Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Mulino da por superada la crisis con EE. UU. y reafirma que el canal seguirá siendo panameño
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró este viernes que la crisis diplomática con Estados Unidos ha quedado superada, tras las amenazas lanzadas en 2025 por el entonces presidente Donald Trump, quien llegó a plantear la posibilidad de recuperar el canal de Panamá al considerar que estaba bajo influencia china.
Durante su discurso de inicio de año ante la Asamblea Nacional, Mulino afirmó que su gobierno logró recomponer la relación bilateral mediante el diálogo y la diplomacia. “Panamá avanzó hacia una relación de respeto, recuperación de confianza, trabajo conjunto y amistad, y el canal siguió siendo panameño, como en efecto lo seguirá siendo”, sostuvo el mandatario.
Desde su regreso a la presidencia, Trump impulsó una ofensiva diplomática contra Panamá, al señalar que China ejercía control indirecto sobre la ruta interoceánica a través de la empresa hongkonesa Hutchison Holdings, concesionaria de dos puertos estratégicos ubicados en el Pacífico y el Atlántico.
Las reiteradas advertencias del líder republicano generaron preocupación en Panamá, tradicional aliado de Washington. Incluso, Estados Unidos llegó a solicitar —sin éxito— que sus buques cruzaran el canal sin pagar peaje, una exigencia que contraviene los tratados bilaterales vigentes.
Mulino destacó que, gracias al trabajo diplomático y al manejo prudente de la situación, Panamá mantiene actualmente una colaboración activa con Estados Unidos en la lucha contra el crimen internacional. “Con pulso y tiempo se recompuso la relación”, afirmó.
El presidente también respondió a las críticas internas por la gestión del conflicto, al asegurar que “atrás quedaron los malos augurios y las declaraciones rimbombantes con mirada cortoplacista”.
Estados Unidos construyó e inauguró el canal de Panamá en 1914, pero lo transfirió oficialmente al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los tratados firmados entre ambos países.
Centroamérica
El riesgo país de El Salvador cae a su nivel más bajo desde 2018
El Salvador cerró 2025 con una mejora sostenida en su indicador de riesgo país, de acuerdo con el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), elaborado por el banco de inversión estadounidense J. P. Morgan.
El país inició el año con un EMBI de 388 puntos en enero. Durante el primer semestre se mantuvo relativamente estable, aunque registró un repunte en julio, cuando alcanzó los 418 puntos. A partir de ese mes, el indicador comenzó a descender de forma gradual: en septiembre se ubicó en 375 puntos y en diciembre cerró en 328.
Este último dato representa la cifra más baja registrada por El Salvador desde 2018, cuando entre marzo y abril el indicador se situó en 372 puntos. Economistas atribuyen esta reducción a una serie de estrategias impulsadas por el Estado, entre ellas una gestión más eficiente de pasivos, la recompra de deuda y la consolidación de acuerdos internacionales, como el alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En términos anuales, el EMBI salvadoreño mostró una reducción cercana a los 60 puntos entre enero y diciembre de 2025, reflejando una mejora en la percepción de riesgo por parte de los mercados financieros internacionales.
La tendencia a la baja ya se había comenzado a observar en 2024, año que arrancó con un indicador de 687 puntos y cerró por debajo de los 400. Esta disminución fue atribuida a una estrategia agresiva de manejo de pasivos que incluyó tres recompras de bonos realizadas en julio, octubre y noviembre de ese año.
El índice EMBI es una referencia clave para los inversionistas internacionales, ya que influye en la fijación de precios de las emisiones de deuda soberana y permite monitorear cambios en la percepción de solvencia y liquidez de un país. Así lo destacó en meses recientes el presidente de la República, Nayib Bukele.
“El índice EMBI rastrea la diferencia de rendimientos entre los bonos de mercados emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que indica el nivel de riesgo de invertir en esos mercados. Cuanto mayor sea el EMBI, mayor será el riesgo percibido”, explicó el mandatario.
Centroamérica
El modelo penitenciario de El Salvador inspira prisiones de alta seguridad en la región
Los resultados del sistema penitenciario de El Salvador, particularmente tras la puesta en marcha del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), han comenzado a influir en las políticas de seguridad de otros países de la región, cuyos gobiernos analizan o implementan prisiones de máxima seguridad inspiradas en el modelo impulsado por el presidente Nayib Bukele.
Uno de los casos más recientes es Ecuador, donde el pasado 8 de noviembre entró en funcionamiento una nueva cárcel de máxima seguridad, concebida bajo parámetros similares al esquema salvadoreño. Ese día fueron trasladados los primeros reclusos, según informaron medios locales.
El centro penitenciario, denominado Cárcel de Máxima Seguridad del Encuentro, fue construido en menos de dos años tras una promesa del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Está ubicado en la provincia costera de Santa Elena, cuenta con una capacidad para 736 reclusos y su construcción inició en junio de 2024 con una inversión de 52 millones de dólares.
De acuerdo con el medio SWI swissinfo.ch, la prisión se extiende sobre 16.2 hectáreas en una zona inhóspita y boscosa de la costa ecuatoriana, a aproximadamente una hora por carretera desde la ciudad de Guayaquil. Se trata del primer centro carcelario construido en esa provincia.
El presidente Noboa confirmó que los primeros 300 internos trasladados corresponden a los reclusos considerados “más peligrosos” del sistema penitenciario ecuatoriano. El operativo se realizó con el traslado de los presos en 17 autobuses desde el complejo penitenciario de Guayaquil, bajo un fuerte dispositivo de seguridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El procedimiento recordó las imágenes registradas en El Salvador durante los traslados de pandilleros al Cecot, caracterizados por estrictas medidas de control, custodias militares y protocolos de máxima seguridad.
Desde su llegada al poder, Noboa anunció la construcción de dos cárceles de alta seguridad inspiradas en el Cecot, considerado uno de los proyectos más emblemáticos de la estrategia de seguridad salvadoreña y símbolo de la guerra contra las pandillas.
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