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A tres años de vigencia, el Título 42 ha permitido la deportación de 2.7 millones de migrantes
22 de marzo | Redacción |
La política que bloquea el acceso de los migrantes a Estados Unidos, Título 42, llegó a su tercer año en vigencia con la expulsión de 2.7 millones de personas en la frontera con México, medida que fue aplicada a partir del 20 de marzo de 2020 con el objetivo de detener la proliferación de la COVID-19, según el Gobierno estadounidense a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).
Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Consejo de Inmigración Estadounidense, declaró que el Título 42 ha sido «la política de pandemia que permitió a Estados Unidos, por primera vez, simplemente expulsar a personas a otro país sin darles derechos».
Tal iniciativa surgió en la administración del expresidente republicano Donald Trump, pero el Gobierno de Joe Biden, que aseguró defender a la comunidad migrante, la prolongó y amplió a más nacionalidades, frenando la posibilidad de asilo para miles de familias que huyen de países en crisis políticas y sociales.
La Corte Suprema de Estados Unidos anunció a mediados de febrero que el caso del Título 42, en el que se debatía si eliminarlo o no, «fue retirado del calendario de argumentos de febrero de 2023», luego de que el Departamento de Justicia aseguró ante el Tribunal que una vez se dejen sin efecto las declaraciones de emergencia nacional y de salud por la pandemia el 11 de mayo, también se anulará la política de expulsión.
A pesar de lo anterior, el Gobierno de Biden ya discute otras medidas que aplicará cuando pierda su efecto: denegará el asilo a los inmigrantes que se presenten en la frontera sur del país sin haber solicitado previamente su petición a través de la aplicación CBP One.
Centroamérica
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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.
La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.
En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.
Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.
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Asamblea avala pena perpetua para homicidio, violación y terrorismo
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 59 votos la reforma al inciso 2.º del artículo 27 de la Constitución de la República de El Salvador, con el objetivo de permitir la imposición de la pena perpetua en casos de homicidio, violación y terrorismo.
La iniciativa fue presentada por el Órgano Ejecutivo a través del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en el marco de la sesión plenaria 102. Además de la modificación constitucional, se plantearon reformas al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra actos de terrorismo y otras normativas, con el fin de armonizarlas con la nueva disposición.
El presidente Nayib Bukele se refirió a la medida en su cuenta de X, donde afirmó que la reforma busca habilitar la cadena perpetua —hasta ahora prohibida— para delitos graves. En su mensaje, también cuestionó a quienes se oponen a este tipo de cambios en el marco legal.
Por su parte, Villatoro calificó la reforma como “necesaria” para la transformación del país y el fortalecimiento de la seguridad. Asimismo, señaló que durante los casi cuatro años del régimen de excepción han surgido críticas de organizaciones que, según dijo, “defienden a los criminales”, frente al uso de herramientas legales por parte del Estado.
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