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Centroamérica

Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

Foto: Reuters

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.

Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.

Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.

Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.

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«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.

Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».

Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo. 

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«No está en la agenda»

El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.

Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.

Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.

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«Atenta contra las empresas»

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.

«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.

«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.

Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.

«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.

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Centroamérica

Panamá recibe a 175 migrantes deportados de EE. UU. con vuelos programados a varios destinos internacionales

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá informó que 175 migrantes deportados desde Estados Unidos han aceptado el retorno voluntario a sus países de origen. Actualmente, se encuentran alojados en el hotel Decápolis, ubicado en la capital panameña. Las autoridades ya han gestionado al menos 41 pasajes aéreos para su regreso, con 17 personas viajando a India, nueve a Turquía, ocho a China, cinco a Georgia, uno a Nepal y otro a Kosovo.

Hasta el miércoles, el Servicio Nacional de Migración (SNM) había registrado un total de 299 migrantes repatriados, como parte del acuerdo entre Panamá y Estados Unidos. El grupo incluye 157 mujeres, 142 hombres y 12 familias. Además, otro albergue ha sido habilitado en San Vicente, provincia de Darién, cerca de la localidad selvática de Metetí, a unos 230 km al este de la capital, al que se trasladaron los migrantes durante la noche del martes al miércoles.

Este centro de acogida, que hasta ahora recibía a migrantes que cruzaban la peligrosa selva del Darién en su ruta hacia Estados Unidos, se encuentra en un trayecto de más de cinco horas desde la capital panameña. Según las autoridades, todos los gastos relacionados con la movilización aérea, el hospedaje y la alimentación de los migrantes son cubiertos por el Gobierno de Estados Unidos.

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Centroamérica

Costa Rica se adentra en el mundo de las criptomonedas con el lanzamiento de un fondo de inversión en Bitcoin

El Banco Nacional (BN) de Costa Rica, la principal institución financiera del país, ha decidido aprovechar el creciente interés por el bitcóin como activo de inversión y sus perspectivas de crecimiento, lanzando este viernes un fondo de inversión relacionado con la moneda digital.

El nuevo producto, denominado BN ETF Bitcoin, está dirigido a personas con un horizonte de inversión superior a cinco años y está compuesto por una cartera de fondos de inversión cotizados (ETF) de bitcóin, como los de Estados Unidos y Hong Kong. Según información de medios locales, para manejar la liquidez, el fondo tiene la opción de adquirir valores de deuda emitidos por el Sector Público de EE. UU. y Costa Rica, denominados en dólares y registrados en mercados internacionales y nacionales.

Los ETF al contado son instrumentos de inversión que permiten a los inversores apostar por un activo sin necesidad de comprarlo directamente. Esto ha permitido que grandes empresas con interés en adquirir bitcóin, pero sin querer gestionar su propia wallet, inviertan a través de instituciones autorizadas como BlackRock, que se encargan de la compra, administración y emisión de documentos representativos de la inversión.

Los ETF de bitcóin al contado en EE. UU. han experimentado un lanzamiento histórico, alcanzando un impresionante éxito. En su primer año, lograron superar los $120,000 millones en activos netos y captaron $37,000 millones en flujos netos. Eric Balchunas, analista senior de ETF de Bloomberg Intelligence, destacó el impacto de este crecimiento, señalando que el iShares Bitcoin Trust de BlackRock se acerca a los $60,000 millones, posicionándose como uno de los ETF más importantes en la actualidad.

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Centroamérica

Japón celebra 90 años de relaciones con El Salvador destacando avances en cooperación y transformación social

La embajada de Japón en El Salvador celebró la Fiesta Nacional el pasado miércoles 19 de febrero, en conmemoración del aniversario del natalicio del emperador Naruhito. Durante la ceremonia, el embajador japonés, Yoshitaka Hoshino, resaltó las estrechas relaciones de amistad y comercio entre ambos países, que han perdurado por casi nueve décadas. Hoshino destacó que se ha observado un cambio significativo en El Salvador, caracterizado por un mayor optimismo y convicción de parte de los salvadoreños.

«El Salvador ahora vive con la misma esperanza que los japoneses alguna vez tuvieron y que hoy han perdido, la sensación de que «mañana será mejor que hoy». Esto es precisamente lo que Japón busca recuperar, y lo que podemos sentir aquí, en El Salvador. Después de 90 años de relaciones amistosas, Japón también puede aprender de El Salvador», expresó el embajador.

Además, mencionó que a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), 30 voluntarios japoneses están contribuyendo en áreas como educación, salud, desarrollo comunitario, medio ambiente y deportes. De hecho, El Salvador fue el primer país de América Latina y el Caribe en recibir voluntarios de JICA.

En su discurso, Hoshino también resaltó el trabajo conjunto en proyectos de infraestructura, como la inauguración del periférico Gerardo Barrios en San Miguel el pasado diciembre, junto al presidente Nayib Bukele. Finalmente, reiteró que Japón continuará alineándose con las iniciativas que El Salvador lleva a cabo, como el programa ESMATE para mejorar los currículos educativos.

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