Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Honduras declara alerta en casi el 80 % de su territorio por sequía
El Gobierno de Honduras declaró en alerta a casi el 80 % del territorio nacional debido a una sequía agravada por el fenómeno de El Niño, una situación que ya afecta los niveles de los embalses, la producción agrícola y ganadera, informaron las autoridades.
La medida abarca 234 de los 298 municipios del país y busca facilitar la movilización de recursos para atender los efectos de la emergencia.
Tegucigalpa, capital hondureña y donde residen alrededor de 1.7 millones de personas, se encuentra entre las 75 demarcaciones clasificadas en alerta roja, el nivel de mayor riesgo. El resto de los municipios fueron ubicados en diferentes categorías de emergencia por tiempo indefinido.
El fenómeno de El Niño provoca un aumento de las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, alterando los patrones de viento y precipitación y generando condiciones climáticas irregulares en distintas partes del mundo.
Corredor Seco enfrenta mayores impactos
Una de las zonas más afectadas es el denominado Corredor Seco centroamericano, que se extiende por áreas de Honduras, El Salvador y Nicaragua y presenta una alta vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos.
El presidente hondureño, Nasry Asfura, advirtió que la crisis podría prolongarse hasta marzo o abril de 2027.
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno se contempla la perforación de nuevos pozos, construcción de reservorios de agua y distribución de alimentos en las zonas más afectadas. También se prevé intervenir en las actividades agrícolas y ganaderas para reducir el impacto de la sequía.
La falta de agua ya ha provocado pérdidas de ganado y cultivos. Productores de municipios declarados en alerta roja han expresado preocupación por las condiciones actuales y las perspectivas para los próximos meses.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas advirtió que Centroamérica podría convertirse en una de las regiones más afectadas por el deterioro de la seguridad alimentaria asociado al fenómeno de El Niño.
Centroamérica
Félix Ulloa expone estrategia de seguridad de El Salvador ante delegaciones de México y Uruguay
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, presentó ante funcionarios y representantes de Uruguay y México las estrategias de seguridad implementadas durante la administración del presidente Nayib Bukele para combatir el crimen organizado.
La exposición se realizó durante el Seminario Internacional sobre Seguridad y Gobernanza Local, organizado por el Centro Internacional de Formación y Desarrollo de Uruguay (CIFD) y el Centro de Estudios Internacionales «Héctor Oquelí» de El Salvador.
En el encuentro participaron el presidente del CIFD, Enrique Arezo; la senadora suplente de Uruguay, Valeria Ripoll; la embajadora de ese país en El Salvador, Alejandra Costa; y el director del Instituto Nacional de Administración Pública de México, Luis Miguel Martínez.
Ulloa destacó la importancia de compartir la experiencia salvadoreña en materia de seguridad con representantes de otros países de la región, especialmente ante el avance del crimen y la violencia en distintos territorios de América Latina.
Durante su intervención, explicó las diferentes fases del Plan Control Territorial (PCT), estrategia que, según el Gobierno, permitió recuperar el control de comunidades, ampliar la presencia de las fuerzas de seguridad y fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar a las estructuras criminales.
El vicepresidente también subrayó la necesidad de incrementar la cooperación entre los países para enfrentar el crimen organizado, debido a su carácter transnacional.
«El crimen no tiene fronteras, el crimen no reconoce límites y, si no lo podemos combatir de manera unificada, su transnacionalidad va a terminar aumentando», afirmó.
El Salvador comparte experiencia de seguridad
Ulloa sostuvo además que el denominado «modelo Bukele» se ha convertido en una referencia para otros gobiernos de Latinoamérica. Atribuyó parte de sus resultados a la voluntad expresada por la población salvadoreña, la coordinación entre las instituciones del Estado y el fortalecimiento del gabinete de seguridad.
De acuerdo con la Vicepresidencia, el seminario busca generar espacios de diálogo entre autoridades, investigadores, académicos y representantes de distintos países para intercambiar experiencias y analizar los desafíos de seguridad y gobernanza que enfrenta la región.
Entre los funcionarios salvadoreños que participaron en el encuentro estuvieron el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman; el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín; y el director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), Luis Rodríguez, entre otras autoridades.
Centroamérica
Macarena Olona destaca el Plan Control Territorial como clave en la estrategia de seguridad de El Salvador
La abogada española Macarena Olona destacó el Plan Control Territorial (PCT) como uno de los principales componentes de la estrategia de seguridad implementada durante la gestión del presidente Nayib Bukele en El Salvador.
Según Olona, la ejecución del plan permitió a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada recuperar el control de territorios que anteriormente se encontraban bajo dominio de estructuras criminales.
La abogada sostuvo que la estrategia contribuyó a «liberar el 80 % del territorio salvadoreño que estaba controlado por los pandilleros».
Las declaraciones de Olona surgieron al comparar la experiencia salvadoreña con la situación de inseguridad que enfrenta actualmente la región del Catatumbo, en Colombia, ubicada entre los departamentos de Santander y Cesar.
En esa zona, las autoridades colombianas han incrementado la presencia de efectivos militares como parte de las acciones para recuperar el control territorial y contener la actividad de grupos armados.
Olona estableció un paralelismo entre estas operaciones y los cercos de seguridad implementados en El Salvador durante la estrategia contra las pandillas.
«Ahora se ha ordenado recuperar el control territorial sobre Catatumbo, Colombia, y estas son las imágenes», escribió en su cuenta de X, acompañando el mensaje con un video que muestra la presencia militar en la zona.
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