Internacionales
Colombia: presidente Petro advierte sobre medidas a tomar debido a paro minero
13 de marzo | Redacción |
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado nuevas medidas ante al paro minero que lleva ya 12 días en el noroccidente del país: control del uso legal de maquinaria amarilla a nivel nacional y agudizar los operativos de destrucción de grandes dragas, de propiedad de las mafias de la minería ilegal, que están depredando el territorio.
El mandatario también puntualizó que se mantendrá la Fuerza Pública que llegó a la zona para garantizar el abastecimiento de alimentos y de medicinas y la atención en los centros asistenciales de los pacientes y enfermos.
Asimismo, ratificó que su Gobierno «continuará el diálogo con la verdadera dirigencia de la pequeña minería para avanzar en la construcción del Distrito Agrominero en la región y concertar la reforma al Código Minero, de manera que beneficie a los habitantes».
Petro señaló, de igual manera, que su Gobierno no está en contra de la pequeña minería artesanal y ancestral, sino en contra de lo que llamó «las grandes mafias de la minería ilegal que están depredando el territorio». Por lo que invitó a «la verdadera dirigencia de los pequeños mineros» a reunirse con él en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, luego de que la situación se normalice, para concertar los cambios que se introducirán en la reforma al Código Minero que el Gobierno del Cambio busca sacar adelante.
El mandatario aseguró que si el Clan del Golfo está detrás del paro, como algunos indicios lo demuestran, este grupo armado al margen de la ley no tiene voluntad de paz y puntualizó que ni el Gobierno ni el Estado son para engañar.
Este lunes se cumplen 12 días desde que la comunidad minera de Antioquia y Córdoba protestan con un paro y cinco organizaciones con presencia en el territorio hicieron un llamado a que prevalezca el diálogo y la concertación, por encima de las acciones de violencia.
Internacionales
Al menos 21 muertos tras la caída de un autobús a un abismo en Ecuador
La cifra de víctimas mortales por la caída de un autobús a un abismo en el sur andino de Ecuador aumentó de 12 a 21, informó el lunes el servicio de emergencias estatal.
El accidente ocurrió el domingo cuando el vehículo, lleno de pasajeros, transitaba por la vía que conecta las localidades de Guaranda y Ambato.
«El saldo de víctimas (…) asciende, lamentablemente, a 21 fallecidos y 40 personas heridas», indicó el servicio de emergencias ECU911 a través de un grupo de prensa en WhatsApp. La Secretaría de Riesgos había reportado inicialmente 12 muertos y 10 heridos.
En Ecuador, los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte, con un promedio de un fallecido cada cuatro horas, según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Durante el año pasado se registraron 21,220 accidentes que dejaron 2,302 fallecidos y 18,312 heridos, frente al récord de 2,373 muertes en 2023.
Internacionales
Haití: miedo y calles vacías tras amenazas de la coalición pandillera Viv ansanm
Puerto Príncipe amaneció este lunes con actividades casi paralizadas, luego de que las pandillas que dominan gran parte de la capital haitiana amenazaran con atacar a la policía tras una operación dirigida contra uno de sus grupos.
Jimmy Chérisier, alias «Barbecue», líder de la coalición pandillera Viv ansanm, publicó un video durante el fin de semana anunciando que sus hombres «saldrían a las calles para enfrentarse a las fuerzas de seguridad» y pidió a los habitantes que permanecieran en sus hogares.
La población tomó en serio la advertencia: la mayoría de las escuelas permanecieron cerradas y solo algunos transportes públicos circulaban por la ciudad.
Ante la amenaza, organismos internacionales adoptaron medidas preventivas. Naciones Unidas recomendó a su personal en Puerto Príncipe teletrabajar, la embajada de Francia permanecerá cerrada, y la de Estados Unidos solicitó a sus empleados trabajar desde casa.
La policía haitiana, por su parte, suspendió vacaciones y permisos de sus agentes hasta nuevo aviso.
Estas tensiones se producen después de una operación policial el viernes en un suburbio de la capital, controlado por la pandilla 400 Mawozo. En el operativo murieron siete pandilleros y las fuerzas de seguridad debieron destruir un helicóptero de apoyo para evitar que cayera en manos de los criminales.
Haití, el país más pobre de América, enfrenta desde hace tiempo la violencia de bandas organizadas que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, en un contexto de inestabilidad política crónica.
Internacionales
Bangladesh condena a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por crímenes contra la humanidad
La justicia de Bangladesh condenó este lunes a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina, declarada culpable de ordenar la represión de los disturbios de 2024 que provocaron su caída y en los que murieron al menos 1.400 personas, según datos de la ONU.
El juez del tribunal de Daca, Golam Mortuza Mozumder, señaló que «todos los elementos (…) constitutivos de un crimen contra la humanidad están reunidos» y anunció la imposición de «una sola pena, la pena de muerte».
Hasina, de 78 años, siempre negó los cargos y fue juzgada en ausencia tras huir en helicóptero a India en el verano de 2024. Tras la sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladesh solicitó al gobierno indio la extradición inmediata de Hasina y de su ex ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también condenado a muerte y refugiado en India. La cancillería india se limitó a declarar que había «tomado nota del veredicto pronunciado».
La ONU calificó la sentencia como un «momento importante para las víctimas», pero expresó su oposición a la pena de muerte en todas las circunstancias, según declaró Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los jueces consideraron a Hasina culpable de varios cargos relacionados con crímenes contra la humanidad, incluyendo incitación y orden de asesinatos durante los disturbios.
En un comunicado tras la sentencia, la ex primera ministra afirmó que el veredicto tenía «motivaciones políticas» y denunció que fue dictado por «un tribunal amañado, establecido y presidido por un gobierno no elegido y sin mandato democrático».
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