Internacionales
Colombia: presidente Petro advierte sobre medidas a tomar debido a paro minero
13 de marzo | Redacción |
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado nuevas medidas ante al paro minero que lleva ya 12 días en el noroccidente del país: control del uso legal de maquinaria amarilla a nivel nacional y agudizar los operativos de destrucción de grandes dragas, de propiedad de las mafias de la minería ilegal, que están depredando el territorio.
El mandatario también puntualizó que se mantendrá la Fuerza Pública que llegó a la zona para garantizar el abastecimiento de alimentos y de medicinas y la atención en los centros asistenciales de los pacientes y enfermos.
Asimismo, ratificó que su Gobierno «continuará el diálogo con la verdadera dirigencia de la pequeña minería para avanzar en la construcción del Distrito Agrominero en la región y concertar la reforma al Código Minero, de manera que beneficie a los habitantes».
Petro señaló, de igual manera, que su Gobierno no está en contra de la pequeña minería artesanal y ancestral, sino en contra de lo que llamó «las grandes mafias de la minería ilegal que están depredando el territorio». Por lo que invitó a «la verdadera dirigencia de los pequeños mineros» a reunirse con él en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, luego de que la situación se normalice, para concertar los cambios que se introducirán en la reforma al Código Minero que el Gobierno del Cambio busca sacar adelante.
El mandatario aseguró que si el Clan del Golfo está detrás del paro, como algunos indicios lo demuestran, este grupo armado al margen de la ley no tiene voluntad de paz y puntualizó que ni el Gobierno ni el Estado son para engañar.
Este lunes se cumplen 12 días desde que la comunidad minera de Antioquia y Córdoba protestan con un paro y cinco organizaciones con presencia en el territorio hicieron un llamado a que prevalezca el diálogo y la concertación, por encima de las acciones de violencia.
Internacionales
Gobierno admite que Noem autorizó vuelos de deportación a CECOT en desacato a un juez federal
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció este martes, en una nueva presentación judicial, que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue quien decidió mantener en marcha los vuelos de deportación hacia una mega prisión en El Salvador, pese a que un juez federal había ordenado que las aeronaves regresaran al país.
Según el documento, Noem tomó la decisión en marzo, en medio de la investigación por desacato que reactivó la semana pasada el juez de distrito James Boasberg, quien busca determinar qué funcionarios de la administración Trump desobedecieron sus instrucciones.
El caso, considerado de alto riesgo, está relacionado con la utilización por parte del presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar la deportación de presuntos integrantes de una pandilla venezolana. Esta política ha generado tensiones políticas y legales mientras la Casa Blanca busca ejecutar una campaña masiva de deportaciones.
La presentación judicial detalla que los subsecretarios de Justicia, Todd Blanche y Emil Bove, asesoraron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la orden emitida por la Corte y su impacto en los vuelos que ya habían partido de Estados Unidos antes de la resolución.
“Tras recibir dicha asesoría legal, la secretaria Noem ordenó que los detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que habían salido del país antes de la orden judicial pudieran ser transferidos a la custodia de El Salvador”, indica el documento.
El Departamento de Justicia sostiene que la decisión de Noem “fue legal y consistente con una interpretación razonable de la orden del Tribunal”, aunque el proceso por desacato continúa bajo revisión.
Internacionales
“Ya no soy parte de este gobierno”: Lara marca distancia de Rodrigo Paz en medio de nueva crisis interna
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, afirmó este martes que “ya no forma parte” del Gobierno, en un nuevo episodio de tensiones con el presidente Rodrigo Paz.
La declaración fue difundida mediante un video publicado en sus redes sociales, donde Lara expresó su malestar por el rumbo de la administración actual.
“Cada medio vendido que hay, cada tiktoker creador de contenido vendido al gobierno que hay, yo ya no soy parte de ese gobierno”, manifestó el vicepresidente. También reiteró que no participará en decisiones del Ejecutivo mientras, según él, persista la influencia de actores externos sobre el mandatario.
Lara criticó especialmente el reciente anuncio gubernamental de eliminar cuatro impuestos —entre ellos, el de grandes fortunas y el de transferencias financieras— al considerar que estas medidas favorecen al empresario y excandidato presidencial Samuel Doria Medina.
“Mientras Samuel Doria Medina siga controlando a Rodrigo Paz, yo prefiero no meterme”, sentenció Lara.
En semanas recientes, el vicepresidente ya había descartado renunciar, acusando a sectores “corruptos” de intentar forzar su salida, lo que ha profundizado el distanciamiento entre ambos líderes.
Las declaraciones se produjeron el mismo día en que Lara visitó la comunidad de Achira, en el municipio de Samaipata, donde 23 comunidades siguen afectadas por las inundaciones y deslizamientos ocasionados por las fuertes lluvias del 16 de noviembre.
Internacionales
Michelle Obama lamenta la demolición del Ala Este: “Es una pérdida nacional”
La ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama calificó este martes como una “pérdida nacional” la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, una decisión del presidente Donald Trump para construir un enorme salón de baile en su lugar.
“Sentí que era una pérdida para nosotros como nación, pero, personalmente… ya sabes, esa no es nuestra casa, es la casa del pueblo”, expresó Obama durante una entrevista en el pódcast de Jamie Kern Lima, emprendedora del sector cosmético y figura influyente en temas de motivación personal.
Obama, quien ocupó la residencia presidencial entre 2009 y 2017 durante los dos mandatos de Barack Obama, lamentó la desaparición del histórico anexo, que albergaba la oficina de la primera dama y desde donde impulsó iniciativas como el programa contra la obesidad infantil en 2010. Aseguró que la decisión le resulta dolorosa porque pone en duda si existe una valoración real por lo que ese espacio simboliza para el país.
La demolición del Ala Este, realizada en octubre, abrió paso a la construcción de un salón de baile de 90.000 pies cuadrados, cuyo costo asciende a 300 millones de dólares, según estimaciones de Trump. El proyecto ha generado una fuerte polémica, tanto por posibles violaciones a los reglamentos federales de construcción como por su financiamiento: empresarios y allegados del expresidente habrían aportado los fondos en vísperas del 250.º aniversario de Estados Unidos, que se celebrará en 2026.
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