Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Más de 30,000 hondureños han sido deportados por EE.UU., México y Guatemala en 2026
Las autoridades migratorias de Estados Unidos, México y Guatemala han deportado a 30,965 hondureños entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2026, informó este sábado el director del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, Carlos Cordero.
Estados Unidos concentra la mayor cantidad de retornos, con 27,828 hondureños deportados por vía aérea. México, por su parte, ha enviado a 3,046 personas mediante autobuses, mientras que Guatemala deportó a otros 91 hondureños por vía terrestre.
Además, Honduras ha recibido a 374 ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos, como parte de un mecanismo de cooperación migratoria que permite trasladar temporalmente a territorio hondureño a personas de otras nacionalidades. Cordero indicó que otros 31 mexicanos llegarían este sábado.
El titular del INM explicó que las autoridades hondureñas coordinan las acciones necesarias para facilitar el traslado de los ciudadanos mexicanos hacia sus lugares de origen una vez que ingresan al país.
Incertidumbre por el fin del TPS
Las cifras de deportaciones se conocen en un contexto de preocupación entre algunos sectores hondureños ante un posible incremento de los retornos tras la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio migratorio que amparaba a unos 55,000 hondureños residentes en Estados Unidos.
La canciller hondureña, Mireya Agüero, descartó recientemente que la terminación del TPS vaya a provocar de inmediato un retorno masivo de hondureños o un impacto significativo en las remesas.
La funcionaria señaló que el Gobierno del presidente Nasry Asfura mantiene gestiones con Washington para alcanzar una «transición ordenada» tras el fin del programa.
Por su parte, Asfura pidió a Estados Unidos analizar de manera individual la situación de los hondureños que estaban protegidos por el TPS ante eventuales procesos de deportación.
El mandatario atribuyó las dificultades para mantener el beneficio a las «malas relaciones bilaterales» durante el Gobierno de su antecesora, Xiomara Castro, entre 2022 y 2026.
La situación migratoria de los hondureños en Estados Unidos también representa un factor de importancia para la economía del país. Los hondureños residentes en el extranjero, principalmente en territorio estadounidense, envían más de $10,000 millones anuales en remesas familiares, según cifras oficiales.
Centroamérica
PNC reporta 199 días sin homicidios en El Salvador durante 2026
El Salvador cerró el viernes 21 de agosto con cero homicidios, informó la Policía Nacional Civil (PNC), con lo que agosto acumula 16 días sin muertes violentas.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, julio concluyó con 27 jornadas sin homicidios, mientras que junio registró 28. En mayo fueron 26 días; abril cerró con 27; marzo, con 23; febrero, con 24, y enero, con 27.
En lo que va de 2026, el país acumula 199 días sin homicidios, según los datos divulgados por la PNC.
Asimismo, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, en marzo de 2022, se contabilizan 1,187 días sin homicidios. Mientras que desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele, el 1 de junio de 2019, el acumulado alcanza 1,301 jornadas sin muertes violentas.
El Gobierno atribuye la reducción de los homicidios a las acciones implementadas mediante el Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, que continúa vigente en el país.
Centroamérica
TSE anuncia centros de votación en Centroamérica y el Caribe para elecciones de 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció los centros de votación que estarán habilitados en Centroamérica y el Caribe para que los salvadoreños residentes en el extranjero puedan participar en las elecciones de 2027.
Los votantes salvadoreños en la región podrán acudir a centros de votación ubicados en Belmopán, Belice; Ciudad de Guatemala, Guatemala; Tegucigalpa, Honduras; Managua, Nicaragua; San José, Costa Rica; Ciudad de Panamá, Panamá; y Santo Domingo, República Dominicana.
El organismo electoral también recordó que los salvadoreños residentes en el extranjero que deseen votar en territorio nacional deben verificar previamente la dirección registrada en su Documento Único de Identidad (DUI).
Quienes tengan registrada una dirección de residencia en el exterior y quieran ejercer el sufragio en El Salvador deberán actualizar su domicilio por una dirección dentro del territorio nacional, con el fin de ser incorporados al padrón electoral correspondiente.
El TSE informó que la actualización del domicilio puede realizarse en línea a través de dui.sv y estableció como fecha límite el 27 de agosto de 2026.
La medida busca que los ciudadanos que residen fuera del país y planean votar presencialmente en El Salvador cuenten con sus datos actualizados antes del cierre del proceso de conformación del padrón electoral para los comicios de 2027.
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