A casi cuatro años de la implementación del régimen de excepción, las autoridades de Seguridad de El Salvador reportaron 1,000 días sin homicidios durante la vigencia de esta medida, un resultado que refleja una reducción sostenida de la violencia letal en el país. Bajo toda la gestión del presidente Nayib Bukele, el acumulado asciende a 1,114 jornadas sin homicidios.

La marca de los 1,000 días sin muertes violentas durante el régimen de excepción se alcanzó el jueves 15 de enero, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) no registró ningún homicidio a escala nacional.

El régimen de excepción fue solicitado por el presidente Bukele el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte de homicidios atribuidos a las pandillas entre el 25 y 26 de marzo, período en el que se contabilizaron 76 asesinatos. La medida fue implementada con el objetivo de restablecer el orden y el control territorial, y, 46 meses después, continúa vigente y cuenta con el respaldo mayoritario de la población.

Diversas encuestas reflejan ese nivel de aprobación. A los 30 días de ejecución, el régimen obtuvo una calificación de 7.99, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Por su parte, un sondeo de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo) registró una aceptación del 83.7 % tras tres meses de vigencia, porcentaje que aumentó al 89.9 % a finales de 2022.

Al cumplirse el primer año, la calificación fue de 7.92, y en el segundo año subió a 8.13, de acuerdo con datos del Iudop. En noviembre de 2023, la encuestadora CID Gallup informó que el 96 % de los salvadoreños estaba de acuerdo, en alguna medida, con las acciones del Gobierno contra las pandillas.

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En 2024, el 84 % de los encuestados por CID Gallup se mostró a favor de la continuidad del régimen, mientras que en diciembre de 2025, el 96 % consideró como “muy” o “algo positivas” las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno.

Asimismo, la encuesta del Iudop de 2024 reveló que el 85.1 % de la población consideró que el régimen ayudó a controlar la delincuencia. Para 2025, la misma institución otorgó una calificación de 7.78, y el 60 % de los consultados señaló que la medida debía prorrogarse por más tiempo.

Hasta la fecha, el régimen de excepción ha sido prorrogado en 46 ocasiones, siendo la más reciente la que comprende del 1 al 31 de enero de 2026.

El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó los avances que ha experimentado El Salvador durante los últimos seis años como resultado de los cambios impulsados desde la administración pública, los cuales —aseguró— permitieron superar un Estado fallido heredado en 2019.

Durante su reciente visita oficial a Costa Rica, el mandatario señaló que al asumir el Ejecutivo se encontró con un sistema institucional incapaz de responder a las necesidades de la población, lo que obligó a realizar transformaciones profundas en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Indicó que dichas reformas fueron posibles gracias al respaldo otorgado por los salvadoreños en las urnas, lo que le permitió contar con gobernabilidad.

«Teníamos un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos tuvimos que cambiar todo: corte, jueces, fiscales, leyes, asamblea; en las elecciones, por supuesto, elecciones que fueron observadas por la Unión Europea, por la ONU, OEA, países desarrollados que tienen interés en observar elecciones», expresó Bukele.

El presidente sostuvo que el sistema judicial anterior no garantizaba justicia para las víctimas de la violencia y, por el contrario, facilitaba la liberación de personas acusadas de delitos. Como ejemplo, relató que agentes policiales capturaban a pandilleros que recuperaban su libertad en cuestión de horas, lo que derivaba en represalias contra los propios policías y sus familias.

«Había muchos policías buenos en El Salvador, y como me cuenta historias el ministro [de Justicia, Gustavo Villatoro], iban y agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y al siguiente día salían 101; los 100 que metieron y otro que sacaron», afirmó.

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Bukele aseguró que la implementación del Plan Control Territorial, reforzado posteriormente con el régimen de excepción, transformó de manera radical la seguridad pública, al punto de convertir a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental, condición que —dijo— es reconocida por otras naciones y organismos internacionales.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 57 votos, la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, una normativa que otorga beneficios fiscales a empresas que ya operan en el país desde hace más de una década y que amplíen su inversión y capacidad productiva.

La ley está dirigida a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que incrementen sus inversiones por un monto superior a un millón de dólares. Entre los principales incentivos se incluye una deducción del impuesto sobre la renta (ISR), calculada en función del monto de la inversión realizada.

De acuerdo con el decreto, las empresas que inviertan entre un millón y diez millones de dólares podrán deducir el 10 % del ISR; aquellas cuya inversión supere los diez millones y alcance hasta veinte millones recibirán una deducción del 20 %; mientras que las inversiones mayores a veinte millones de dólares tendrán una deducción del 30 % del impuesto.

Este beneficio fiscal podrá ser utilizado durante un período de hasta diez años, contados a partir de la obtención de la calificación correspondiente por parte de las autoridades competentes.

La normativa también contempla la exoneración del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces para los inmuebles adquiridos con fines de expansión. Para acceder a este incentivo, las empresas deberán utilizar el bien durante un plazo mínimo de cinco años y conservar su propiedad durante ese mismo período.

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Entre los requisitos establecidos, los interesados deberán comprobar la antigüedad de sus operaciones en el país, no estar acogidos a otros regímenes de incentivos fiscales, contar con la calificación Invest y no mantener obligaciones pendientes con el Ministerio de Hacienda.

Asimismo, la ley prohíbe a los beneficiarios sustituir activos o reducir las operaciones con las que inicien el proceso de expansión, como condición para mantener los incentivos otorgados.