Centroamérica
Candidato a la presidencia de Guatemala se pronuncia ante revocación de la inscripción en TSE
6 de febrero |
Luego de que el partido guatemalteco Podemos fuera notificado sobre la revocación de la inscripción del binomio presidencial, conformado por Roberto Arzú García-Granados para la Presidencia y David Pineda para la Vicepresidencia, fue publicado un video del presidenciable en el cual señala la posible razón por la cual no será inscrito.
Arzú García-Granados destacó que denunció un supuesto caso de corrupción en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) antes de que le fueran dadas sus credenciales.
Asimismo, señaló que la revocatoria a su inscripción ocurrió como candidato a la Presidencia después de haber dado a conocer en uno de sus programas sobre un supuesto negocio de 400 millones de quetzales, vinculados al presidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, exjefe del desarticulado Centro de Gobierno; Melvin Quijivix, presidente del INDE, y a empresarios que financian campañas de agrupaciones políticas.
“Ese negocio que vienen fraguando ese muchachito Martínez, el presidente Giammattei, el señor Quijivix y varios más, incluyendo empresarios que financian campañas electorales de otros partidos, de Sandra Torres, y ahí están los récords, son los que querían hacer este saqueo de Guatemala, de su dinero, de más de Q400 millones al año por más de 20 años, más de ocho mil millones de quetzales que les querían robar a ustedes”, señala el aspirante a la Presidencia.
En ese sentido, afirmó que el sábado posterior a la publicación de un video en el cual dio a conocer sobre el supuesto hecho irregular en el INDE hubo una reunión, en la cual habrían participado “el Presidente de la República, este muchachito Martínez, gente del Partido Valor, de Zury Ríos, gente del Partido Unionista, en donde está mi hermano, gente del partido FCN-Nación, incluido el expresidente (Jimmy) Morales, empresarios tanto del sector eléctrico, farmacéutico, incluso financiero”.
A lo largo del audiovisual sostiene en la mano un documento, el cual contiene una denuncia que planteó en contra de Quijivix, para dar a conocer a las autoridades el supuesto negocio al cual hace referencia.
Centroamérica
Arzobispo de Tegucigalpa pide a políticos priorizar empleo y combate a la violencia
El arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, instó a la clase política hondureña a priorizar la solución de los “problemas fundamentales” del país, como el desempleo y la violencia, durante la misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma para los católicos.
Ante centenares de fieles reunidos en la Basílica Menor de Suyapa, al oriente de la capital, el prelado subrayó que la población espera que los dirigentes “vayan todos juntos, los políticos primero”, a resolver los principales desafíos nacionales.
Llamado a la convivencia y al diálogo
Nácher exhortó a la sociedad a dejar atrás la “tensión” y la “preocupación constante”, e invitó a los ciudadanos a aprender a convivir, resolver conflictos y buscar soluciones de manera conjunta.
El arzobispo advirtió que problemáticas como la falta de oportunidades laborales y la violencia —especialmente la intrafamiliar— deben enfrentarse colectivamente, con responsabilidad tanto de las autoridades como de la ciudadanía.
La celebración del Miércoles de Ceniza marca el comienzo del período de reflexión y preparación espiritual previo a la Semana Santa, una de las fechas más significativas del calendario litúrgico católico.
Centroamérica
Consuelo Porras niega acusaciones sobre adopciones durante el conflicto armado
El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, informó en rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que los hechos sean investigados con “objetividad” e “independencia”.
Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el fin de participar directamente en el proceso penal y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.
“Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley”, afirmó Saavedra, quien señaló que estas acciones responden al mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado con la justicia.
Señalamientos sobre adopciones durante el conflicto armado
De acuerdo con el comunicado divulgado por expertos de la ONU, existe “preocupación” por información que apunta a que al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez.
Según el informe, los hechos habrían ocurrido entre 1968 y 1996, en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco. El documento señala que Porras habría actuado como “tutora legal” de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.
La fiscal general, quien dejará el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión, rechazó los señalamientos y acusó a la ONU de difundir acusaciones “falsas” y “politizadas”.
El caso se produce en un contexto de tensión institucional, mientras las autoridades guatemaltecas evalúan los pasos legales para esclarecer los hechos denunciados.
Centroamérica
Ordenan que $7,087 incautados a pandilleros pasen al Estado salvadoreño
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $7,087 incautados a tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) sean transferidos a favor del Estado.
Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal demostró que el dinero fue decomisado el 2 de julio de 2019, en un procedimiento realizado en San Salvador, y que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas.
Según explicó el fiscal del caso, se comprobó que los fondos provenían de aportaciones de distintas clicas, lo cual quedó evidenciado en manuscritos encontrados durante el operativo, utilizados para financiar actividades delictivas.
Personas vinculadas al caso
El monto fue incautado a:
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Santos Elías Guardado Flores
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William Arnoldo Hernández Navidad
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José Luis González Villalobos
Los implicados no lograron justificar la procedencia legal del dinero, por lo que el tribunal ordenó que los fondos pasen definitivamente al Estado.
Otro caso reciente
Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que $30,000 también fueran transferidos al Estado por estar relacionados con la actividad de agrupaciones ilícitas.
En ese caso, el dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía, en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía antecedentes por pertenecer a grupos criminales.
Las resoluciones forman parte de los procesos de extinción de dominio que buscan recuperar bienes vinculados a estructuras delictivas y destinarlos a favor del Estado.
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