Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
El Salvador acumula 1,174 días sin homicidios desde el régimen de excepción
El Salvador acumuló 1,174 días sin registrar homicidios desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 como parte de la estrategia gubernamental para combatir a las estructuras criminales y reforzar la seguridad en el territorio nacional.
Según el reporte diario de la Policía Nacional Civil (PNC), el jueves 6 de agosto cerró con cero homicidios a nivel nacional. Con esta jornada, el país suma nuevos registros de días sin muertes violentas desde la implementación de la medida.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022 y contempla la suspensión temporal de determinadas garantías constitucionales, lo que amplió las facultades de las autoridades para realizar capturas de personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales.
Las autoridades atribuyen a esta estrategia una reducción significativa de los homicidios y de otros delitos como las extorsiones y los robos.
Desde la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia, en junio de 2019, las estadísticas oficiales muestran una tendencia descendente en los homicidios. Durante su administración, la PNC contabiliza 1,288 jornadas sin asesinatos.
La tendencia también se mantiene durante 2026. En lo que va del año, las autoridades reportan 185 días sin homicidios, mientras que 2025 también cerró con indicadores favorables en materia de seguridad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha reiterado que el Gobierno mantendrá las acciones para localizar y capturar a integrantes de estructuras criminales que aún permanezcan activos.
“Todos aquellos que pretendan continuar con esa cultura de muerte que las pandillas impusieron en el pasado, sepan que ahora tenemos un Estado que será implacable en hacer cumplir la ley”, afirmó Villatoro.
El funcionario sostuvo que las autoridades continuarán trabajando para erradicar las estructuras criminales y mantener la reducción de los índices de violencia registrados en los últimos años.
Centroamérica
El Salvador suma tres días consecutivos sin homicidios, reporta la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador cerró el jueves 6 de agosto sin registrar homicidios a nivel nacional, con lo que el país acumuló tres días consecutivos sin asesinatos.
A través de sus redes sociales, la institución confirmó el resultado con el mensaje: “Finalizamos el jueves 06 de agosto con cero homicidios en el país”.
Con esta jornada, las autoridades suman tres días consecutivos sin reportes de homicidios, un indicador que, según el Gobierno, refleja el impacto de las estrategias de seguridad implementadas en el territorio nacional.
La PNC señaló que los resultados forman parte de la tendencia registrada en los últimos años, durante los cuales los días sin homicidios se han vuelto cada vez más frecuentes.
Las autoridades sostienen que la reducción de los índices de violencia responde a las medidas de seguridad y a las acciones desarrolladas para combatir la criminalidad en el país.
Centroamérica
OCDE ubica a Panamá entre los países con menor recaudación tributaria de América Latina
Panamá se mantiene entre los países con menor recaudación tributaria de América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe «Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2026: Panamá», elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El reporte sitúa al país en el penúltimo lugar de la región en ingresos fiscales como porcentaje del producto interno bruto (PIB), solo por encima de Guyana.
Según el estudio, la recaudación tributaria panameña representó el 11.3 % del PIB en 2024, cifra que se ubica 10.4 puntos porcentuales por debajo del promedio regional, que alcanzó el 21.7 %, y muy distante del promedio de los países miembros de la OCDE, que fue del 34.1 %.
El informe también evidencia un deterioro en la capacidad recaudatoria del país durante las últimas dos décadas. Entre 2000 y 2024, la carga tributaria cayó de 15 % a 11.3 % del PIB, una reducción de 3.7 puntos porcentuales, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe aumentó de 16.8 % a 21.7 % en el mismo período.
Asimismo, entre 2023 y 2024 la recaudación tributaria panameña disminuyó de 11.9 % a 11.3 % del PIB, en contraste con el incremento de 0.2 puntos porcentuales registrado por el promedio regional.
Los datos coinciden con las estadísticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que muestran una tendencia descendente en los ingresos del Gobierno Central. La relación entre los ingresos tributarios y el PIB pasó de 13 % en 2012 a 7.1 % en 2025, mientras que los ingresos totales del Gobierno Central disminuyeron de 18.7 % a 11.7 % en el mismo período.
Especialistas consultados atribuyen este desempeño a la amplia cantidad de incentivos y exoneraciones fiscales vigentes en el país.
El economista Aristides Hernández sostuvo que Panamá mantiene una de las cargas tributarias más bajas del mundo debido a los beneficios fiscales otorgados a sectores como los puertos, la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico, el turismo, las empresas multinacionales, las energías renovables, el sector inmobiliario, el ferrocarril y otras actividades económicas.
En la misma línea, el exdirector general de Ingresos, Publio R. Cortés Carvajal, calificó el sistema tributario panameño como un «archipiélago de exonerados fiscales», al considerar que numerosos incentivos permanecen sin evaluaciones sobre su impacto económico y terminan generando inequidades en la carga tributaria.
Cortés también señaló que la administración tributaria enfrenta limitaciones institucionales y de recursos que dificultan combatir la evasión fiscal, especialmente en casos relacionados con empresas multinacionales y precios de transferencia.
Por su parte, Hernández estimó que por cada punto porcentual del PIB que el Estado deja de recaudar se pierden aproximadamente 900 millones de dólares en ingresos fiscales. Bajo esa estimación, la reducción de cerca de cinco puntos porcentuales en la capacidad recaudatoria durante los últimos 15 años representaría pérdidas cercanas a 4,500 millones de dólares anuales para las finanzas públicas.
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