Centroamérica

Costa Rica registra un homicidio cada 12 horas en lo que va del 2023

14 de marzo | Redacción |

El Gobierno de Costa Rica registra 164 homicidios en 2023, lo que representa un incremento del 20 % en relación con el año anterior, según datos proporcionados este día por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Lo anterior significa que hay una muerte violenta cada 12 horas en los primeros 73 días de este año, y 27 crímenes más que los contabilizados en igual etapa de 2022.

Según las estadísticas del OIJ, la provincia de San José ocupa el primer lugar en ese negativo índice, con 47 homicidios, seguida de Limón (37) y Puntarenas (24), mientras Cartago presenta la menor cantidad, con 10. Costa Rica vive una ola de violencia y los vaticinios son que al concluir diciembre serán más de 900 los hechos de este tipo en el país, la mayoría de ellos asociados al narcotráfico. El OIJ también ha indicado que Costa Rica en 2022 registró 654 homicidios y una tasa de 12,6 por 100 mil habitantes, ambas cotas máximas históricas.

Debido a la inseguridad y el reclamo ciudadano por esta situación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, puntualizó el lunes que la próxima semana sesionará una reunión con altos mandos de diferentes poderes del Estado y espera agilizar al menos cinco proyectos de ley para intentar controlar la ola de criminalidad.

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En un mensaje a la población sobre el tema de seguridad, el presidente tico, Rodrigo Chaves, reveló que el viernes pasado le pidió a Arias y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, que «nos tomemos un café de trabajo el próximo jueves, para marcar la ruta que hace falta para devolverle a usted la seguridad que demanda y que merece».

Igualmente, invitó a Arias y a Aguirre para que a mediados del próximo mes lo acompañen a «presentar juntos las reformas de ley urgentes y que las presentemos como equipo, sin que nadie se lleve crédito sobre temas que urgen: portación de armas, extradición, medidas cautelares, prisión preventiva y beneficios carcelarios».

Asimismo, prosiguió, sobre intervenciones telefónicas, la ley penal juvenil y los parámetros mínimos de sentencia para ciertos crímenes. Chaves señaló además que aplaude una reunión hoy en el Colegio de Abogados para tratar el tema de la seguridad en el país.

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Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

Centroamérica

Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.