Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Plan Control Territorial y régimen de excepción llevan al país a mínimos históricos de homicidios
Las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han permitido a las autoridades asestar duros golpes a las estructuras criminales, al tiempo que han contribuido a una reducción sostenida de los índices de violencia en el país.
De acuerdo con cifras oficiales, estas medidas han derivado en la captura de 90,639 pandilleros y colaboradores, así como en la incautación de 5,162 armas de fuego, 11,822 vehículos y 23,917 teléfonos celulares utilizados por las estructuras delictivas. Paralelamente, los homicidios han registrado una disminución drástica en los últimos años.
En ese contexto, el experto en seguridad pública y criminólogo Ricardo Sosa proyectó que El Salvador cerrará 2025 con menos de 100 homicidios intencionales, un hecho sin precedentes en los 204 años de vida republicana del país.
“El Salvador finalizará el año 2025 con menos de 100 homicidios intencionales por primera vez en su historia. Esto significa que, por primera ocasión, el país no registrará una cifra de tres dígitos en violencia homicida. Se trata de vidas salvadas y de evitar el luto y el dolor en las familias salvadoreñas, un resultado que muchos se resisten a reconocer como fruto del régimen de excepción y del Plan Control Territorial”, afirmó Sosa.
El especialista agregó que este enfoque orientado a la prevención y el control de la violencia también ha tenido impactos en otros ámbitos sociales. Según señaló, el país suma cuatro años sin reportes de asesinatos de estudiantes y ha logrado una reducción significativa en los niveles de deserción escolar, como consecuencia de la mejora en las condiciones de seguridad.
Centroamérica
Analistas confían en la participación electoral salvadoreña para los comicios de 2027
En un escenario marcado por cambios políticos y sociales, la conciencia electoral de la ciudadanía salvadoreña adquiere un papel determinante de cara a las elecciones generales previstas para 2027, coinciden analistas y expertos en materia electoral.
Juan Contreras, abogado y máster en Ciencias Políticas, subrayó que fomentar la conciencia ciudadana sobre la importancia de acudir a las urnas y ejercer el voto fortalece no solo el proceso electoral, sino también la democracia del país. A su juicio, una participación activa envía además un mensaje positivo a la comunidad internacional sobre la solidez de la cultura democrática en El Salvador.
Contreras señaló que existe confianza de la población en el próximo proceso electoral, que estará a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad responsable de organizar la elección de presidente de la república, diputados y concejos municipales. Indicó que el país ha demostrado que las elecciones continúan siendo el mecanismo idóneo para la toma de decisiones políticas.
Asimismo, recordó que las misiones de observación electoral han destacado la transparencia de los procesos electorales salvadoreños en los últimos años. “Después de la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador ingresó indudablemente a un estado democrático”, afirmó el especialista.
En cuanto a la participación ciudadana, Contreras indicó que los índices de votación históricamente se han mantenido por encima del 50 % y consideró que esta tendencia podría continuar en los próximos comicios. No obstante, señaló que será clave conocer las campañas que impulse el TSE para incentivar una mayor participación.
Sobre la decisión de votar o abstenerse, el experto explicó que esta responde a factores personales, culturales o religiosos. “Generalmente, quien tiene una cultura del voto lo hace de manera constante; es decir, si una persona ha votado anteriormente, suele mantener ese comportamiento”, explicó.
Finalmente, destacó que las plataformas digitales se han consolidado como una herramienta fundamental para informar a la población sobre los procesos electorales y como una nueva forma de hacer política en los últimos años.
Centroamérica
Gobierno refuerza señalización en zonas escolares para reducir accidentes de tránsito
La señalización vial en zonas escolares es un elemento clave para proteger la vida de estudiantes, docentes y padres de familia durante los horarios de ingreso y salida de los centros educativos, al reducir riesgos y ordenar la circulación vehicular.
En ese marco, el Gobierno, a través del Fondo de Conservación Vial (Fovial), ejecuta anualmente un proyecto de señalización vial enfocado en disminuir la siniestralidad, regular el tránsito y reducir la velocidad de los vehículos en áreas de alta afluencia escolar.
Entre mayo de 2024 y diciembre de 2025, el proyecto intervino 37 centros educativos ubicados en las zonas occidental, central y oriental del país, beneficiando directamente a 15,497 estudiantes. Las instituciones atendidas fueron catalogadas como de alto riesgo vial por el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) y el Ministerio de Educación (Mined), en el marco de sus atribuciones dentro del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Conasevi).
Las obras incluyeron la instalación de señalización vertical, como postes con señal de escuela, paneles reflectivos y señales informativas, así como señalización horizontal, entre ellas bandas alertadoras y logarítmicas, líneas continuas y discontinuas en colores blanco y amarillo, pintura de pasos peatonales, flechas sencillas y dobles, señalización escolar sobre el pavimento y vialetas reflectivas de una y dos caras.
Además, el proyecto contempló la colocación de boyas metálicas conocidas como “sapitos”, pintura de separadores centrales, delineadores verticales flexibles, separadores de carriles de polietileno y señalización de túmulos, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en los entornos escolares.
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