Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Diáspora salvadoreña gana protagonismo con reformas electorales y voto electrónico
La Asamblea Legislativa ha incorporado como uno de sus ejes de trabajo el fortalecimiento de la relación del Estado con la diáspora salvadoreña, especialmente durante las legislaturas 2021-2027, en las que el partido Nuevas Ideas mantiene mayoría parlamentaria.
De acuerdo con la diputada Ana Figueroa, presidenta de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, el órgano legislativo ha impulsado una transformación en la forma en que el país se vincula con sus connacionales fuera del territorio nacional.
Según explicó, durante años la diáspora ha sostenido una parte importante de la economía salvadoreña mediante el envío de remesas, que en ciertos períodos han representado hasta el 28 % del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, señaló que históricamente su participación en la vida política del país ha sido limitada.
Figueroa afirmó que las reformas actuales buscan avanzar hacia una visión de ciudadanía transnacional, en la que los salvadoreños en el exterior sean reconocidos no solo por su aporte económico, sino también como actores políticos, sociales y estratégicos en el desarrollo del país.
Entre los principales avances mencionados se encuentra la implementación del voto electrónico para la diáspora, mecanismo que permitió la participación de 331,756 salvadoreños residentes en el extranjero en las elecciones de 2024.
La diputada señaló que esta medida representó un cambio significativo en la participación electoral, al eliminar barreras que anteriormente dificultaban el ejercicio del sufragio desde el exterior, y consideró que posiciona al país como referente regional en este tipo de mecanismos.
Asimismo, destacó la reciente reforma al artículo 79 de la Constitución de la República, que habilita la creación de una circunscripción electoral para la diáspora, la cual permitirá la elección de seis diputados que representen a los salvadoreños en el exterior, conforme a las reformas a la legislación secundaria.
Centroamérica
Tegucigalpa enfrenta emergencia hídrica por ola de calor y escasez de agua
La capital de Honduras enfrenta una severa emergencia hídrica provocada por la ola de calor y la reducción de los niveles de las principales represas que abastecen a Tegucigalpa, situación que amenaza con agravarse por la influencia del fenómeno de El Niño.
“Aquí vivimos secos”, lamentó Santiago Rodríguez, residente de un populoso barrio de la capital hondureña, donde miles de familias enfrentan problemas de desabastecimiento de agua potable.
La canícula y el retraso de la temporada lluviosa han provocado que los dos principales embalses que abastecen a Tegucigalpa, ciudad de 1.7 millones de habitantes, se encuentren apenas al 34 % y 42 % de su capacidad, según autoridades locales.
En sectores como Lomas del Carmen, la situación se ha vuelto crítica debido a que incluso los camiones cisterna públicos y privados han reducido el suministro hacia los residentes.
Rodríguez, de 61 años, aseguró que la falta de agua afecta las actividades básicas diarias y obliga a las familias a buscar alternativas para almacenar el recurso.
Una situación similar vive Leticia Lara, de 55 años, quien depende del abastecimiento irregular de camiones cisterna en su barrio de calles polvorientas y expuesto a altas temperaturas.
La mujer relató que el servicio por tubería llega únicamente entre uno y tres días al mes y que un barril de agua entregado por las cisternas apenas alcanza para cubrir las necesidades de tres o cuatro días.
Ante el deterioro de las condiciones climáticas, las autoridades declararon el pasado martes una emergencia hídrica en Tegucigalpa.
Los pronósticos meteorológicos indican además que el fenómeno de El Niño podría extender el período seco entre mayo y julio, aumentando la presión sobre las reservas de agua de la ciudad.
“La crisis va a continuar y tenemos que prepararnos”, advirtió el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya.
Como parte de las medidas adoptadas frente a las altas temperaturas, el Gobierno hondureño decidió reducir temporalmente la jornada escolar y habilitar clases virtuales en algunos centros educativos.
Centroamérica
Mulino niega interferencias externas en relación entre Panamá y China
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó este jueves que existan influencias de terceros países en la relación bilateral con China, luego de que el Gobierno chino denunciara supuestas “interferencias externas” en medio de las recientes tensiones entre ambas naciones en el sector marítimo.
Mulino expresó además su expectativa de que los vínculos diplomáticos mejoren tras la reunión sostenida esta semana entre los cancilleres de Panamá y China.
La tensión bilateral se produce en un contexto marcado por la intensificación de inspecciones a buques con bandera panameña en puertos chinos, situación que surgió después de que un conglomerado de Hong Kong abandonara en febrero pasado la operación de dos terminales ubicadas cerca del Canal de Panamá.
La salida de la empresa ocurrió tras una decisión judicial relacionada con la concesión otorgada hace más de 25 años a CK Hutchison, la cual fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Panamá al considerar que contravenía los intereses nacionales.
Durante años, distintos sectores panameños cuestionaron la legalidad y conveniencia de dicha concesión, especialmente por la relevancia estratégica de las terminales cercanas al Canal interoceánico.
El caso tomó mayor relevancia luego de que Estados Unidos expresara preocupaciones sobre la presencia del conglomerado chino en las inmediaciones del Canal de Panamá, situación que derivó en las denuncias de “interferencias externas” por parte de China, aunque Pekín no mencionó directamente a Washington.
En respuesta, Mulino insistió en que las decisiones adoptadas por Panamá obedecen exclusivamente a intereses soberanos y a resoluciones de sus instituciones nacionales.
El mandatario reiteró además que su Gobierno mantiene disposición al diálogo y a la cooperación con China, en busca de preservar una relación bilateral estable y constructiva.
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