Internacionales
La desinformación sobre la extradición rodea el referendo en Ecuador
31 de enero | Por AFP | Andrés Martínez |
Quién podrá ser extraditado y bajo qué condiciones: la discusión sobre la primera de las ocho preguntas del referendo del 5 de febrero en Ecuador ha alimentado la desinformación y las interpretaciones erróneas como su eventual aplicación en el caso judicial del expresidente Rafael Correa.
«¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?», dice el primer punto de la consulta convocada por el gobierno de Guillermo Lasso, que preguntará a los votantes sobre seguridad, política y medioambiente, y a la que están llamados a pronunciarse unos 13,4 millones de ciudadanos.
El mandatario defiende el referendo como una «herramienta» para enfrentar delitos como el comercio ilegal de armas y el narcotráfico, que azotan al país y han generado un aumento de los homicidios y decomisos de droga.
En medio del debate sobre los alcances de aprobar la extradición de connacionales, hasta ahora prohibida por la Constitución, usuarios han sugerido en redes sociales que la enmienda permitiría la extradición a Estados Unidos de Correa (2007-2017), condenado por corrupción en Ecuador en 2020 y que vive en Bélgica desde que dejó el poder.
«Votar sí en la consulta popular para aprobar la extradición y que Rafael Correa sea llevado directo a USA», «Sí a la extradición, Correa dice no porque en USA no tiene jueces compinches», dicen algunos de los mensajes viralizados de internautas identificados por la unidad de verificación de la AFP.
Sin embargo, según expertos, se trata de una malinterpretación, ya que el referendo busca dar paso a la extradición de ecuatorianos que vivan en el país y sean solicitados en el extranjero exclusivamente por delitos vinculados al crimen organizado.
«En este caso, el requerimiento (sobre Correa) habría que hacerlo a Bélgica, pues depende de dónde está radicado el ciudadano», explicó a la AFP el abogado y profesor universitario ecuatoriano Salim Zaidán.
Correa fue condenado en abril de 2020 por cohecho, responsabilizado por la justicia de recibir sobornos a cambio de entregar contratos públicos a empresas.
Si el exmandatario se encontrara en Ecuador, la reforma tampoco garantizaría su extradición, pues dependería de ser solicitado por la justicia de otro país y, como explicó a la AFP el constitucionalista Ismael Quintana, los delitos de corrupción «no necesariamente» tienen un vínculo con el «crimen organizado trasnacional» que se pretende frenar a partir de la consulta.
El referendo tampoco abriría la posibilidad de extraditar a Correa desde Bélgica hacia Ecuador: «La Constitución (actual) ya permite que Ecuador le pida a Bélgica la extradición. Y eso ocurrió. Pero Bélgica lo negó porque consideró que la condena contra Correa obedecía a razones de orden político», indicó Quintana.
«Extradición pasiva»
Otros mensajes difundidos en las redes sociales apuntan a que la consulta popular «no es necesaria» para ordenar una extradición y usan como ejemplo el caso del expolicía ecuatoriano Germán Cáceres, quien fue expulsado el 3 de enero desde Colombia.
Cáceres fue detenido en el departamento colombiano de La Guajira (norte), tres meses después de haber huido de Ecuador, donde es investigado por el asesinato de su esposa dentro de una escuela policial en Quito.
Pero, de nuevo, se trata de una interpretación errónea, pues la enmienda busca permitir extraditar, por delitos trasnacionales, a los ecuatorianos radicados en Ecuador. Cáceres estaba en Colombia y era requerido por su país por un crimen común.
«Hay que distinguir entre la extradición activa y la pasiva. La primera es cuando yo pido que otro país me envíe a una persona que ha cometido un delito en mi territorio. Esto ya se puede hacer en Ecuador. Lo que no está permitido es la extradición pasiva de connacionales, es decir, enviar un ecuatoriano a ser juzgado por otro país», explicó Quintana.
La extradición de ecuatorianos, además, se daría solo «de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por Ecuador», remarcan los anexos del referendo.
Tampoco procederá en ningún caso cuando la solicitud se haya presentado con un fin de persecución ideológica o política o cuando existan razones para creer que la persona estaría en riesgo de tortura o tratos crueles, según esos documentos.
La consulta se llevará a cabo junto con la elección de alcaldes, prefectos provinciales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de designar autoridades de control.
Además de modificar la figura de la extradición, el referendo propone reducir el tamaño de la Asamblea Nacional y busca que los movimientos políticos cuenten con un mínimo de afiliados y sean auditados periódicamente.
Internacionales
Cruce de acusaciones entre Colombia y Ecuador por bombardeos en zona fronteriza
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que bombardeos registrados en la zona fronteriza con Ecuador dejaron 27 cuerpos calcinados, en medio de versiones encontradas entre ambos gobiernos.
A través de la red social X, Petro aseguró que no autorizó dichas operaciones y descartó la participación de las fuerzas de seguridad colombianas. “Yo no he dado esa orden”, escribió el mandatario, al tiempo que señaló que los ataques no fueron ejecutados por su país.
Por su parte, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó las declaraciones de su homólogo colombiano y sostuvo que las acciones militares se desarrollan dentro del territorio ecuatoriano.
“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, publicó Noboa también en X, en respuesta a los señalamientos realizados por Petro la noche del lunes, cuando sugirió que Ecuador había llevado a cabo los bombardeos.
El mandatario ecuatoriano añadió que su gobierno mantiene operaciones contra grupos vinculados al narcotráfico, en el marco de su estrategia de seguridad interna.
Internacionales
Argentina oficializa su salida de la OMS tras cumplirse el plazo legal de un año
El Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud, un año después de haber notificado oficialmente su decisión.
La confirmación fue realizada por el canciller Pablo Quirno a través de la red social X, donde explicó que el retiro se hace efectivo al cumplirse el plazo estipulado tras la notificación presentada el 17 de marzo de 2025 ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.
Según detalló Quirno, la medida se enmarca en lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que contempla un periodo de un año para la entrada en vigor de este tipo de decisiones.
A pesar de la salida del organismo internacional, el Gobierno argentino aseguró que continuará impulsando la cooperación en materia de salud mediante acuerdos bilaterales y mecanismos regionales, con el objetivo de preservar su soberanía en la toma de decisiones sanitarias.
La decisión fue justificada previamente por Milei como una respuesta a las “profundas diferencias” con la OMS durante la gestión de la pandemia de COVID-19. El mandatario ha sido crítico del organismo, al que calificó como “nefasto” y lo vinculó con lo que considera un “experimento de control social”.
El anuncio ha generado cuestionamientos por parte de expertos en salud, quienes calificaron la medida como perjudicial desde el punto de vista sanitario. No obstante, el Ejecutivo sostiene que la salida permitirá mayor flexibilidad y autonomía en la implementación de políticas públicas en el sector.
La postura del Gobierno argentino también refleja afinidades con la visión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en el pasado ha impulsado decisiones similares respecto a la OMS.
Internacionales
EE. UU. dialoga con Japón y Corea del Sur sobre seguridad en el estrecho de Ormuz
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Japóny Corea del Sur, en medio de la creciente tensión en Oriente Medio y tras el llamado del presidente Donald Trump a desplegar buques militares en el estrecho de Ormuz.
Las llamadas, realizadas la noche del lunes, incluyeron al canciller japonés, Toshimitsu Motegi, y al ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, quienes destacaron la importancia de garantizar la seguridad marítima en esta ruta estratégica para el suministro energético mundial.
Aunque ambos funcionarios evitaron pronunciarse directamente sobre la solicitud de Washington de enviar embarcaciones militares, coincidieron en la necesidad de preservar la estabilidad en la zona, dada su relevancia para el comercio global de petróleo.
Previamente, Trump reiteró su petición a Japón y Corea del Sur para que contribuyan a la protección del estrecho de Ormuz, subrayando que Estados Unidos mantiene presencia militar en ambos países como parte de su esquema de “protección”.
El mandatario también enfatizó que ambas naciones dependen en gran medida de las importaciones de petróleo provenientes de Oriente Medio, lo que refuerza la importancia estratégica de la ruta marítima.
Por su parte, el Gobierno japonés señaló que no existen planes inmediatos para desplegar fuerzas en la zona, argumentando la ausencia de una solicitud formal y la necesidad de evaluar la legalidad de la propuesta.
En tanto, Corea del Sur indicó que mantiene un diálogo cercano con Washington y que adoptará una “decisión cuidadosa” respecto a la petición.
Durante la conversación con Rubio, Motegi condenó las acciones de Irán, incluidos ataques a infraestructura civil y energética en países del Golfo, y ambas partes acordaron mantener una comunicación constante sobre la evolución de la crisis.
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