Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Estados Unidos concentrará 53 de los 92 centros de votación en el exterior para 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que habilitará 92 centros de votación en el exterior para las elecciones generales de 2027, distribuidos en 29 países, donde los salvadoreños residentes fuera del país podrán ejercer el sufragio mediante la modalidad de voto electrónico presencial.
La cifra representa un incremento de 11 centros de votación respecto a los 81 habilitados para las elecciones de 2024, equivalente a un crecimiento del 14 %.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que la decisión responde a un proceso de evaluación de la experiencia registrada en los comicios anteriores y a las recomendaciones planteadas por los salvadoreños residentes en el extranjero.
“Esta decisión responde a un proceso de evaluación y mejora continua. Hemos escuchado las opiniones, sugerencias y experiencias que nos han compartido nuestros compatriotas residentes en el extranjero”, señaló Soriano.
De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es identificar las principales dificultades registradas durante el proceso electoral anterior y convertir los aprendizajes en medidas concretas para las elecciones de 2027.
El TSE detalló que, hasta el 14 de julio de 2026, el registro electoral en el exterior contabilizaba 972,517 salvadoreños. Esta cifra se suma a los aproximadamente 5.5 millones de ciudadanos inscritos en el territorio nacional, para conformar un padrón electoral de alrededor de 6.5 millones de personas.
Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de centros de votación en el exterior, con 53 de los 92 habilitados, equivalentes al 58.5 % del total.
El organismo electoral explicó que la distribución responde a las características y necesidades identificadas en cada país, con el propósito de reforzar la capacidad operativa en los territorios donde existe una mayor concentración y demanda de la población salvadoreña.
Centroamérica
Reconocen a brigada salvadoreña que apoyó labores de rescate tras terremotos en Venezuela
La Asamblea Legislativa realizó una ceremonia de reconocimiento a los salvadoreños que integraron la misión internacional humanitaria enviada a Venezuela para brindar asistencia tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio.
El acto se desarrolló en el Salón Azul, donde el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, expresó su agradecimiento a los integrantes de la misión por el trabajo realizado durante las labores de atención y rescate.
“Este día rendimos honor y gratitud a los hombres y mujeres que arriesgaron su integridad física para salvar la vida de nuestros hermanos venezolanos”, afirmó Castro, quien destacó la respuesta de los equipos salvadoreños ante la emergencia.
La misión fue desplegada luego de que Venezuela registrara dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos con menos de un minuto de diferencia, según lo señalado durante el acto.
Castro destacó que, tras la emergencia, el Gobierno salvadoreño envió una misión humanitaria integrada por miembros del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de El Salvador (USAR) y de la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador (UHR-FAES).
La brigada que se desplazó a territorio venezolano estuvo conformada inicialmente por unas 300 personas, entre socorristas, médicos, enfermeras, policías, militares, psicólogos y miembros de la unidad canina. Posteriormente, se incorporaron más integrantes para mantener la capacidad operativa del equipo.
Durante el reconocimiento, Castro destacó el papel de los salvadoreños desplegados en Venezuela y aseguró que su participación representó un mensaje de solidaridad para las familias afectadas por los terremotos.
“Ustedes representaron un rayo de esperanza y de fe para muchas familias”, expresó el presidente del Legislativo, al reconocer el trabajo de los miembros de la misión humanitaria.
Centroamérica
EE. UU. planea ampliar a tierra sus operaciones contra el narcotráfico en Latinoamérica
Estados Unidos planea ampliar sus operaciones contra el narcotráfico a objetivos terrestres en Latinoamérica, como parte de una estrategia que hasta ahora se ha centrado en acciones contra presuntas embarcaciones utilizadas para transportar drogas en aguas internacionales, afirmó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.
El funcionario señaló en Panamá que Washington busca desarrollar, junto con países aliados, una capacidad operativa similar a la utilizada en las operaciones contra lanchas sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico oriental.
El Gobierno del presidente Donald Trump inició en septiembre pasado una campaña de ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, operaciones que, según las autoridades estadounidenses, han dejado al menos 215 muertos.
Hegseth explicó que los nuevos planes forman parte de los esfuerzos de una alianza integrada por 19 países, aunque las operaciones podrían extenderse a cualquier territorio donde operen organizaciones dedicadas al narcotráfico.
A corto plazo, Estados Unidos espera desplegar junto con sus aliados capacidades para combatir a estas organizaciones en tierra. El secretario de Defensa mencionó específicamente la cooperación con Ecuador y Colombia para ampliar las acciones contra organizaciones de narcotráfico designadas por Washington como grupos terroristas.
“Será el mismo efecto en tierra”, afirmó Hegseth durante una conversación con periodistas en un punto no identificado de la selva panameña.
El funcionario se encontraba en Panamá como parte de una visita relacionada con ejercicios militares que se realizan anualmente en el país y en los que participan alrededor de una veintena de naciones.
La eventual ampliación de las operaciones al territorio terrestre marcaría una nueva fase en la estrategia antidrogas de la administración Trump, al trasladar parte de las acciones que hasta ahora se han desarrollado en aguas internacionales hacia zonas donde operan organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Estados Unidos concentrará 53 de los 92 centros de votación en el exterior para 2027
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