Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Honduras registra un aumento del 40 % en deportaciones durante el primer semestre de 2026
Honduras recibió 23,952 migrantes deportados entre enero y junio de 2026, una cifra que representa un incremento del 40 % respecto al mismo período del año anterior, según un informe divulgado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El reporte, elaborado con información del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), indica que durante el primer semestre del año retornaron 6,850 hondureños más que en 2025, cuando se contabilizaron 17,102 deportaciones.
Solo en junio, las autoridades registraron el retorno de 4,407 personas, frente a las 3,461 del mismo mes de 2025, lo que representa un aumento interanual del 27.33 %. Además, la cifra de junio fue 9.71 % superior a la registrada en mayo de este año.
El informe señala que la mayoría de los migrantes deportados durante junio fueron hombres, quienes representaron el 87 % del total. Las mujeres constituyeron el 11 %, mientras que niñas, niños y adolescentes representaron el 2 %.
Estados Unidos fue el principal país de origen de las deportaciones, con 3,880 hondureños retornados, equivalentes al 88.04 % del total registrado en junio. Le siguieron México, con 509 retornos; Guatemala, con 18; El Salvador y Ecuador, con tres cada uno; y España y Canadá, con un caso cada uno.
La atención a los migrantes retornados se concentró principalmente en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de San Pedro Sula, donde fueron recibidas 3,748 personas, equivalente al 85 % del total.
Otros 485 migrantes fueron atendidos en el CAMR de Omoa, mientras que 174 recibieron asistencia en el CAMR Belén, como parte del proceso de recepción y apoyo tras su retorno al país.
Centroamérica
Manuel Flores anuncia que no buscará candidatura para las elecciones de 2027
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, anunció que no participará como candidato en las elecciones generales de febrero de 2027 y aseguró que concentrará sus esfuerzos en la conducción del partido y en la estrategia electoral de la organización política.
Durante una entrevista en el programa Pulso Ciudadano, Flores confirmó que no buscará ninguna candidatura para los próximos comicios.
«Anuncio que no voy a participar como candidato. No voy a buscar ninguna candidatura», afirmó el dirigente efemelenista.
El FMLN, partido que gobernó El Salvador durante una década y que anteriormente tuvo representación mayoritaria en la Asamblea Legislativa y gobiernos municipales, realizará el próximo domingo su proceso interno para elegir a sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, diputados de la Asamblea Legislativa y alcaldes.
Flores, quien fue diputado y alcalde de Quezaltepeque, La Libertad, fue el candidato presidencial del FMLN en las elecciones de febrero de 2024, en las que obtuvo 204,167 votos. Ese proceso electoral representó uno de los mayores retrocesos políticos para el partido de izquierda, al no conseguir representación legislativa ni alcaldías.
Hasta el momento, el único aspirante que ha presentado solicitud para participar en las elecciones internas como precandidato presidencial del FMLN es el médico sindicalista Rafael Aguirre.
Flores ha expresado respaldo hacia Aguirre, a quien calificó como «un excelente candidato, un líder, un luchador social con una visión de país amplia».
Centroamérica
El Salvador y Bolivia acuerdan nuevos proyectos de cooperación técnica para el período 2026-2028
Los gobiernos de El Salvador y Bolivia acordaron impulsar nuevos proyectos de cooperación técnica y científica durante la III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, con el objetivo de fortalecer capacidades institucionales y promover iniciativas de beneficio mutuo.
El encuentro permitió establecer la hoja de ruta de trabajo conjunto para el período 2026-2028, bajo el modelo de Cooperación Sur-Sur, basado en el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre ambas naciones.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, El Salvador participará como oferente de cooperación mediante tres iniciativas dirigidas a áreas de interés para Bolivia: la implementación del proceso de firma electrónica simple, proyectos de educación ambiental y acciones de atención especializada a víctimas de violencia.
Por su parte, Bolivia brindará apoyo técnico a El Salvador en proyectos relacionados con sistemas de transporte por cable aéreo, seguridad y educación vial, así como el fortalecimiento del tejido social.
Las iniciativas serán desarrolladas con la participación de distintas instituciones salvadoreñas, entre ellas los ministerios de Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Obras Públicas y Transporte (MOPT); el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu); el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat); y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social.
Los proyectos serán coordinados junto con la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), como parte de los esfuerzos del país para fortalecer sus vínculos de cooperación y ampliar el intercambio de soluciones con otras naciones de la región.
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