Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Panamá agradece respaldo internacional en disputa con China por el canal
El gobierno de Panamá agradeció este miércoles el respaldo recibido por parte de varios países, encabezados por Estados Unidos, en medio de la disputa con China relacionada con el canal de Panamá y la operación de puertos estratégicos en esa vía marítima.
La controversia surgió luego de que Panamá asumiera en febrero el control de dos puertos ubicados en el canal, anteriormente administrados por un conglomerado con sede en Hong Kong, tras una resolución emitida por la Corte Suprema panameña en enero.
Estados Unidos lideró una declaración conjunta junto a Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago, en la que cuestionaron las acciones de Pekín y las calificaron como una amenaza para la soberanía regional.
“Las acciones de China son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringen la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”, señaló el comunicado divulgado por el Departamento de Estado estadounidense.
El documento agregó que “cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza contra todos nosotros”.
Ante estas muestras de apoyo, el presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó su agradecimiento a los países aliados.
“Agradecemos la solidaridad de países amigos. No deseamos polémicas ya que valoramos las relaciones respetuosas con todas las naciones”, manifestó el mandatario.
Por su parte, el gobierno chino reaccionó a las declaraciones estadounidenses. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, calificó las acusaciones como “totalmente infundadas”.
La situación mantiene la atención internacional debido a la importancia estratégica del canal de Panamá para el comercio marítimo mundial y la creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China en la región.
Centroamérica
SIP condena asesinato de periodista en Guatemala y exige investigación
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles el asesinato del periodista guatemalteco Carlos Humberto Cal Ical y pidió a las autoridades de Guatemala identificar y llevar ante la justicia a los responsables del crimen.
A través de un comunicado, el presidente de la SIP, Pierre Manigault, señaló que este tipo de hechos representan una grave amenaza para la libertad de prensa en la región.
“El asesinato de un periodista, sumado a la impunidad que suele rodear a la mayoría de estos crímenes, constituye una de las más graves violaciones a la libertad de prensa que debemos enfrentar con urgencia y determinación”, expresó Manigault.
Carlos Cal Ical falleció el pasado domingo luego de ser atacado a tiros por desconocidos cerca de su vivienda en San Cristóbal Verapaz, localidad ubicada a unos 80 kilómetros de Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la asociación de periodistas locales, el comunicador no había denunciado amenazas previas. Sin embargo, la organización indicó que no se descarta que el ataque esté vinculado con su trabajo periodístico.
La SIP instó a las autoridades guatemaltecas a realizar una investigación exhaustiva y garantizar que el caso no quede en la impunidad.
Centroamérica
Panamá reconoce creciente influencia del crimen organizado en cárceles
Las autoridades de Panamá reconocieron este lunes la creciente influencia del crimen organizado dentro de las cárceles del país, luego de un tiroteo entre pandillas ocurrido en el principal complejo penitenciario panameño, que dejó un recluso fallecido.
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, admitió que estructuras criminales continúan operando tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.
Según el funcionario, algunos cabecillas encarcelados siguen dirigiendo actividades ilícitas relacionadas con asesinatos y robos de droga entre organizaciones rivales.
El hecho más reciente se registró en el Centro Penitenciario La Joya, considerado el complejo carcelario más grande de Panamá, donde murió un interno presuntamente vinculado a un cartel internacional durante un enfrentamiento armado.
Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, advirtió que el crimen organizado ha evolucionado y fortalecido sus operaciones en los últimos años.
“Lamentablemente, el crimen organizado ha escalado, se ha perfeccionado”, expresó la funcionaria, quien además reconoció las limitaciones institucionales para enfrentar estas estructuras criminales.
La violencia dentro de las cárceles coincide con disputas territoriales entre pandillas en sectores como San Miguelito y la provincia de Colón.
Precisamente este lunes, en Colón, se reportó un doble homicidio relacionado con enfrentamientos entre grupos criminales, en una zona donde operan al menos 13 pandillas rivales.
Datos oficiales indican que Panamá registró 130 homicidios durante el primer trimestre del año, una reducción del 9 % en comparación con el mismo período de 2025.
No obstante, las autoridades mantienen a Colón, la provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito entre las zonas con mayores niveles de violencia.
Según estimaciones oficiales, en el país operan más de 180 pandillas vinculadas al narcotráfico y al traslado de droga hacia Estados Unidos y Europa.
El reconocimiento por parte de las autoridades refleja los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario panameño frente al avance y control del crimen organizado.
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