Centroamérica

Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

Foto: Reuters

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.

Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.

Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.

Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.

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«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.

Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».

Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.

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«No está en la agenda»

El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.

Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.

Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.

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«Atenta contra las empresas»

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.

«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.

«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.

Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.

«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.

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Honduras interviene unidad antipandillas tras asesinato de cinco agentes

El Ministerio de Seguridad de Honduras ordenó la intervención inmediata de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), luego de que un operativo considerado irregular terminara con el secuestro y asesinato de cinco agentes de esa división policial.

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades suspendieron al director, subdirector y jefe de operaciones de la unidad antipandillas. El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, indicó que la cúpula de Dipampco será investigada para determinar por qué los agentes participaron en un allanamiento sin cumplir los protocolos institucionales establecidos.

De acuerdo con las autoridades hondureñas, los policías fueron asesinados por integrantes de una estructura criminal tras un operativo realizado el jueves en la aldea Corinto, municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, cerca de la frontera entre Honduras y Guatemala.

El Ministerio de Seguridad detalló en un comunicado que Dipampco ejecutó el allanamiento “sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial correspondientes”.

Las investigaciones preliminares señalan que el operativo estaba dirigido contra una estructura dedicada al narcotráfico liderada por Héber Noé Argueta Zavala, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los agentes ingresaron en fila a la vivienda intervenida y fueron recibidos con disparos. Periodistas hondureños que acudieron al lugar señalaron que la organización criminal aparentemente ya conocía sobre la llegada de los uniformados antes del operativo.

Las autoridades continúan las investigaciones para establecer responsabilidades dentro de la unidad policial y determinar cómo se filtró la información sobre el procedimiento.

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PNC y Ejército aumentan vigilancia fronteriza ante violencia en Honduras

El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que la Policía Nacional Civil de Guatemala y el Ejército de Guatemala reforzaron la seguridad en la frontera con Honduras tras las masacres ocurridas el jueves en territorio hondureño, donde al menos 24 personas murieron, incluidos cinco agentes policiales.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que las autoridades mantienen vigilancia permanente en los pasos fronterizos y coordinación con cuerpos de seguridad hondureños para impedir el ingreso de los responsables de los ataques.

“Hemos tenido constante monitoreo de la situación y nos hemos comunicado con autoridades del vecino país para conocer el estado de la frontera. Hemos enviado varios contingentes de la Policía Nacional Civil para reforzar la zona y evitar que las personas que atentaron contra la Policía de Honduras se trasladen a territorio nacional. También contamos con el apoyo del Ejército de Guatemala”, declaró el funcionario.

Las medidas de seguridad se concentran principalmente en las zonas limítrofes de Izabal y Chiquimula, donde se incrementaron los patrullajes y los controles vehiculares.

Las autoridades guatemaltecas también informaron sobre el cruce de dos ciudadanos hondureños sospechosos de estar vinculados con la masacre de policías ocurrida en Honduras, aunque no se brindaron mayores detalles sobre su situación migratoria o posibles capturas.

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Centroamérica

Masacres en Honduras elevan tensión por violencia armada y disputas territoriales

Honduras vivió este jueves una nueva escalada de violencia armada que dejó al menos 25 personas fallecidas en dos masacres ocurridas en distintas zonas del país, según reportes preliminares de las autoridades.

Aproximadamente 12 horas después del primer hecho violento, el Ministerio Público de Honduras confirmó a medios locales la recuperación de 19 cuerpos en el departamento de Colón.

El portavoz de la institución, Yuri Mora, explicó que las víctimas fueron encontradas en distintos puntos de la zona.

“En un sector son 13 los cuerpos reconocidos y en otro son 6 hasta el momento”, detalló Mora.

Uno de los hechos ocurrió en el sector Palmeras, Paso Aguán, municipio de Trujillo, donde habitantes reportaron el asesinato de al menos diez trabajadores agrícolas de una finca de palma africana.

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De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron atacadas durante la madrugada cuando se disponían a iniciar su jornada laboral.

La Policía Nacional de Honduras indicó que no pudo confirmar inicialmente el número de fallecidos debido a que familiares trasladaron los cuerpos antes de la llegada de Medicina Forense.

“Los cuerpos fueron levantados por familiares; es una aldea de difícil acceso. Eran personas que pernoctaban en estas fincas”, señaló una fuente policial.

Por su parte, Javier Talavera aseguró que una de las principales hipótesis apunta a conflictos de tierras en la zona, problemática que históricamente ha generado enfrentamientos en el sector del Bajo Aguán.

Las autoridades continúan investigando ambos hechos para determinar responsabilidades y esclarecer las causas de las masacres.