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Centroamérica

Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

Foto: Reuters

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.

Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.

Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.

Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.

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«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.

Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».

Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo. 

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«No está en la agenda»

El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.

Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.

Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.

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«Atenta contra las empresas»

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.

«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.

«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.

Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.

«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.

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Centroamérica

Protección Civil presenta el Plan Vacación 2026 y prevé 91,000 visitantes internacionales

La Comisión Nacional de Protección Civil presentó este viernes el Plan Vacación 2026, que reúne las acciones de prevención, seguridad y atención que serán ejecutadas durante las vacaciones en honor al Divino Salvador del Mundo, con el objetivo de garantizar el bienestar de la población y de los visitantes.

Durante la presentación, la ministra de Turismo, Morena Valdez, anunció que por primera vez los Buses Alegres operarán de domingo a domingo durante las Fiestas Agostinas. Las unidades partirán desde el Parque Infantil e incorporarán nuevas rutas, además de los destinos tradicionales administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU).

La funcionaria indicó que los turistas también podrán visitar otros atractivos públicos, entre ellos el Parque Nacional El Boquerón y el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad. Agregó que la población podrá solicitar información sobre los destinos turísticos a través del número 914.

Valdez informó que las autoridades proyectan la llegada de 91,000 visitantes internacionales durante la próxima semana vacacional, además de una movilización total de 2.8 millones de visitantes, entre nacionales y extranjeros.

La ministra destacó que El Salvador ya acumula 2.5 millones de visitantes internacionales en lo que va del año, acercándose a la meta gubernamental de 4.2 millones para 2026.

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Según las autoridades, el Plan Vacación 2026 contempla un despliegue interinstitucional para brindar seguridad, atención de emergencias y asistencia a turistas en los principales destinos del país durante el período vacacional.

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Centroamérica

Santa Rosa de Lima registra la temperatura más alta del país con 43.1 °C

El distrito de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, registró este viernes la temperatura más alta del país al alcanzar los 43.1 grados Celsius, de acuerdo con los datos de las estaciones meteorológicas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).

La institución informó que la estación meteorológica ubicada en Santa Rosa de Lima reportó el mayor registro térmico de la jornada, con los picos de calor más intensos entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, período en el que la radiación solar alcanza su mayor intensidad.

Otras zonas del país también experimentaron temperaturas elevadas. En Acahuapa se registraron 41.2 °C, mientras que en Jiquilisco los termómetros marcaron 39.7 °C, según el reporte del Marn.

Ante las altas temperaturas, la institución recomendó a la población mantenerse hidratada de forma constante, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, con el fin de prevenir complicaciones relacionadas con el calor.

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Centroamérica

VMT reforzará inspecciones al transporte colectivo durante vacaciones de agosto

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes, informó ayer en la entrevista televisiva Frente a Frente que durante las vacaciones de agosto las autoridades de tránsito efectuarán inspecciones al transporte colectivo para garantizar que se cumpla la frecuencia del servicio y que se cobren las tarifas de pasajes autorizadas.

«Vamos a estar pendientes de que se esté prestando el servicio como es debido, recuerden que los empresarios del transporte reciben un subsidio para respetar la tarifa; si usted llega a detectar una anomalía en la tarifa que se está pidiendo puede denunciar», dijo.

También explicó que si encuentran a un conductor de transporte colectivo «in fraganti» cobrando tarifas de pasaje no autorizadas, se le impondrán sanciones administrativas, además de las multas.

«Esto puede representar sanciones administrativas a partir del contrato de concesión que tiene, en casos extremos esto puede jugar con la continuidad del permiso de línea que tiene o en casos menos graves puede no recibir subsidio por un período», aseguró.

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