Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Cristina deja inundaciones, derrumbes y cientos de emergencias en Centroamérica
La depresión tropical Cristina continúa generando impactos en varios países de Centroamérica, donde las lluvias persistentes, los fuertes vientos y el oleaje elevado han provocado inundaciones, derrumbes, daños en infraestructura y diversas emergencias que mantienen en alerta a las autoridades de protección civil.
En Guatemala, las precipitaciones provocaron inundaciones en viviendas de las comunidades María Linda, en Iztapa, Escuintla, y El Manantial, en San José, Escuintla. Equipos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realizaron evaluaciones de daños y verificaron las necesidades de las familias afectadas.
Las autoridades guatemaltecas informaron que la temporada lluviosa de 2026 ha generado más de 280 emergencias en todo el país. Entre los incidentes reportados destacan inundaciones, caída de árboles, vientos fuertes, derrumbes, deslizamientos de tierra, socavamientos y hundimientos que han afectado viviendas, carreteras y servicios básicos.
Asimismo, continúan habilitados albergues temporales en los departamentos de Alta Verapaz y Santa Rosa para atender a las personas afectadas por las condiciones climáticas.
En Nicaragua, las lluvias han impactado principalmente los departamentos de León y Chinandega. Las comunidades costeras de Poneloya y Las Peñitas reportan inundaciones que han afectado viviendas, restaurantes y pequeños negocios vinculados al turismo.
Las autoridades también mantienen vigilancia sobre puntos vulnerables de la infraestructura, entre ellos el puente La Máquina, ubicado en la comunidad La Gallina, donde se registraron deslizamientos de tierra.
En Chinandega, zonas turísticas como Paso Caballos y Jiquilillo presentan calles inundadas, dificultades para la circulación vehicular y pérdidas económicas para comerciantes y emprendedores locales.
Aunque Cristina se ha degradado a depresión tropical, los organismos meteorológicos advierten que sus remanentes continúan favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, creando condiciones propicias para lluvias intensas, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.
En Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) reportó un derrumbe en la carretera que comunica con el sur del departamento de Lempira, específicamente en la comunidad El Carrizal, municipio de Erandique. Las autoridades recomendaron extremar las precauciones al transitar por la zona debido a la inestabilidad del terreno.
Además, equipos de emergencia rescataron a una familia cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del río Juticalpa, en el departamento de Olancho. El incidente ocurrió cuando los ocupantes intentaron cruzar el afluente durante la madrugada, en medio del incremento del caudal provocado por las lluvias.
Las autoridades hondureñas mantienen alerta amarilla para la zona costera del golfo de Fonseca y para el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, debido al riesgo de oleaje elevado y posibles crecidas del río Goascorán. Otros departamentos permanecen bajo alerta verde por la persistencia de las precipitaciones.
Los organismos de protección civil de Guatemala, Honduras y Nicaragua reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas en la región.
Centroamérica
Mined mantiene presencia en albergues y despliega plan de apoyo ante emergencia climática
La ministra de Educación, Karla Trigueros, encabezó este jueves una reunión de coordinación con directores de unidades técnicas para fortalecer las acciones de monitoreo, prevención y respuesta que desarrolla la institución ante la alerta naranja vigente por las lluvias que afectan al país.
Durante el encuentro, la funcionaria explicó que el Ministerio de Educación mantiene una vigilancia permanente de la situación a nivel nacional mediante sus equipos técnicos y dependencias territoriales, con el propósito de atender oportunamente cualquier afectación que impacte a la comunidad educativa.
“El Ministerio de Educación trabaja activamente en el desarrollo de las actividades relacionadas con las lluvias, por lo cual todos los directores nacionales han estado trabajando con sus equipos en monitoreo, seguimiento y actividades lúdicas y de apoyo en el territorio salvadoreño”, señaló Trigueros.
Como parte de la respuesta institucional, la cartera de Estado mantiene presencia constante en los albergues habilitados para atender a las familias afectadas por la emergencia. Según la ministra, actualmente funcionan nueve centros de resguardo donde personal del ministerio brinda acompañamiento permanente.
“Tenemos habilitados nueve albergues, donde disponemos de un monitor permanente del Ministerio de Educación. Registramos 115 niños en estos espacios, quienes están siendo atendidos por todo el Sistema Nacional de Protección Civil”, indicó.
Trigueros explicó además que la institución ha identificado a los estudiantes afectados por las lluvias para garantizar la continuidad de su proceso educativo y proporcionar el apoyo necesario en caso de pérdidas materiales.
“Tenemos identificados a los estudiantes que han resultado afectados, de qué centros escolares provienen y si han perdido su paquete escolar, uniformes o libros”, afirmó.
La funcionaria destacó que el ministerio cuenta con 76 especialistas distribuidos a nivel nacional, quienes pueden ser movilizados de manera inmediata para brindar apoyo educativo, psicosocial y de acompañamiento en los albergues o comunidades que lo requieran.
Las autoridades reiteraron que continuarán trabajando de forma coordinada con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil para atender a las familias afectadas y garantizar el bienestar de los estudiantes mientras persistan las condiciones climáticas adversas.
Centroamérica
Mined mantiene suspensión de clases presenciales por lluvias asociadas a Cristina
El Ministerio de Educación (Mined) informó que la suspensión de clases presenciales en todo el país continuará vigente debido a las condiciones climáticas provocadas por la depresión tropical Cristina, cuyos efectos siguen generando lluvias intensas y situaciones de riesgo en diferentes zonas de El Salvador y la región centroamericana.
La medida aplica para centros educativos públicos, instituciones privadas y universidades en todas las modalidades y niveles de enseñanza, como parte de las acciones preventivas adoptadas ante la alerta naranja emitida por la Dirección General de Protección Civil.
Las autoridades señalaron que la decisión busca reducir la exposición de estudiantes, docentes y personal administrativo a posibles emergencias relacionadas con inundaciones, deslizamientos de tierra, derrumbes y crecidas de ríos y quebradas.
Paralelamente, el Gobierno mantiene las labores de asistencia a las familias afectadas por las lluvias. Equipos del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) y el Instituto Crecer Juntos (ICJ) desarrollan acciones de apoyo en los albergues habilitados en el departamento de La Libertad.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, realizó una visita a los centros de resguardo para verificar la atención brindada a la niñez y adolescencia. En estos espacios se desarrollan actividades recreativas, jornadas de lectura, dinámicas educativas y acompañamiento socioemocional para contribuir al bienestar de los menores durante la emergencia.
Según informó la funcionaria, actualmente 58 niños y adolescentes, con edades entre cero y 17 años, permanecen resguardados en cuatro albergues activos.
“Como Ministerio de Educación estamos realizando actividades de acompañamiento lúdico, seguimiento socioemocional y atención permanente para ellos”, indicó Trigueros.
Las instituciones involucradas también distribuyen artículos de primera necesidad, entre ellos productos de higiene personal, frazadas, calzado y juguetes. Asimismo, las familias reciben atención psicosocial por parte de Conapina y asistencia médica a través del Ministerio de Salud.
Las autoridades reiteraron que el objetivo es garantizar condiciones seguras para la población afectada, especialmente para niños y adolescentes, mientras continúan las labores de respuesta ante la emergencia provocada por las lluvias.
Además, recordaron que la línea gratuita y confidencial 119 de Conapina permanece habilitada para atender denuncias y brindar orientación relacionada con la protección integral de la niñez y adolescencia.
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