Centroamérica

ONU busca apoyar diálogo nacional por Panamá

20 de febrero | Redacción |

El Gobierno de Panamá informó este día que la Organización de Naciones Unidas (ONU) podría apoyar una segunda fase de diálogos con organizaciones sociales, aunque sin fecha definida.

Guillermo Salazar, coordinador por el Ejecutivo para estas pláticas interrumpidas desde el año pasado, expresó que la ONU participaría mediante el mecanismo de apoyo de soporte técnico, en tanto el facilitador de la nueva etapa fuese la Escuela Interamericana de Diálogo Social y Resolución de Conflictos, de la Universidad de Panamá.

La ONU propuso al Gobierno enviar una misión exploratoria para conocer un poco más de los participantes y de los mecanismos para hacer realidad su colaboración.

La selección de un acompañamiento de “soporte técnico” sienta sus bases en que siendo un organismo internacional con distintas instancias, la ONU prefiere aportar experiencias en situaciones similares (de diálogo) que ya han presentado en otros países.

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Salazar explicó a medios locales de prensa que el Ejecutivo se ha reunido con la representación de la ONU en el istmo y con el Arzobispo de Panamá, ,monseñor José Domingo Ulloa.

El coordinador de la alianza Pueblo Unido por la Vida, Eduardo Gil, manifestó por su parte que no han recibido ninguna notificación oficial de estas gestiones.

Según los colectivos populares, la convocatoria a la segunda fase de la mesa única de dialogo permanece sin definiciones, un peligro debido al silencio que guarda la Iglesia católica ante presiones de grupos de poder económico con el respaldo del Gobierno.

En junio pasado miles de personas salieron a las calles para protestar por el alto costo de vida, el desempleo, despidos masivos, falta de medicamentos y la corrupción, entre otros males.

Las manifestaciones obligaron al Ejecutivo a establecer negociaciones con los movimientos populares y centrales obreras lograron acuerdos parciales, pero sin cumplir algunos y otros pendientes.

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Los colectivos piden que la nueva etapa de conversaciones sea trasmitida en vivo por el Sistema Estatal de la Radio y la Televisión “para que el pueblo se entere de lo que prometen y no cumplen”, al igual que la primera, señalaron.

Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

Centroamérica

Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.