Centroamérica
Copinh rechaza absolución de militar hondureño que atacó a indígenas
2 de marzo | Redacción |
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) insistió al Poder Judicial de ese país a que otorgue garantías que permitan el acceso a la justicia del líder indígena lenca Allan García, víctima de un intento de asesinato en el que su padre, Tomás García, perdió la vida.
La organización volcada a la defensa de los derechos y la cultura de la comunidad lenca aseguró en un comunicado que ese grave incidente de violación de derechos humanos no quede en la impunidad.
Anteriormente, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, al centro del país, absolvió al militar Kevin Yasser Saravia, responsable de la agresión contra Allan y Tomás cuando protestaban el 15 de julio de 2013 contra la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ). La corte consideró que disparó en defensa propia.
Según información brindada por Copinh, el acto de violencia a la integridad de ambos defensores de la tierra precedió al asesinato de la lideresa Berta Cáceres, también opuesta al PHAZ, a quien sicarios quitaron la vida en la noche del 2 al 3 de marzo de 2016.
A juicio de la directiva de Copinh, el fallo a favor de Saravia busca criminalizar a esta organización y a la comunidad lenca. El colectivo acusó al Juzgado de Siguatepequeque de “apañar las actitudes represivas de las fuerzas armadas” (FF.AA.) y expresó que con ello “se convierte en un cómplice más de la violencia y la destrucción de las comunidades indígenas”.
Copinh dejó claro que el pueblo lenca no es violento, pero está resuelto a defender sus bienes comunes del “extractivismo feroz de las empresas nacionales e internacionales” a través de la movilización y la lucha.
Por su parte y luego de conocer el fallo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) cuestionó el uso excesivo de la fuerza en contra de defensores de los derechos humanos y subrayó la necesidad de que las fuerzas armadas rindan cuentas de su accionar.
Asimismo, la Misión de Observación Calificada Causa Berta Cáceres expresó su profunda preocupación por la absolución de Saravia, en tanto que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) demandó justicia para Allan García.
Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad y representante de Copinh en este caso, rechazó la tesis del Tribunal de Siguatepeque de que Saravia “no hizo ninguna provocación”.
Centroamérica
Analistas destacan alto respaldo a Bukele a casi siete años de gestión
Analistas políticos sostienen que el presidente Nayib Bukele mantiene un alto nivel de respaldo ciudadano, a casi siete años de haber asumido el Ejecutivo, y descartan un desgaste natural en su gestión.
Rafael Góchez afirmó que una de las principales razones de la aprobación es la respuesta a las problemáticas históricas de la población salvadoreña.
“La causa principal es que la gente valora las constantes acciones favorables del gobierno para mejorar la calidad de vida de la población, tanto en el tema de seguridad como en educación, salud e infraestructura. La percepción es que ahora hay un mandatario que está siempre pendiente de las necesidades y que trabaja para buscar las mejores soluciones”, señaló.
De acuerdo con encuestas de opinión realizadas por LPGDatos, CID-Gallup y Data Poll, el mandatario registra actualmente un nivel de aprobación que oscila entre el 91.9 % y el 93 %. Asimismo, el estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública UCA (Iudop-UCA) le otorga una calificación de 8.39.
Por su parte, Nelson Flores, especialista en Administración Pública, consideró que el caso de Bukele es inédito en la historia política de América Latina, donde —según indicó— la mayoría de gobernantes comienza a perder apoyo en las encuestas incluso después de los primeros 100 días de gestión.
“Este fenómeno de mantener intacta esa preferencia política en el tiempo radica en que él supo plantear un modelo diferente de hacer política, rompió con el bipartidismo y con las ideologías, y empezó a gobernar para resolver los problemas y necesidades de la población”, explicó.
Góchez añadió que la seguridad pública es un factor determinante en los niveles de aprobación del mandatario.
“La desarticulación de las pandillas, que mantuvieron sometida en terror y angustia a la población durante décadas, es sin duda el logro más valorado, y eso sirve de base para pensar en mejoras en el área económica”, concluyó.
Centroamérica
Régimen de excepción se extiende hasta el 31 de marzo tras nueva votación legislativa
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una nueva prórroga del régimen de excepción por 30 días, con el objetivo de evitar la reorganización de pandillas y capturar a personas que intenten retomar actividades delictivas vinculadas a las maras.
Se trata de la 48.ª ampliación del Decreto 333, cuya nueva vigencia iniciará el 2 de marzo y concluirá el 31 del mismo mes.
El régimen fue aprobado por primera vez el 27 de marzo de 2022 como una medida extraordinaria para combatir a las estructuras criminales. Desde entonces, según datos oficiales, ha permitido la captura de más de 91,000 presuntos pandilleros en todo el país.
Durante el debate legislativo, el jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, rechazó lo que calificó como una “falsa dicotomía” impulsada por sectores de oposición en torno a si el régimen es positivo o negativo.
Guevara sostuvo que, a su juicio, los críticos centran su discurso únicamente en las personas procesadas y no en las víctimas de la violencia generada por las pandillas.
Centroamérica
Cancillería y Univo lanzan programa de becas para jóvenes de zonas fronterizas
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y la Universidad de Oriente (Univo) firmaron un acuerdo para poner en marcha un programa de becas de educación superior dirigido a jóvenes bachilleres originarios de sectores fronterizos con Honduras, delimitados por la sentencia emitida el 11 de septiembre de 1992 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La vicecanciller Adriana Mira explicó que el convenio busca promover y facilitar el acceso a estudios técnicos superiores, con énfasis en la zona oriental del país.
“El compromiso que suscribimos tiene como objetivo promover, acercar y facilitar el acceso a educación técnica superior; especialmente para la zona oriental, la cual está siendo potenciada por medio de la apuesta de desarrollo estratégico que lleva a cabo el Gobierno salvadoreño”, afirmó la funcionaria.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos de atención integral impulsados por el Ejecutivo para fomentar el bienestar y el progreso de estos territorios, mediante la ampliación de oportunidades de formación universitaria y profesional.
El programa estará dirigido a estudiantes de los sectores de Los Amates-Goascorán y Monteca-Dolores, en el departamento de La Unión, así como de Sabanetas-Nahuaterique, en Morazán.
Como parte del enfoque regional, el acuerdo contempla el trabajo conjunto con la Univo y el aprovechamiento de plataformas digitales para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje
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