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Centroamérica

Candidato a la presidencia de Guatemala se pronuncia ante revocación de la inscripción en TSE

Candidato a la presidencia de Guatemala se pronuncia tras rechazo a candidatura y realiza acusaciones

6 de febrero |

Luego de que el partido guatemalteco Podemos fuera notificado sobre la revocación de la inscripción del binomio presidencial, conformado por Roberto Arzú García-Granados para la Presidencia y David Pineda para la Vicepresidencia, fue publicado un video del presidenciable en el cual señala la posible razón por la cual no será inscrito.

Arzú García-Granados destacó que denunció un supuesto caso de corrupción en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) antes de que le fueran dadas sus credenciales.

Asimismo, señaló que la revocatoria a su inscripción ocurrió como candidato a la Presidencia después de haber dado a conocer en uno de sus programas sobre un supuesto negocio de 400 millones de quetzales, vinculados al presidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, exjefe del desarticulado Centro de Gobierno; Melvin Quijivix, presidente del INDE, y a empresarios que financian campañas de agrupaciones políticas.

“Ese negocio que vienen fraguando ese muchachito Martínez, el presidente Giammattei, el señor Quijivix y varios más, incluyendo empresarios que financian campañas electorales de otros partidos, de Sandra Torres, y ahí están los récords, son los que querían hacer este saqueo de Guatemala, de su dinero, de más de Q400 millones al año por más de 20 años, más de ocho mil millones de quetzales que les querían robar a ustedes”, señala el aspirante a la Presidencia.

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En ese sentido, afirmó que el sábado posterior a la publicación de un video en el cual dio a conocer sobre el supuesto hecho irregular en el INDE hubo una reunión, en la cual habrían participado “el Presidente de la República, este muchachito Martínez, gente del Partido Valor, de Zury Ríos, gente del Partido Unionista, en donde está mi hermano, gente del partido FCN-Nación, incluido el expresidente (Jimmy) Morales, empresarios tanto del sector eléctrico, farmacéutico, incluso financiero”.

A lo largo del audiovisual sostiene en la mano un documento, el cual contiene una denuncia que planteó en contra de Quijivix, para dar a conocer a las autoridades el supuesto negocio al cual hace referencia.

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Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

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Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

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Centroamérica

Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.

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