Internacionales
La desinformación sobre la extradición rodea el referendo en Ecuador
31 de enero | Por AFP | Andrés Martínez |
Quién podrá ser extraditado y bajo qué condiciones: la discusión sobre la primera de las ocho preguntas del referendo del 5 de febrero en Ecuador ha alimentado la desinformación y las interpretaciones erróneas como su eventual aplicación en el caso judicial del expresidente Rafael Correa.
«¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?», dice el primer punto de la consulta convocada por el gobierno de Guillermo Lasso, que preguntará a los votantes sobre seguridad, política y medioambiente, y a la que están llamados a pronunciarse unos 13,4 millones de ciudadanos.
El mandatario defiende el referendo como una «herramienta» para enfrentar delitos como el comercio ilegal de armas y el narcotráfico, que azotan al país y han generado un aumento de los homicidios y decomisos de droga.
En medio del debate sobre los alcances de aprobar la extradición de connacionales, hasta ahora prohibida por la Constitución, usuarios han sugerido en redes sociales que la enmienda permitiría la extradición a Estados Unidos de Correa (2007-2017), condenado por corrupción en Ecuador en 2020 y que vive en Bélgica desde que dejó el poder.
«Votar sí en la consulta popular para aprobar la extradición y que Rafael Correa sea llevado directo a USA», «Sí a la extradición, Correa dice no porque en USA no tiene jueces compinches», dicen algunos de los mensajes viralizados de internautas identificados por la unidad de verificación de la AFP.
Sin embargo, según expertos, se trata de una malinterpretación, ya que el referendo busca dar paso a la extradición de ecuatorianos que vivan en el país y sean solicitados en el extranjero exclusivamente por delitos vinculados al crimen organizado.
«En este caso, el requerimiento (sobre Correa) habría que hacerlo a Bélgica, pues depende de dónde está radicado el ciudadano», explicó a la AFP el abogado y profesor universitario ecuatoriano Salim Zaidán.
Correa fue condenado en abril de 2020 por cohecho, responsabilizado por la justicia de recibir sobornos a cambio de entregar contratos públicos a empresas.
Si el exmandatario se encontrara en Ecuador, la reforma tampoco garantizaría su extradición, pues dependería de ser solicitado por la justicia de otro país y, como explicó a la AFP el constitucionalista Ismael Quintana, los delitos de corrupción «no necesariamente» tienen un vínculo con el «crimen organizado trasnacional» que se pretende frenar a partir de la consulta.
El referendo tampoco abriría la posibilidad de extraditar a Correa desde Bélgica hacia Ecuador: «La Constitución (actual) ya permite que Ecuador le pida a Bélgica la extradición. Y eso ocurrió. Pero Bélgica lo negó porque consideró que la condena contra Correa obedecía a razones de orden político», indicó Quintana.
«Extradición pasiva»
Otros mensajes difundidos en las redes sociales apuntan a que la consulta popular «no es necesaria» para ordenar una extradición y usan como ejemplo el caso del expolicía ecuatoriano Germán Cáceres, quien fue expulsado el 3 de enero desde Colombia.
Cáceres fue detenido en el departamento colombiano de La Guajira (norte), tres meses después de haber huido de Ecuador, donde es investigado por el asesinato de su esposa dentro de una escuela policial en Quito.
Pero, de nuevo, se trata de una interpretación errónea, pues la enmienda busca permitir extraditar, por delitos trasnacionales, a los ecuatorianos radicados en Ecuador. Cáceres estaba en Colombia y era requerido por su país por un crimen común.
«Hay que distinguir entre la extradición activa y la pasiva. La primera es cuando yo pido que otro país me envíe a una persona que ha cometido un delito en mi territorio. Esto ya se puede hacer en Ecuador. Lo que no está permitido es la extradición pasiva de connacionales, es decir, enviar un ecuatoriano a ser juzgado por otro país», explicó Quintana.
La extradición de ecuatorianos, además, se daría solo «de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por Ecuador», remarcan los anexos del referendo.
Tampoco procederá en ningún caso cuando la solicitud se haya presentado con un fin de persecución ideológica o política o cuando existan razones para creer que la persona estaría en riesgo de tortura o tratos crueles, según esos documentos.
La consulta se llevará a cabo junto con la elección de alcaldes, prefectos provinciales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de designar autoridades de control.
Además de modificar la figura de la extradición, el referendo propone reducir el tamaño de la Asamblea Nacional y busca que los movimientos políticos cuenten con un mínimo de afiliados y sean auditados periódicamente.
Centroamérica
Interpol mantiene difusión roja contra 803 salvadoreños por delitos graves
Un total de 803 salvadoreños cuentan actualmente con difusión roja en los registros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), según datos de la policía internacional. De ese total, 739 son hombres y 64 mujeres, señalados por diversos delitos de alta gravedad.
Entre las personas buscadas figura Juan Josué Castillo Arévalo, exintegrante del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), vinculado al feminicidio de la agente Carla Ayala, uno de los casos más emblemáticos en el país.
Los delitos por los cuales se emitieron estas notificaciones incluyen agresión sexual agravada contra menor o persona incapaz bajo modalidad continuada, pertenencia a organizaciones terroristas, extorsión agravada, violación, agrupaciones ilícitas, feminicidio agravado, homicidio agravado y tráfico ilegal de personas, entre otros.
La difusión roja es un mecanismo mediante el cual Interpol solicita a las fuerzas del orden de los países miembros localizar y detener de manera provisional a una persona, mientras se tramita su extradición, entrega o una acción judicial similar. No obstante, Interpol aclara que esta notificación no constituye una orden de captura internacional.
Las personas incluidas en una difusión roja son buscadas a solicitud de un país miembro o de un tribunal internacional, y corresponde a cada nación aplicar su legislación interna para determinar si procede la detención. Además, la mayoría de estas notificaciones solo puede ser consultada por los organismos encargados de la aplicación de la ley.
Interpol señala en su sitio web que, a petición del país solicitante, se pueden publicar extractos de una notificación roja cuando se requiere la colaboración ciudadana para ubicar a una persona prófuga o cuando esta representa un peligro para la seguridad pública.
Internacionales
Prisión preventiva para exministros de Petro por escándalo de corrupción en la UNGRD
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa golpeando al Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, luego de que esta semana se ordenara la prisión preventiva de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
La investigación, que se inició en 2024, destapó una presunta red de compra de votos en el Congreso a cambio de contratos públicos gestionados desde la UNGRD. El caso involucra a funcionarios de alto nivel, congresistas, operadores políticos y excolaboradores cercanos al mandatario.
Con esta decisión judicial, Bonilla y Velasco se convierten en los exfuncionarios de mayor rango del Gobierno de Petro que enfrentan cárcel por este escándalo. Ambos son señalados por la Fiscalía de liderar una supuesta “organización criminal” que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos colombianos (alrededor de 163 millones de dólares) para asegurar apoyos legislativos mediante el pago a congresistas.
La medida de aseguramiento fue dictada mientras avanza el proceso penal en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que les fueron imputados a inicios de este mes.
En medio de la polémica, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Bonilla el jueves y aseguró que, según su “conciencia”, el exministro es inocente.
“Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia”, escribió el mandatario en la red social X, tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar su reclusión preventiva.
En el mismo mensaje, Petro sostuvo que Bonilla ha sido “extorsionado” y convertido en un “chivo expiatorio”, y atribuyó su situación judicial a una supuesta “ingenuidad” por haber buscado apoyos en sectores opositores vinculados al uribismo durante su gestión al frente del Ministerio de Hacienda.
Internacionales
Trump no descarta una guerra con Venezuela tras escalar presión contra Maduro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no descarta una guerra con Venezuela, en medio del aumento de la presión militar y económica contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de vínculos con el narcotráfico.
«No lo descarto, no», declaró el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena NBC News, tras meses de operaciones estadounidenses que han incluido la destrucción de embarcaciones presuntamente cargadas con droga cerca de territorio venezolano.
Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de que las autoridades estadounidenses incautaran un buque cargado con crudo cerca de las costas del país suramericano.
Con estas acciones, Washington incrementó la presión sobre el Gobierno venezolano, al que acusa de liderar el denominado Cartel de los Soles, acusación que Caracas rechaza. La estrategia se suma a meses de bombardeos contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Durante la entrevista, Trump adelantó que habrá más incautaciones de petróleo y, al ser consultado sobre un posible cronograma, respondió: «Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos».
El presidente evitó confirmar si su objetivo final es derrocar a Maduro. «Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe más que nadie», afirmó Trump, quien sostuvo una llamada telefónica con el líder venezolano en noviembre.
Trump ha reiterado en varias ocasiones que “pronto” comenzarán ataques contra presuntos objetivos del narcotráfico dentro de territorio venezolano. Su declaración sobre una eventual guerra representa un cambio significativo, ya que durante su campaña se manifestó en contra de involucrar a Estados Unidos en conflictos extranjeros.
El mandatario ha recibido críticas de sectores de su base política por priorizar la política exterior sobre asuntos internos, como el aumento del costo de la vida. De acuerdo con la legislación estadounidense, solo el Congreso puede autorizar formalmente una declaración de guerra, y el Partido Demócrata insiste en que Trump necesita la aprobación del Legislativo incluso para los ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.
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