Centroamérica

Copinh rechaza absolución de militar hondureño que atacó a indígenas

Foto: Criterio.hn

2 de marzo | Redacción |

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) insistió al Poder Judicial de ese país a que otorgue garantías que permitan el acceso a la justicia del líder indígena lenca Allan García, víctima de un intento de asesinato en el que su padre, Tomás García, perdió la vida.

La organización volcada a la defensa de los derechos y la cultura de la comunidad lenca aseguró en un comunicado que ese grave incidente de violación de derechos humanos no quede en la impunidad.

Anteriormente, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, al centro del país, absolvió al militar Kevin Yasser Saravia, responsable de la agresión contra Allan y Tomás cuando protestaban el 15 de julio de 2013 contra la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ). La corte consideró que disparó en defensa propia.

Según información brindada por Copinh, el acto de violencia a la integridad de ambos defensores de la tierra precedió al asesinato de la lideresa Berta Cáceres, también opuesta al PHAZ, a quien sicarios quitaron la vida en la noche del 2 al 3 de marzo de 2016.

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A juicio de la directiva de Copinh, el fallo a favor de Saravia busca criminalizar a esta organización y a la comunidad lenca. El colectivo acusó al Juzgado de Siguatepequeque de “apañar las actitudes represivas de las fuerzas armadas” (FF.AA.) y expresó que con ello “se convierte en un cómplice más de la violencia y la destrucción de las comunidades indígenas”.

Copinh dejó claro que el pueblo lenca no es violento, pero está resuelto a defender sus bienes comunes del “extractivismo feroz de las empresas nacionales e internacionales” a través de la movilización y la lucha.

Por su parte y luego de conocer el fallo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) cuestionó el uso excesivo de la fuerza en contra de defensores de los derechos humanos y subrayó la necesidad de que las fuerzas armadas rindan cuentas de su accionar.

Asimismo, la Misión de Observación Calificada Causa Berta Cáceres expresó su profunda preocupación por la absolución de Saravia, en tanto que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) demandó justicia para Allan García.

Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad y representante de Copinh en este caso, rechazó la tesis del Tribunal de Siguatepeque de que Saravia “no hizo ninguna provocación”.

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Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.

En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.

“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.

La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.

“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.

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Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.

En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.

Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.

“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.

Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.

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Centroamérica

Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.

Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.

“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.