Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Panamá incauta cerca de tres toneladas de droga en el Caribe
Las autoridades de Panamá incautaron cerca de tres toneladas de droga que eran transportadas en una embarcación en aguas del mar Caribe, informó este sábado el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
De acuerdo con la institución, el operativo se realizó de manera conjunta con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala y permitió el decomiso de 3,029 paquetes de presunta sustancia ilícita, así como la incautación de una lancha y la aprehensión de cinco hombres, cuya nacionalidad no fue precisada.
Aunque el Senan no detalló el tipo de droga incautada, las imágenes divulgadas por las autoridades muestran paquetes rectangulares de aproximadamente un kilogramo cada uno, similares a los utilizados comúnmente para el tráfico de cocaína.
Panamá es considerada una de las principales rutas del narcotráfico en Centroamérica, al funcionar como punto de tránsito de la cocaína que, procedente principalmente de Colombia, tiene como destino final Estados Unidos, el mayor mercado consumidor de esta droga.
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. Desde 2023, las fuerzas de seguridad panameñas han incautado más de 360 toneladas de drogas. Solo el año pasado se decomisaron más de 118 toneladas, incluido un cargamento récord de 13,500 kilogramos.
El pasado 31 de diciembre, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, calificó a 2025 como un año “particularmente desafiante” para Panamá, al advertir sobre la sobreproducción de drogas en la región, especialmente en Colombia, donde se registra un fuerte aumento en la oferta de cocaína.
Centroamérica
Presentan nuevo currículo de primera infancia basado en el aprendizaje por experiencias
A partir de mañana, El Salvador contará con un nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia, presentado ayer por la primera dama, Gabriela de Bukele, como parte de una transformación educativa orientada a responder a las formas reales en que aprenden los niños durante sus primeros años de vida.
Durante el acto de presentación, la primera dama destacó que el cambio curricular implica una nueva visión sobre la enseñanza. “Hoy comenzamos a aprender una nueva forma de enseñar para una nueva forma de aprender. El currículo no vive en un documento, sino en el aula, en cada interacción y en cada experiencia diseñada con intención por los docentes”, expresó.
El nuevo modelo pedagógico propone un giro desde una enseñanza centrada en contenidos hacia una basada en experiencias significativas de aprendizaje. Su implementación estará a cargo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) en coordinación con el Instituto Crecer Juntos (ICJ). La presentación oficial del currículo se desarrolló durante tres días, desde el jueves hasta ayer.
La iniciativa redefine la educación en la primera infancia a partir de cuatro pilares fundamentales. El primero es el juego, concebido como el lenguaje natural de la niñez y motor principal del aprendizaje. El segundo es la participación, que reconoce a los niños como protagonistas activos de su propio desarrollo. El tercero es el aprendizaje activo, que integra el cuerpo, las emociones y la exploración del entorno. Finalmente, el cuarto pilar es la calidad de las interacciones, entendidas como vínculos cálidos, respetuosos y significativos que favorecen el desarrollo integral y el aprendizaje.
Con este nuevo currículo, el Gobierno apuesta por fortalecer las bases educativas desde la primera infancia, promoviendo prácticas pedagógicas acordes con el desarrollo emocional, social y cognitivo de los niños.
Centroamérica
Bukele ofrece a Chile la experiencia de El Salvador en seguridad durante visita de Kast
El presidente de la república, Nayib Bukele, aseguró que El Salvador está en disposición de compartir su experiencia en el combate a la inseguridad con Chile, durante la visita del presidente electo chileno, José Antonio Kast, quien valoró las “decisiones duras, pero necesarias” adoptadas por el país centroamericano.
Kast y su esposa, María Pía Adriasola, fueron recibidos este jueves en Casa Presidencial por el mandatario salvadoreño y la primera dama, Gabriela de Bukele, como parte de una agenda orientada a conocer de primera mano las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno salvadoreño.
“Hoy recibimos en El Salvador al presidente electo de la República de Chile. Es un gusto tenerlo aquí en nuestro país. Seguimos muy de cerca su trayectoria y sentimos que Chile ha tomado el rumbo correcto al elegirlo”, expresó Bukele durante el encuentro.
El presidente salvadoreño reconoció que Chile enfrenta actualmente retos en materia de seguridad y señaló que El Salvador puede aportar su experiencia, aunque aclaró que existen diferencias importantes entre ambas realidades. “Sabemos que hay muchas diferencias en temas legales y en el tamaño del problema, que no se compara con el que tuvimos nosotros”, puntualizó.
Bukele también destacó los avances de Chile en áreas como educación y civismo, subrayando que su gobierno está abierto a aprender de esas experiencias. No obstante, reafirmó los resultados alcanzados en seguridad pública. “Pasamos de ser el país más peligroso del mundo al más seguro del continente y, primero Dios, vamos a llegar a ser el más seguro del mundo”, afirmó.
Por su parte, Kast señaló que Chile atraviesa un momento complejo y que es clave identificar referentes claros. “Chile va en un rumbo contrario al progreso; lo importante es encontrar un faro. Ustedes como nación son la esperanza de muchas naciones. Han tomado decisiones duras, pero necesarias”, manifestó el presidente electo.
El encuentro refuerza el acercamiento entre ambos gobiernos y abre la puerta a un eventual intercambio de experiencias, especialmente en el ámbito de la seguridad pública.
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