Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Mueren dos bomberos al combatir incendio forestal en Guatemala
Dos bomberos de la protección civil de Guatemala murieron este domingo mientras combatían un incendio forestal en una región indígena maya al norte del país, informó la entidad a la AFP.
Las víctimas fueron identificadas como Edvin García Sucup y César Augusto Pérez García.
«Debido a las condiciones del lugar del incendio, se registró el fallecimiento de dos integrantes de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI) de Rabinal», explicó la vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres(Conred), Valeria Urizar.
El siniestro se originó en la aldea Chupel, ubicada en el municipio de San Miguel Chicaj, en el departamento de Baja Verapaz.
Cada año, los incendios forestales en Guatemala consumen miles de hectáreas de bosque. La temporada de mayor incidencia se extiende de noviembre a junio, periodo caracterizado por la ausencia de lluvias.
De acuerdo con las autoridades, la mayoría de estos incendios es provocada por actividades humanas, principalmente por la preparación de terrenos destinados a cultivos agrícolas.
Centroamérica
CSSP y Hospital El Salvador obtienen certificación internacional antisoborno ISO 37001
El Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) y el Instituto Especializado Hospital El Salvador (IEHES) recibieron la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, como parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la transparencia, la ética, la integridad y la mejora continua en la gestión pública.
En el caso del CSSP, la certificación fue presidida por su titular, Daniel Quinteros, y otorgada por el líder de Negocios de LSQA Centroamérica, Federico Sánchez.
El proceso para alcanzar esta acreditación comenzó en agosto de 2024, cuando la institución inició la creación e implementación de la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, que establece lineamientos y controles para prevenir, detectar y abordar posibles riesgos relacionados con actos de soborno dentro de la entidad.
Por su parte, la certificación del IEHES fue recibida por el ministro de Salud, Francisco Alabi, y entregada por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), a través de su directora, Yanira Colindres.
En el ámbito educativo, este reconocimiento implica garantizar transparencia en las calificaciones, trazabilidad en los procesos académicos y seguridad en los sistemas de evaluación y docencia.
Además, la certificación contribuye a asegurar que los títulos otorgados por la institución sean legítimos y obtenidos por mérito, reforzando los estándares de integridad dentro del sistema educativo y sanitario.
Centroamérica
Manuel Flores cuestiona funcionamiento del nuevo Hospital Rosales
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, cuestionó este lunes el funcionamiento del Hospital Nacional Rosales y aseguró que el nuevo edificio no cuenta con quirófanos, consulta externa ni especialistas.
Durante la conferencia de prensa que el partido realiza cada lunes, Flores afirmó que el hospital “no existe” en términos operativos y que, según su valoración, el proyecto se limita a la infraestructura visible.
«El hospital Rosales no existe, no les importa; para ellos todo es luces, para que digan qué hospital más bonito, por fuera, pero por dentro podrido. No hay nada, no hay quirófanos, no hay especialistas», expresó.
El dirigente también criticó el sistema de telemedicina conocido como DoctorSV, al señalar que su alcance es limitado. «Ya no hablan tanto del DoctorSV, porque es un fracaso, un porcentaje mínimo tiene acceso», afirmó.
Asimismo, aseguró que persisten problemas en el abastecimiento de medicamentos y en los tiempos de espera para consultas médicas. «En los hospitales no hay medicamentos, y aunque algunos puedan decir que lo mismo sigo repitiendo, pues cambien la situación del país y ya no lo voy a decir», manifestó.
Flores agregó que en el sistema del Instituto Salvadoreño del Seguro Social los pacientes enfrentan demoras prolongadas para obtener citas médicas. «Seis meses en el Seguro Social para una cita, y se paga, porque los derechohabientes pagan», señaló.
Durante sus declaraciones, el dirigente también se refirió al contexto económico internacional y advirtió que un posible incremento en el precio del petróleo podría afectar al país. «¿Qué va a pasar con un país que no produce? Todo se va a ir a las nubes, porque todo depende del precio del petróleo», dijo.
En materia educativa, Flores indicó que existen quejas recurrentes por la falta de entrega de los paquetes escolares. Según afirmó, las denuncias sobre retrasos en la distribución continúan registrándose a nivel nacional.
«Las quejas permanentes de la no entrega de los paquetes escolares es de todos los días, y quieren hacer creer que ya se cumplió en un 100 %», señaló.
A su juicio, la población necesita mejoras reales en educación y salud pública. «La población necesita mejor educación y salud, y que realmente no se le mienta a la gente», concluyó.
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