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Internacionales

La desinformación sobre la extradición rodea el referendo en Ecuador

Foto: ABC Mundo

31 de enero | Por AFP | Andrés Martínez |

Quién podrá ser extraditado y bajo qué condiciones: la discusión sobre la primera de las ocho preguntas del referendo del 5 de febrero en Ecuador ha alimentado la desinformación y las interpretaciones erróneas como su eventual aplicación en el caso judicial del expresidente Rafael Correa.

«¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?», dice el primer punto de la consulta convocada por el gobierno de Guillermo Lasso, que preguntará a los votantes  sobre seguridad, política y medioambiente, y a la que están llamados a pronunciarse unos 13,4 millones de ciudadanos. 

El mandatario defiende el referendo como una «herramienta» para enfrentar delitos como el comercio ilegal de armas y el narcotráfico, que azotan al país y han generado un aumento de los homicidios y decomisos de droga.

En medio del debate sobre los alcances de aprobar la extradición de connacionales, hasta ahora prohibida por la Constitución, usuarios han sugerido en redes sociales que la enmienda permitiría la extradición a Estados Unidos de Correa (2007-2017), condenado por corrupción en Ecuador en 2020 y que vive en Bélgica desde que dejó el poder.

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«Votar sí en la consulta popular para aprobar la extradición y que Rafael Correa sea llevado directo a USA», «Sí a la extradición, Correa dice no porque en USA no tiene jueces compinches», dicen algunos de los mensajes viralizados de internautas identificados por la unidad de verificación de la AFP.

Sin embargo, según expertos, se trata de una malinterpretación, ya que el referendo busca dar paso a la extradición de ecuatorianos que vivan en el país y sean solicitados en el extranjero exclusivamente por delitos vinculados al crimen organizado. 

«En este caso, el requerimiento (sobre Correa) habría que hacerlo a Bélgica, pues depende de dónde está radicado el ciudadano», explicó a la AFP el abogado y profesor universitario ecuatoriano Salim Zaidán.

Correa fue condenado en abril de 2020 por cohecho, responsabilizado por la justicia de recibir sobornos a cambio de entregar contratos públicos a empresas. 

Si el exmandatario se encontrara en Ecuador, la reforma tampoco garantizaría su extradición, pues dependería de ser solicitado por la justicia de otro país y, como explicó a la AFP el constitucionalista Ismael Quintana, los delitos de corrupción «no necesariamente» tienen un vínculo con el «crimen organizado trasnacional» que se pretende frenar a partir de la consulta.

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El referendo tampoco abriría la posibilidad de extraditar a Correa desde Bélgica hacia Ecuador: «La Constitución (actual) ya permite que Ecuador le pida a Bélgica la extradición. Y eso ocurrió. Pero Bélgica lo negó porque consideró que la condena contra Correa obedecía a razones de orden político», indicó Quintana.

«Extradición pasiva»

Otros mensajes difundidos en las redes sociales apuntan a que la consulta popular «no es necesaria» para ordenar una extradición y usan como ejemplo el caso del expolicía ecuatoriano Germán Cáceres, quien fue expulsado el 3 de enero desde Colombia.

Cáceres fue detenido en el departamento colombiano de La Guajira (norte), tres meses después de haber huido de Ecuador, donde es investigado por el asesinato de su esposa dentro de una escuela policial en Quito. 

Pero, de nuevo, se trata de una interpretación errónea, pues la enmienda busca permitir extraditar, por delitos trasnacionales, a los ecuatorianos radicados en Ecuador. Cáceres estaba en Colombia y era requerido por su país por un crimen común.

«Hay que distinguir entre la extradición activa y la pasiva. La primera es cuando yo pido que otro país me envíe a una persona que ha cometido un delito en mi territorio. Esto ya se puede hacer en Ecuador. Lo que no está permitido es la extradición pasiva de connacionales, es decir, enviar un ecuatoriano a ser juzgado por otro país», explicó Quintana.

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La extradición de ecuatorianos, además, se daría solo «de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por Ecuador», remarcan los anexos del referendo. 

Tampoco procederá en ningún caso cuando la solicitud se haya presentado con un fin de persecución ideológica o política o cuando existan razones para creer que la persona estaría en riesgo de tortura o tratos crueles, según esos documentos. 

La consulta se llevará a cabo junto con la elección de alcaldes, prefectos provinciales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de designar autoridades de control.

Además de modificar la figura de la extradición, el referendo propone reducir el tamaño de la Asamblea Nacional y busca que los movimientos políticos cuenten con un mínimo de afiliados y sean auditados periódicamente.

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Internacionales

Expertos comparan tácticas del ICE con prácticas paramilitares en redadas urbanas

El despliegue de agentes armados, encapuchados y con chalecos antibalas en operativos urbanos ha llevado a especialistas en derecho internacional a cuestionar las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Las acciones, desarrolladas durante la administración del presidente Donald Trump, han abierto un debate sobre los límites legales en la aplicación de la política migratoria.

Las imágenes de agentes con apariencia militar patrullando distintas ciudades han generado preocupación entre juristas y organizaciones civiles. “Campan a sus anchas por las calles. De algún modo se sienten libres para perfilar étnicamente a la gente y decir: ‘Pareces hispano, aumentan las probabilidades de que seas inmigrante ilegal’”, afirmó a EFE Kenneth Manusama, experto en derecho constitucional e internacional.

La reciente muerte a tiros de Alex Pretti y Renee Good reactivó la discusión pública sobre el uso de la fuerza por parte de la agencia, creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Para Manusama, el organismo opera ahora con “un estilo mucho más paramilitar y una dirección política clara: deportaciones masivas; para eso necesitas una agencia masiva, y esa es ICE”.

El académico advirtió sobre el riesgo de que la forma y función del cuerpo lo conviertan en un brazo represivo del Estado. “El hecho de que vayan equipados como militares, patrullen las calles y pidan documentos de forma aleatoria, siendo además un brazo del Gobierno, los convierte en un grupo paramilitar, algo muy de régimen autocrático”, sostuvo.

Manusama añadió que algunos comparan su accionar con el de “la Gestapo alemana de la época nazi”, aunque aclaró que no se trata de deportaciones hacia centros de exterminio. “Quieren deportar, pero se ha concentrado claramente en personas negras y de piel oscura, eso es innegable”, dijo.

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Asimismo, cuestionó los procesos de formación del personal. Según el experto, un joven de 18 años puede integrarse a la agencia tras apenas ocho semanas de entrenamiento. “Es una receta para el desastre”, afirmó, al advertir que algunos ingresan con posturas extremas y actitudes agresivas hacia los inmigrantes.

Desde una perspectiva legal, el exabogado de la Corte Penal Internacional James A. Godson también expresó preocupación por el volumen de denuncias acumuladas contra la institución.

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Centroamérica

TPS y seguridad marcan reunión entre Trump y el presidente hondureño

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el sábado a su homólogo hondureño, Nasry “Tito” Asfura, luego de sostener una reunión en el resort de Mar-a-Lago, en Florida. El mandatario republicano fue uno de los principales respaldos internacionales del líder centroamericano durante la campaña electoral.

Asfura, empresario conservador y exalcalde de Tegucigalpa, juró el cargo la semana pasada tras imponerse en las elecciones celebradas en noviembre. Durante el proceso, Trump había advertido que podría cortar la ayuda al país más pobre de Centroamérica si su “amigo” resultaba derrotado.

“Tuve una reunión muy importante con mi amigo, y presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

“Una vez que le di mi sólido respaldo, ¡ganó su elección! Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de ‘America First’. Tenemos una estrecha asociación en materia de seguridad”, añadió.

Por su parte, Asfura calificó el encuentro como “productivo” y aseguró que ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de fortalecer la inversión y el comercio bilateral.

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“Honduras está lista para crecer, atraer inversión y consolidarse como el socio estratégico más confiable de Estados Unidos en la región, con estabilidad, seguridad y una visión clara de prosperidad”, expresó el mandatario el domingo.

La Presidencia hondureña difundió además una fotografía en la que ambos líderes aparecen sonrientes y levantando el pulgar.

En declaraciones a periodistas en Florida, Asfura explicó que también abordó con Trump la situación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños. El beneficio fue revocado el año pasado por el Departamento de Seguridad Nacional, aunque posteriormente la medida quedó sin efecto tras la intervención de un juez federal.

Alrededor de 60,000 hondureños se amparan en el TPS, otorgado a quienes llegaron a Estados Unidos luego de que el huracán Mitch devastara el país centroamericano en 1998, lo que les permite residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

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Centroamérica

El Salvador cierra 2025 con una de las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica

El Salvador se ubicó entre los países con las tasas de homicidios más bajas de América Latina durante 2025, según cifras oficiales presentadas por el Gobierno y comparaciones regionales. El país cerró el año con una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, resultado de una reducción sostenida de la violencia en años recientes.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad Ampliado, en 2025 se registraron 82 homicidios en todo el territorio nacional, y las autoridades afirmaron que el 100 % de estos casos fueron resueltos. Esto representa un cambio significativo en los indicadores de seguridad y sitúa a El Salvador entre las naciones con mejores resultados en materia de criminalidad en la región.

Las autoridades atribuyen esta baja sostenida a la continuidad de estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele que han permitido disminuir de forma constante los índices de violencia desde 2019.

La situación en otros países latinoamericanos fue distinta durante 2025. Por ejemplo, Argentina se ubicó entre los países con tasas de violencia homicida más altas que El Salvador, aunque también registró cifras relativamente bajas en comparación con décadas anteriores.

En Chile, las cifras preliminares mostraron una reducción en tasa de homicidios en 2025 en comparación con años anteriores, aunque aún se mantiene por encima de la registrada en El Salvador. Venezuela reportó tasas superiores y también mostró disminuciones respecto a 2024. En Uruguay, la violencia homicida se redujo ligeramente, pero las tasas se mantuvieron más elevadas que en El Salvador. (Comparaciones basadas en informes regionales)

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Los datos reflejan una tendencia de mejora en la seguridad en varios países de la región, aunque El Salvador destaca por sus cifras históricamente bajas y el avance en la resolución de casos de homicidio.

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