Centroamérica

Solicitan retirar inmunidad a candidato presidencial de Guatemala

Foto: UN News

20 de marzo | Redacción |

A días de que inicie la campaña para elegir presidente en Guatemala, la Fiscalía pidió hoy que se le retire la inmunidad al candidato presidencial Edmond Mulet por presunta conspiración para obstruir a la justicia al haber solicitado que se investigue a un juez que ordenó pesquisas contra nueve periodistas.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y sancionado por el gobierno de Estados Unidos por socavar la democracia en Guatemala y obstruir la lucha anticorrupción, solicitó a la Corte Suprema de Justicia quitarle a Mulet la inmunidad de la que goza por estar inscrito como candidato presidencial.

Al parecer, Curruchiche busca investigar a Mulet por haber solicitado que se investigue al juez Jimi Bremer quien ordenó, a petición de una cuestionada fiscal, investigar a nueve periodistas y columnistas de El Periódico que realizaban publicaciones sobre denuncias y sanciones a funcionarios del Poder Judicial.

La fiscal está denunciada por haber abusado de su cargo al solicitar información judicial de personas que ella no investigaba y por haber presuntamente demorado maliciosamente investigaciones penales.

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Mulet es candidato por el partido Cabal y según algunas mediciones se encuentra entre el tercero y cuarto lugar en la preferencia electoral, mencionó en una conferencia de prensa que hizo la solicitud para que se investigue “por qué se hostiga a periodistas desde el propio Ministerio Púbico”.

“Vamos a ver si esta solicitud que hace totalmente fuera de lugar, totalmente loca que hace el Ministerio Público, vamos a ver si la CSJ (Corte Suprema de Justicia) la admite o no y seguiremos en este proceso de lucha contra la corrupción”, dijo el candidato.

El caso de El Periódico ha trascendido a nivel internacional y decenas de organizaciones de protección a periodistas han solicitado el cese la criminalización de los trabajadores de prensa que inició con el presidente de ese medio, José Rubén Zamora, que lleva casi ocho meses detenido por supuesto lavado dinero producto de chantajes.

Los guatemaltecos tienen previsto acudir a las urnas del 25 de junio para elegir presidente, vicepresidente, alcaldes municipales, diputados al Congreso y diputados al Parlamento Centroamericano para los próximos cuatro años a partir de 2024.

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Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

Centroamérica

Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.