Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Bukele destaca incautación de 6.68 toneladas de cocaína en alta mar
El presidente de la República, Nayib Bukele, informó este viernes sobre la incautación de 6.68 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente $167 millones, durante una operación ejecutada por la Fuerza de Tarea Naval Tridenteen aguas del océano Pacífico.
Según detalló el mandatario, el operativo se desarrolló el 18 de junio de 2026 y permitió interceptar dos embarcaciones de bajo perfil utilizadas presuntamente para el transporte de droga.
La primera embarcación, tipo Low Profile Vessel (LPV), fue localizada a 582 millas náuticas (1,074 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque. En ella viajaban tres personas —dos ciudadanos colombianos y un ecuatoriano— que transportaban 3.425 toneladas de cocaína.
Seis horas después, las autoridades detectaron una segunda embarcación con características similares a 633 millas náuticas (1,172 kilómetros) al suroeste del mismo punto. En esta nave también fueron detenidos tres presuntos narcotraficantes, dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3.255 toneladas de cocaína.
Las autoridades informaron que el decomiso total alcanzó las 6.68 toneladas, convirtiéndose en la mayor incautación realizada por el país en una sola operación y superando el récord anterior de 6.606 toneladas, registrado el pasado 13 de febrero de 2026.
De acuerdo con el presidente Bukele, con este nuevo procedimiento El Salvador acumula 13.286 toneladas de cocaína incautadas durante 2026, con un valor estimado superior a los $332 millones.
El mandatario destacó que estas acciones forman parte de la estrategia de combate al narcotráfico internacional impulsada por las fuerzas de seguridad y defensa del país, orientada a interceptar cargamentos de droga en rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales.
“Con este nuevo golpe al narcotráfico internacional, El Salvador acumula ya 13.286 toneladas de cocaína incautadas en lo que va de 2026”, señaló el jefe de Estado al dar a conocer los resultados de la operación.
Centroamérica
Flávio Bolsonaro propone cárceles al estilo Bukele y endurecer leyes contra el crimen en Brasil
El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro presentó este jueves un paquete de medidas de seguridad denominado “Brasil sin Miedo”, una propuesta que contempla 12 acciones orientadas a combatir el crimen organizado y reforzar el control del Estado sobre territorios afectados por la violencia.
Durante un acto celebrado en São Paulo, el aspirante del Partido Liberal sostuvo que Brasil atraviesa una profunda crisis de seguridad y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsará una política de mano dura contra las organizaciones criminales.
Entre las iniciativas más destacadas figura la construcción de cinco centros penitenciarios de máxima seguridad inspirados en el modelo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Según explicó Bolsonaro, estas cárceles estarán destinadas exclusivamente a reclusos considerados de alta peligrosidad y operarán bajo estrictas medidas de control, incluyendo aislamiento, restricción total del uso de teléfonos celulares y visitas supervisadas por las autoridades.
El candidato afirmó que estos centros tendrán un enfoque de castigo y contención, más que de reinserción social.
Asimismo, propuso que los privados de libertad realicen actividades laborales para contribuir al financiamiento de su permanencia en prisión. Parte de esos recursos, señaló, serían destinados a programas de apoyo para familiares de víctimas de la delincuencia.
Otra de las medidas anunciadas contempla la reducción de la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años y hasta los 14 años en casos de delitos graves como homicidio, violación, tortura y narcotráfico.
El plan también incluye la creación de un Sistema Nacional de Fronteras, una fuerza especial integrada por efectivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea con el objetivo de fortalecer la vigilancia de las fronteras brasileñas.
De acuerdo con Bolsonaro, esta estructura permitiría establecer una barrera tecnológica y operativa para frenar el ingreso ilegal de armas, drogas y otros productos utilizados por organizaciones criminales.
Además, anunció que buscará clasificar formalmente como organizaciones narcoterroristas a grupos criminales como el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, dos de las estructuras delictivas más poderosas del país.
Entre las propuestas que han generado mayor debate figura la implementación de la castración química para personas condenadas por delitos sexuales, una medida que, según indicó, impulsaría mediante iniciativas del Poder Ejecutivo con respaldo legislativo.
Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, oficializó su candidatura presidencial en diciembre pasado. Desde entonces, diversos sondeos de opinión muestran una contienda en la que figura por detrás del actual mandatario, **Luiz Inácio Lula da Silva>, aunque el escenario electoral continúa evolucionando de cara a los próximos comicios nacionales.
El programa “Brasil sin Miedo” se suma a las propuestas de seguridad que buscan ocupar un lugar central en el debate político brasileño, en medio de la preocupación ciudadana por la violencia y la expansión del crimen organizado en distintas regiones del país.
Centroamérica
Desarticulan red que comercializaba ilegalmente servicios de internet en El Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarticularon una estructura señalada de dedicarse al hurto y comercialización ilegal de servicios de internet, una actividad que habría generado pérdidas económicas estimadas en más de $152,000.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, los implicados desarrollaron una aplicación informática que les permitía obtener de forma ilícita la señal de internet de una empresa transnacional que opera en el país y posteriormente comercializar el servicio a terceros.
La Fiscalía indicó que la estructura utilizaba herramientas tecnológicas especializadas y redes privadas virtuales (VPN) para evadir los mecanismos de seguridad implementados por la compañía afectada y ofrecer paquetes de datos a través de redes sociales y grupos de mensajería privada.
Los servicios eran comercializados por montos que oscilaban entre los $3 y $20, dependiendo de las características del paquete ofrecido.
Como resultado del operativo fueron capturados Félix Antonio Salguero Hernández, identificado como exdocente de informática y presunto creador de la aplicación utilizada para sustraer la señal; Óscar Iván Melgar Monge, quien supuestamente se encargaba de contactar clientes y brindar instrucciones para el uso del servicio; y Eduardo Daniel García, señalado de administrar los pagos recibidos mediante cuentas bancarias.
Según la acusación, los detenidos serán procesados por los delitos de fraude informático, violación de distintivos comerciales, suplantación de actos de comercio y agrupaciones ilícitas.
Durante los allanamientos realizados por las autoridades se incautaron diversos equipos y dispositivos electrónicos, entre ellos dos unidades centrales de procesamiento (CPU), una computadora portátil, cuatro teléfonos celulares, 22 memorias USB, un disco duro y una tarjeta de débito.
Las investigaciones apuntan a que la actividad ilegal habría iniciado en septiembre de 2025 y se mantuvo operando durante varios meses, generando beneficios económicos para los involucrados a costa de la empresa afectada.
La Fiscalía informó que las indagaciones continúan para determinar si existen más personas vinculadas al esquema y establecer el alcance total de las operaciones desarrolladas por la estructura.
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