Internacionales
La desinformación sobre la extradición rodea el referendo en Ecuador
31 de enero | Por AFP | Andrés Martínez |
Quién podrá ser extraditado y bajo qué condiciones: la discusión sobre la primera de las ocho preguntas del referendo del 5 de febrero en Ecuador ha alimentado la desinformación y las interpretaciones erróneas como su eventual aplicación en el caso judicial del expresidente Rafael Correa.
«¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?», dice el primer punto de la consulta convocada por el gobierno de Guillermo Lasso, que preguntará a los votantes sobre seguridad, política y medioambiente, y a la que están llamados a pronunciarse unos 13,4 millones de ciudadanos.
El mandatario defiende el referendo como una «herramienta» para enfrentar delitos como el comercio ilegal de armas y el narcotráfico, que azotan al país y han generado un aumento de los homicidios y decomisos de droga.
En medio del debate sobre los alcances de aprobar la extradición de connacionales, hasta ahora prohibida por la Constitución, usuarios han sugerido en redes sociales que la enmienda permitiría la extradición a Estados Unidos de Correa (2007-2017), condenado por corrupción en Ecuador en 2020 y que vive en Bélgica desde que dejó el poder.
«Votar sí en la consulta popular para aprobar la extradición y que Rafael Correa sea llevado directo a USA», «Sí a la extradición, Correa dice no porque en USA no tiene jueces compinches», dicen algunos de los mensajes viralizados de internautas identificados por la unidad de verificación de la AFP.
Sin embargo, según expertos, se trata de una malinterpretación, ya que el referendo busca dar paso a la extradición de ecuatorianos que vivan en el país y sean solicitados en el extranjero exclusivamente por delitos vinculados al crimen organizado.
«En este caso, el requerimiento (sobre Correa) habría que hacerlo a Bélgica, pues depende de dónde está radicado el ciudadano», explicó a la AFP el abogado y profesor universitario ecuatoriano Salim Zaidán.
Correa fue condenado en abril de 2020 por cohecho, responsabilizado por la justicia de recibir sobornos a cambio de entregar contratos públicos a empresas.
Si el exmandatario se encontrara en Ecuador, la reforma tampoco garantizaría su extradición, pues dependería de ser solicitado por la justicia de otro país y, como explicó a la AFP el constitucionalista Ismael Quintana, los delitos de corrupción «no necesariamente» tienen un vínculo con el «crimen organizado trasnacional» que se pretende frenar a partir de la consulta.
El referendo tampoco abriría la posibilidad de extraditar a Correa desde Bélgica hacia Ecuador: «La Constitución (actual) ya permite que Ecuador le pida a Bélgica la extradición. Y eso ocurrió. Pero Bélgica lo negó porque consideró que la condena contra Correa obedecía a razones de orden político», indicó Quintana.
«Extradición pasiva»
Otros mensajes difundidos en las redes sociales apuntan a que la consulta popular «no es necesaria» para ordenar una extradición y usan como ejemplo el caso del expolicía ecuatoriano Germán Cáceres, quien fue expulsado el 3 de enero desde Colombia.
Cáceres fue detenido en el departamento colombiano de La Guajira (norte), tres meses después de haber huido de Ecuador, donde es investigado por el asesinato de su esposa dentro de una escuela policial en Quito.
Pero, de nuevo, se trata de una interpretación errónea, pues la enmienda busca permitir extraditar, por delitos trasnacionales, a los ecuatorianos radicados en Ecuador. Cáceres estaba en Colombia y era requerido por su país por un crimen común.
«Hay que distinguir entre la extradición activa y la pasiva. La primera es cuando yo pido que otro país me envíe a una persona que ha cometido un delito en mi territorio. Esto ya se puede hacer en Ecuador. Lo que no está permitido es la extradición pasiva de connacionales, es decir, enviar un ecuatoriano a ser juzgado por otro país», explicó Quintana.
La extradición de ecuatorianos, además, se daría solo «de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por Ecuador», remarcan los anexos del referendo.
Tampoco procederá en ningún caso cuando la solicitud se haya presentado con un fin de persecución ideológica o política o cuando existan razones para creer que la persona estaría en riesgo de tortura o tratos crueles, según esos documentos.
La consulta se llevará a cabo junto con la elección de alcaldes, prefectos provinciales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de designar autoridades de control.
Además de modificar la figura de la extradición, el referendo propone reducir el tamaño de la Asamblea Nacional y busca que los movimientos políticos cuenten con un mínimo de afiliados y sean auditados periódicamente.
Internacionales
Criminólogo advierte que Maduro podría contemplar el suicidio si es condenado en EE.UU.
El criminólogo Ricardo Sosa afirmó que una de las proyecciones que ha realizado sobre la situación judicial del exmandatario venezolano Nicolás Maduro es la posibilidad de que este contemple el suicidio como una salida, en caso de ser condenado por una corte de Estados Unidos.
Sosa explicó que esta evaluación se basa en el perfil criminológico del detenido y en el análisis de sus recientes apariciones públicas difundidas por medios de comunicación.
“Lo tengo que decir como una proyección: si Nicolás Maduro vislumbra que será condenado podría, incluso, intentar suicidarse, quitarse la vida. Nicolás Maduro tiene ese perfil criminológico para hacerlo”, señaló el especialista durante una entrevista concedida a radio Fuego.
Según el criminólogo, la pérdida del poder político sería un factor determinante que podría desencadenar este comportamiento. En ese contexto, sostuvo que Maduro aún no habría asimilado su nueva situación tras su captura.
“Los juegos que tuvo con las cámaras, con esa persona que se acerca y le grita una frase, y Nicolás Maduro se detiene y le dice que era el presidente constitucional de Venezuela, manifiestan que todavía está en el proceso de duelo y que no ha aceptado la situación en la que se encuentra”, afirmó Sosa.
Internacionales
Cuba confirma la muerte de 32 militares en ataque de EE. UU. en Caracas
El Gobierno de Cuba publicó este martes los nombres de 32 militares cubanos fallecidos durante el ataque de Estados Unidos en Caracas que culminó con la captura del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 3 de enero. El anuncio se produce un día después de que el Ejército de Venezuela difundiera esquelas fúnebres de 23 uniformados venezolanos muertos en la misma operación.
Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y ambos se encuentran actualmente en Nueva York, donde se declararon no culpables de cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, según informaron autoridades estadounidenses.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, denunció el domingo que la custodia presidencial de Maduro fue asesinada “a sangre fría” durante la incursión de tropas estadounidenses, que incluyó bombardeos en Caracas y en al menos otros tres estados del país.
Medios oficiales cubanos detallaron que, de los 32 militares fallecidos, 21 pertenecían al Ministerio del Interior, entre ellos dos coroneles y un teniente coronel. Los 11 restantes formaban parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en su mayoría soldados.
Por su parte, el Ejército venezolano publicó el lunes en su cuenta oficial de Instagram 23 esquelas correspondientes a uniformados caídos, entre ellos cinco almirantes, 16 sargentos de distintos rangos y dos soldados.
Cuba y Venezuela mantienen desde hace décadas una estrecha relación de cooperación en áreas estratégicas como defensa, salud y educación, lo que explica la presencia de personal cubano en territorio venezolano al momento del ataque.
Centroamérica
OEA y BID destacan avances de El Salvador en legislación y estrategia de ciberseguridad
El Salvador ha dado pasos significativos en la consolidación de un marco legal sólido en materia de ciberseguridad, según señala el Informe de Ciberseguridad 2025: “Vulnerabilidad y madurez: desafíos para cerrar brechas en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El estudio resalta como uno de los principales avances la aprobación, en 2024, de dos leyes clave por parte de la Asamblea Legislativa: la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (decreto 143) y la Ley de Protección de Datos Personales (decreto 144).
De acuerdo con el informe, la Ley de Ciberseguridad establece un marco integral de políticas aplicable a todas las entidades del Estado, incluidos organismos autónomos y municipalidades, e incorpora sanciones específicas para los funcionarios públicos que incumplan la implementación de medidas de seguridad adecuadas, reforzando así la importancia del cumplimiento normativo.
El documento también destaca que el Gobierno salvadoreño impulsa diversos esfuerzos para fortalecer la ciberseguridad como parte de la Agenda Digital 2020-2030, con el objetivo de integrar a los sectores público y privado en un entorno digital seguro que fomente el desarrollo nacional mediante la innovación y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
En esa línea, el informe subraya que El Salvador avanza en la construcción de una estrategia nacional de ciberseguridad, enfocada en la protección de la información digital del Estado mediante la adopción de estándares internacionales y una coordinación interinstitucional sólida.
Asimismo, se resalta la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), encargada de implementar las políticas de ciberseguridad en las instituciones públicas, así como de desarrollar y administrar el Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad.
El estudio añade que el país está implementando centros de operaciones de seguridad (SOC) para la gestión y respuesta ante amenazas en sectores sensibles vinculados al Gobierno Electrónico, los cuales contarán con apoyo técnico y financiero del BID.
En ese contexto, se destaca que en 2023 El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en establecer un SOC especializado para el sector financiero, reflejando el compromiso gubernamental con el fortalecimiento de la seguridad digital.
Finalmente, el informe señala que el Gobierno ha reforzado la gestión del dominio .sv, con el fin de mejorar la seguridad de los portales institucionales.
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