Tres hombres murieron el jueves durante una operación del ejército de Estados Unidos contra una embarcación en el océano Pacífico, en el marco de la campaña antidrogas que Washington desarrolla en la región desde septiembre de 2025.

El operativo fue confirmado por el Comando Sur de Estados Unidos, organismo responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe.

Según informó la institución, labores de inteligencia determinaron que la embarcación navegaba en rutas utilizadas para el tráfico de drogas en el Pacífico oriental y que presuntamente participaba en actividades vinculadas al narcotráfico.

“Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba en rutas del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas”, indicó el Comando Sur a través de una publicación en redes sociales.

Las autoridades militares calificaron a los fallecidos como “narcoterroristas” y difundieron imágenes del operativo, entre ellas un video que muestra la explosión de una embarcación de pequeño tamaño.

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El incidente se produce apenas dos días después de otra acción similar en la que murió una persona, también en el contexto de la operación denominada Lanza del Sur.

De acuerdo con recuentos periodísticos, esta campaña ha dejado más de 200 fallecidos desde su puesta en marcha en septiembre de 2025, convirtiéndose en una de las operaciones de seguridad más controvertidas impulsadas por Washington en la región.

La administración del presidente Donald Trump sostiene que las acciones están dirigidas contra organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. Sin embargo, hasta ahora no ha divulgado pruebas concluyentes que vinculen públicamente a todas las embarcaciones atacadas con actividades ilícitas.

Diversos expertos en seguridad y organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por la legalidad de estas operaciones, advirtiendo que algunos de los ataques podrían ser objeto de cuestionamientos bajo normas internacionales relacionadas con el uso de la fuerza.

Las críticas se centran en la falta de procesos judiciales previos y en la necesidad de garantizar que las acciones militares respeten los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

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Mientras tanto, el Gobierno estadounidense mantiene su estrategia de presión contra las redes de narcotráfico que operan en las rutas marítimas del Pacífico, una de las principales vías utilizadas para el traslado de drogas hacia Norteamérica.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarticularon una estructura señalada de dedicarse al hurto y comercialización ilegal de servicios de internet, una actividad que habría generado pérdidas económicas estimadas en más de $152,000.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, los implicados desarrollaron una aplicación informática que les permitía obtener de forma ilícita la señal de internet de una empresa transnacional que opera en el país y posteriormente comercializar el servicio a terceros.

La Fiscalía indicó que la estructura utilizaba herramientas tecnológicas especializadas y redes privadas virtuales (VPN) para evadir los mecanismos de seguridad implementados por la compañía afectada y ofrecer paquetes de datos a través de redes sociales y grupos de mensajería privada.

Los servicios eran comercializados por montos que oscilaban entre los $3 y $20, dependiendo de las características del paquete ofrecido.

Como resultado del operativo fueron capturados Félix Antonio Salguero Hernández, identificado como exdocente de informática y presunto creador de la aplicación utilizada para sustraer la señal; Óscar Iván Melgar Monge, quien supuestamente se encargaba de contactar clientes y brindar instrucciones para el uso del servicio; y Eduardo Daniel García, señalado de administrar los pagos recibidos mediante cuentas bancarias.

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Según la acusación, los detenidos serán procesados por los delitos de fraude informático, violación de distintivos comerciales, suplantación de actos de comercio y agrupaciones ilícitas.

Durante los allanamientos realizados por las autoridades se incautaron diversos equipos y dispositivos electrónicos, entre ellos dos unidades centrales de procesamiento (CPU), una computadora portátil, cuatro teléfonos celulares, 22 memorias USB, un disco duro y una tarjeta de débito.

Las investigaciones apuntan a que la actividad ilegal habría iniciado en septiembre de 2025 y se mantuvo operando durante varios meses, generando beneficios económicos para los involucrados a costa de la empresa afectada.

La Fiscalía informó que las indagaciones continúan para determinar si existen más personas vinculadas al esquema y establecer el alcance total de las operaciones desarrolladas por la estructura.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 18 de junio concluyó sin registros de homicidios en todo el territorio nacional, consolidando una nueva jornada libre de asesinatos en el país.

“Finalizamos el jueves 18 de junio con 0 homicidios en el país”, publicó la institución a través de su cuenta oficial en la red social X.

Con este resultado, junio acumula 16 días sin homicidios, de acuerdo con los registros oficiales difundidos por las autoridades de seguridad.

Las estadísticas presentadas por la PNC indican además que durante mayo se contabilizaron 26 jornadas sin asesinatos, mientras que abril cerró con 27 días, marzo con 23, febrero con 24 y enero con 27 jornadas sin muertes atribuidas a la violencia homicida.

Las autoridades atribuyen estos resultados a las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, medidas que han sido acompañadas por operativos policiales y militares a nivel nacional.

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Según el Gobierno, estas acciones han permitido la captura de miles de presuntos integrantes de estructuras criminales y la reducción sostenida de los índices de violencia en el país.

Los datos sobre jornadas sin homicidios forman parte de los indicadores que las autoridades utilizan para evaluar el impacto de las políticas de seguridad pública y el comportamiento de los delitos contra la vida en El Salvador.