Centroamérica
Copinh rechaza absolución de militar hondureño que atacó a indígenas
2 de marzo | Redacción |
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) insistió al Poder Judicial de ese país a que otorgue garantías que permitan el acceso a la justicia del líder indígena lenca Allan García, víctima de un intento de asesinato en el que su padre, Tomás García, perdió la vida.
La organización volcada a la defensa de los derechos y la cultura de la comunidad lenca aseguró en un comunicado que ese grave incidente de violación de derechos humanos no quede en la impunidad.
Anteriormente, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, al centro del país, absolvió al militar Kevin Yasser Saravia, responsable de la agresión contra Allan y Tomás cuando protestaban el 15 de julio de 2013 contra la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ). La corte consideró que disparó en defensa propia.
Según información brindada por Copinh, el acto de violencia a la integridad de ambos defensores de la tierra precedió al asesinato de la lideresa Berta Cáceres, también opuesta al PHAZ, a quien sicarios quitaron la vida en la noche del 2 al 3 de marzo de 2016.
A juicio de la directiva de Copinh, el fallo a favor de Saravia busca criminalizar a esta organización y a la comunidad lenca. El colectivo acusó al Juzgado de Siguatepequeque de “apañar las actitudes represivas de las fuerzas armadas” (FF.AA.) y expresó que con ello “se convierte en un cómplice más de la violencia y la destrucción de las comunidades indígenas”.
Copinh dejó claro que el pueblo lenca no es violento, pero está resuelto a defender sus bienes comunes del “extractivismo feroz de las empresas nacionales e internacionales” a través de la movilización y la lucha.
Por su parte y luego de conocer el fallo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) cuestionó el uso excesivo de la fuerza en contra de defensores de los derechos humanos y subrayó la necesidad de que las fuerzas armadas rindan cuentas de su accionar.
Asimismo, la Misión de Observación Calificada Causa Berta Cáceres expresó su profunda preocupación por la absolución de Saravia, en tanto que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) demandó justicia para Allan García.
Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad y representante de Copinh en este caso, rechazó la tesis del Tribunal de Siguatepeque de que Saravia “no hizo ninguna provocación”.
Centroamérica
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Centroamérica
Transportistas buscan acuerdos con el Gobierno ante alza de combustibles en El Salvador
El representante de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, aseguró que existe apertura por parte del Gobierno de El Salvador para dialogar sobre medidas que permitan mitigar el impacto del alza en los combustibles sobre el transporte público.
El acercamiento se realiza a través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, encabezado por Romeo Rodríguez, con quien los transportistas sostuvieron una reunión para plantear distintas propuestas.
Regalado explicó que el incremento actual en el precio del combustible, que ronda los $0.88 por galón, eleva significativamente los costos operativos. “Con 25 galones diarios promedio que consume una unidad, son $22 adicionales, lo que significa que necesito alrededor de $120 para operar”, detalló.
Entre las principales solicitudes del sector se encuentra el establecimiento de un precio máximo para el diésel, así como la revisión de la nivelación tarifaria, al considerar que el transporte público es uno de los pocos sectores que no ha registrado ajustes en sus tarifas en los últimos años.
“Consideramos que fijar el precio del combustible para el sector transporte aliviaría significativamente el costo operativo diario, sin eliminar la compensación. También se propuso autorizar un galonaje específico, revisar la nivelación tarifaria y aumentar la compensación”, añadió el vocero.
Asimismo, Regalado indicó que el titular del MOPT se comprometió a cancelar el saldo pendiente correspondiente al subsidio destinado a los empresarios del transporte público.
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