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Centroamérica

Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

Foto: Reuters

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.

Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.

Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.

Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.

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«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.

Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».

Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo. 

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«No está en la agenda»

El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.

Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.

Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.

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«Atenta contra las empresas»

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.

«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.

«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.

Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.

«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.

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Centroamérica

Gobierno anuncia amplio dispositivo de seguridad para el Carnaval de San Miguel 2025

Las autoridades del Gobierno anunciaron este jueves el dispositivo de seguridad que se desplegará durante el Carnaval de San Miguel, que se realizará el sábado 29 de noviembre en el estadio Miguel Félix Charlaix y en las principales calles y avenidas de la ciudad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, detalló que más de 5,400 elementos policiales y militares garantizarán el orden antes, durante y después del evento.
“Este año estamos enfocados en la operatividad del Carnaval de San Miguel. El Gabinete de Seguridad trabajará para brindar protección a todos los salvadoreños y turistas que participen”, afirmó.

Villatoro señaló que la Policía Nacional Civil (PNC) desplegará a más de 2,400 agentes, entre personal uniformado, investigadores y equipos especializados.
“Vamos a brindar la paz y tranquilidad que los salvadoreños merecen. Hemos incluido personal de todas las áreas, porque policía somos todos”, añadió. También destacó que cuentan con tecnología para identificar y capturar a cualquier persona con antecedentes o que intente cometer delitos durante el festejo.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, informó que la Fuerza Armada reforzará el operativo con más de 3,000 efectivos.
“La institución pondrá a disposición 3,000 elementos para apoyar en materia de seguridad a la Policía”, indicó.

Además, el despliegue incluirá tres aeronaves —helicópteros estacionados en la Tercera Brigada— listas para atender emergencias, así como equipos caninos que participarán en las tareas de inspección y prevención.

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Kast quiere reunirse con Bukele si gana en Chile: “El Salvador ya es un país libre de violencia”

El candidato presidencial chileno del Partido Republicano, José Antonio Kast, expresó este jueves su interés en reunirse con el presidente salvadoreño Nayib Bukele si resulta electo en la segunda vuelta del 14 de diciembre. “Ya son un país libre de violencia y ya no tienen más maras en las calles”, afirmó al referirse a los cambios en materia de seguridad en El Salvador.

Kast, quien se medirá en el balotaje contra la candidata de izquierda Jeannette Jara, visitó recientemente El Salvador, donde, aunque no sostuvo un encuentro con Bukele, conoció de primera mano detalles sobre la estrategia que permitió enfrentar a las pandillas.

Su propuesta de gobierno se centra en una política firme contra el crimen y el control de la migración irregular. En ese contexto, también ha visitado Italia y Hungría para estudiar modelos de seguridad y gestión fronteriza.

El giro en seguridad que ha experimentado El Salvador ha despertado el interés de diversos países de la región. Delegaciones de Guatemala, Perú, Ecuador, Chile, Honduras, Brasil e incluso Estados Unidos han buscado conocer la implementación del régimen de excepción y del Plan Control Territorial, estrategias que el Gobierno salvadoreño atribuye a la eliminación de las pandillas en su territorio.

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Centroamérica

Costa Rica acelera la descentralización sanitaria para acercar tratamientos y mejorar la atención del cáncer

Costa Rica impulsa una estrategia de descentralización sanitaria con el objetivo de acercar los servicios de salud a las comunidades y mejorar la detección y el tratamiento temprano de enfermedades como el cáncer. La iniciativa busca reducir los desplazamientos hacia la Gran Área Metropolitana y elevar la calidad de vida de los pacientes mediante una red más amplia y accesible.

La descentralización “no solo son medicinas; implica recursos humanos, equipos, infraestructura y una estructura integral que debemos fortalecer y trasladar a las zonas rurales”, afirmó el director de Farmacoepidemiología de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ricardo Pérez, durante un foro en el evento Expomed.

Según datos aportados por Pérez, en 2025 se encuentran habilitadas seis unidades descentralizadas de medicamentos, que han atendido a 1,319 pacientes y administrado 12,000 tratamientos que antes solo podían realizarse en los grandes hospitales del país, ubicados en el área metropolitana.

Un ejemplo de este modelo es la unidad para tratamiento oncológico del hospital Enrique Baltodano, en Liberia, Guanacaste, que desde hace tres años ha brindado 9,000 atenciones. Su jefa de Farmacia, Mailyn Ulate, destacó el impacto social y emocional del proyecto: “El desgaste físico y emocional que implica viajar largas distancias es enorme. El beneficio es intangible, pero totalmente real”.

Ulate agregó que, gracias a la atención local de pacientes con cáncer en Liberia, la CCSS ha ahorrado alrededor de 3 millones de dólares solo en costos de transporte al evitar traslados hacia San José.

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La institución desarrolla un plan de regionalización que busca desconcentrar tratamientos de menor complejidad desde los hospitales centrales hacia las Unidades Desconcentradas de Medicamentos Especializados (UDAME). Con ello, se pretende reducir brechas de acceso, modernizar los servicios, elevar la productividad y generar ahorros.

En Costa Rica, el 50 % de la población vive fuera del área metropolitana, lo que en muchos casos supone viajes de hasta ocho horas para recibir atención especializada. Para el gerente general de Roche para Centroamérica, el Caribe y Venezuela, Álvaro Soto, brindar tratamiento cerca del hogar potencia el impacto de las terapias en etapas tempranas.

El país enfrenta desafíos demográficos, epidemiológicos y territoriales —una población envejecida y una alta carga de enfermedades crónicas como el cáncer— que convierten la descentralización en una apuesta clave para un sistema de salud más equitativo y eficiente.

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