Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Ortega afirma que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones» para que opositores lleguen al poder
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en el país no volverán a celebrarse elecciones como mecanismo para que sus opositores intenten recuperar el poder, en un discurso pronunciado durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista en Managua.
«Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder», declaró Ortega ante miles de simpatizantes reunidos en la capital nicaragüense.
El mandatario, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007, después de haber ocupado la Presidencia durante la década de 1980. Desde su retorno al poder, Ortega y su esposa Rosario Murillo han mantenido el control del Ejecutivo mediante procesos electorales cuestionados por organismos internacionales y medidas que han debilitado a sus principales adversarios políticos.
Nicaragua tenía previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2026; sin embargo, una reforma constitucional aprobada hace aproximadamente un año y medio amplió el período presidencial de cinco a seis años, por lo que los próximos comicios están previstos para noviembre de 2027.
Durante su intervención, Ortega acusó a sectores opositores de intentar reorganizarse desde el exilio con apoyo internacional para competir por el poder.
«Ellos vienen conspirando, buscando cómo organizar partidos para que en una elección que ellos suponen, esos partidos ganen las elecciones», afirmó.
El gobernante agregó que no permitirá el regreso al poder de organizaciones políticas que, según él, reciben respaldo de Estados Unidos.
«Aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis vuelvan a llegar al gobierno, jamás, jamás, jamás», expresó.
El régimen de Ortega y Murillo enfrenta críticas internacionales por el control ejercido sobre instituciones públicas y la situación de derechos humanos en el país. Organismos como Naciones Unidas han señalado que la represión contra las protestas de 2018 dejó más de 300 muertos, mientras que organizaciones opositoras denuncian encarcelamientos, exilios forzados y confiscaciones contra críticos del Gobierno.
Miles de nicaragüenses han abandonado el país en los últimos años y se han establecido principalmente en Costa Rica, España y Estados Unidos.
En su discurso, Ortega también adelantó que impulsará nuevas leyes para limitar las actividades de la oposición política.
«Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán llegar al poder», manifestó.
Sus declaraciones aumentan la incertidumbre sobre el futuro político de Nicaragua, mientras sectores opositores en el exilio mantienen la expectativa de que la presión internacional pueda abrir el camino hacia una transición democrática o la celebración de elecciones consideradas libres.
Centroamérica
Bukele descarta conflicto con Honduras por isla Conejo y destaca la hermandad entre ambos pueblos
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que su Gobierno mantiene como prioridad la relación de hermandad con Honduras y descartó que exista un conflicto entre ambos países por la soberanía de la isla Conejo, ubicada en el golfo de Fonseca.
A través de una publicación en la red social X, el mandatario salvadoreño aseguró que El Salvador no buscaría generar tensiones con Honduras por un territorio que, según expresó, carece de población y recursos productivos.
“Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada”, escribió Bukele.
La declaración surge luego de que autoridades hondureñas, encabezadas por el presidente Nasry Asfura, realizaran una visita reciente a la isla Conejo, un territorio cuya soberanía ha sido motivo de diferencias históricas entre ambos países.
Bukele también aclaró que las operaciones contra el narcotráfico continuarán desarrollándose en cualquier zona donde sea necesario, incluido el golfo de Fonseca.
“La droga no la dejaremos pasar. Si la incautamos a miles de kilómetros, también la incautaremos en el golfo de Fonseca. Pero ese tema es con los narcos, entre pueblos: hermandad”, afirmó.
El Gobierno salvadoreño mantiene además una apuesta de inversión en la zona oriental del país, especialmente en el departamento de La Unión, donde se construye el Aeropuerto del Pacífico, una de las principales obras de infraestructura impulsadas por la administración Bukele.
El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, reaccionó al mensaje del mandatario y destacó que desde la zona cercana a la isla se puede observar el avance de dicha obra.
“Desde la roca se ve el nuevo Aeropuerto del Pacífico, quizá de paso admirando estaba también esa megaobra que el presidente Bukele está haciendo”, publicó Anliker.
El funcionario añadió que ciudadanos hondureños serán bienvenidos en la nueva terminal aérea, al igual que ocurre actualmente con el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
Como parte de su mensaje, Bukele compartió el testimonio de una ciudadana hondureña que relató haber recibido atención médica en el Hospital Nacional Rosales de El Salvador debido a un problema abdominal, luego de no encontrar disponibilidad para una cirugía en su país.
Anliker utilizó este caso para cuestionar la discusión sobre la isla Conejo y afirmó que algunos gobiernos recurren a temas territoriales en momentos de dificultades internas.
“Mientras Nayib Bukele suma aplausos por ayudar a personas, otros presidentes siguen convencidos de que una roca les va a subir la popularidad. Al parecer, cuando faltan resultados, hasta las piedras sirven de estrategia”, señaló.
Centroamérica
El Salvador registra la menor cifra de homicidios de Centroamérica en el primer semestre de 2026
El Salvador cerró el primer semestre de 2026 con la cifra más baja de homicidios de Centroamérica, mientras Guatemala y Honduras registraron más de 1,200 asesinatos cada uno durante el mismo período, según datos oficiales de seguridad de la región.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio, las autoridades salvadoreñas contabilizaron 30 homicidios, una cifra que coloca al país en camino a establecer un nuevo récord de reducción de crímenes contra la vida en las últimas décadas.
De acuerdo con los registros de instituciones de seguridad centroamericanas, con excepción de Belice y Nicaragua, que no cuentan con estadísticas actualizadas, El Salvador mantiene los niveles más bajos de violencia homicida en la región.
Las autoridades atribuyen esta disminución a la implementación del régimen de excepción y al Plan Control Territorial, estrategias impulsadas durante la administración del presidente Nayib Bukele y que, según el Gobierno, han permitido debilitar la estructura de las pandillas en el territorio nacional.
Guatemala supera los 1,400 homicidios
La situación contrasta con la registrada en Guatemala, donde las autoridades reportaron 1,437 homicidios durante los primeros seis meses de 2026.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, reconoció recientemente que, aunque existe una reducción frente al mismo período de 2025, cuando se registraron 1,614 asesinatos, la inseguridad continúa siendo uno de los principales desafíos del país.
La disminución representa 177 homicidios menos, equivalente a una reducción cercana al 10 %. Sin embargo, el mandatario admitió que la percepción de inseguridad continúa afectando a la población.
“Las cifras son ciertas, pero el miedo también es real. Sabemos que falta trabajo por hacer y lo estamos haciendo”, afirmó Arévalo.
Las autoridades guatemaltecas señalan que parte de la violencia está relacionada con disputas territoriales entre estructuras criminales como la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, vinculadas a actividades como extorsiones y narcotráfico.
Honduras mantiene altos niveles de violencia
En Honduras, el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) reportó 1,235 homicidios durante el primer semestre de 2026.
El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) proyecta que la tasa de homicidios podría cerrar el año entre 24 y 26 muertes por cada 100,000 habitantes, una cifra similar a la registrada en 2025.
Los departamentos con mayor incidencia de homicidios son Cortés, Francisco Morazán y Yoro, según las estadísticas policiales.
En materia de seguridad, Honduras también implementó un régimen de excepción durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro, medida que, según el Gobierno anterior, contribuyó a reducir los índices de violencia en más de 226 municipios.
Sin embargo, la medida expiró en enero pasado tras la llegada del presidente Nasry Asfura, quien decidió no prolongar una política de restricciones extraordinarias de manera generalizada.
El secretario de Seguridad hondureño, Gerson Velásquez, señaló que el estado de excepción continúa contemplado dentro del marco legal del país, aunque su aplicación dependerá de la decisión del Ejecutivo.
“Eventualmente podría utilizarse, pero la decisión del presidente Nasry Asfura es que no va a ser una medida generalizada”, explicó.
La inseguridad sigue siendo un desafío regional
Más al sur de Centroamérica, Panamá y Costa Rica también enfrentan dificultades relacionadas con el aumento de hechos violentos, luego de registrar cientos de homicidios durante los primeros meses de 2026.
Las cifras reflejan que la seguridad pública continúa siendo uno de los principales retos de la región, con diferencias marcadas entre países que han aplicado estrategias de combate al crimen organizado y aquellos que todavía buscan contener el avance de estructuras delictivas.
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