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Centroamérica

Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

Foto: Reuters

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.

Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.

Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.

Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.

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«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.

Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».

Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.

En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo. 

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«No está en la agenda»

El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.

Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.

Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.

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«Atenta contra las empresas»

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.

«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.

«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.

Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.

«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.

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Centroamérica

Dos detenidos tras incautación de marihuana en cabezal proveniente de Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó este viernes sobre el decomiso de paquetes de marihuana en un cabezal procedente de Guatemala. La incautación fue realizada durante un control vehicular efectuado sobre la carretera Panamericana.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, detalló que, durante el procedimiento, se encontraron varios paquetes de la droga dentro del vehículo. Además, fueron detenidos Nemesio Aguilar y Amílcar Isaac Cabrera, quienes viajaban en el cabezal. Ambos sujetos serán entregados a las autoridades correspondientes para enfrentar el proceso judicial por este delito.

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Centroamérica

Gobierno asume $4 millones para aliviar a los salvadoreños con exoneración de agua

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha anunciado que un promedio de 770,000 cuentas de usuarios serán beneficiadas con la exoneración del pago del servicio de agua potable correspondiente a enero. Esta medida de alivio económico beneficiará al 95% de las cuentas residenciales de la institución.

El presidente de ANDA, Jorge Castaneda, explicó que de las 880,000 cuentas que la entidad administra, 809,000 corresponden a tarifas residenciales, y de esas, aproximadamente 770,000 aplican para la exoneración debido a que sus facturas no superan los $30.00.

Castaneda aclaró que esta exoneración solo aplica para usuarios con servicios de agua potable de ANDA que tienen tarifas residenciales y no incluyen comercios ni pequeñas empresas. Además, señaló que el sistema de pago para las cuentas inferiores a $30.00 está bloqueado temporalmente, ya que se ha creado una nueva base de datos que identifica a los beneficiarios, la cual ha sido compartida con los bancos del país para evitar que se efectúen cobros.

El gobierno asumirá aproximadamente $4 millones para cubrir el costo de esta medida, utilizando recursos propios de la institución. Castaneda destacó que esta acción es el resultado de un trabajo articulado con el gobierno del presidente Nayib Bukele.

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Centroamérica

Gobierno presenta decomiso histórico de cocaína: 4.3 toneladas con valor de $108 millones

Este viernes, autoridades del gabinete de seguridad ampliado presentaron un importante cargamento de cocaína, con un total de 4.3 toneladas, que fue incautado por la Fuerza de Tarea Naval Tridente en altamar durante cuatro intervenciones realizadas en los primeros días de enero. El valor estimado de la droga supera los $108 millones.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, detalló que la primera intervención ocurrió el 4 de enero, cuando la Fuerza Naval detectó una embarcación de origen ecuatoriano a 990 millas náuticas (1,834 km) de la costa salvadoreña. En la operación, se decomisaron 1,560 kilos de cocaína, con un valor de $38.9 millones.

La segunda incautación se realizó solo una hora después en la misma zona, donde otra embarcación tripulada por un ecuatoriano y un colombiano transportaba otros 1,560 kilos de cocaína, con el mismo valor de $38.9 millones.

El 6 de enero, se realizó la tercera intervención, a 850 millas náuticas, cuando se interceptó una embarcación tripulada por dos ecuatorianos con 599 kilos de cocaína, valorados en $14.9 millones. Finalmente, el 7 de enero, a 860 millas náuticas, se encontró la cuarta embarcación, con tres ecuatorianos a bordo, quienes transportaban 626 kilos de cocaína, con un valor de $15.6 millones.

El total de incautaciones realizadas bajo la administración del presidente Nayib Bukele asciende a 53.8 toneladas de diversas drogas, con un valor estimado en $1,241.3 millones.

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