Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Trump elogia a Bukele y destaca la relación entre Estados Unidos y El Salvador
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este sábado a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, durante la cumbre regional Shield of the Americas, celebrada en la ciudad de Miami.
Durante su intervención ante líderes del continente, Trump destacó la cercanía que, según dijo, ha desarrollado con el mandatario salvadoreño. “Nayib Bukele es un hombre con quien nos hemos acercado mucho. Lo vi como un joven en mi primer mandato”, afirmó.
El presidente estadounidense también elogió la gestión de Bukele al frente del Gobierno salvadoreño. “Dirige bien la operación”, expresó, al referirse a su administración, y añadió que ese desempeño es “todo lo que me importa”.
En un tono distendido, Trump comentó: “Eras joven y guapo; ahora eres mayor y guapo”, antes de concluir que Bukele “ha sido un gran presidente”.
El mandatario estadounidense aseguró además que Estados Unidos valora la relación con El Salvador y destacó los vínculos entre ambos países.
Centroamérica
Félix Ulloa se reúne con senadores franceses para fortalecer cooperación bilateral
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con integrantes del Senado de Francia con el objetivo de fortalecer el diálogo político y la cooperación bilateral entre ambos países.
En la reunión participaron el presidente del Grupo de Amistad Francia–América Central del Senado francés, Daniel Laurent, así como los senadores Jean-Marc Vayssouze-Faure y Anne-Sophie Romagny. También asistió la embajadora de Francia en El Salvador, Anne Denis-Blanchardon.
Durante el encuentro, Ulloa expuso a la delegación los principales avances impulsados por el gobierno del presidente Nayib Bukele, especialmente en áreas como seguridad pública, modernización del Estado, desarrollo económico, educación y salud.
El vicepresidente destacó que la reducción de los índices de violencia ha permitido recuperar comunidades y crear mejores condiciones para la inversión y el turismo. “La gente tiene otra imagen en su rostro, otra expresión; ya no sienten angustia ni miedo”, afirmó.
Por su parte, los senadores franceses señalaron que durante su visita han observado cambios en el país, particularmente en materia de seguridad y transformación urbana. Según indicaron, perciben “un país con mayor dinamismo económico, espacios públicos revitalizados y condiciones más favorables para el desarrollo”.
Durante el diálogo también se analizaron oportunidades de cooperación en áreas como infraestructura, movilidad urbana y transporte. Entre los temas abordados figura el proyecto del Tren del Pacífico, considerado estratégico para mejorar la conectividad logística y fortalecer el comercio regional.
Centroamérica
Nombramiento en la Corte Constitucional desata tensiones entre Arévalo y Estados Unidos
La reelección de un magistrado señalado de favorecer a delincuentes volvió a retrasar en Guatemala los esfuerzos por desarticular un presunto entramado judicial en el que confluyen intereses políticos, económicos y criminales.
El Congreso guatemalteco eligió el viernes a Roberto Molina Barreto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en el marco del proceso para renovar a los miembros de las más altas instancias judiciales del país. Las resoluciones de esta corte son inapelables.
La designación se produjo en medio de cuestionamientos, ya que legisladores críticos aseguran que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala habría realizado gestiones para favorecer su nombramiento.
Con esta elección, el Congreso —dominado por fuerzas políticas adversas al presidente Bernardo Arévalo— ha designado ya a ocho de los diez magistrados que integrarán la corte. Los dos restantes serán nombrados por el mandatario, quien llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción en las instituciones del Estado.
Ante las denuncias sobre la supuesta intervención diplomática, Arévalo solicitó a Washington aclarar su papel en el proceso, advirtiendo que el caso podría afectar las relaciones bilaterales.
El episodio ocurre además en un contexto diplomático delicado: el mandatario guatemalteco no fue invitado a la reunión que varios líderes de la región sostendrán este sábado en Florida con el presidente estadounidense Donald Trump.
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