Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Panamá y Brasil refuerzan lazos logísticos y comerciales en Cumbre del Mercosur
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron este jueves una reunión bilateral en Buenos Aires en el marco de la LXVI Cumbre de mandatarios del Mercosur, en la que abordaron temas clave de cooperación, con énfasis en el sistema logístico panameño.
Mulino destacó la importancia estratégica del Canal de Panamá, sus puertos y la red ferroviaria como un eje fundamental para el comercio regional y global. En respuesta, Lula propuso organizar una visita oficial de ministros brasileños a Panamá para conocer de primera mano la operación logística, portuaria y aeroportuaria del país.
El mandatario brasileño también planteó el envío de una misión empresarial para explorar oportunidades de inversión y fomentar proyectos conjuntos. «Esta relación que se está reactivando ayudará a cerrar brechas entre Brasil y Centroamérica, incluyendo a Panamá», expresó Lula, según informó la Presidencia panameña.
Lula reconoció que parte de esa distancia podría deberse a la cercanía cultural y comercial de Centroamérica con Estados Unidos, pero remarcó que el actual contexto geopolítico está llevando a muchos países a diversificar sus alianzas y mirar hacia mercados como el brasileño.
Durante el encuentro, Mulino solicitó a Lula que Panamá sea excluida de la lista fiscal de Brasil, a lo que el líder brasileño respondió que se evaluará el caso y se podría enviar al país al ministro de Hacienda y al secretario tributario.
Finalmente, el presidente panameño extendió una invitación formal a Lula para asistir al Foro Económico de América Latina, que se celebrará en enero de 2026 en la Ciudad de Panamá.
Centroamérica
El Salvador proyecta 5 millones de turistas internacionales para 2030
El Salvador podría superar los cinco millones de turistas internacionales para el año 2030, según estimaciones del Ministerio de Turismo (MITUR), que prevé un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes al país durante la próxima década.
Un análisis compartido por la institución en mayo pasado detalla que, a partir de 2025, el país experimentaría un incremento anual de más de 200,000 turistas internacionales, lo que permitiría alcanzar la cifra proyectada al cierre del decenio.
De acuerdo con MITUR, el 2024 cerrará con un nuevo récord de visitantes, superando los cuatro millones de turistas. Para los años siguientes, las proyecciones estiman que en 2026 ingresarán 4.2 millones de turistas, en 2027 serán 4.4 millones, y para 2028 la cifra ascenderá a 4.6 millones. En 2029, se espera alcanzar los 4.8 millones de visitantes internacionales.
En total, entre 2025 y 2030, las autoridades proyectan que El Salvador recibirá aproximadamente 27 millones de turistasprocedentes de distintas partes del mundo, consolidando al país como un destino emergente en la región.
Centroamérica
Aprueban nueva prórroga del Régimen de Excepción en El Salvador
Con 57 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la prórroga número 40 del régimen de excepción, que estará vigente del 5 de julio al 3 de agosto de 2025. La medida fue discutida y avalada durante la sesión plenaria número 62.
Esta es la séptima prórroga del año y forma parte de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno desde marzo de 2022, cuando se activó por primera vez esta herramienta legal como respuesta al accionar de las pandillas en el país.
Durante la plenaria, los legisladores destacaron que, gracias a este régimen, se ha logrado recuperar territorios anteriormente controlados por estructuras criminales y se ha garantizado una mayor tranquilidad a la población.
El diputado de Nuevas Ideas, Walter Coto, justificó la necesidad de seguir aplicando el régimen al asegurar que aún existen remanentes de pandillas en algunas zonas.
“Todavía existen residuos de personas que pertenecen a este tipo de grupos criminales, pero estamos conscientes de que debemos arrancar de raíz este problema. Algunos jóvenes estaban organizando un nuevo grupo de pandillas, ya tenían un plan y una estrategia de esto, por lo que es importante seguir con el régimen de excepción”, expresó.
Los legisladores oficialistas reiteraron que mantendrán su respaldo al Gabinete de Seguridad en los esfuerzos por eliminar completamente la amenaza de las pandillas y preservar el clima de seguridad que, aseguran, ahora vive el país.
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