Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Diciembre continúa sin muertes violentas y el país alcanza 282 jornadas sin homicidios
El pasado viernes 5 de diciembre finalizó sin registrar homicidios a nivel nacional, por lo que el presente mes continúa sin muertes a causa de la violencia, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), divulgadas la madrugada de este sábado.
Con esta nueva jornada, El Salvador acumula un total de 282 días sin homicidios en lo que va del año. El desglose mensual de estas cifras refleja cinco días sin asesinatos en diciembre; 26 en noviembre; 24 en octubre; 23 en septiembre; 27 en agosto; 29 en julio; 25 en junio; además de 25 en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril y 25 en mayo.
Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 como parte del combate frontal contra las pandillas.
Desde que Bukele asumió la Presidencia en 2019, el país ha registrado un total de 1,076 jornadas sin muertes violentas, de las cuales 966 corresponden al período bajo el régimen de excepción.
El impacto de estas políticas también se refleja en la reducción histórica de la tasa de homicidios. El índice pasó de 106.3 muertes por cada 100,000 habitantes en 2015, a 38 en 2019, hasta descender a 1.9 en 2024. Para el presente año, las proyecciones oficiales apuntan a cerrar con menos de un homicidio por cada 100,000 habitantes.
Centroamérica
Al menos 62 presos políticos siguen encarcelados en Nicaragua, incluidos 18 adultos mayores
Al menos 62 opositores y críticos del Gobierno de Nicaragua, encabezado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanecen actualmente detenidos en las cárceles del país, entre ellos 18 adultos mayores, denunció este jueves el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De acuerdo con un informe de dicho organismo —cuyos datos cuentan con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—, 28 de los detenidos se encuentran en condición de desaparición forzada. “La desaparición forzada sigue siendo una de las violaciones más graves: 28 personas continúan sin ubicación y sus familias enfrentan silencio, miedo y hostigamiento”, advirtió la organización.
Del total de 62 personas privadas de libertad por motivos políticos, 6 son mujeres y 56 hombres, incluidos 10 detenidos antes del inicio de la crisis sociopolítica de 2018, precisó el Mecanismo.
La cifra representa una disminución en comparación con el reporte anterior, que contabilizaba 77 prisioneros políticos, debido a la excarcelación de al menos 18 personas y la incorporación de tres nuevos casos, explicó la organización.
En la lista actualizada figura el excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, quien permanece bajo confinamiento domiciliario impuesto por la Policía desde el 8 de marzo pasado, así como el exasesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero. Ruiz, uno de los nueve comandantes de la antigua Dirección Nacional Sandinista (1979–1990), es además el detenido de mayor edad, con 81 años.
También aparecen entre los adultos mayores privados de libertad los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera Bryan, Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, así como los militares en retiro Carlos Brenes, Víctor Boitano, Aníbal Rivas Reed y Eddie Moisés González Valdivia, entre otros.
El Mecanismo, integrado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos, abogados y redes de activistas, advirtió que el número real de detenidos podría ser mayor, ya que muchas familias no denuncian los casos por temor a represalias.
Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social desde abril de 2018, que se agravó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Dichos comicios se realizaron con sus principales contendientes encarcelados, quienes posteriormente fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos, acusados de “golpismo” y “traición a la patria”.
Centroamérica
CNE pide calma a candidatos tras denuncia de “cambio de datos” en el conteo electoral
La presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, hizo este jueves un llamado a los candidatos presidenciales a pronunciarse “desde la tranquilidad”, luego de que el aspirante conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciara un repentino “cambio de datos” en los ajustados resultados preliminares de las elecciones del pasado domingo.
“Candidatos y candidatas, en momentos como estos, cuando el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza”, expresó Hall durante una comparecencia ante la prensa.
La funcionaria también pidió a los aspirantes “confianza” y “respeto” hacia el ente electoral. Si bien reconoció la tensión y la urgencia que se vive en el actual contexto, advirtió que “la prisa a veces es enemiga de la legitimidad”.
Hall defendió además el trabajo del CNE durante el escrutinio preliminar y subrayó que los resultados que se entreguen serán “definitivos”, ya que el conteo se encuentra bajo dos procesos especiales de contingencia, destinados a verificar las actas y documentos que no pudieron ser procesados o transmitidos.
“El Consejo Nacional Electoral avanza de manera sistemática, ordenada y transparente en el escrutinio de todas y cada una de las actas de las juntas receptoras de votos”, afirmó por su parte la consejera Cossette López-Osorio.
Según explicó el organismo, uno de estos procesos contempla actas que fueron procesadas, pero no transmitidas desde los centros de votación, mientras que el segundo abarca documentos que no fueron procesados ni enviados por las juntas receptoras.
Las declaraciones de Hall se producen luego de que Nasralla denunciara este jueves un supuesto “cambio de datos” durante el conteo preliminar de la madrugada, cuando —según indicó— “se apagó la pantalla” del portal de resultados, lo que habría favorecido a su rival Nasry Asfura. Por ello, solicitó investigar a la empresa ASD, responsable de administrar la plataforma donde se proyectan los resultados.
“Cualquier análisis sobre una eventual responsabilidad de la empresa señalada debe realizarse posteriormente. En este momento lo prioritario es concluir la elección. Les aseguro que seremos rigurosos en ello”, enfatizó Hall.
La denuncia se conoció después de que este jueves los resultados preliminares volvieran a cambiar de tendencia. Con el 86,62 % de las actas escrutadas, Asfura, candidato del Partido Nacional respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera ahora el conteo con 1.116.891 votos (40,25 %), mientras que Nasralla se ubica en segundo lugar con 1.093.302 sufragios (39,40 %).
Ambos aspirantes conservadores se han alternado en la cima del conteo desde el inicio del escrutinio, que ha estado marcado por interrupciones técnicas, según el CNE. Entretanto, la ciudadanía hondureña permanece a la expectativa de conocer al virtual ganador de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.
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