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Centroamérica

Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

Foto: Reuters

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.

Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.

Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.

Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.

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«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.

Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».

Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo. 

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«No está en la agenda»

El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.

Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.

Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.

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«Atenta contra las empresas»

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.

«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.

«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.

Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.

«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.

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Centroamérica

El Salvador acumula 1,229 días sin homicidios durante los siete años de gestión de Bukele

A siete años del inicio de la administración del presidente Nayib Bukele, las autoridades de seguridad reportan 1,229 días sin homicidios a nivel nacional, una cifra que refleja la reducción sostenida de la violencia registrada en el país durante este período.

De acuerdo con estadísticas oficiales, de esos 1,229 días con cero asesinatos, 1,115 se contabilizaron desde la implementación del régimen de excepción, medida vigente desde el 27 de marzo de 2022 y que ha sido prorrogada en 51 ocasiones por la Asamblea Legislativa a solicitud del Gabinete de Seguridad.

Según las autoridades, esta estrategia ha permitido la captura de aproximadamente 92,000 pandilleros y colaboradores acusados del delito de agrupaciones ilícitas. Miles de ellos ya han sido condenados por pertenecer a estructuras criminales que operaban en distintos puntos del país.

La Fiscalía General de la República también ha procesado a numerosos detenidos por otros delitos vinculados al crimen organizado, entre ellos homicidio, extorsión, lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas.

Como parte de las reformas legales impulsadas durante este período, la Ley contra el Crimen Organizado fue modificada para permitir que las investigaciones y procesos judiciales se desarrollen de manera colectiva contra estructuras criminales completas, mediante expedientes únicos y audiencias que pueden extenderse hasta por dos años.

Las cifras oficiales indican que solo durante 2025 las fuerzas de seguridad capturaron a 6,584 personas vinculadas a actividades delictivas.

El balance presentado por las autoridades también señala que El Salvador cerró el año pasado con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas registradas en la historia reciente del país.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad informó que durante el último año se contabilizaron 82 homicidios, equivalentes a un promedio diario de 0.2 asesinatos. Las estadísticas oficiales también reportan una reducción del 51.5 % en la incidencia delictiva en comparación con el año anterior.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción, medidas que han sido la base de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno desde 2019.

Según el Ejecutivo, los avances en materia de seguridad han contribuido a recuperar espacios públicos, fortalecer la actividad económica y mejorar la percepción de seguridad entre la población, convirtiendo la reducción de la violencia en uno de los principales indicadores de la gestión gubernamental durante los últimos siete años.

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Centroamérica

Bukele inaugura el nuevo Hospital Rosales con tecnología de última generación y atención gratuita

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró este lunes el nuevo Hospital Rosales, considerado uno de los proyectos más importantes para la red pública de salud del país y que busca fortalecer la atención médica especializada para miles de salvadoreños.

La presentación de la nueva infraestructura se realizó en cadena nacional, coincidiendo con el séptimo año de gestión del mandatario. En lugar de ofrecer un discurso sobre los logros de su administración, Bukele optó por mostrar las instalaciones del hospital y explicar el alcance de la obra.

Durante un recorrido por el centro médico junto al director del Hospital Rosales, Marvin Aguilar, las autoridades destacaron que el nuevo complejo cuenta con equipamiento médico de última tecnología que permitirá realizar diagnósticos, estudios especializados y procedimientos de alta complejidad con mayor rapidez y precisión.

“El nuevo Hospital Rosales es nuestro hospital de tercer nivel y, por lo tanto, esta obra representa algo maravilloso para la población porque van a poder tener cualquier tipo de atención por muy compleja que sea”, expresó Aguilar.

Según el director, el centro médico ofrecerá desde consultas generales y procedimientos básicos hasta cirugías altamente especializadas que anteriormente solo podían realizarse de forma limitada o en otros centros hospitalarios.

Las autoridades señalaron que el nuevo hospital representa una ampliación significativa de la capacidad instalada del sistema público de salud, tanto en infraestructura como en la variedad de servicios médicos disponibles para los pacientes.

Como parte de la puesta en marcha del proyecto, el Gobierno informó que fueron contratadas 3,200 personas para integrar el equipo de trabajo del hospital. De ellas, 3,000 son salvadoreños y 200 profesionales extranjeros especializados que contribuirán en la atención médica y en la capacitación del personal nacional.

“Estamos contratando lo mejor para los salvadoreños, para la atención del pueblo, pero sobre todo para las personas de escasos recursos, porque son quienes más necesitan la salud pública”, afirmó Bukele.

El mandatario también destacó que los servicios del Hospital Rosales continuarán siendo gratuitos para la población, como parte de la red pública de salud.

“Este es un hospital totalmente gratis para el pueblo y aquí puede venir cualquier salvadoreño”, aseguró.

Con la inauguración del nuevo Hospital Rosales, el Gobierno busca fortalecer la atención especializada, reducir tiempos de espera y ampliar la cobertura de servicios médicos para pacientes de todo el país, especialmente aquellos que requieren tratamientos complejos y atención hospitalaria de alta especialización.

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Centroamérica

Honduras impulsa alianza logística para atraer inversiones y generar empleo

El Gobierno de Honduras anunció la firma de un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de Logística (CNL) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), una iniciativa orientada a fortalecer la competitividad del país, atraer nuevas inversiones y promover la generación de empleo.

La alianza fue formalizada en Casa Presidencial por el comisionado presidente para el Desarrollo del Sector Logístico del CNL, Yaudet Burbara, y el secretario ejecutivo del CNI, Epaminondas Marinakys, como parte de una estrategia gubernamental para mejorar el clima de negocios y estimular el crecimiento económico.

Según las autoridades, el acuerdo busca consolidar una mayor coordinación entre ambas instituciones para impulsar proyectos que contribuyan a la modernización de la infraestructura logística, optimizar los procesos de comercio y facilitar la llegada de capital nacional y extranjero.

El Gobierno del presidente Nasry Asfura destacó que esta cooperación permitirá fortalecer sectores estratégicos de la economía, generar nuevas oportunidades laborales para miles de hondureños y posicionar al país como un destino más atractivo para la inversión.

Asimismo, las instituciones involucradas señalaron que el trabajo conjunto facilitará el diseño de políticas y acciones enfocadas en mejorar la competitividad, aumentar la eficiencia logística y aprovechar las ventajas geográficas de Honduras para impulsar el desarrollo económico sostenible.

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