Internacionales
La desinformación sobre la extradición rodea el referendo en Ecuador
31 de enero | Por AFP | Andrés Martínez |
Quién podrá ser extraditado y bajo qué condiciones: la discusión sobre la primera de las ocho preguntas del referendo del 5 de febrero en Ecuador ha alimentado la desinformación y las interpretaciones erróneas como su eventual aplicación en el caso judicial del expresidente Rafael Correa.
«¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?», dice el primer punto de la consulta convocada por el gobierno de Guillermo Lasso, que preguntará a los votantes sobre seguridad, política y medioambiente, y a la que están llamados a pronunciarse unos 13,4 millones de ciudadanos.
El mandatario defiende el referendo como una «herramienta» para enfrentar delitos como el comercio ilegal de armas y el narcotráfico, que azotan al país y han generado un aumento de los homicidios y decomisos de droga.
En medio del debate sobre los alcances de aprobar la extradición de connacionales, hasta ahora prohibida por la Constitución, usuarios han sugerido en redes sociales que la enmienda permitiría la extradición a Estados Unidos de Correa (2007-2017), condenado por corrupción en Ecuador en 2020 y que vive en Bélgica desde que dejó el poder.
«Votar sí en la consulta popular para aprobar la extradición y que Rafael Correa sea llevado directo a USA», «Sí a la extradición, Correa dice no porque en USA no tiene jueces compinches», dicen algunos de los mensajes viralizados de internautas identificados por la unidad de verificación de la AFP.
Sin embargo, según expertos, se trata de una malinterpretación, ya que el referendo busca dar paso a la extradición de ecuatorianos que vivan en el país y sean solicitados en el extranjero exclusivamente por delitos vinculados al crimen organizado.
«En este caso, el requerimiento (sobre Correa) habría que hacerlo a Bélgica, pues depende de dónde está radicado el ciudadano», explicó a la AFP el abogado y profesor universitario ecuatoriano Salim Zaidán.
Correa fue condenado en abril de 2020 por cohecho, responsabilizado por la justicia de recibir sobornos a cambio de entregar contratos públicos a empresas.
Si el exmandatario se encontrara en Ecuador, la reforma tampoco garantizaría su extradición, pues dependería de ser solicitado por la justicia de otro país y, como explicó a la AFP el constitucionalista Ismael Quintana, los delitos de corrupción «no necesariamente» tienen un vínculo con el «crimen organizado trasnacional» que se pretende frenar a partir de la consulta.
El referendo tampoco abriría la posibilidad de extraditar a Correa desde Bélgica hacia Ecuador: «La Constitución (actual) ya permite que Ecuador le pida a Bélgica la extradición. Y eso ocurrió. Pero Bélgica lo negó porque consideró que la condena contra Correa obedecía a razones de orden político», indicó Quintana.
«Extradición pasiva»
Otros mensajes difundidos en las redes sociales apuntan a que la consulta popular «no es necesaria» para ordenar una extradición y usan como ejemplo el caso del expolicía ecuatoriano Germán Cáceres, quien fue expulsado el 3 de enero desde Colombia.
Cáceres fue detenido en el departamento colombiano de La Guajira (norte), tres meses después de haber huido de Ecuador, donde es investigado por el asesinato de su esposa dentro de una escuela policial en Quito.
Pero, de nuevo, se trata de una interpretación errónea, pues la enmienda busca permitir extraditar, por delitos trasnacionales, a los ecuatorianos radicados en Ecuador. Cáceres estaba en Colombia y era requerido por su país por un crimen común.
«Hay que distinguir entre la extradición activa y la pasiva. La primera es cuando yo pido que otro país me envíe a una persona que ha cometido un delito en mi territorio. Esto ya se puede hacer en Ecuador. Lo que no está permitido es la extradición pasiva de connacionales, es decir, enviar un ecuatoriano a ser juzgado por otro país», explicó Quintana.
La extradición de ecuatorianos, además, se daría solo «de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por Ecuador», remarcan los anexos del referendo.
Tampoco procederá en ningún caso cuando la solicitud se haya presentado con un fin de persecución ideológica o política o cuando existan razones para creer que la persona estaría en riesgo de tortura o tratos crueles, según esos documentos.
La consulta se llevará a cabo junto con la elección de alcaldes, prefectos provinciales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), encargado de designar autoridades de control.
Además de modificar la figura de la extradición, el referendo propone reducir el tamaño de la Asamblea Nacional y busca que los movimientos políticos cuenten con un mínimo de afiliados y sean auditados periódicamente.
Internacionales
Sheinbaum llama a México a “estar alerta” ante intentos de injerencia extranjera
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este domingo que “el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada por los conservadores”, al asegurar que en el país “no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”.
Sheinbaum encabezó la conmemoración por los 200 años de la consolidación de la Independencia en el puerto de Veracruz, donde recordó las gestas que culminaron con la retirada definitiva de las tropas españolas en 1825 y reconoció el papel de la Marina Armada de México.
“Hoy como ayer estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia. No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”, afirmó. También señaló que “cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan”.
Durante su discurso, la mandataria subrayó que la historia demuestra que tampoco prospera “quien convoca a la violencia como instrumento de presión” ni “el uso de la fuerza para acabar con la razón”.
En el acto estuvieron presentes integrantes de su gabinete; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz; así como las presidentas de la Cámara de Diputados y del Senado, Kenia López Rabadán y Laura Itzel Castillo.
Las declaraciones de Sheinbaum se producen días después de que rechazara de manera tajante cualquier posibilidad de intervención militar de Estados Unidos en México. Ello, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que estaría dispuesto a enviar tropas para combatir a los carteles del narcotráfico.
El jueves, durante el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, Sheinbaum reiteró que “se equivoca” quien convoque a una intervención extranjera. La semana pasada también recalcó que “cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada”, en referencia a opositores que han sugerido esa opción.
En medio de estas tensiones, sectores conservadores en Estados Unidos han insistido en una respuesta más firme contra el narcotráfico, mientras que el gobierno mexicano sostiene que la cooperación bilateral debe basarse en el intercambio de inteligencia, la reducción del tráfico de armas y el respeto absoluto a la soberanía nacional.
Internacionales
EE. UU. designa al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera
Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), una medida que entrará en vigor este lunes y que forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para intensificar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el 16 de noviembre que existen “bases fácticas suficientes” que vinculan al Cartel de los Soles con actividades terroristas, de acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que regula este tipo de designaciones. La normativa establece que una organización extranjera puede ser catalogada como terrorista si participa en actos violentos y representa una amenaza para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o para los intereses nacionales del país.
Esta decisión se suma a una medida previa del Departamento del Tesoro, que en julio clasificó al Cartel de los Soles como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT). El Gobierno de Venezuela rechazó entonces la acusación y aseguró que se trataba de un “invento” de Washington.
Rubio señaló que este cartel, junto con estructuras criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, está detrás de acciones violentas en la región y del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
El Cartel de los Soles —cuyo nombre alude a las insignias de los generales venezolanos— estaría integrado principalmente por altos mandos militares desde la década de 1990. No obstante, fue hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump, cuando el Departamento de Justicia reconoció formalmente su existencia y señaló como líderes de la organización al presidente Nicolás Maduro y al ministro del Interior, Diosdado Cabello.
La designación como FTO ocurre en paralelo a un aumento del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, donde Washington afirma haber destruido unas 20 embarcaciones presuntamente utilizadas para el narcotráfico y causado la muerte de al menos 83 personas vinculadas a estas operaciones.
Internacionales
Congresistas demócratas reciben amenazas tras acusaciones de sedición de Trump
Varios congresistas demócratas denunciaron este domingo haber recibido amenazas de muerte y alertas de bomba después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los acusara de sedición y pidiera su arresto por instar al Ejército a no cumplir “órdenes ilegales”.
El congresista Jason Crow, de Colorado, afirmó en el programa Face the Press de CBS que tanto él como su familia han sido blanco de intimidaciones tras las declaraciones del mandatario. “Cuando el presidente de Estados Unidos amenaza con ejecutar, ahorcar y arrestar usando esta retórica, la gente lo escucha”, advirtió Crow.
Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero, señaló a seis legisladores demócratas por difundir un video en el que llamaban a los militares a respetar la Constitución y rechazar órdenes que consideren fuera del marco legal, sin especificar a qué acciones se referían. El presidente calificó el mensaje como un acto sedicioso y exigió su procesamiento.
Desde su retorno al poder, Trump ha ordenado despliegues militares en varias ciudades gobernadas por demócratas, con el argumento de contener disturbios, aunque diversos tribunales federales han declarado inconstitucionales estas operaciones.
La escalada verbal del presidente también coincide con un aumento del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, destinado —según la Casa Blanca— a presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro y combatir el narcotráfico. Washington afirma haber destruido una veintena de embarcaciones y causado la muerte de 83 personas vinculadas a dichas operaciones.
La senadora Elissa Slotkin, de Michigan, acusó a Trump de utilizar “el Departamento de Justicia como arma” para silenciar críticas. “Casi de inmediato, la situación cambió para todos nosotros… Si el presidente dice cosas así, imagínense lo que hace la gente, las llamadas a nuestra oficina”, denunció.
Por su parte, el senador Mark Kelly, de Arizona, destacó la gravedad de las palabras del mandatario y recordó que “tienen un peso enorme, más que las de cualquier otra persona en el país”.
Ante este clima de tensión, varios legisladores, incluido Crow, han presentado denuncias policiales por las publicaciones del presidente. Aunque es poco probable que estos procesos deriven en acciones legales inmediatas, reflejan el creciente deterioro de las relaciones entre la Casa Blanca y los demócratas en el Congreso.
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