Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
CSJ declara inadmisible recurso de Héctor Silva y ratifica condena civil
El diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, calificó como un precedente positivo la decisión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de declarar inadmisible el recurso presentado por la defensa del exconcejal Héctor Silva.
La resolución mantiene firme la condena por calumnia y difamación contra Silva, quien deberá cancelar 50,000 dólares en concepto de reparación por daños morales al legislador.
Guevara sostuvo que la decisión judicial envía un mensaje sobre la responsabilidad de los actores políticos al momento de emitir acusaciones públicas sin pruebas.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas indicó además que aún no ha recibido el pago correspondiente y reiteró que los fondos serán donados para proyectos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.
La Sala de lo Penal argumentó en su resolución que el recurso de casación no acreditó los defectos de fundamentación señalados por la defensa.
Centroamérica
Bukele y Delgado inauguran moderno edificio de la Fiscalía en Santa Elena
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el fiscal general Rodolfo Delgado inauguraron este martes el nuevo edificio central de la Fiscalía General de la República, ubicado en la urbanización Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán.
La infraestructura, cuya construcción y equipamiento representó una inversión de 70 millones de dólares, concentrará en un solo inmueble las oficinas centrales de la institución, sus unidades especializadas y áreas de atención a víctimas de violencia.
Durante el acto, Delgado destacó que el proyecto permitirá mejorar la capacidad operativa y la atención a los usuarios, al integrar servicios que anteriormente funcionaban en siete inmuebles distintos del Área Metropolitana de San Salvador.
El funcionario aseguró que la nueva sede fortalecerá el trabajo de investigación y la eficiencia institucional en materia de justicia.
Por su parte, el presidente Bukele afirmó que la Fiscalía enfrenta actualmente una carga de trabajo histórica y señaló que la nueva infraestructura contribuirá al fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia del país.
Centroamérica
El Salvador será sede de la Conferencia Regional de la FAO en 2027
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura confirmó que El Salvador será sede de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe 2027, un espacio que reunirá a representantes del sector agrícola y organismos internacionales.
El anuncio se dio a conocer durante una reunión entre el vicepresidente Félix Ulloa y representantes de la Organización de las Naciones Unidas y la FAO en el país.
En el encuentro participaron Raúl Salazar y Jorge Samaniego, quienes destacaron el trabajo conjunto en temas relacionados con cambio climático, agricultura y desarrollo sostenible.
La reunión también permitió revisar proyectos vinculados al fortalecimiento de la resiliencia climática y la cooperación regional en la zona Trifinio.
Además, se discutieron avances del proyecto “Paz sin Fronteras”, orientado a promover mecanismos de diálogo y acceso al agua en municipios fronterizos de la región.
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