Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Honduras incauta 40,000 plantas de coca y JIFE advierte crecimiento del narcotráfico en la región
La erradicación de aproximadamente 40,000 plantas presuntamente de coca en Honduras, en julio de 2025, confirma el crecimiento sostenido de este cultivo en Centroamérica, advirtió la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual presentado en Viena.
El organismo señaló que en julio de 2025 las fuerzas armadas hondureñas incautaron las plantaciones en el municipio de Olanchito, lo que evidencia un “aumento significativo” del arbusto en una región históricamente utilizada como corredor del narcotráfico.
El informe también cita un estudio publicado en 2024 en la revista Environmental Research Letters, el cual estima que el 47 % del norte de Centroamérica —Belice, Guatemala y Honduras— reúne condiciones biofísicas adecuadas para el cultivo de hoja de coca.
Por su posición estratégica entre los principales centros de producción en Sudamérica y los mercados de consumo en Norteamérica y Europa, Centroamérica ha sido durante décadas un punto clave de tránsito. La JIFE destaca a Panamá como un espacio estratégico, al señalar que hasta el 40 % de la cocaína colombiana destinada al norte cruza por su zona económica exclusiva, utilizando rutas marítimas y el flujo comercial del Canal de Panamá.
Honduras es descrita como un “país de tránsito clave” para la cocaína con destino a Estados Unidos y Europa, mientras que Guatemala figura como territorio de paso para cargamentos terrestres procedentes de El Salvador y Honduras, así como para envíos marítimos desde Colombia y Ecuador.
El documento añade que en 2024 continuó el uso de lanchas rápidas y la participación de organizaciones criminales transnacionales como el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, en coordinación con pandillas locales como la MS-13 y Barrio 18.
Asimismo, la JIFE advierte una diversificación hacia drogas sintéticas. Guatemala reportó incrementos en decomisos de precursores químicos y el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos.
En cuanto al consumo, la cocaína representa el 49.2 % de los casos en tratamiento en la región, seguida del cannabis con 43.5 %, los opioides con 2.6 % y el uso no médico de sedantes y tranquilizantes con 2 %.
Centroamérica
Guatemala registra 628 casos de sarampión y el virus ya alcanza el 95 % del país
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) de Guatemala informó que el brote de sarampión en el país alcanzó 628 casos confirmados hasta el 24 de febrero, lo que evidencia una acelerada propagación del virus.
La cifra supone un incremento del 75.4 % respecto a los 358 contagios reportados el 17 de febrero, es decir, 270 nuevos casos en apenas una semana. El brote se originó en diciembre pasado durante una actividad religiosa masiva en el municipio de Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá.
Aunque el foco inicial se ubicó en el occidente del país, el departamento de Guatemala —que incluye la capital— se ha convertido en el principal epicentro con 281 casos, equivalentes al 44.7 % del total nacional. Sololá reporta 122 contagios, seguido de Huehuetenango con 39 y Escuintla con 32. De acuerdo con el Mspas, el virus ya está presente en el 95 % del territorio y Suchitepéquez es el único departamento sin reportes oficiales.
El análisis por grupos etarios indica que las personas entre 20 y 29 años concentran 220 casos (35 %), mientras que el grupo de 15 a 19 años suma 88 contagios. Las autoridades sanitarias también manifestaron preocupación por 36 casos detectados en menores de un año, quienes aún no han recibido la primera dosis de la vacuna SPR contra sarampión, parotiditis y rubéola.
El Mspas mantiene activa una estrategia de “vacunación de bloqueo” para contener la transmisión y recordó que el último gran brote en Guatemala se registró en 1990.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el 3 de febrero una alerta epidemiológica ante el marcado incremento de casos en las Américas durante 2025 y el inicio de 2026, e instó a una respuesta inmediata y coordinada.
Según datos del organismo regional, en 2025 se contabilizaron 14,891 casos de sarampión en el continente, con 29 muertes. México lidera la lista con 6,428 contagios y 24 fallecimientos, seguido de Canadá con 5,436 casos y dos muertes, y Estados Unidos con 2,242 casos y tres decesos. Antes de la introducción de la vacunación masiva en 1980, el sarampión provocaba alrededor de 2.6 millones de muertes anuales en el mundo, 12,000 de ellas en las Américas.
Centroamérica
Washington amplía sanciones contra figuras clave del gobierno de Ortega
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la ministra de Trabajo de Nicaragua y varios altos funcionarios vinculados a áreas de inteligencia militar, financiera y telecomunicaciones, a quienes acusa de permitir la represión ejercida por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Departamento del Tesoro informó que las medidas alcanzan a la ministra Johana Vanessa Flores; a los jefes de la Unidad de Inteligencia Financiera, Denis Membreno y Aldo Martín Sáenz; a la vicedirectora general del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Celia Margarita Reyes; y al jefe de la unidad de inteligencia militar, mayor general Leonel José Gutiérrez.
Según el comunicado oficial, Flores, quien asumió el cargo en agosto, es señalada de facilitar la “explotación” de trabajadores nicaragüenses, así como la confiscación de propiedades de empresas extranjeras y prácticas de “competencia desleal” derivadas de las condiciones laborales en el país.
En el caso del mayor general Gutiérrez, el Tesoro lo identifica como responsable del directorio de inteligencia y contrainteligencia militar, considerado una de las estructuras más opacas del Ejército. De acuerdo con Washington, esta instancia, junto con los servicios de seguridad, ha participado en el monitoreo de manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y militares retirados.
El Departamento del Tesoro también indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por oficiales militares, ha sido utilizada para controlar y emplear las instituciones encargadas de prevenir el lavado de dinero con el fin de perseguir a opositores políticos.
Respecto al Instituto de Telecomunicaciones y Correos, lo describe como un componente central de un amplio aparato de vigilancia y espionaje. Su directora general, Nahima Janett Díaz, fue sancionada en 2022, y ahora se suma a la lista la vicedirectora Celia Margarita Reyes.
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