Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
El Salvador enfrenta ola de calor: hasta 41 °C en algunos sectores
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó este viernes que El Salvador atraviesa una ola de calor que continuará afectando al país en los próximos días.
Según la institución, este viernes se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados Celsius, y en algunos puntos del país incluso se han registrado picos de 41 °C. Este patrón de calor extremo se mantendrá durante los siguientes días, generando un ambiente sumamente caluroso en casi todo el territorio nacional.
Ante esta situación, el MARN recomienda a la población hidratarse constantemente, evitar la exposición al sol entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., vestir ropa ligera y de colores claros, y protegerse del sol para prevenir afectaciones a la salud.
Centroamérica
Con Surf City 2, Gobierno amplía su apuesta por el desarrollo costero
La estrategia del Gobierno del presidente Nayib Bukele para potenciar el turismo ha llevado al país a un crecimiento acelerado en esta industria, con el proyecto Surf City como uno de los principales motores de atracción para turistas internacionales y de dinamización del turismo local.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, aseguró que la implementación de Surf City 1, en 2019, generó resultados inmediatos, especialmente en la economía local. “Cuando el presidente inauguró el camino a Surf City 1, todos los empresarios nos reportaron que en un 30 % incrementaron sus ventas. Aquí es donde más concentración de empresas turísticas tenemos, sobre todo restaurantes y hoteles”, explicó la funcionaria.
Durante temporadas altas, como Semana Santa, los hoteles de la zona reportan niveles de ocupación de entre el 80 % y el 100 %, según datos del Ministerio de Turismo (Mitur).
Tras el éxito de esta primera etapa, el Gobierno lanzó oficialmente Surf City 2, con la apertura de la carretera que conecta a Punta Mango, en el oriente del país. Esta nueva infraestructura de 13 kilómetros enlaza 12 playas del litoral oriental y tuvo una inversión de $41 millones.
Valdez señaló que se espera un impacto similar al obtenido con Surf City 1, gracias a la llegada de nuevas empresas, más oportunidades de empleo y un mayor dinamismo económico para los habitantes de la zona.
“Cuando se abre un camino a un destino turístico, siempre habrá aumento de ingresos por ventas y más empleos. Eso es parte del derrame económico que se ha visto en Surf City 1. Eso es lo que va a suceder en Surf City 2”, enfatizó.
Como parte del impulso a la zona oriental, también se prevé el desarrollo de mejor infraestructura pública y la realización de torneos internacionales de surf, en alianza con organizaciones como la International Surfing Association (ISA) y la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS).
Centroamérica
El Salvador alcanza los 886 días sin homicidios desde 2019
El Salvador continúa registrando jornadas sin homicidios durante abril de 2025. De acuerdo con los datos oficiales publicados por la Policía Nacional Civil (PNC) en la madrugada de este jueves, el miércoles 16 de abril cerró sin muertes violentas a nivel nacional, acumulando 15 días sin asesinatos en lo que va del mes.
Estas cifras se suman a las obtenidas en los primeros tres meses del año: 26 días sin homicidios en enero, 25 en febrero y 23 en marzo. En total, el país ha contabilizado 89 jornadas sin asesinatos durante 2025.
Desde el inicio de la actual administración presidencial en 2019, El Salvador ha registrado 886 días sin homicidios, según datos oficiales, lo que es presentado como un reflejo de los avances en materia de seguridad pública.
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