Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Petro y Mulino estrechan lazos en migración, seguridad y energía limpia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó Panamá este viernes 28 de marzo para reunirse con su homólogo José Raúl Mulino y abordar temas clave de la agenda bilateral, incluyendo migración, seguridad y narcotráfico.
Durante el encuentro, ambos mandatarios acordaron fortalecer la cooperación en materia migratoria para garantizar un trato humanitario y el respeto a los derechos de los migrantes deportados desde Estados Unidos, así como de aquellos que retornan voluntariamente desde la frontera con México.
Asimismo, Petro y Mulino anunciaron avances en un proyecto de interconexión eléctrica «limpia» entre ambos países, con el objetivo de fortalecer el suministro energético regional. Aunque no se han revelado más detalles sobre el acuerdo migratorio, los gobiernos reafirmaron su compromiso de trabajar juntos en estos desafíos compartidos.
Centroamérica
Capturan en Colombia a líder de la pandilla 18R acusado de estafa en El Salvador
Las autoridades colombianas capturaron este jueves a Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, un salvadoreño señalado como líder de la pandilla 18 Revolucionarios y buscado por la Justicia de El Salvador, según informó la Policía Nacional de Colombia en un comunicado.
Pintor Rodríguez es acusado de estafar a familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele. Según la investigación, prometía gestionar la liberación de los arrestados a cambio de sumas que oscilaban entre los 2.000 y 25.000 dólares, acumulando un fraude estimado en 100.000 dólares.
El régimen de excepción en El Salvador ha permitido la suspensión de algunas garantías constitucionales y el endurecimiento de medidas como la ampliación del plazo de detención provisional y la intervención de comunicaciones sin orden judicial.
Las autoridades colombianas no han detallado los próximos pasos en el proceso de extradición de Pintor Rodríguez, quien ahora enfrenta cargos tanto en su país como en el extranjero.
Centroamérica
Gobierno de El Salvador envía a 77 trabajadores a EE. UU. con visas H-2 para el sector de jardinería
Un total de 77 salvadoreños viajarán a Atlanta, Georgia, Estados Unidos, para trabajar en el sector de jardinería y paisajismo, como parte del Programa de Movilidad Laboral del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos trabajadores fueron contratados por una empresa estadounidense en el área mencionada, gracias a una alianza entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos que facilita el otorgamiento de visas H-2, promoviendo la migración legal, segura, circular y ordenada.
Previo a su viaje, la Cancillería de El Salvador organizó la «Jornada de Protección Preventiva para trabajadores H-2», en la que se explicó a los beneficiarios sus derechos, deberes y los compromisos laborales que asumirán durante su estancia en la empresa estadounidense.
Además, se estableció la «línea amiga del trabajador temporal» (7070-1159) para atender cualquier consulta que los salvadoreños pudieran tener durante su tiempo en el extranjero.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que los trabajadores contarán con el acompañamiento de las representaciones consulares de El Salvador en los Estados Unidos, garantizando un apoyo constante durante su estadía.
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