Centroamérica
Candidato a la presidencia de Guatemala se pronuncia ante revocación de la inscripción en TSE
6 de febrero |
Luego de que el partido guatemalteco Podemos fuera notificado sobre la revocación de la inscripción del binomio presidencial, conformado por Roberto Arzú García-Granados para la Presidencia y David Pineda para la Vicepresidencia, fue publicado un video del presidenciable en el cual señala la posible razón por la cual no será inscrito.
Arzú García-Granados destacó que denunció un supuesto caso de corrupción en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) antes de que le fueran dadas sus credenciales.
Asimismo, señaló que la revocatoria a su inscripción ocurrió como candidato a la Presidencia después de haber dado a conocer en uno de sus programas sobre un supuesto negocio de 400 millones de quetzales, vinculados al presidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, exjefe del desarticulado Centro de Gobierno; Melvin Quijivix, presidente del INDE, y a empresarios que financian campañas de agrupaciones políticas.
“Ese negocio que vienen fraguando ese muchachito Martínez, el presidente Giammattei, el señor Quijivix y varios más, incluyendo empresarios que financian campañas electorales de otros partidos, de Sandra Torres, y ahí están los récords, son los que querían hacer este saqueo de Guatemala, de su dinero, de más de Q400 millones al año por más de 20 años, más de ocho mil millones de quetzales que les querían robar a ustedes”, señala el aspirante a la Presidencia.
En ese sentido, afirmó que el sábado posterior a la publicación de un video en el cual dio a conocer sobre el supuesto hecho irregular en el INDE hubo una reunión, en la cual habrían participado “el Presidente de la República, este muchachito Martínez, gente del Partido Valor, de Zury Ríos, gente del Partido Unionista, en donde está mi hermano, gente del partido FCN-Nación, incluido el expresidente (Jimmy) Morales, empresarios tanto del sector eléctrico, farmacéutico, incluso financiero”.
A lo largo del audiovisual sostiene en la mano un documento, el cual contiene una denuncia que planteó en contra de Quijivix, para dar a conocer a las autoridades el supuesto negocio al cual hace referencia.
Centroamérica
Cardenal pide a Asfura priorizar a migrantes ante riesgo de más pobreza por deportaciones
El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, instó al presidente Nasry “Tito” Asfura a colocar como prioridad la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos, al advertir que las deportaciones incrementan la pobreza en el país centroamericano.
“Es muy importante que se tengan en cuenta los hondureños que viven allá (en EE.UU.) y esas deportaciones, ¿qué es lo que hacen? Simplemente más pobreza”, afirmó el religioso este domingo, en un llamado público al mandatario tras su reciente encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.
Rodríguez recordó que alrededor de 1.8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, entre documentados e indocumentados, y destacó que muchos sostienen la economía nacional mediante el envío de remesas. Por ello, pidió impulsar soluciones concretas en favor de este sector.
Durante una visita a Miami, Asfura declaró a periodistas que conversó con Trump sobre asuntos vinculados al Estatus de Protección Temporal (TPS), así como sobre inversión y política arancelaria.
“Estuvimos hablando del TPS; ustedes saben que todavía está pendiente”, expresó el gobernante, quien asumió la presidencia el pasado 27 de enero.
El cardenal también hizo un llamado a combatir la corrupción, a la que calificó como un “mal endémico” que ha mantenido al país rezagado durante décadas.
Centroamérica
Conadeh denuncia que 90 % de asesinatos de abogados en Honduras sigue impune
Al menos 220 abogados han muerto de forma violenta en Honduras desde 2004, y cerca del 90 % de esos casos permanece en la impunidad, denunció este domingo la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.
En un comunicado, la funcionaria alertó sobre el “alto riesgo” que enfrentan los profesionales del derecho en el país, tras el asesinato del abogado René Altamirano, ocurrido el viernes en San Pedro Sula. El jurista fue atacado presuntamente por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.
Altamirano tenía trayectoria política y pública: fue regidor municipal de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).
Izaguirre expresó su solidaridad con los familiares de la víctima e instó a las autoridades a “actuar con prontitud, firmeza y diligencia” para identificar y capturar a los responsables.
La defensora recordó que desde 2015 funciona en Honduras un Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, aunque advirtió que este “no ha funcionado” de manera efectiva.
“En un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones”, enfatizó.
El Conadeh señaló que la falta de investigaciones y sanciones limita el esclarecimiento de los crímenes y priva a las familias del derecho a la verdad. Por ello, urgió al Estado a implementar medidas de seguridad eficaces para proteger la vida e integridad de los abogados y sus parientes.
Según el organismo, el ejercicio de la abogacía se ha vuelto especialmente peligroso en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho, aunque no se detallaron cifras desagregadas.
Entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal y mercantil, jueces, defensores públicos, fiscales y asesores legales de distintas instituciones. La mayoría de los ataques, añadió el Conadeh, ocurrió en vehículos, viviendas, bufetes o en la vía pública, lo que evidencia que las condiciones de seguridad “no han sido las más propicias” para salvaguardar la vida de estos profesionales.
Centroamérica
Nicaragua restablece visa para ciudadanos cubanos tras cuatro años de libre ingreso
El Gobierno de Nicaragua restituyó el requisito de visa para los ciudadanos de Cuba, informó este domingo el Ministerio del Interior. La medida pone fin al régimen de libre visado que estaba vigente desde 2021 y que, según las autoridades, buscaba fomentar el turismo y fortalecer la “relación familiar humanitaria”.
La decisión se produce en un contexto de presiones internacionales hacia el Ejecutivo copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Washington ha insistido en la liberación de presos políticos y, de manera recurrente, ha señalado a Managua de facilitar el tránsito de migrantes irregulares hacia Estados Unidos.
Asimismo, el anuncio coincide con un aumento de la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Gobierno cubano, tras medidas que han afectado el suministro de petróleo venezolano hacia la isla, en medio de una crisis energética.
En el comunicado oficial, la cartera del Interior incluyó a los ciudadanos “de la República de Cuba, portadores de pasaporte ordinario”, dentro del listado de nacionalidades que deberán tramitar visa para ingresar al territorio nicaragüense.
La institución detalló que las solicitudes podrán realizarse por medio de correo electrónico “desde cualquier parte del mundo” y aseguró que el trámite no tendrá costo. Sin embargo, no precisó las razones específicas detrás del restablecimiento del permiso migratorio.
Previo al pronunciamiento oficial, medios nicaragüenses en el exilio ya habían adelantado información sobre la decisión gubernamental.
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