Centroamérica
Costa Rica va camino a archivar el Acuerdo de Escazú tras haberlo promovido
27 de enero | Por AFP | Alberto Peña |
El emblemático Acuerdo de Escazú sobre protección del medio ambiente aprobado por los países latinoamericanos en 2018, está próximo a caer en el olvido en Costa Rica, uno de sus impulsores, ante el rechazo del gobierno, la mayoría del Congreso y del sector empresarial, que lo ven como un freno a la reactivación económica.
Costa Rica ha sido un país «de vanguardia, con posiciones siempre a favor del ambiente y de los derechos humanos», señala a la AFP el profesor de derecho internacional Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica.
Por ese motivo, afirma el académico, es inexplicable que la Asamblea Legislativa pretenda archivar el acuerdo, que garantiza el acceso a la información en materia ambiental, el derecho de participación ciudadana en decisiones que afecten al medio ambiente y la protección para los defensores de la naturaleza.
Solo los seis diputados del Frente Amplio (izquierda) están empeñados en que se prorrogue el periodo de discusión en el Congreso, pero se necesitan 29 votos. Si no se extiende el plazo, que vence el 1 de febrero, el Acuerdo será archivado.
«Mal hace Costa Rica si no aprueba el Acuerdo de Escazú por la señal que da. Siendo un país que ha estado a la vanguardia en este tema (…) tirarlo por la borda sería un error gravísimo», comenta a la AFP el parlamentario frenteamplista Jonathan Acuña.
Boeglin esitma que «pareciera (que los demás diputados) están muy de acuerdo y muy cómodos con el hecho de que Costa Rica internacionalmente le esté dando la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior: el ambiente y los derechos humanos».
Impulsado por Costa Rica y Chile, el convenio fue suscrito en 2018 por 24 países tras seis años de arduas negociaciones. Fue ratificado por 14: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Los delegados costarricenses fueron quienes lo bautizaron como Acuerdo de Escazú, nombre de un municipio de clase alta de San José donde se cerró la negociación del convenio, suscrito en Nueva York en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de la ONU.
En la Cumbre de la CELAC celebrada esta semana en Buenos Aires, el mandatario chileno Gabriel Boric instó a no dejar morir el Acuerdo.
«No está en la agenda»
El Parlamento de Costa Rica aprobó el convenio en febrero de 2020 con 44 votos a favor (de 57 parlamentarios) y ninguno en contra. Sin embargo, un año después la Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló la votación por «vicios de procedimientos» y alegó la falta de consulta previa al Poder Judicial.
En la Asamblea Legislativa el argumento más repetido contra el Acuerdo es que Costa Rica tiene otras leyes sobre las materias incluidas en el pacto regional.
Las posturas contrarias al Acuerdo nacen en la mismísima Presidencia de Costa Rica. El mandatario, Rodrigo Chaves, aseguró días después de asumir el poder en mayo de 2022 que este convenio latinoamericano no era una prioridad.
«El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno. El Acuerdo de Escazú no lo veo, no creo que sea beneficioso para el país», indicó entonces el presidente.
Según Chaves, de ser ratificado, se retrasaría «de manera injustificada» la reactivación económica del país después de la pandemia de covid-19.
«Atenta contra las empresas»
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) respaldó las palabras del presidente a través de una carta.
«Dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica», dice la misiva.
«Cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción», señaló en la carta el presidente de la Uccaep, José Álvaro Jenkins.
Pero la ONG MarViva, que opera en naciones del Pacífico tropical latinoamericano, afirma que «contrario a lo argumentado» por los líderes empresariales, la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría beneficios para la economía de Costa Rica.
«Más bien se trata de una garantía en el clima de inversión, que facilitaría la creación de valor agregado para aquellas actividades productivas que se desarrollen de conformidad con las disposiciones del acuerdo», dice a la AFP la gerente de Incidencia Política de MarViva, Katherine Arroyo.
Centroamérica
Nace el movimiento ‘Panamá Posible’ en apoyo a la candidatura presidencial de Martín Torrijos
29 de septiembre | Redacción |
El jueves 28 de septiembre, un nuevo movimiento político llamado ‘Panamá Posible’ fue lanzado con el propósito de respaldar la candidatura presidencial de Martín Torrijos, quien representa al Partido Popular (PP).
El vocero del movimiento, Juan McKay, destacó que ‘Panamá Posible’ está compuesto por una amplia diversidad de personas, incluyendo estudiantes, campesinos, empresarios, amas de casa, indígenas y profesionales de todas las regiones del país, con el objetivo de apoyar al exmandatario.
El movimiento tomó forma a raíz de la ratificación de Martín Torrijos como candidato presidencial en el Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular, el pasado 16 de julio. Torrijos instó a la población a organizarse en su discurso, subrayando la necesidad de abordar asuntos como las finanzas del Estado, la inversión extranjera, la educación equitativa y la generación de empleo para los panameños.
En respuesta, Torrijos agradeció al grupo de personas por su apoyo y afirmó que están unidos en la visión de construir un «Panamá Posible». Además, anunció que el candidato a vicepresidente se dará a conocer el próximo 22 de octubre.
Centroamérica
Expertos advierten que Centroamérica debe tomar medidas drásticas frente a la crisis climática
29 de septiembre | Redacción |
La región de Centroamérica se enfrenta a desafíos cada vez más apremiantes debido al cambio climático, con eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones que afectan de manera recurrente. Melinka Nájera, experta española y coordinadora del Proyecto Regional Enlazando el Paisaje Centroamericano, destaca la alta vulnerabilidad de las comunidades costeras y la necesidad de tomar medidas drásticas para abordar la creciente crisis climática. En un reciente Foro de Turismo Sostenible y Cambio Climático en Honduras, Nájera enfatizó la importancia de incorporar la naturaleza como parte de la solución.
Nájera subraya la necesidad de establecer sistemas ecológicos que minimicen los impactos del cambio climático y proporcionen medios de vida sostenibles para las comunidades locales. Además, aboga por un equilibrio entre la conservación y el desarrollo sostenible, integrando prácticas tradicionales y promoviendo la simbiosis entre las comunidades y la naturaleza. La región centroamericana se encuentra entre las más vulnerables al cambio climático, y la agricultura, las cosechas y las formas de vida de sus habitantes se ven amenazados por la variabilidad climática, desde sequías hasta inundaciones.
La Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN) respalda la necesidad de establecer áreas protegidas efectivas y conectadas en la región. Aunque se han alcanzado metas de superficie, se reconoce que queda mucho trabajo por hacer en términos de gestión efectiva y gobernanza. La crisis climática ya está teniendo un impacto significativo en Centroamérica, donde comunidades costeras están siendo afectadas por el aumento del nivel del mar, y se hacen necesarios esfuerzos concertados para abordar esta creciente amenaza.
Centroamérica
Presidente electo de Guatemala reinstituye proceso de transición en medio de investigaciones sobre Movimiento Semilla
29 de septiembre | Redacción |
En un ambiente tenso y marcado por investigaciones en curso relacionadas con el Movimiento Semilla, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha decidido reinstituir el proceso de transición de poder con el actual mandatario, Alejandro Giammatei.
Esto se produce después de que Arévalo detuviera temporalmente la transición en respuesta a acciones del Ministerio Público.
Alejandro Giammatei, por su parte, anunció que la transición se llevará a cabo según la metodología propuesta por el presidente electo, limitándose a reuniones sectoriales y prometiendo total transparencia en la comunicación oficial.
Mientras tanto, el pueblo guatemalteco continúa manifestándose en demanda de la renuncia de la fiscala general Consuelo Porras, fiscales clave y un juez, alegando un golpe de Estado tras los resultados electorales. La tensión persiste mientras se espera que las acciones legales aborden esta crisis política.
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