Internacionales
La desinformación sobre la extradición rodea el referendo en Ecuador
31 de enero | Por AFP | Andrés Martínez |
Quién podrá ser extraditado y bajo qué condiciones: la discusión sobre la primera de las ocho preguntas del referendo del 5 de febrero en Ecuador ha alimentado la desinformación y las interpretaciones erróneas como su eventual aplicación en el caso judicial del expresidente Rafael Correa.
«¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?», dice el primer punto de la consulta convocada por el gobierno de Guillermo Lasso, que preguntará a los votantes sobre seguridad, política y medioambiente, y a la que están llamados a pronunciarse unos 13,4 millones de ciudadanos.
El mandatario defiende el referendo como una «herramienta» para enfrentar delitos como el comercio ilegal de armas y el narcotráfico, que azotan al país y han generado un aumento de los homicidios y decomisos de droga.
En medio del debate sobre los alcances de aprobar la extradición de connacionales, hasta ahora prohibida por la Constitución, usuarios han sugerido en redes sociales que la enmienda permitiría la extradición a Estados Unidos de Correa (2007-2017), condenado por corrupción en Ecuador en 2020 y que vive en Bélgica desde que dejó el poder.
«Votar sí en la consulta popular para aprobar la extradición y que Rafael Correa sea llevado directo a USA», «Sí a la extradición, Correa dice no porque en USA no tiene jueces compinches», dicen algunos de los mensajes viralizados de internautas identificados por la unidad de verificación de la AFP.
Sin embargo, según expertos, se trata de una malinterpretación, ya que el referendo busca dar paso a la extradición de ecuatorianos que vivan en el país y sean solicitados en el extranjero exclusivamente por delitos vinculados al crimen organizado.
«En este caso, el requerimiento (sobre Correa) habría que hacerlo a Bélgica, pues depende de dónde está radicado el ciudadano», explicó a la AFP el abogado y profesor universitario ecuatoriano Salim Zaidán.
Correa fue condenado en abril de 2020 por cohecho, responsabilizado por la justicia de recibir sobornos a cambio de entregar contratos públicos a empresas.
Si el exmandatario se encontrara en Ecuador, la reforma tampoco garantizaría su extradición, pues dependería de ser solicitado por la justicia de otro país y, como explicó a la AFP el constitucionalista Ismael Quintana, los delitos de corrupción «no necesariamente» tienen un vínculo con el «crimen organizado trasnacional» que se pretende frenar a partir de la consulta.
El referendo tampoco abriría la posibilidad de extraditar a Correa desde Bélgica hacia Ecuador: «La Constitución (actual) ya permite que Ecuador le pida a Bélgica la extradición. Y eso ocurrió. Pero Bélgica lo negó porque consideró que la condena contra Correa obedecía a razones de orden político», indicó Quintana.
«Extradición pasiva»
Otros mensajes difundidos en las redes sociales apuntan a que la consulta popular «no es necesaria» para ordenar una extradición y usan como ejemplo el caso del expolicía ecuatoriano Germán Cáceres, quien fue expulsado el 3 de enero desde Colombia.
Cáceres fue detenido en el departamento colombiano de La Guajira (norte), tres meses después de haber huido de Ecuador, donde es investigado por el asesinato de su esposa dentro de una escuela policial en Quito.
Pero, de nuevo, se trata de una interpretación errónea, pues la enmienda busca permitir extraditar, por delitos trasnacionales, a los ecuatorianos radicados en Ecuador. Cáceres estaba en Colombia y era requerido por su país por un crimen común.
«Hay que distinguir entre la extradición activa y la pasiva. La primera es cuando yo pido que otro país me envíe a una persona que ha cometido un delito en mi territorio. Esto ya se puede hacer en Ecuador. Lo que no está permitido es la extradición pasiva de connacionales, es decir, enviar un ecuatoriano a ser juzgado por otro país», explicó Quintana.
La extradición de ecuatorianos, además, se daría solo «de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por Ecuador», remarcan los anexos del referendo.
Tampoco procederá en ningún caso cuando la solicitud se haya presentado con un fin de persecución ideológica o política o cuando existan razones para creer que la persona estaría en riesgo de tortura o tratos crueles, según esos documentos.
La consulta se llevará a cabo junto con la elección de alcaldes, prefectos provinciales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de designar autoridades de control.
Además de modificar la figura de la extradición, el referendo propone reducir el tamaño de la Asamblea Nacional y busca que los movimientos políticos cuenten con un mínimo de afiliados y sean auditados periódicamente.
Centroamérica
Narcotráfico impulsa ola de homicidios en Costa Rica en vísperas de elecciones
La violencia vinculada al narcotráfico se ha convertido en uno de los principales problemas de Costa Rica, donde siete de cada diez homicidios están relacionados con esta actividad ilícita y la tasa de asesinatos alcanzó los 17 por cada 100,000 habitantes en 2025, un aumento significativo frente a los 11.2 registrados en 2019.
En barrios populares de la capital costarricense, los tiroteos entre vendedores de droga se han vuelto frecuentes. En estas comunidades, Mauren Jiménez, una líder comunal de 54 años, acompaña a las familias de las víctimas en los sepelios, sin distinguir si quienes murieron estaban o no involucrados en actividades criminales.
“Enterrar a un familiar al que mataron, de 14 o 15 años, es muy difícil”, relató Jiménez a la agencia AFP. Solo el año pasado, ayudó a sepultar a cerca de 20 jóvenes, muchos de ellos provenientes de entornos marcados por la falta de oportunidades, así como a víctimas colaterales cuyas familias carecen de recursos para asumir los costos funerarios.
Lo que antes era considerado un problema aislado de barrios específicos se ha transformado en un tema central del debate político, a pocos días de las elecciones presidenciales que se celebrarán este domingo. Costa Rica, por décadas catalogado como uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta hoy una crisis de seguridad sin precedentes recientes.
La candidata oficialista y favorita en la contienda, Laura Fernández, ha responsabilizado al sistema judicial por la liberación de delincuentes y ha propuesto medidas de mano dura, inspiradas en las políticas de seguridad implementadas en El Salvador durante el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Mientras el debate político se intensifica, en comunidades como Alajuelita, uno de los sectores más violentos del país, la población convive a diario con la inseguridad. “La violencia es pan de cada día”, resume Jiménez, desde una zona rodeada de asentamientos informales donde los homicidios se han vuelto parte de la rutina.
Centroamérica
Marco Rubio resalta el papel de El Salvador en la lucha regional contra el narcotráfico y las pandillas
El Salvador fue destacado por Estados Unidos como un socio estratégico en la lucha contra la migración irregular, el narcotráfico internacional y las organizaciones criminales transnacionales, afirmó este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en Washington D. C.
Las declaraciones se dieron en el marco de la testificación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre la ejecución de la denominada «Operación Determinación Absoluta», mediante la cual fue capturado el exmandatario venezolano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Aunque el tema central fue Venezuela, Rubio también abordó asuntos de política exterior vinculados a Irán, Groenlandia y Rusia.
Durante su intervención, el funcionario señaló que países como Colombia, México, Haití y varias naciones del Caribeenfrentan una fuerte presión de organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó, “controlan amplias zonas del territorio y amenazan incluso la capacidad de gobernabilidad”.
Rubio advirtió que este contexto tiene un impacto directo en Estados Unidos, al propiciar flujos de migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, por lo que subrayó la necesidad de fortalecer alianzas con gobiernos dispuestos a cooperar en materia de seguridad regional.
“Necesitamos más países que estén dispuestos a trabajar en colaboración en estos temas, como lo está haciendo El Salvador, así como Ecuador, Trinidad y Tobago, Jamaica y otros”, enfatizó el secretario de Estado.
Desde la primera administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de pandilleros, importantes incautaciones de droga en altamar y la captura de redes dedicadas al tráfico ilícito de personas, acciones que han sido reconocidas por autoridades estadounidenses en distintos foros internacionales.
Centroamérica
Condenan a 95 años de cárcel a pandillero que dirigía red de extorsión desde Colombia
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 95 años de prisión al pandillero Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias “El Tatuado”, señalado de dirigir desde Colombia una estructura criminal dedicada a la extorsión, estafa y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.
La sentencia también incluyó a siete personas que, según el fallo, facilitaban sus cuentas bancarias para que las víctimas depositaran el dinero exigido por la red delictiva.
Durante la audiencia estuvieron presentes cuatro mujeres acusadas de integrar la estructura: Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda.
Además de Pintor Rodríguez, el tribunal condenó en ausencia a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez y Frania Elizabeth Pintor Rodríguez. A los implicados se les impusieron penas que oscilan entre cinco y 50 años de prisión, según el grado de participación atribuido por el juzgado.
De acuerdo con la investigación fiscal, en agosto de 2024 se estableció que “El Tatuado” coordinaba la estructura desde Colombia, contactando a las víctimas para exigirles sumas que iban desde $2,000 hasta $25,000, bajo la promesa falsa de lograr la liberación de familiares recluidos en distintos centros penitenciarios de El Salvador.
El dinero era depositado en las cuentas de los otros imputados y posteriormente remesado a Colombia, según detallaron las autoridades.
Las pesquisas también revelaron que los contactos con las víctimas se realizaban a través de páginas en redes sociales, entre ellas una denominada TDL, creada en Facebook. A través de estos perfiles, los imputados aseguraban que los parientes de las víctimas recuperarían su libertad y, cuando se negaban a pagar, las amenazaban con denunciarlas ante la Policía, advirtiéndoles que podrían ser detenidas bajo el régimen de excepción.
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