Centroamérica

Copinh rechaza absolución de militar hondureño que atacó a indígenas

Foto: Criterio.hn

2 de marzo | Redacción |

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) insistió al Poder Judicial de ese país a que otorgue garantías que permitan el acceso a la justicia del líder indígena lenca Allan García, víctima de un intento de asesinato en el que su padre, Tomás García, perdió la vida.

La organización volcada a la defensa de los derechos y la cultura de la comunidad lenca aseguró en un comunicado que ese grave incidente de violación de derechos humanos no quede en la impunidad.

Anteriormente, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, al centro del país, absolvió al militar Kevin Yasser Saravia, responsable de la agresión contra Allan y Tomás cuando protestaban el 15 de julio de 2013 contra la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ). La corte consideró que disparó en defensa propia.

Según información brindada por Copinh, el acto de violencia a la integridad de ambos defensores de la tierra precedió al asesinato de la lideresa Berta Cáceres, también opuesta al PHAZ, a quien sicarios quitaron la vida en la noche del 2 al 3 de marzo de 2016.

20260224_estafa_mh_728x90

A juicio de la directiva de Copinh, el fallo a favor de Saravia busca criminalizar a esta organización y a la comunidad lenca. El colectivo acusó al Juzgado de Siguatepequeque de “apañar las actitudes represivas de las fuerzas armadas” (FF.AA.) y expresó que con ello “se convierte en un cómplice más de la violencia y la destrucción de las comunidades indígenas”.

Copinh dejó claro que el pueblo lenca no es violento, pero está resuelto a defender sus bienes comunes del “extractivismo feroz de las empresas nacionales e internacionales” a través de la movilización y la lucha.

Por su parte y luego de conocer el fallo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) cuestionó el uso excesivo de la fuerza en contra de defensores de los derechos humanos y subrayó la necesidad de que las fuerzas armadas rindan cuentas de su accionar.

Asimismo, la Misión de Observación Calificada Causa Berta Cáceres expresó su profunda preocupación por la absolución de Saravia, en tanto que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) demandó justicia para Allan García.

Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad y representante de Copinh en este caso, rechazó la tesis del Tribunal de Siguatepeque de que Saravia “no hizo ninguna provocación”.

20260224_estafa_mh_728x90

Centroamérica

Denuncian red de sobornos a fiscales en Guatemala por caso de fraude millonario

Una denuncia presentada en Guatemala revela la presunta existencia de una red de sobornos dirigida a fiscales vinculados a investigaciones contra varios imputados acusados de integrar una estructura delincuencial internacional relacionada con fraudes millonarios en el sector de telecomunicaciones.

Entre los señalados figuran Jorge Alberto Castro, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger, quienes son procesados por su supuesta participación en operaciones destinadas a desvalorizar empresas para adquirirlas por debajo de su valor de mercado.

Según la denuncia, el esquema habría sido articulado por ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente, de acuerdo con documentos judiciales.

El expediente también señala que una abogada de los imputados habría acudido a una sede fiscal en Guatemala, donde presuntamente recibió información privilegiada sobre el caso. De acuerdo con fuentes cercanas, la jurista se presentó como representante de las entidades Peppertree Capital Management y AMLQ Holdings, así como de varios ejecutivos extranjeros.

Durante esa interacción, la abogada habría ofrecido dinero a cambio de obtener la totalidad de los expedientes ministeriales y judiciales vinculados a investigaciones penales en curso, según se detalla en la denuncia. Los procesos estarían relacionados con un arbitraje internacional en Nueva York entre empresas del sector de telecomunicaciones.

20260224_estafa_mh_728x90

Los denunciantes solicitaron investigar el actuar de los fiscales de la Fiscalía número Cuatro, al considerar que podrían haberse cometido delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva de actuaciones, asociación ilícita, conspiración, encubrimiento e intento de soborno a funcionario público. De acuerdo con información preliminar, un fiscal ya habría sido destituido por presuntamente aceptar sobornos.

Asimismo, se advierte sobre indicios de una estructura criminal más amplia que buscaría manipular procesos judiciales mediante prácticas como fraude procesal, destrucción u ocultamiento de evidencia, presentación de pruebas fabricadas, uso de testigos falsos y colusión entre abogados.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica promete aplicar el “modelo Bukele” en seguridad

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que implementará el denominado “modelo Bukele” en materia de seguridad al asumir el cargo, con el objetivo de reducir la criminalidad y garantizar la integridad de los ciudadanos.

En una entrevista con el medio DW Español, Fernández expresó su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por las políticas de seguridad aplicadas durante su gestión. “Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares en su país.

La mandataria electa destacó como uno de los principales aspectos del modelo salvadoreño el sistema penitenciario. “Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, señaló.

Fernández ejemplificó que, en Costa Rica, personas condenadas por delitos como narcotráfico continúan operando desde prisión debido a la falta de controles efectivos, lo que, según afirmó, permite la continuidad de las estructuras criminales.

“Eso es lo que quiero copiar: cómo lograron cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias”, enfatizó.

20260224_estafa_mh_728x90

Asimismo, cuestionó el rol de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, al considerar que priorizan la defensa de los detenidos por encima de las víctimas. “Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de la misma manera por los de las víctimas”, expresó.

Fernández asumirá la presidencia en mayo próximo, en medio de un debate regional sobre los modelos de seguridad y su impacto en los derechos humanos.

Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.