Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Denuncian que Nicaragua anuló permisos de trabajo a 2,000 abogados sin explicación
Alrededor de 2,000 abogados habrían quedado imposibilitados de ejercer su profesión en Nicaragua luego de que sus nombres fueran eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia, según denunciaron juristas y medios de comunicación nicaragüenses en el exilio.
De acuerdo con el diario La Prensa, la exclusión de los profesionales del sistema judicial se produjo en los últimos días y se realizó sin una explicación pública por parte de las autoridades, lo que ha generado críticas de organizaciones opositoras y defensores de derechos humanos.
Una abogada nicaragüense exiliada, que solicitó mantener su identidad en reserva, confirmó a la agencia AFP que ya no aparece registrada como profesional activa en la plataforma digital de la Corte Suprema.
«Es un mensaje político de control y represión […], una muerte civil», afirmó la jurista, quien consideró que la medida forma parte de un patrón de persecución contra personas identificadas con la defensa de la democracia y recordó que en años recientes también se ha retirado la nacionalidad a diversos críticos del Gobierno.
Por su parte, Reed Brody, integrante del grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que monitorea la situación de los derechos humanos en Nicaragua, cuestionó la decisión y señaló que evidencia la falta de independencia judicial en el país.
«Nicaragua no cumple ni el estándar mínimo de independencia judicial. Borrar a abogados del registro de la Corte Suprema, sin aviso, sin proceso, es cerrar el último canal de defensa que le quedaba al ciudadano», declaró a AFP.
La organización opositora Liberales Nicaragua también rechazó la medida al sostener que convierte el ejercicio de la abogacía «en una ciencia supeditada a las consignas y antojadizos designios políticos de la dinastía» Ortega-Murillo.
Hasta el momento, ni el Gobierno de Nicaragua ni la Corte Suprema de Justicia han emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias.
Los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo gobiernan Nicaragua desde hace casi dos décadas. Diversos organismos internacionales han cuestionado el deterioro de las libertades públicas y los derechos humanos en el país, especialmente desde la represión de las protestas de 2018, que dejó más de 300 fallecidos, según cifras de la ONU.
Centroamérica
El país acumula 1,266 días sin homicidios durante la actual administración
El Salvador registró cero homicidios el jueves 9 de julio, de acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), manteniendo la tendencia de reducción de la violencia homicida que las autoridades atribuyen a las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años.
Con este resultado, el país acumula 163 días sin homicidios en lo que va de 2026, mientras que desde el inicio de la actual administración, el 1 de junio de 2019, se contabilizan 1,266 jornadas con cero asesinatos, según cifras oficiales.
Las estadísticas también reflejan que desde la entrada en vigor del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022, El Salvador ha registrado 1,152 días sin homicidios, en el marco de las medidas implementadas para combatir a las estructuras de pandillas.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, sostuvo que los resultados responden a la estrategia de seguridad desarrollada por el Gobierno.
«Hemos logrado de una forma soberana e independiente neutralizar y seguir derrotando día con día al enemigo más grande que teníamos como país, como sociedad, como Estado y como gobierno, que son las pandillas», afirmó el funcionario.
De acuerdo con información oficial, más de 92,000 presuntos integrantes de pandillas han sido capturados desde el inicio del régimen de excepción, una medida que el Gobierno asegura ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad en el país.
Las autoridades también sostienen que este escenario ha favorecido el crecimiento del turismo y ha incidido en la actualización de las recomendaciones de viaje emitidas por diversos países. Entre ellos figuran México, Bélgica, Italia, Letonia, Malta, Noruega, Australia, Japón, Austria, Estados Unidos, Israel, Países Bajos y, más recientemente, Suecia, que han reducido sus niveles de alerta para quienes visitan El Salvador.
El Gobierno mantiene que los resultados en materia de seguridad continuarán siendo una prioridad como parte de su estrategia para reducir la criminalidad y fortalecer las condiciones para el desarrollo económico y social del país.
Centroamérica
El Salvador y Google exploran nuevas oportunidades de cooperación en inteligencia artificial
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con representantes de Google para analizar los avances tecnológicos del país y explorar nuevas áreas de cooperación relacionadas con inteligencia artificial (IA), educación, innovación y modernización de los servicios públicos.
De acuerdo con la Vicepresidencia, los representantes de la compañía tecnológica expresaron su disposición de ampliar la colaboración con El Salvador en áreas como investigación, formación de talento, emprendimiento y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial.
Durante el encuentro, la delegación de Google destacó el potencial de la comunidad salvadoreña de desarrolladores y emprendedores tecnológicos, así como el crecimiento del ecosistema de startups en el país.
Por su parte, Ulloa señaló que El Salvador busca utilizar la inteligencia artificial para crear soluciones innovadoras, eficientes y seguras que beneficien a la población. Además, destacó que el país cuenta con un marco jurídico orientado a impulsar el desarrollo y uso responsable de esta tecnología.
La Vicepresidencia indicó que entre las posibles áreas de cooperación se encuentran la salud digital, mediante herramientas como DoctorSV; la educación, con iniciativas para fortalecer capacidades de aprendizaje; y proyectos de inteligencia artificial enfocados en el bien público, especialmente en la gestión del riesgo.
La delegación salvadoreña manifestó su interés en continuar fortaleciendo la relación con Google para impulsar la adopción responsable de tecnologías emergentes y consolidar al país como un referente regional en soluciones digitales.
Google inauguró sus oficinas en El Salvador en abril de 2024, como parte de su estrategia de expansión y colaboración tecnológica en la región.
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