Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Accidentes viales superan ampliamente a los homicidios como causa de muertes en El Salvador
Los accidentes de tránsito se han convertido en uno de los principales riesgos para la población salvadoreña, en un contexto en el que los homicidios mantienen una tendencia a la baja.
Entre el 1.º de enero y el 10 de agosto de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registró 879 personas fallecidas en siniestros viales, mientras que la Policía Nacional Civil contabilizó 37 homicidios durante el mismo período.
Las cifras reflejan un cambio en los principales factores de riesgo que enfrenta la población. Las autoridades atribuyen la reducción de los homicidios a las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
De acuerdo con Onasevi, la principal causa de fallecimientos en accidentes de tránsito durante 2026 ha sido la distracción del conductor, con 286 víctimas.
Le siguen la invasión del carril, con 130 fallecidos; no respetar la señal de prioridad, con 30; y no guardar la distancia de seguridad, con 23 víctimas mortales.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, señaló que la distracción representa actualmente el principal problema para la seguridad vial.
“El enemigo público número uno de la seguridad vial es la distracción”, afirmó Reyes, quien advirtió sobre los riesgos de utilizar el teléfono celular mientras se conduce.
El funcionario señaló que acciones como responder mensajes, revisar el teléfono o tomar fotografías durante la conducción pueden provocar accidentes con consecuencias mortales.
Centroamérica
El Salvador reporta cero masacres mientras Honduras suma 98 muertos en ataques múltiples
El Salvador ha dejado de registrar masacres y homicidios múltiples, en contraste con países de la región como Honduras y Guatemala, donde continúan ocurriendo ataques atribuidos a estructuras criminales.
Las autoridades salvadoreñas atribuyen este cambio a las estrategias de seguridad implementadas durante la administración del presidente Nayib Bukele, entre ellas el régimen de excepción, que según el Gobierno permitió desarticular las principales estructuras de pandillas que durante décadas estuvieron vinculadas con hechos de violencia.
Antes de la actual política de seguridad, El Salvador registraba frecuentes homicidios múltiples. Entre enero y octubre de 2015, la Policía Nacional Civil contabilizó 83 masacres, mientras que en años anteriores y posteriores se reportaron numerosos hechos con cuatro o más víctimas.
Entre los casos más graves figura el ocurrido el 20 de junio de 2010, cuando pandilleros incendiaron un microbús de la ruta 47 en Mejicanos, San Salvador, provocando la muerte de 17 personas.
En marzo de 2016, 11 trabajadores fueron asesinados a machetazos y con armas de fuego mientras participaban en un proyecto de electricidad en San Juan Opico, La Libertad. También en enero de 2015, cinco trabajadores fueron asesinados por miembros de la pandilla 18 mientras realizaban labores de construcción en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.
Según las autoridades, este tipo de hechos dejó de registrarse tras la implementación de las actuales estrategias de seguridad. El Gobierno sostiene que la tasa de homicidios pasó de 38 por cada 100,000 habitantes a 1.3 en 2025.
En lo que va de 2026, las autoridades reportan 37 homicidios y aseguran que los responsables de estos casos han sido capturados.
La situación es diferente en Honduras. Datos oficiales citados por las autoridades hondureñas señalan que durante 2026 se han registrado al menos 22 masacres, con un saldo de 98 personas asesinadas.
Entre los casos más recientes se encuentra el ocurrido el 4 de agosto en Olanchito, departamento de Yoro, donde cinco personas fueron asesinadas a tiros dentro de una vivienda. De acuerdo con la Policía, hombres armados habrían ingresado por la fuerza al inmueble y atacado a los ocupantes.
Un día antes, tres hombres fueron asesinados por sujetos armados en Jutiapa, departamento de Atlántida.
Otro de los hechos de mayor magnitud ocurrió en mayo, cuando 20 trabajadores de una finca de palma africana fueron asesinados en Trujillo, departamento de Colón. Entre las víctimas había 14 hombres, tres mujeres y tres menores de edad.
Centroamérica
Estados Unidos concentrará 53 de los 92 centros de votación en el exterior para 2027
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que habilitará 92 centros de votación en el exterior para las elecciones generales de 2027, distribuidos en 29 países, donde los salvadoreños residentes fuera del país podrán ejercer el sufragio mediante la modalidad de voto electrónico presencial.
La cifra representa un incremento de 11 centros de votación respecto a los 81 habilitados para las elecciones de 2024, equivalente a un crecimiento del 14 %.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que la decisión responde a un proceso de evaluación de la experiencia registrada en los comicios anteriores y a las recomendaciones planteadas por los salvadoreños residentes en el extranjero.
“Esta decisión responde a un proceso de evaluación y mejora continua. Hemos escuchado las opiniones, sugerencias y experiencias que nos han compartido nuestros compatriotas residentes en el extranjero”, señaló Soriano.
De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es identificar las principales dificultades registradas durante el proceso electoral anterior y convertir los aprendizajes en medidas concretas para las elecciones de 2027.
El TSE detalló que, hasta el 14 de julio de 2026, el registro electoral en el exterior contabilizaba 972,517 salvadoreños. Esta cifra se suma a los aproximadamente 5.5 millones de ciudadanos inscritos en el territorio nacional, para conformar un padrón electoral de alrededor de 6.5 millones de personas.
Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de centros de votación en el exterior, con 53 de los 92 habilitados, equivalentes al 58.5 % del total.
El organismo electoral explicó que la distribución responde a las características y necesidades identificadas en cada país, con el propósito de reforzar la capacidad operativa en los territorios donde existe una mayor concentración y demanda de la población salvadoreña.
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