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A tres años de vigencia, el Título 42 ha permitido la deportación de 2.7 millones de migrantes
22 de marzo | Redacción |
La política que bloquea el acceso de los migrantes a Estados Unidos, Título 42, llegó a su tercer año en vigencia con la expulsión de 2.7 millones de personas en la frontera con México, medida que fue aplicada a partir del 20 de marzo de 2020 con el objetivo de detener la proliferación de la COVID-19, según el Gobierno estadounidense a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).
Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el Consejo de Inmigración Estadounidense, declaró que el Título 42 ha sido «la política de pandemia que permitió a Estados Unidos, por primera vez, simplemente expulsar a personas a otro país sin darles derechos».
Tal iniciativa surgió en la administración del expresidente republicano Donald Trump, pero el Gobierno de Joe Biden, que aseguró defender a la comunidad migrante, la prolongó y amplió a más nacionalidades, frenando la posibilidad de asilo para miles de familias que huyen de países en crisis políticas y sociales.
La Corte Suprema de Estados Unidos anunció a mediados de febrero que el caso del Título 42, en el que se debatía si eliminarlo o no, «fue retirado del calendario de argumentos de febrero de 2023», luego de que el Departamento de Justicia aseguró ante el Tribunal que una vez se dejen sin efecto las declaraciones de emergencia nacional y de salud por la pandemia el 11 de mayo, también se anulará la política de expulsión.
A pesar de lo anterior, el Gobierno de Biden ya discute otras medidas que aplicará cuando pierda su efecto: denegará el asilo a los inmigrantes que se presenten en la frontera sur del país sin haber solicitado previamente su petición a través de la aplicación CBP One.
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Pandilleros monitoreaban cámaras de vigilancia desde prisión para evadir capturas en Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que pandilleros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 utilizaban cámaras de vigilancia instaladas en la vía pública y en viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala para monitorear movimientos de las autoridades y mantener control sobre áreas bajo su influencia.
El director de la PNC, David Boteo, confirmó que las imágenes captadas por estos sistemas eran observadas por miembros de estructuras criminales incluso desde centros penitenciarios, mediante aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.
Como parte de los operativos desarrollados por las autoridades, han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado que presuntamente eran utilizadas para actividades de vigilancia vinculadas a las pandillas.
Según explicó Boteo, los dispositivos permitían a los grupos criminales detectar la presencia de personas desconocidas o de agentes policiales en distintos puntos de la Zona 18, lo que les facilitaba anticipar operativos y evitar capturas.
Las investigaciones también revelaron que algunos inmuebles utilizados por integrantes de estas estructuras contaban con puertas reforzadas de gran resistencia, diseñadas para retrasar el ingreso de las fuerzas de seguridad y dar tiempo a los ocupantes para ocultar evidencias o deshacerse de drogas a través de sistemas de drenaje.
El jefe policial indicó que en diversas requisas realizadas dentro de cárceles del país se han encontrado teléfonos celulares con aplicaciones que permitían acceder de forma remota a las cámaras instaladas en el exterior.
Las autoridades no descartan que los equipos hayan sido adquiridos en establecimientos comerciales especializados en tecnología y posteriormente adaptados para actividades de vigilancia criminal.
De acuerdo con la PNC, el objetivo de estas acciones era mantener el control territorial en colonias y barrios de la Zona 18, una de las áreas históricamente afectadas por la presencia de pandillas en la capital guatemalteca.
Boteo señaló además que las autoridades evalúan ampliar los operativos de retiro e incautación de cámaras a otras zonas donde se reportan actividades relacionadas con extorsiones, narcomenudeo y otros delitos atribuidos a estructuras criminales.
Estas acciones forman parte del Plan Centinela, una estrategia mediante la cual la Policía guatemalteca busca fortalecer la vigilancia, recuperar espacios controlados por grupos delincuenciales y reducir las capacidades operativas de las pandillas en distintos sectores del país.
Centroamérica
Juan Orlando Hernández niega acuerdos con Trump tras recibir indulto
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El Salvador alcanza 1,190 días sin homicidios durante gestión de Bukele
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han contribuido a una reducción sostenida en los homicidios en El Salvador, según datos oficiales.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), durante los 82 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se han registrado 1,190 días con cero homicidios a nivel nacional.
La institución detalló que la jornada más reciente sin muertes violentas fue el miércoles 15 de abril, convirtiéndose en el día número 14 sin homicidios en lo que va del mes.
En lo que respecta al año en curso, las autoridades contabilizan 88 días sin asesinatos: 27 en enero, 24 en febrero, 23 en marzo y 14 en abril. Asimismo, del total de días sin homicidios registrados durante la actual administración, 1,076 se han producido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2026, periodo en el que ha estado vigente el régimen de excepción.
Las cifras oficiales también destacan que El Salvador cerró 2025 como el país con menor cantidad de homicidios en Centroamérica, con un total de 82 casos. En contraste, Guatemala reportó 3,022 asesinatos; Honduras, 2,330; Costa Rica, 856; y Panamá registró 588.
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