Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Xiomara Castro denuncia intento de golpe electoral en Honduras antes de comicios
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este miércoles que sectores de la oposición estarían conspirando para llevar a cabo un golpe electoral de cara a las elecciones del 30 de noviembre, aumentando la tensión en la campaña política.
El fiscal general, Johel Zelaya, cercano al gobierno de izquierda, presentó audios en los que supuestamente la consejera del órgano electoral, Cossette López, el diputado Tomás Zambrano —ambos de la oposición— y un militar no identificado, discuten cómo «alterar el proceso electoral» para perjudicar al partido gobernante Libre.
Castro afirmó en su cuenta de X: «Condeno con absoluta firmeza esta conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral. He instruido a las Fuerzas Armadas a investigar de inmediato la participación de cualquier militar activo». La mandataria también relacionó esta presunta conspiración con los grupos que provocaron el golpe de Estado de 2009 contra su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.
En reacción, López y Zambrano calificaron los audios como falsos y manipulados con inteligencia artificial, y rechazaron cualquier intento de vinculación con la supuesta conspiración. Los audios fueron entregados al fiscal por otro integrante del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, representante del partido Libre.
La controversia se suma a la campaña electoral, marcada por un empate técnico entre la candidata oficialista Rixi Moncada (Libre) y los opositores Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal). La OEA hizo un llamado a todos los actores políticos para garantizar elecciones pacíficas y transparentes.
Unos seis millones de hondureños están convocados a votar el 30 de noviembre, fecha en la que se elegirá presidente, 128 diputados, 298 alcaldes y 20 miembros del Parlamento Centroamericano, sin segunda vuelta presidencial.
Centroamérica
Patrullajes policiales y militares consolidan a El Salvador como país seguro en octubre
El mes de octubre suma un día más sin homicidios en El Salvador, alcanzando un total de 23 jornadas sin asesinatos, según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución policial informó a través de su cuenta de X que el jueves 30 de octubre cerró sin registrar homicidios en todo el territorio nacional.
Durante octubre, los días con cero homicidios fueron: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 y 30.
En comparación con meses anteriores, los registros con cero homicidios fueron: 25 días en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio, 29 en julio, 27 en agosto y 23 en septiembre.
Las continuas labores de patrullaje de la PNC y la Fuerza Armada han contribuido a mantener un ambiente social más seguro, consolidando a El Salvador como uno de los países más seguros del hemisferio occidental.
Centroamérica
Académicos respaldan la prórroga del régimen de excepción tras advertencia del Gobierno
Académicos aseguran que la advertencia del Consejo de Ministros sobre los “intentos de reorganización” de las pandillas en El Salvador refuerza la vigencia del régimen de excepción, y contradice la narrativa de la oposición que sostiene que ya no existen condiciones para mantener esta medida.
El sociólogo Mauricio Rodríguez señaló que la postura ministerial desvirtúa los argumentos de los sectores opositores, quienes cuestionan la continuidad del régimen de excepción basado en la Constitución. «Hoy se está avalando su continuidad con la narrativa que mantienen», afirmó.
La Asamblea Legislativa aprobó recientemente la prórroga 44 del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, tras una serie de asesinatos perpetrados por pandillas en 12 de los 14 departamentos del país.
El abogado Juan Contreras comparó la situación de El Salvador con la de Guatemala y Honduras, donde la inseguridad persiste debido a la actividad de pandillas, y subrayó que derogar la medida sería un riesgo. «Esta medida constitucional sigue siendo necesaria para mantener los resultados y garantizar que sean sostenibles», indicó.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, recordó que en El Salvador “estamos en una guerra declarada contra organizaciones terroristas que durante más de 20 años sometieron a la población”.
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