Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
El Salvador suma 273 días sin homicidios en 2025
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante el sábado 22 y domingo 23 de noviembre no se reportaron homicidios en el territorio salvadoreño.
“Finalizamos el domingo 23 de noviembre con 0 homicidios en el país”, destacó la institución a través de su cuenta oficial en X, señalando que con estas cifras El Salvador acumula 273 días sin muertes a causa de la violencia en lo que va del año.
En el caso de noviembre, los días sin homicidios corresponden al 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de este mes.
Las estadísticas también reflejan resultados sostenidos en periodos anteriores:
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Enero: 25 días sin homicidios
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Febrero: 26
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Marzo: 22
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Abril: 25
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Mayo: 25
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Junio: 25
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Julio: 29
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Agosto: 27
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Septiembre: 23
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Octubre: 24
Las autoridades destacan que estas cifras son parte de la reducción histórica en los índices de violencia que experimenta el país.
Centroamérica
Al menos ocho muertos en accidente durante caravana política en Honduras
Al menos ocho personas murieron y más de treinta resultaron heridas este domingo luego de que un camión que transportaba simpatizantes de los partidos opositores Liberal y Nacional se volcara durante una caravana política en el municipio de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara, al occidente de Honduras.
La secretaria del Parlamento hondureño, Angélica Smith, confirmó el trágico incidente y expresó sus condolencias a las familias afectadas. “Un trágico accidente en la caravana de los partidos PNH y PLH ha dejado, hasta el momento, un saldo de 8 personas fallecidas”, publicó en la red social X.
Según información preliminar, los ocupantes del vehículo regresaban de un mitin político y se dirigían hacia la aldea San Miguel de Lajas cuando ocurrió el percance. Las autoridades no han detallado si entre las víctimas hay menores de edad.
Smith aseguró que mantiene comunicación con los alcaldes Luis Perdomo y Amable de Jesús Hernández, quienes activaron equipos de emergencia para atender a los lesionados y trasladarlos a distintos centros asistenciales.
Cuerpos de socorro y agentes de tránsito permanecen en la zona mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte analiza si el accidente pudo haber sido provocado por exceso de velocidad o sobrecarga del camión.
Los accidentes de tránsito continúan siendo la segunda causa de muertes violentas en Honduras, impulsados por la velocidad inadecuada, la distracción de los conductores, el consumo de alcohol y la imprudencia de peatones. Ninguna carretera del país está clasificada como de alta velocidad.
Centroamérica
Honduras vota entre tensión política y denuncias anticipadas de fraude
Honduras se encamina a elegir a su próximo presidente el domingo 30 de noviembre, en un contexto marcado por la tensión política, denuncias anticipadas de fraude y episodios de violencia reportados por organizaciones civiles. Más de seis millones de ciudadanos están convocados a las urnas para definir el rumbo del país, mientras el mandato de la presidenta Xiomara Castro finaliza el 27 de enero.
En esta recta final, tres aspirantes concentran la mayor intención de voto: Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre); Salvador Nasralla, del Partido Liberal; y Nasry Asfura, del Partido Nacional. Los dos últimos representan históricas fuerzas conservadoras del país, mientras que Moncada, abogada de profesión, propone dar continuidad al modelo de socialismo democrático promovido por Castro y el expresidente Manuel Zelaya, su esposo y actual coordinador de Libre. Nasralla, ingeniero, y Asfura, empresario, enfocan sus propuestas en la economía y la seguridad desde una línea conservadora.
La campaña electoral, que inició el 1 de septiembre, ha estado marcada por un clima crispado, ataques verbales y pocas propuestas programáticas. Los candidatos han intercambiado acusaciones de preparar fraudes, sin ofrecer a los votantes una hoja de ruta clara para enfrentar la crisis social y económica que atraviesa el país.
El proceso también ha reflejado tensiones dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por tres consejeros que han mostrado divisiones internas. Aun así, el organismo inició el jueves el traslado del material electoral hacia los 18 departamentos, bajo custodia de las Fuerzas Armadas, tal como establece la legislación hondureña.
Organizaciones como el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), registraron entre septiembre y noviembre más de 1,000 incidentes vinculados al proceso electoral, de los cuales 275 corresponden a hechos de violencia política. Aunque no todos derivaron en homicidios, incluyen amenazas, coacción, acoso y agresiones físicas o simbólicas.
Las denuncias de fraude se han adelantado incluso antes de la votación. El exconsejero electoral Denis Gómez explicó a EFE que este proceso es inédito: “Lo nuevo es que se denuncie un fraude antes de la elección y que tanto el oficialismo como la oposición estén lanzando esas acusaciones”.
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