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Centroamérica

Copinh rechaza absolución de militar hondureño que atacó a indígenas

Copinh rechaza absolución de militar hondureño que atacó a indígenas
Foto: Criterio.hn

2 de marzo | Redacción |

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) insistió al Poder Judicial de ese país a que otorgue garantías que permitan el acceso a la justicia del líder indígena lenca Allan García, víctima de un intento de asesinato en el que su padre, Tomás García, perdió la vida.

La organización volcada a la defensa de los derechos y la cultura de la comunidad lenca aseguró en un comunicado que ese grave incidente de violación de derechos humanos no quede en la impunidad.

Anteriormente, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, al centro del país, absolvió al militar Kevin Yasser Saravia, responsable de la agresión contra Allan y Tomás cuando protestaban el 15 de julio de 2013 contra la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ). La corte consideró que disparó en defensa propia.

Según información brindada por Copinh, el acto de violencia a la integridad de ambos defensores de la tierra precedió al asesinato de la lideresa Berta Cáceres, también opuesta al PHAZ, a quien sicarios quitaron la vida en la noche del 2 al 3 de marzo de 2016.

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A juicio de la directiva de Copinh, el fallo a favor de Saravia busca criminalizar a esta organización y a la comunidad lenca. El colectivo acusó al Juzgado de Siguatepequeque de “apañar las actitudes represivas de las fuerzas armadas” (FF.AA.) y expresó que con ello “se convierte en un cómplice más de la violencia y la destrucción de las comunidades indígenas”.

Copinh dejó claro que el pueblo lenca no es violento, pero está resuelto a defender sus bienes comunes del “extractivismo feroz de las empresas nacionales e internacionales” a través de la movilización y la lucha.

Por su parte y luego de conocer el fallo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) cuestionó el uso excesivo de la fuerza en contra de defensores de los derechos humanos y subrayó la necesidad de que las fuerzas armadas rindan cuentas de su accionar.

Asimismo, la Misión de Observación Calificada Causa Berta Cáceres expresó su profunda preocupación por la absolución de Saravia, en tanto que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) demandó justicia para Allan García.

Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad y representante de Copinh en este caso, rechazó la tesis del Tribunal de Siguatepeque de que Saravia “no hizo ninguna provocación”.

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Centroamérica

Guatemala despliega el Operativo Centinela para recuperar control del penal Renovación 1

Desde tempranas horas de este martes, unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, con apoyo del Ejército y del Sistema Penitenciario, ejecutan el Operativo Centinela con el objetivo de retomar el control del centro penitenciario Renovación 1, ubicado en el departamento de Escuintla, informó el Ministerio de Gobernación mediante transmisiones en vivo desde su cuenta oficial en X.

Las fuerzas de seguridad desarrollan requisas simultáneas en la Cárcel de Máxima Seguridad para Varones Renovación 1, como parte de una estrategia para reducir la incidencia criminal, prevenir delitos y frenar el ingreso y traslado de objetos ilícitos dentro y en los alrededores del penal, detalló la cartera de Gobernación.

De acuerdo con información publicada por el medio guatemalteco Prensa Libre, el operativo responde a investigaciones que señalan que estructuras de pandillas ejercen control sobre comercios y terrenos cercanos al centro penitenciario, los cuales serían utilizados como puntos de vigilancia y para ocultar drogas, armas y otros objetos ilegales.

“Las maras se apoderan de terrenos y comercios cercanos para utilizarlos como puestos de vigilancia, esconder drogas, armas y otros ilícitos”, afirmó el Sistema Penitenciario, citado por el medio local.

Durante el despliegue, las autoridades realizaron un acto protocolario para dar inicio formal al Operativo Centinela, encabezado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda; el ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos; la gobernadora departamental de Escuintla, Vivian Mayorga; el director general de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo; y el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, entre otros funcionarios.

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“Este operativo se formula para proteger a la población, tomar el control del territorio y devolvérselo al pueblo digno. No venimos a improvisar, venimos a ejecutar; no venimos a ver qué pasa, venimos a tomar el control”, afirmó el ministro Villeda, quien subrayó que el objetivo es recuperar el orden, la seguridad y la gobernabilidad en zonas afectadas por la presencia de maras.

El operativo se desarrolla en un contexto de reciente incremento de hechos violentos en Escuintla, entre ellos el asesinato de una joven madre y su bebé, ocurrido en una zona rural del departamento, hecho que conmocionó a la población.

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Centroamérica

OEA y BID destacan avances de El Salvador en legislación y estrategia de ciberseguridad

Costa Rica reitera importancia del uso de herramientas jurídicas y técnicas contra el ciberdelito

El Salvador ha dado pasos significativos en la consolidación de un marco legal sólido en materia de ciberseguridad, según señala el Informe de Ciberseguridad 2025: “Vulnerabilidad y madurez: desafíos para cerrar brechas en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El estudio resalta como uno de los principales avances la aprobación, en 2024, de dos leyes clave por parte de la Asamblea Legislativa: la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (decreto 143) y la Ley de Protección de Datos Personales (decreto 144).

De acuerdo con el informe, la Ley de Ciberseguridad establece un marco integral de políticas aplicable a todas las entidades del Estado, incluidos organismos autónomos y municipalidades, e incorpora sanciones específicas para los funcionarios públicos que incumplan la implementación de medidas de seguridad adecuadas, reforzando así la importancia del cumplimiento normativo.

El documento también destaca que el Gobierno salvadoreño impulsa diversos esfuerzos para fortalecer la ciberseguridad como parte de la Agenda Digital 2020-2030, con el objetivo de integrar a los sectores público y privado en un entorno digital seguro que fomente el desarrollo nacional mediante la innovación y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En esa línea, el informe subraya que El Salvador avanza en la construcción de una estrategia nacional de ciberseguridad, enfocada en la protección de la información digital del Estado mediante la adopción de estándares internacionales y una coordinación interinstitucional sólida.

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Asimismo, se resalta la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), encargada de implementar las políticas de ciberseguridad en las instituciones públicas, así como de desarrollar y administrar el Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad.

El estudio añade que el país está implementando centros de operaciones de seguridad (SOC) para la gestión y respuesta ante amenazas en sectores sensibles vinculados al Gobierno Electrónico, los cuales contarán con apoyo técnico y financiero del BID.

En ese contexto, se destaca que en 2023 El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en establecer un SOC especializado para el sector financiero, reflejando el compromiso gubernamental con el fortalecimiento de la seguridad digital.

Finalmente, el informe señala que el Gobierno ha reforzado la gestión del dominio .sv, con el fin de mejorar la seguridad de los portales institucionales.

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Centroamérica

El Salvador cierra 2025 con la tasa de homicidios más baja de su historia

El Salvador cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja desde que existen registros oficiales, como resultado de la ofensiva gubernamental contra las pandillas, aseguró este lunes el Gobierno.

De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la tasa de asesinatos se redujo a 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año pasado, una disminución frente a los 1,9 registrados en 2024. El funcionario precisó que en 2025 se contabilizaron 82 homicidios, todos los cuales —afirmó— fueron esclarecidos por las autoridades.

“Estos datos nos permiten decir ahora con propiedad que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental”, sostuvo Villatoro durante una declaración a la prensa.

Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele mantiene una ofensiva contra las estructuras criminales amparada en un régimen de excepción, que autoriza detenciones sin orden judicial y ha sido prorrogado de forma continua. Según el ministro, esta estrategia permitió durante 2025 “neutralizar y seguir derrotando” a las pandillas, a las que calificó como el “enemigo más grande” que enfrentaba el país.

El Salvador llegó a registrar una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, lo que lo colocó entonces entre los países más violentos del mundo sin estar en guerra. Las autoridades atribuyen la drástica reducción de la violencia a las políticas de seguridad implementadas en los últimos años.

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