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Centroamérica

Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido

Foto: Reuters

27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |

El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.

Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.

Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.

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Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.

«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.

Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».

Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.

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En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo. 

«No está en la agenda»

El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.

Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.

«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.

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Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.

«Atenta contra las empresas»

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.

«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.

«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.

Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.

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«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.

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Centroamérica

Levi Stanley Ticas: Orgullo salvadoreño en concurso internacional de cuentos

Levi Stanley Ticas, un joven salvadoreño de 13 años, ha sido reconocido como uno de los 20 ganadores del concurso Macondo sí Tiene Quien le Escriba, organizado por la Fundación Gabo y el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Levi fue el único representante centroamericano entre más de 2,000 participantes de toda la región. Su relato, inspirado en la activista salvadoreña Prudencia Ayala, será publicado en un libro antológico junto con los otros relatos premiados.

Como parte de su premio, Levi viajará a Colombia para ser galardonado y visitar los lugares emblemáticos relacionados con Gabriel García Márquez. Su cuento, titulado «La sibila heroica», destaca la valentía de Prudencia Ayala en la promoción de los derechos de la mujer.

Este logro llena de orgullo a Levi y lo motiva a seguir representando a El Salvador en concursos internacionales. Además, su historia destaca el valor de la identidad, autonomía e integración de la región iberoamericana y el Caribe, según lo resaltó el jurado del concurso.

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Centroamérica

Fiscalía pide extinción de dominio de 9 bienes de exministro

El Tribunal Especializado de Extinción de Dominio concluyó este viernes la etapa de alegatos finales en la audiencia contra el exministro de Defensa David Munguía Payés y su familia, donde la Fiscalía busca que 9 inmuebles de su propiedad pasen a favor del Estado. Según la acusación, Munguía Payés habría movilizado $4,638,164.91 de dinero público entre 2014 y 2019 para comprar bienes e inversiones. El resultado de este proceso será anunciado el próximo 24 de mayo.

La Fiscalía General de la República ha presentado evidencias que sustentan las acusaciones, solicitando al tribunal que los 9 inmuebles, incluido un lujoso rancho de playa, 2 vehículos y 9 depósitos a plazo fijo, sean administrados por el Estado.

Durante su testimonio como testigo de descargo el pasado 19 de marzo, Munguía Payés admitió haber proporcionado ayuda económica a su hija en forma de depósitos bancarios y transferencias de propiedades, mientras fungía como ministro. Los depósitos mensuales, gestionados por un empleado a su cargo, ascendieron a montos significativos, alcanzando un total de aproximadamente $14,000.

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Centroamérica

Bomberos intensifica inspecciones en gasolineras para garantizar seguridad

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador ha intensificado las inspecciones en gasolineras a nivel nacional como parte de un plan piloto destinado a detectar y corregir posibles riesgos que podrían desencadenar emergencias.

Estas acciones forman parte del Plan Piloto de Inspecciones para la Certificación de Inmuebles, implementado por la institución desde mediados de abril en todo el territorio salvadoreño. El director de Bomberos, Baltazar Solano, ha destacado la importancia de enfocarse en áreas críticas como el manejo de combustibles y cilindros de gas, especialmente en lugares como centros educativos, de salud privados, industrias textiles y centros nocturnos.

Las inspecciones se llevan a cabo con el objetivo de garantizar que las gasolineras cumplan con los requisitos de seguridad establecidos, alineándose con las regulaciones establecidas en el Decreto 520 de la Ley Bomberos. Más de 80 inspectores están dedicados a verificar que los inmuebles estén en cumplimiento con las normativas de seguridad, lo que no solo protege el patrimonio, sino que también salva vidas.

Bomberos hace un llamado a los propietarios y administradores de inmuebles para que colaboren activamente en este proceso, cumpliendo con las normativas de seguridad y realizando las correcciones necesarias cuando sea requerido para garantizar la seguridad de todos.

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