Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Ministro chileno resalta experiencia de El Salvador en combate a la violencia
El ministro de Seguridad Pública de Chile, Martín Arrau, destacó la reducción de la tasa de homicidios registrada en El Salvador durante la gestión del presidente Nayib Bukele, al referirse a la experiencia salvadoreña en materia de seguridad durante una entrevista con CNN.
Arrau señaló que El Salvador pasó de registrar niveles de violencia considerablemente altos a situarse, según sus declaraciones, entre los países con las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica.
“El Salvador tiene una experiencia muy interesante, la tasa de homicidios era de 100 por cada 100,000 habitantes, y hoy en día tiene la tasa más baja de Latinoamérica”, afirmó el funcionario chileno.
El ministro también hizo referencia a las medidas implementadas por el Gobierno salvadoreño para combatir a las estructuras criminales, entre ellas la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que calificó como una de las acciones adoptadas para mantener a los miembros de grupos delincuenciales en prisión.
En su análisis, Arrau recordó la situación de violencia que enfrentó El Salvador y señaló que las autoridades aplicaron distintas medidas para reducir los homicidios y recuperar el control territorial.
De acuerdo con los datos citados en la entrevista, El Salvador cerró 2022 con 495 homicidios y una tasa de 7.8 por cada 100,000 habitantes, mientras que el año pasado registró una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
En Chile, por su parte, 2022 cerró con más de 1,300 asesinatos y una tasa de 6.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, según registros del Ministerio del Interior de ese país.
Centroamérica
TSE recuerda plazo para inscripción de partidos y pactos de coalición rumbo a 2027
El periodo para presentar solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos y pactos de coalición para las elecciones de 2027 entra en su etapa final, de acuerdo con el calendario electoral publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según el documento, los partidos o agrupaciones interesadas tendrán hasta el 31 de agosto de 2026 para presentar las solicitudes correspondientes.
La misma fecha aplica para los institutos políticos que busquen formalizar pactos de coalición con el objetivo de participar conjuntamente en los próximos comicios.
El TSE recordó a las organizaciones políticas que deben cumplir con los plazos establecidos en el calendario electoral y reiteró que el 31 de agosto será la fecha límite para presentar ambas solicitudes.
El proceso forma parte de las actividades preparatorias para las elecciones de 2027, de acuerdo con el cronograma establecido por el organismo electoral.
Centroamérica
FGR destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en $34.2 millones
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), destruyó 1,362 kilos de cocaína, valorados en aproximadamente $34.24 millones, que habían sido incautados en aguas cercanas a la costa salvadoreña.
Según la Fiscalía, el cargamento fue localizado a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en San Luis La Herradura, La Paz, durante un operativo realizado el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente.
La droga era transportada en una lancha con motor fuera de borda que, de acuerdo con las investigaciones, había zarpado desde el Puerto San Mateo, en Ecuador.
Durante la operación fueron capturados dos ciudadanos ecuatorianos, identificados como Jhony Eugenio Garay Velis, de 42 años, y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de 31, quienes enfrentan cargos por el delito de tráfico ilícito.
La destrucción del cargamento se realizó en un predio ubicado en Changallo, distrito de Ilopango, San Salvador Este, en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador, Juez 2.
La FGR señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico y proteger la salud pública.
La institución también recordó que el pasado 13 de agosto destruyó 9,037.32 gramos de marihuana, 193.61 gramos de cocaína y 70.60 gramos de metanfetamina, con un valor estimado de $39,260. Estas sustancias habían sido incautadas en 28 casos relacionados con procesos desarrollados en Mejicanos, San Salvador y San Miguel.
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