Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Cardenal pide a Asfura priorizar a migrantes ante riesgo de más pobreza por deportaciones
El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, instó al presidente Nasry “Tito” Asfura a colocar como prioridad la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos, al advertir que las deportaciones incrementan la pobreza en el país centroamericano.
“Es muy importante que se tengan en cuenta los hondureños que viven allá (en EE.UU.) y esas deportaciones, ¿qué es lo que hacen? Simplemente más pobreza”, afirmó el religioso este domingo, en un llamado público al mandatario tras su reciente encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.
Rodríguez recordó que alrededor de 1.8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, entre documentados e indocumentados, y destacó que muchos sostienen la economía nacional mediante el envío de remesas. Por ello, pidió impulsar soluciones concretas en favor de este sector.
Durante una visita a Miami, Asfura declaró a periodistas que conversó con Trump sobre asuntos vinculados al Estatus de Protección Temporal (TPS), así como sobre inversión y política arancelaria.
“Estuvimos hablando del TPS; ustedes saben que todavía está pendiente”, expresó el gobernante, quien asumió la presidencia el pasado 27 de enero.
El cardenal también hizo un llamado a combatir la corrupción, a la que calificó como un “mal endémico” que ha mantenido al país rezagado durante décadas.
Centroamérica
Conadeh denuncia que 90 % de asesinatos de abogados en Honduras sigue impune
Al menos 220 abogados han muerto de forma violenta en Honduras desde 2004, y cerca del 90 % de esos casos permanece en la impunidad, denunció este domingo la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
En un comunicado, la funcionaria alertó sobre el “alto riesgo” que enfrentan los profesionales del derecho en el país, tras el asesinato del abogado René Altamirano, ocurrido el viernes en San Pedro Sula. El jurista fue atacado presuntamente por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.
Altamirano tenía trayectoria política y pública: fue regidor municipal de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).
Izaguirre expresó su solidaridad con los familiares de la víctima e instó a las autoridades a “actuar con prontitud, firmeza y diligencia” para identificar y capturar a los responsables.
La defensora recordó que desde 2015 funciona en Honduras un Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, aunque advirtió que este “no ha funcionado” de manera efectiva.
“En un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones”, enfatizó.
El Conadeh señaló que la falta de investigaciones y sanciones limita el esclarecimiento de los crímenes y priva a las familias del derecho a la verdad. Por ello, urgió al Estado a implementar medidas de seguridad eficaces para proteger la vida e integridad de los abogados y sus parientes.
Según el organismo, el ejercicio de la abogacía se ha vuelto especialmente peligroso en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho, aunque no se detallaron cifras desagregadas.
Entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal y mercantil, jueces, defensores públicos, fiscales y asesores legales de distintas instituciones. La mayoría de los ataques, añadió el Conadeh, ocurrió en vehículos, viviendas, bufetes o en la vía pública, lo que evidencia que las condiciones de seguridad “no han sido las más propicias” para salvaguardar la vida de estos profesionales.
Centroamérica
Nicaragua restablece visa para ciudadanos cubanos tras cuatro años de libre ingreso
El Gobierno de Nicaragua restituyó el requisito de visa para los ciudadanos de Cuba, informó este domingo el Ministerio del Interior. La medida pone fin al régimen de libre visado que estaba vigente desde 2021 y que, según las autoridades, buscaba fomentar el turismo y fortalecer la “relación familiar humanitaria”.
La decisión se produce en un contexto de presiones internacionales hacia el Ejecutivo copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Washington ha insistido en la liberación de presos políticos y, de manera recurrente, ha señalado a Managua de facilitar el tránsito de migrantes irregulares hacia Estados Unidos.
Asimismo, el anuncio coincide con un aumento de la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Gobierno cubano, tras medidas que han afectado el suministro de petróleo venezolano hacia la isla, en medio de una crisis energética.
En el comunicado oficial, la cartera del Interior incluyó a los ciudadanos “de la República de Cuba, portadores de pasaporte ordinario”, dentro del listado de nacionalidades que deberán tramitar visa para ingresar al territorio nicaragüense.
La institución detalló que las solicitudes podrán realizarse por medio de correo electrónico “desde cualquier parte del mundo” y aseguró que el trámite no tendrá costo. Sin embargo, no precisó las razones específicas detrás del restablecimiento del permiso migratorio.
Previo al pronunciamiento oficial, medios nicaragüenses en el exilio ya habían adelantado información sobre la decisión gubernamental.
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