Internacionales
La desinformación sobre la extradición rodea el referendo en Ecuador
31 de enero | Por AFP | Andrés Martínez |
Quién podrá ser extraditado y bajo qué condiciones: la discusión sobre la primera de las ocho preguntas del referendo del 5 de febrero en Ecuador ha alimentado la desinformación y las interpretaciones erróneas como su eventual aplicación en el caso judicial del expresidente Rafael Correa.
«¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?», dice el primer punto de la consulta convocada por el gobierno de Guillermo Lasso, que preguntará a los votantes sobre seguridad, política y medioambiente, y a la que están llamados a pronunciarse unos 13,4 millones de ciudadanos.
El mandatario defiende el referendo como una «herramienta» para enfrentar delitos como el comercio ilegal de armas y el narcotráfico, que azotan al país y han generado un aumento de los homicidios y decomisos de droga.
En medio del debate sobre los alcances de aprobar la extradición de connacionales, hasta ahora prohibida por la Constitución, usuarios han sugerido en redes sociales que la enmienda permitiría la extradición a Estados Unidos de Correa (2007-2017), condenado por corrupción en Ecuador en 2020 y que vive en Bélgica desde que dejó el poder.
«Votar sí en la consulta popular para aprobar la extradición y que Rafael Correa sea llevado directo a USA», «Sí a la extradición, Correa dice no porque en USA no tiene jueces compinches», dicen algunos de los mensajes viralizados de internautas identificados por la unidad de verificación de la AFP.
Sin embargo, según expertos, se trata de una malinterpretación, ya que el referendo busca dar paso a la extradición de ecuatorianos que vivan en el país y sean solicitados en el extranjero exclusivamente por delitos vinculados al crimen organizado.
«En este caso, el requerimiento (sobre Correa) habría que hacerlo a Bélgica, pues depende de dónde está radicado el ciudadano», explicó a la AFP el abogado y profesor universitario ecuatoriano Salim Zaidán.
Correa fue condenado en abril de 2020 por cohecho, responsabilizado por la justicia de recibir sobornos a cambio de entregar contratos públicos a empresas.
Si el exmandatario se encontrara en Ecuador, la reforma tampoco garantizaría su extradición, pues dependería de ser solicitado por la justicia de otro país y, como explicó a la AFP el constitucionalista Ismael Quintana, los delitos de corrupción «no necesariamente» tienen un vínculo con el «crimen organizado trasnacional» que se pretende frenar a partir de la consulta.
El referendo tampoco abriría la posibilidad de extraditar a Correa desde Bélgica hacia Ecuador: «La Constitución (actual) ya permite que Ecuador le pida a Bélgica la extradición. Y eso ocurrió. Pero Bélgica lo negó porque consideró que la condena contra Correa obedecía a razones de orden político», indicó Quintana.
«Extradición pasiva»
Otros mensajes difundidos en las redes sociales apuntan a que la consulta popular «no es necesaria» para ordenar una extradición y usan como ejemplo el caso del expolicía ecuatoriano Germán Cáceres, quien fue expulsado el 3 de enero desde Colombia.
Cáceres fue detenido en el departamento colombiano de La Guajira (norte), tres meses después de haber huido de Ecuador, donde es investigado por el asesinato de su esposa dentro de una escuela policial en Quito.
Pero, de nuevo, se trata de una interpretación errónea, pues la enmienda busca permitir extraditar, por delitos trasnacionales, a los ecuatorianos radicados en Ecuador. Cáceres estaba en Colombia y era requerido por su país por un crimen común.
«Hay que distinguir entre la extradición activa y la pasiva. La primera es cuando yo pido que otro país me envíe a una persona que ha cometido un delito en mi territorio. Esto ya se puede hacer en Ecuador. Lo que no está permitido es la extradición pasiva de connacionales, es decir, enviar un ecuatoriano a ser juzgado por otro país», explicó Quintana.
La extradición de ecuatorianos, además, se daría solo «de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por Ecuador», remarcan los anexos del referendo.
Tampoco procederá en ningún caso cuando la solicitud se haya presentado con un fin de persecución ideológica o política o cuando existan razones para creer que la persona estaría en riesgo de tortura o tratos crueles, según esos documentos.
La consulta se llevará a cabo junto con la elección de alcaldes, prefectos provinciales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de designar autoridades de control.
Además de modificar la figura de la extradición, el referendo propone reducir el tamaño de la Asamblea Nacional y busca que los movimientos políticos cuenten con un mínimo de afiliados y sean auditados periódicamente.
Internacionales
José Antonio Kast pone a El Salvador como referente en combate a la violencia
El candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, resaltó la reducción de la tasa de homicidios en El Salvador durante el actual Gobierno, al atribuir los resultados a la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele.
Durante un debate transmitido en vivo de cara a la segunda vuelta electoral, Kast cuestionó la efectividad de las leyes aprobadas por el Congreso chileno para enfrentar la inseguridad. “Hoy en día Chile tiene más homicidios que los que tenía antes”, afirmó el aspirante presidencial, quien el próximo 14 de diciembre disputará el balotaje con la candidata de izquierda Jeannette Jara.
En ese momento, la moderadora del debate le señaló que se estaba abordando específicamente el tema de los femicidios y no el de los homicidios. Kast respondió que también han aumentado los femicidios y criticó la legislación vigente: “¿Y cuál fue el resultado de la ley? Aumentaron los femicidios porque no consideraron nuestras opiniones, nuestras observaciones de cómo hacerlo para que efectivamente bajaran”.
Luego, el candidato tomó como referencia el caso salvadoreño y preguntó: “¿Usted sabe cuál es la tasa de homicidios en El Salvador, incluidos los temas de femicidios y disputas familiares? Casi cero”, se respondió.
De acuerdo con datos divulgados por el presidente Nayib Bukele, con base en registros del gabinete de seguridad, la tasa de homicidios en El Salvador cerró en 2024 con 1.9 por cada 100,000 habitantes.
La moderadora expresó que desconocía si el modelo de seguridad salvadoreño era el más adecuado para ser analizado o aplicado en la realidad chilena. No obstante, Kast sostuvo que “el ejemplo de Bukele es el mejor para todos los chilenos” y aseguró que, si los ciudadanos pudieran elegirlo en las urnas, lo harían.
Según el Gobierno salvadoreño, la implementación del Plan Control Territorial y del régimen de excepción ha permitido no solo una reducción de homicidios, sino también de otros delitos como extorsiones y privaciones de libertad. Estas medidas, sin embargo, no cuentan con el respaldo de los partidos de oposición ARENA, FMLN y VAMOS.
Internacionales
Moreno niega haber recibido sobornos y acusa al correísmo de usar la justicia para perseguirlo
El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) reiteró este jueves que el proceso penal que enfrenta por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) responde a una “venganza” del correísmo, como represalia por haberse distanciado de ese proyecto político una vez que asumió la Presidencia. A su juicio, esa decisión evitó que “Ecuador se convierta en una dictadura perpetua y en otra Venezuela”.
Un juez deberá resolver el próximo lunes si Moreno es llamado a juicio dentro del denominado caso Sinohydro. La Fiscalía lo acusa de haber recibido, junto a miembros de su familia, más de un millón de dólares en sobornos por parte de la empresa estatal china Sinohydro, encargada de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.
En un video difundido en redes sociales, el exmandatario afirmó que ha entregado todas las pruebas a la Fiscalía y negó haber recibido dinero ilícito. “No se ha podido probar que yo haya recibido un solo centavo”, declaró, al tiempo que defendió también la inocencia de su esposa y de su hija, quienes figuran entre los acusados.
Moreno cuestionó además por qué no han sido incluidos en el proceso el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios. “¿Quién contrató la obra? Rafael Correa Delgado. ¿Quién gestionó el financiamiento y ejecutó esa obra? Jorge Glas”, manifestó.
Recordó que el proyecto fue inaugurado en noviembre de 2016 con la presencia de Correa y Glas, sin que en ese momento se haya realizado una revisión técnica adecuada. “De forma irresponsable se devolvieron más de 100 millones de dólares en garantías”, aseguró.
Añadió que, ya como presidente, se detectaron más de 17.000 fisuras en la obra, razón por la cual se negó a recibir oficialmente el proyecto e inició un proceso de arbitraje internacional. Actualmente, Moreno reside en Paraguay, donde se desempeña como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad.
La Fiscalía sostiene que los sobornos pagados por Sinohydro en el proyecto de Coca Codo Sinclair ascienden presuntamente a más de 76 millones de dólares.
Internacionales
EE. UU. lanza nuevo ataque en el Pacífico y aviva polémica por muertes en ofensiva antinarcóticos
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos difundieron este jueves un video de un nuevo ataque contra una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la creciente controversia en el Senado sobre la legalidad de las operaciones militares impulsadas por la Administración de Donald Trump contra este tipo de embarcaciones y sus tripulantes.
El ataque, que habría ocurrido este mismo jueves, fue confirmado por el Comando Sur a través de su cuenta oficial en la red social X. La acción forma parte de la ofensiva denominada “Lanza del Sur” y, según reportaron las autoridades militares, dejó un saldo de cuatro personas muertas, descritas por el Ejército como “narcoterroristas”.
De acuerdo con la publicación oficial, la orden para ejecutar el ataque fue emitida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra bajo fuerte escrutinio mediático luego de que el diario The Washington Post revelara que en septiembre pasado fuerzas estadounidenses habrían ordenado un segundo ataque en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de una primera incursión.
Hasta el momento, el Ejército no ha proporcionado detalles sobre la organización criminal que supuestamente operaba la embarcación atacada en esta ocasión.
Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley compareció ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado en una sesión a puerta cerrada, como parte de la investigación que analiza la legalidad de las acciones militares dentro de la campaña antinarcóticos impulsada por el presidente Trump.
El mandatario estadounidense aseguró esta semana que su gobierno se prepara para iniciar operaciones en territorio venezolano con el objetivo de neutralizar blancos vinculados al narcotráfico.
La ofensiva militar desplegada por Estados Unidos en zonas cercanas a Venezuela y Colombia ha dejado, según reportes, al menos 80 personas muertas y ha generado acciones legales por presuntas violaciones a los derechos humanos. Entre ellas, destaca una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentada por el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, por la presunta ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de estas operaciones.
José Antonio Kast pone a El Salvador como referente en combate a la violencia
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