Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Bukele defiende medidas de seguridad y cuestiona a organizaciones de derechos humanos
El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró que la prioridad de su Gobierno es garantizar los derechos de las personas honradas, y no los de los criminales que, según señaló, son defendidos por ciertas organizaciones nacionales e internacionales que afirman trabajar en favor de los derechos humanos.
A través de una publicación en la red social X, el mandatario citó declaraciones brindadas previamente a la prensa durante una conferencia en la que fue consultado sobre las críticas de algunas entidades y medios de comunicación a las medidas de seguridad implementadas en El Salvador.
«Un buen momento para recordar esto [declaraciones], donde, sin saberlo, respondí al 100 % de las acusaciones que hoy hacen quienes únicamente defienden los derechos humanos de los criminales, que no niego que los tengan, pero es extraño que ellos sean la única prioridad de estas organizaciones», expresó Bukele.
Debate sobre derechos humanos
En el video adjunto a la publicación, el jefe de Estado señaló que los criminales poseen derechos humanos, pero cuestionó que algunas organizaciones prioricen su defensa frente a las víctimas de la violencia que afectó al país durante décadas.
Las medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno, agregó, cuentan con el respaldo del 96 % de la población, según ha señalado el mandatario en diferentes ocasiones al referirse a los resultados obtenidos en la reducción de la criminalidad.
Ulloa habla de delitos de lesa humanidad
Por su parte, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, recordó que los actos cometidos por grupos terroristas pueden ser tipificados como delitos de lesa humanidad.
Ulloa sostuvo que lo ocurrido en el país entre 2009 y 2019 puede calificarse como un genocidio, periodo en el que —según indicó— fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños.
El vicepresidente señaló que estos delitos no prescriben, por lo que deberían ser investigados y juzgados, y cuestionó que organizaciones de derechos humanos no hayan impulsado denuncias al respecto.
Asimismo, planteó si organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas deberían investigar estos hechos de oficio.
Centroamérica
Alcaldesa de Ibagué busca conocer modelo de seguridad aplicado en El Salvador
La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, manifestó su interés en conocer de cerca la estrategia de seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.
«Nos interesa, especialmente, conocer de cerca el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele que hoy es referente internacional, para seguir fortaleciendo la tranquilidad de nuestra gente», publicó la funcionaria en su cuenta de Instagram.
Reunión con diplomáticos salvadoreños
Las declaraciones de Aranda se producen luego de una reunión oficial que sostuvo con representantes de la Embajada de El Salvador en Colombia, con el objetivo de impulsar alianzas institucionales y mecanismos de cooperación.
Durante el encuentro también se planteó la posibilidad de promover el hermanamiento de ciudades, específicamente entre Ibagué y las ciudades salvadoreñas de San Vicente y Santa Tecla.
Intercambio de estrategias
En declaraciones a medios colombianos como El Olfato, la alcaldesa explicó que la iniciativa también busca explorar estrategias que contribuyan a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital del departamento de Tolima.
La funcionaria señaló que estas acciones se desarrollan en el marco de posibles acuerdos de cooperación entre ciudades, con el fin de intercambiar experiencias en temas de seguridad y gestión municipal.
Centroamérica
FGR y PNC golpean estructura que traficaba marihuana, cocaína y cristal
La Fiscalía General de la República de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador, desarticuló este viernes una estructura de narcotráfico que introducía drogas desde Guatemala hacia El Salvador.
Durante el operativo, las autoridades capturaron a cinco personas identificadas como Miguel Ángel Soriano Olla, Verónica del Carmen Ramos García, Damián Rafael Menjívar Ramírez, Marlon Osmaro Olivo Purquir y Juan Carlos Urquilla Cortéz.
De acuerdo con la Fiscalía, los miembros de la organización criminal introducían marihuana, cocaína y metanfetamina (cristal) al territorio salvadoreño.
Movilizaban droga por tierra y mar
Las investigaciones determinaron que la droga era trasladada mediante lanchas y vehículos, para luego ser distribuida en distintos sectores del occidente del país, principalmente en los municipios de San Francisco Menéndez, así como en zonas de Ahuachapán y Sonsonate.
Según la FGR, esta red operaba como parte de una estructura dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes en la región.
Delitos que enfrentarán
Los cinco detenidos serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de drogas y posesión y tenencia ilegal de drogas, informaron las autoridades.
Las capturas forman parte de las acciones que ejecutan las instituciones de seguridad para combatir las redes de narcotráfico que operan en el país.
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