Centroamérica

Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

Foto: Reuters

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.

Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.

Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.

Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.

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«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.

Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».

Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.

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«No está en la agenda»

El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.

Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.

Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.

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«Atenta contra las empresas»

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.

«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.

«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.

Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.

«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.

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Centroamérica

Surf City 2 será sede del Desafío Plaza Mundo Usulután este 19 de abril

Atletas de la zona oriental y de todo El Salvador se preparan para participar el próximo 19 de abril en el Desafío Plaza Mundo Usulután, que se desarrollará en Surf City 2 a partir de las 6:00 a.m.

La carrera es organizada por Infinity Sports y patrocinada por Plaza Mundo, con el respaldo del gobierno del presidente Nayib Bukele.

El evento contempla dos categorías, General y Máster, con un costo de inscripción de $15, que incluye un kit con camiseta, dorsal, chip y medalla. Los participantes podrán competir en tres distancias: 3, 5 y 10 kilómetros, teniendo como punto de salida y meta las instalaciones de Plaza Mundo Usulután.

La directora de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán, destacó que el turismo deportivo sigue en crecimiento a nivel global, y que el país busca consolidarse como un destino atractivo para este tipo de actividades.

Asimismo, invitó a la población a sumarse a la iniciativa: “Que se anoten, que se desafíen y que promuevan una vida saludable. No es necesario ser un atleta experto para participar”, expresó.

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Durán también resaltó que los asistentes podrán aprovechar la visita para conocer destinos turísticos de la zona oriental, como la Laguna de Alegría, el distrito de Berlín y las playas El Cuco y Las Flores.

Por su parte, Infinity Sports señaló que el evento busca fomentar el deporte en un entorno seguro, moderno y accesible para todos los salvadoreños.

Centroamérica

Capturan en Guatemala a presunto pandillero de la MS y será expulsado a El Salvador

Un presunto miembro de la Mara Salvatrucha fue detenido en Guatemala y será expulsado hacia El Salvador para enfrentar un proceso judicial.

Se trata de Irving Humberto Linares, alias “Mico” o “Demente”, quien fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil, a través de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en la aldea San Jerónimo, municipio de El Tumbador, en el departamento de San Marcos.

Según informaron las autoridades guatemaltecas, el detenido se encontraba en condición migratoria irregular y fue identificado como miembro activo de la estructura criminal, por lo que se procederá a su expulsión hacia su país de origen.

Aunque en Guatemala no registra antecedentes penales, será entregado a la Policía Nacional Civil para que enfrente la justicia salvadoreña.

Una vez en territorio nacional, será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

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El caso formará parte de un expediente consolidado en tribunales especializados en crimen organizado, donde el imputado deberá enfrentar las etapas judiciales correspondientes en los próximos meses.

Las autoridades guatemaltecas también informaron que durante el año pasado fueron detenidos 93 presuntos pandilleros. De ellos, 47 fueron entregados a El Salvador por contar con órdenes de captura por delitos como homicidio, extorsión y tráfico ilícito, mientras que otros 46 enfrentaron procesos judiciales en Guatemala por delitos relacionados con drogas y crimen organizado.

Centroamérica

Costa Rica extradita a exministro Celso Gamboa a EE. UU. por narcotráfico

Las autoridades de Costa Rica extraditaron este viernes a Celso Gamboa hacia Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico en un caso que, según el propio acusado, podría involucrar a funcionarios del actual gobierno.

Gamboa, de 49 años, exministro de Seguridad, exmagistrado y exfiscal general adjunto, fue entregado por orden judicial a agentes antidrogas estadounidenses en el aeropuerto Juan Santamaría, en un operativo de alta seguridad. Junto a él también fue extraditado su presunto socio, Edwin López Vega, señalado en el mismo proceso.

Ambos se convirtieron en los primeros ciudadanos costarricenses en ser extraditados tras la reforma constitucional aprobada en 2025, que habilitó la entrega de nacionales requeridos por la justicia extranjera.

El fiscal general Carlo Díaz calificó el hecho como un “día histórico”, al tratarse de personas de alto perfil involucradas en el caso.

Gamboa, quien se desempeñó como ministro durante la administración del expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018), fue trasladado junto a López Vega en un avión con destino al estado de Texas, bajo custodia de agentes de la DEA.

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El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (2016-2018) abordó la aeronave esposado y bajo fuerte resguardo policial, luego de que sus intentos de frenar la extradición mediante recursos legales de última hora fueran rechazados.

Según indicó la Fiscalía, existían versiones sobre posibles amenazas contra la vida de Gamboa, lo que habría incrementado las medidas de seguridad durante el procedimiento.