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Centroamérica

Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

Foto: Reuters

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.

Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.

Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.

Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.

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«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.

Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».

Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo. 

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«No está en la agenda»

El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.

Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.

Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.

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«Atenta contra las empresas»

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.

«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.

«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.

Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.

«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.

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Centroamérica

El Salvador suma 17 días sin homicidios en enero

El Salvador continúa registrando jornadas sin homicidios, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC). La institución informó que el miércoles 21 de enero cerró con cero muertes violentas en todo el territorio nacional.

“Finalizamos el martes 21 de enero con 0 homicidios en el país”, informó la PNC a través de su cuenta oficial en la red social X.

Con este registro, el país acumula 17 días sin asesinatos en lo que va del mes de enero, de acuerdo con las estadísticas policiales.

Las autoridades atribuyen estos resultados a la implementación de las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas que han permitido la captura y judicialización de miles de miembros de estructuras criminales.

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Centroamérica

Paquetes escolares incluirán tecnología y más materiales para estudiantes del sistema público

El Ministerio de Educación informó que los paquetes escolares destinados a los estudiantes del sistema público ya se encuentran listos para ser entregados al inicio del año lectivo, programado para el próximo 2 de febrero. La ministra Karla Trigueros aseguró que los insumos han sido preparados para atender las necesidades académicas de cada nivel educativo.

Durante un recorrido por una bodega de distribución, la funcionaria explicó que el Gobierno ha priorizado la previsión de materiales para garantizar el desarrollo adecuado de las actividades escolares. “Estamos emocionados por este inicio de clases. El presidente Nayib Bukele nos instruyó a prever cada una de las necesidades de los niños para su desempeño académico”, afirmó.

Trigueros detalló que, de cara al año 2026, los paquetes escolares han sido mejorados y adaptados según el grado de los estudiantes. Entre los cambios destacan cuadernos de 100 hojas —en sustitución de los anteriores de 70—, la incorporación de un cuaderno adicional y la inclusión de materiales lúdicos dirigidos a la primera infancia, como parte de la iniciativa impulsada por la primera dama Gabriela de Bukele, enfocada en el aprendizaje a través del juego.

Para la primera infancia, los paquetes incluyen una tableta de ocho pulgadas adaptada a la edad de los niños, así como juegos didácticos diseñados para estimular su desarrollo cognitivo y motriz. En total, el Ministerio ha preparado 16 tipos de paquetes escolares, que también contemplan a estudiantes de modalidades flexibles y a personas adultas que retoman sus estudios.

“Vamos a entregar paquetes a todos los estudiantes, incluyendo a quienes no pudieron continuar su educación en algún momento. Les estamos dando las herramientas para que estudien”, señaló la ministra.

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Los paquetes están segmentados por nivel educativo: primera infancia, desde kínder 4 hasta preparatoria; estudiantes de primero a cuarto grado; y de cuarto grado en adelante. Entre los insumos se incluyen dos uniformes, un par de zapatos, cuadernos, colores, plumones, pinturas de dedo, lápices, lapiceros, libros de texto, tijeras y otros materiales escolares.

Además, los estudiantes reciben dispositivos tecnológicos según su grado: tabletas de ocho y 10 pulgadas, y computadoras portátiles para quienes cursan cuarto grado en adelante, como parte del esfuerzo por fortalecer la educación digital en el sistema público.

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Centroamérica

Gobierno de Guatemala advierte que cárceles con 340 % de hacinamiento son una “bomba de tiempo”

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, advirtió este miércoles que el sistema penitenciario del país, que enfrenta un hacinamiento del 340 %, constituye una “bomba de tiempo permanente”, tras los ataques coordinados atribuidos a pandillas que dejaron diez agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos el pasado domingo.

Durante esa jornada, integrantes de estructuras criminales protagonizaron motines simultáneos en tres centros penitenciarios y tomaron como rehenes a varios custodios, mientras otros grupos armados ejecutaban ataques en distintos puntos del país. La situación llevó al Ejecutivo a decretar un estado de sitio por 30 días, anunciado el mismo domingo por el presidente Bernardo Arévalo de León.

“El Gobierno está haciendo su trabajo; ahora es necesario que el sistema de justicia responda y dé resultados”, afirmó Arévalo este miércoles durante una conferencia de prensa. El mandatario sostuvo que los hechos violentos buscaban infundir terror en la población, pero aseguró que “las pandillas fracasaron”.

Arévalo destacó que las fuerzas de seguridad retomaron el control de los centros penitenciarios en menos de 24 horas y recalcó que el Ejecutivo no cedió a ninguna exigencia de los reclusos. “Tienen a un presidente y a un equipo dispuestos a tomar decisiones que gobiernos anteriores no quisieron tomar”, subrayó.

Por su parte, el ministro Villeda reiteró que el sistema penitenciario atraviesa una situación crítica, al albergar a cerca de 23,000 privados de libertad en instalaciones diseñadas para apenas 6,000 personas. “Tenemos cárceles que no cumplen con los estándares internacionales de seguridad ni de rehabilitación”, señaló.

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El funcionario calificó al sistema carcelario como “la cenicienta del Estado”, en referencia a la histórica falta de inversión, y anunció la construcción de dos nuevos centros penitenciarios como parte de las medidas para reducir la sobrepoblación y fortalecer la seguridad ciudadana.

Villeda responsabilizó directamente a la pandilla Barrio 18 por los ataques contra los agentes policiales y afirmó que el Gobierno no tiene “absolutamente nada que negociar con grupos criminales”.

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