Centroamérica

Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

Foto: Reuters

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.

Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.

Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.

Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.

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«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.

Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».

Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.

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«No está en la agenda»

El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.

Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.

Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.

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«Atenta contra las empresas»

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.

«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.

«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.

Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.

«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.

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Centroamérica

El Salvador suma 18 días sin homicidios en abril

El Salvador sumó un nuevo día sin homicidios, con lo que abril acumula 18 jornadas sin asesinatos, de acuerdo con estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).

La institución informó, a través de su cuenta en X, que el lunes 20 de abril finalizó sin registros de muertes violentas en todo el territorio nacional. “Finalizamos el lunes 20 de abril con 0 homicidios en el país”, detalló la corporación.

Según el balance de seguridad, 2025 cerró con 303 días sin homicidios, la cifra más alta registrada en la historia reciente del país.

Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias implementadas en el marco del régimen de excepción, vigente desde el 26 de marzo de 2022, período durante el cual, en conjunto con la Fuerza Armada, se ha capturado a más de 91,000 presuntos pandilleros y colaboradores de estructuras criminales.

Asimismo, destacaron que los patrullajes permanentes de la PNC y la Fuerza Armada han contribuido a reducir los niveles de violencia y a mantener un entorno de mayor seguridad en el país.

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El Salvador aplica 26,000 vacunas contra el sarampión en una semana

El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabi, informó este lunes que el país ha aplicado cerca de 26,000 vacunas contra el sarampión en el transcurso de una semana, como parte de la campaña nacional de inmunización.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario destacó que esta cifra refleja una alta aceptación de la población hacia la vacuna. “Esto nos dice que la aceptación ha sido importante”, afirmó.

La jornada de vacunación es impulsada por el Ministerio de Salud, que desde el pasado 10 de abril activó una campaña especial dirigida a reforzar la protección contra el sarampión, especialmente en la primera infancia.

Como parte de esta estrategia, se incorporó una dosis adicional para niños de entre 6 y 11 meses de edad, con el objetivo de inmunizarlos antes de cumplir el primer año, etapa en la que tradicionalmente se administra la primera vacuna según el esquema nacional.

Alabi recordó que el esquema regular contempla la aplicación de dosis a los 12 y 18 meses. En ese sentido, destacó que en 2025 se alcanzó una cobertura del 98.4 % en la primera dosis y del 96.6 % en la segunda, superando el umbral del 95 % recomendado para garantizar la protección colectiva.

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Transportistas buscan acuerdos con el Gobierno ante alza de combustibles en El Salvador

El representante de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, aseguró que existe apertura por parte del Gobierno de El Salvador para dialogar sobre medidas que permitan mitigar el impacto del alza en los combustibles sobre el transporte público.

El acercamiento se realiza a través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, encabezado por Romeo Rodríguez, con quien los transportistas sostuvieron una reunión para plantear distintas propuestas.

Regalado explicó que el incremento actual en el precio del combustible, que ronda los $0.88 por galón, eleva significativamente los costos operativos. “Con 25 galones diarios promedio que consume una unidad, son $22 adicionales, lo que significa que necesito alrededor de $120 para operar”, detalló.

Entre las principales solicitudes del sector se encuentra el establecimiento de un precio máximo para el diésel, así como la revisión de la nivelación tarifaria, al considerar que el transporte público es uno de los pocos sectores que no ha registrado ajustes en sus tarifas en los últimos años.

“Consideramos que fijar el precio del combustible para el sector transporte aliviaría significativamente el costo operativo diario, sin eliminar la compensación. También se propuso autorizar un galonaje específico, revisar la nivelación tarifaria y aumentar la compensación”, añadió el vocero.

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Asimismo, Regalado indicó que el titular del MOPT se comprometió a cancelar el saldo pendiente correspondiente al subsidio destinado a los empresarios del transporte público.