicas: el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Local, Ministerio de Agricultura y Ganadería, e Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu). Según el desglose, Relaciones Exteriores ejecutará $750,000; Salud, $442,650; Cultura, $10,000; Desarrollo Local, $2,362,775; Agricultura, $50,000, y el Isdemu, $50,000. Estos fondos se suman a las inversiones previas realizadas en la zona desde 2019.
Las acciones interinstitucionales que se llevarán a cabo están alineadas con las medidas de reparación moral, simbólica y material para las víctimas de la masacre de El Mozote, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia que involucra a El Mozote y sus alrededores en Morazán.
En 2012, el Estado salvadoreño fue condenado por la CIDH por su responsabilidad en la masacre perpetrada por la Fuerza Armada en El Mozote y áreas cercanas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981. La corte determinó que el Estado violó derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad personal y la propiedad privada.
Cuatro años después, en 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, la cual había impedido la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra civil.
Centroamérica
Empresarios destacan impacto positivo de la mejora en la calificación de riesgo de El Salvador
La firma estadounidense Moody’s Ratings elevó la calificación de riesgo de El Salvador de Caa1 a B3, lo que ha generado reacciones positivas entre empresarios y gremiales del país.
El informe de Moody’s destaca los avances en seguridad, la efectividad en el manejo de pasivos, como las recompras de bonos, y la designación de perfiles técnicos en puestos clave de la economía, factores que han contribuido a esta mejora.
Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), señaló que esta actualización refuerza los esfuerzos de las gremiales para atraer inversiones, enviando un mensaje de confianza hacia el exterior.
«Es una excelente noticia porque mejora las perspectivas para atraer inversión. Esto significa más confianza en el país, lo que puede traducirse en mayores oportunidades de trabajo, exportaciones y desarrollo empresarial», afirmó Cuéllar.
La mejora de la calificación reafirma el atractivo de El Salvador como un terreno fértil para el crecimiento económico, impulsando la seguridad jurídica y las condiciones necesarias para el desarrollo de negocios sostenibles.
Centroamérica
ANDA avanza con la instalación de 2,115 metros de tubería para la nueva planta potabilizadora en Ilopango
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha comenzado la tercera fase de instalación de tuberías para la Planta Potabilizadora de Ilopango, con una intervención que incluye la colocación de 2,115 metros de doble tubería en una zona verde. Esta nueva fase conecta la planta potabilizadora con la Planta de Rebombeo Changallito en Ilopango, y no afectará el tránsito vehicular en la zona.
Simultáneamente, la ANDA ejecuta la segunda fase de este proyecto en la 4.ª avenida norte, hasta la intersección con la calle Rafael A. Gutiérrez, en Ilopango, una obra que comenzó el 2 de noviembre y se extenderá por 90 días.
El proyecto de la nueva Planta Potabilizadora, que cuenta con una inversión de más de $40 millones, mejorará el suministro de agua potable para más de 250,000 habitantes de Ilopango, Soyapango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, como parte de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de China y El Salvador.
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