Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Bukele entrega reconocimientos a 452 salvadoreños que participaron en misión humanitaria en Venezuela
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, entregó medallas de reconocimiento a los 452 salvadoreños que integraron la misión humanitaria enviada a Venezuela tras los terremotos que afectaron al país sudamericano en junio.
Durante un acto transmitido en cadena nacional, el mandatario destacó la labor realizada por rescatistas, personal médico y colaboradores que participaron durante un mes en las operaciones de asistencia a las comunidades afectadas.
“Estamos aquí para rendirle homenaje a los hombres y mujeres del contingente salvadoreño que formó parte de la misión humanitaria desplegada en Venezuela. Las medallas que recibirán representan la gratitud de todo el pueblo salvadoreño, y me atrevería a decir que también del pueblo venezolano”, expresó Bukele.
Como parte de la misión, el contingente salvadoreño brindó más de 3,200 atenciones médicas en un hospital de campaña instalado en la zona afectada, además de realizar más de 1,100 asistencias veterinarias.
Asimismo, el Gobierno de El Salvador envió más de 170 toneladas de alimentos, insumos y medicamentos para apoyar a las personas afectadas por los sismos.
El presidente también explicó que se gestionó atención médica en clínicas privadas para algunas víctimas, cuyos costos fueron asumidos por el Gobierno salvadoreño con el objetivo de garantizar una atención adecuada.
Bukele señaló que la condecoración reconoce el compromiso, la solidaridad y el esfuerzo del personal salvadoreño que participó en las labores de rescate y asistencia humanitaria.
“Todos observábamos las operaciones de rescate y estábamos desvelándonos con ustedes, nerviosos, preocupados, tratando de coordinar lo mejor posible, pero eso no es ni la fracción de lo que ustedes, estando allá, en medio de los escombros, en medio de la tragedia, hicieron”, manifestó el mandatario.
La entrega de medallas destacó el papel del contingente salvadoreño en las acciones de apoyo internacional y en la atención de las personas afectadas por la emergencia en Venezuela.
Centroamérica
El Salvador suma siete días consecutivos sin homicidios durante julio, según la PNC
El Salvador cerró el miércoles 29 de julio de 2026 sin homicidios, informó la Policía Nacional Civil (PNC), con lo que el país acumuló una nueva jornada sin muertes violentas.
De acuerdo con la institución policial, esta representa la séptima jornada consecutiva sin homicidios durante julio y el día número 26 sin registros de este tipo en lo que va del mes.
La PNC destacó que las cifras actuales reflejan una reducción significativa en comparación con años anteriores. Como referencia, el 29 de julio de 2018 se registraron 17 homicidios en una sola jornada, según los datos citados por la institución.
Las autoridades atribuyen estos resultados al trabajo coordinado entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, mediante acciones de seguridad y control territorial orientadas a la prevención del delito y la protección de la población.
El Gobierno ha señalado que la estrategia de seguridad implementada en los últimos años ha permitido mantener una tendencia a la baja en los índices de violencia y alcanzar períodos prolongados con ausencia de homicidios.
Centroamérica
Reforma impulsada por Ortega plantea más años de gobierno y cambios al sistema electoral
La reforma constitucional impulsada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, contempla ampliar el período presidencial de seis a siete años y establecer nuevas restricciones para la participación de sectores opositores en los procesos electorales, según informó este martes la Asamblea Nacional.
El proyecto fue recibido por el Congreso nicaragüense, controlado por el oficialismo, y está previsto que sea aprobado a inicios de septiembre junto con otras modificaciones legales propuestas por el Ejecutivo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, señaló al presentar la iniciativa que el nuevo modelo de gobierno plantea un período presidencial de siete años con posibilidad de renovación.
“Propone ordenarse con período efectivo de siete años renovables”, expresó Porras al leer parte del documento, cuyo contenido completo aún no ha sido divulgado.
Según el legislador oficialista, la ampliación del mandato permitiría garantizar continuidad en los planes de gobierno y responder a los desafíos del país.
La iniciativa también plantea impedir la participación electoral de sectores identificados por el gobierno como “vendepatrias” y “golpistas”, términos utilizados por Ortega y sus aliados para referirse a sus opositores políticos.
La copresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, afirmó que el proyecto fue presentado al cuerpo diplomático acreditado en Managua y aseguró que antes de su aprobación se realizarán consultas con distintos sectores de la sociedad nicaragüense.
La nueva propuesta se suma a una reforma constitucional aprobada en 2024, que ya había ampliado el período presidencial de cinco a seis años y elevado a Murillo de vicepresidenta a copresidenta.
Esa modificación también retrasó hasta noviembre de 2027 las elecciones generales que estaban previstas originalmente para finales de 2026.
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