Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Onda tropical y humedad del Pacífico y Caribe provocarán lluvias en varias zonas del país
La influencia de una onda tropical, junto con el aporte de humedad proveniente del océano Pacífico y el mar Caribe, está favoreciendo la formación de lluvias en sectores montañosos y en la zona centro y oriente del país, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con el pronóstico, se prevén precipitaciones en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, la cordillera del Bálsamo y en zonas montañosas del norte de Chalatenango, así como en áreas de Santa Ana, Morazán y La Unión.
La institución también indicó en su sitio web que durante la noche se esperan lluvias y tormentas en la zona norte y el oriente del territorio nacional, con mayor intensidad en sectores cercanos a la franja costera.
A pesar de las condiciones lluviosas, el calor continuará siendo predominante en el país, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 37 °C en localidades como Nueva Concepción, Chalatenango y San Miguel.
El MARN explicó que estas condiciones climáticas responden a la interacción de la onda tropical con la humedad proveniente tanto del Pacífico como del Caribe, lo que genera inestabilidad atmosférica en diferentes regiones del país.
Centroamérica
Guatemala enfrenta riesgos por entorno global y electoral
Guatemala mantiene perspectivas positivas de crecimiento económico para 2026; sin embargo, el entorno internacional y el contexto político interno plantean nuevos desafíos para las empresas, especialmente a medida que el país se acerca al proceso electoral de 2027.
Así lo advirtieron expertos durante el conversatorio “Guatemala en perspectiva: a 16 meses de las elecciones”, organizado por WTW Guatemala y la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), en el que se analizaron factores económicos, geopolíticos y empresariales que podrían influir en el desempeño del país en los próximos meses.
Durante la actividad, Ricardo Rodríguez, analista de Central America Business Intelligence (CABI), señaló que uno de los principales riesgos proviene del impacto que los conflictos internacionales podrían tener sobre variables clave como la inflación, el precio del petróleo y las cadenas globales de suministro.
El especialista añadió que 2026 será un año especialmente relevante para Guatemala debido a posibles cambios institucionales y decisiones políticas que podrían incidir en el clima de inversión y en la confianza del sector empresarial de cara al proceso electoral de 2027.
“Guatemala mantiene fundamentos económicos positivos y continúa siendo atractiva para la inversión; no obstante, el entorno global y político obliga a las empresas y al país a prepararse mejor para escenarios de mayor volatilidad e incertidumbre”, expresó Rodríguez.
Los participantes del conversatorio coincidieron en la importancia de anticipar riesgos y fortalecer la resiliencia económica para sostener el crecimiento en un contexto internacional cada vez más complejo.
Centroamérica
Presidenta de Costa Rica insta a la región a acelerar reformas para atraer inversión e innovación
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, instó a los países de América Latina y el Caribe a aprovechar el actual contexto de transformaciones económicas y tensiones geopolíticas para convertir los desafíos globales en oportunidades de desarrollo, inversión e innovación.
“Este es el momento de transformar nuestra agenda en acción”, afirmó Fernández en un mensaje en video dirigido al 18º Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, organizado por el Centro de Desarrollo de la OCDE en París.
Ante representantes gubernamentales, organismos internacionales y líderes económicos reunidos en la capital francesa, la mandataria destacó que la capacidad de anticipación será clave para que la región fortalezca su posición en la economía global.
“El mundo cambia, lo hace rápido y no se detiene. Será nuestra capacidad de anticipación la que nos permitirá actuar oportunamente, con visión y propósito, para transformar los desafíos en oportunidades”, señaló.
Fernández subrayó que América Latina y el Caribe cuentan con ventajas estratégicas relevantes para enfrentar los desafíos de las próximas décadas, entre ellas la abundancia de recursos naturales esenciales para las transiciones verde y digital, así como una matriz eléctrica compuesta en más de un 60 % por energías renovables. También destacó el papel de la región como proveedor global de alimentos.
No obstante, la presidenta costarricense enfatizó que el principal activo de la región es su población. “Nuestra mayor fortaleza está en nuestra gente”, afirmó, al resaltar el potencial de una población joven, emprendedora e innovadora capaz de competir en mercados internacionales.
Fernández llamó a impulsar reformas orientadas a mejorar la competitividad, reducir las brechas de infraestructura energética, digital y logística, así como a facilitar la atracción de inversión de calidad y la generación de empleo formal.
“Tenemos la creatividad para imaginar soluciones y la determinación para implementarlas. El desafío es construir mejores políticas públicas que permitan al talento crecer, innovar y liderar”, expresó.
Durante su intervención en la sesión de apertura del foro, la mandataria también destacó el papel de Costa Rica dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Recordó que el país ejerce la copresidencia del Programa Regional para América Latina y el Caribe y que, durante su presidencia del Consejo Ministerial, impulsó el Marco Estratégico para la región, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre América Latina y la OCDE y consolidar el respaldo político a la importancia estratégica de la región en la agenda global.
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