El Ministerio de Educación (MINED) anunció la suspensión de clases y actividades académicas presenciales en todo el territorio nacional para los días martes 9 y miércoles 10 de junio, como medida preventiva ante la influencia de la tormenta tropical Cristina y la vigencia de la alerta naranja decretada por las autoridades.

La disposición aplica para todos los centros educativos públicos y privados, así como para universidades e instituciones de educación superior, abarcando todos los niveles del sistema educativo, desde educación inicial hasta estudios universitarios.

Según el comunicado emitido por la institución, las universidades tendrán la facultad de continuar desarrollando sus actividades académicas mediante plataformas virtuales durante el período en que permanezca suspendida la asistencia presencial.

Las autoridades explicaron que la medida busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y familias, ante los riesgos asociados a las lluvias intensas que podrían afectar diferentes zonas del país.

Entre las amenazas identificadas se encuentran inundaciones urbanas, desbordamientos de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y derrumbes, fenómenos que podrían comprometer la seguridad de la población y dificultar la movilidad hacia los centros educativos.

El Ministerio de Educación exhortó a la comunidad educativa a mantenerse atenta a la información emitida por las instituciones oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

La suspensión forma parte de las acciones preventivas adoptadas por el Gobierno ante el incremento de lluvias provocado por sistemas atmosféricos que afectan a la región centroamericana y que podrían generar impactos significativos en distintos puntos del país.

El pandillero Orlando Armando Rafael Ramírez, alias “Misterio”, fue entregado a las autoridades de El Salvador tras ser detenido inicialmente en México y posteriormente expulsado desde Guatemala, en el marco de un operativo de cooperación internacional contra estructuras de crimen organizado.

De acuerdo con información oficial, el sujeto es señalado como miembro activo de la clica Juayúa Locos Salvatruchos (JLS) y cuenta con cinco órdenes de captura vigentes emitidas por distintos juzgados salvadoreños.

Las autoridades lo acusan de estar vinculado a múltiples delitos, entre ellos homicidio en dos casos, agrupaciones ilícitas, limitación ilegal a la libertad de circulación y violación en perjuicio de menor o incapaz.

Según reportes policiales, la detención se logró gracias al intercambio de información entre cuerpos de seguridad de la región, que permitió ubicar a pandilleros salvadoreños considerados de alto perfil criminal que habrían salido del país para evadir la justicia.

Tras su captura en México, el detenido fue puesto a disposición de autoridades guatemaltecas, quienes iniciaron el proceso de expulsión hacia El Salvador como parte de los mecanismos de cooperación regional.

La entrega se realizó en la frontera Pedro de Alvarado, en el municipio de Moyuta, Jutiapa, donde el pandillero fue recibido por agentes de la Policía Nacional Civil (Policía Nacional Civil de El Salvador).

Además de los delitos por los que era requerido, el detenido registra antecedentes por portación, tenencia o conducción de armas de guerra, así como por extorsión en grado de tentativa.

Las autoridades guatemaltecas destacaron que estos procedimientos forman parte de los esfuerzos conjuntos para localizar, capturar y expulsar a personas vinculadas con estructuras criminales que intentan evadir la acción de la justicia en la región.

Asimismo, reiteraron que la cooperación internacional continuará fortaleciéndose para facilitar la identificación y traslado de presuntos integrantes de organizaciones delictivas transnacionales.

La Fiscalía General de la República (Fiscalía General de la República de El Salvador) solicitó al Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador imponer penas de hasta 60 años de prisión contra 124 integrantes de la Mara Salvatrucha, en el cierre de una audiencia única en un proceso por delitos de crimen organizado.

Según el Ministerio Público, los imputados formaban parte de la estructura conocida como “Kaskajeras Locos Salvatruchos”, una célula territorial que operó durante aproximadamente 22 años en distintos puntos del departamento de San Salvador, incluyendo la comunidad Las Margaritas en Santa Tecla, el área de El Boquerón y el caserío El Guayabo.

De acuerdo con la acusación fiscal, la estructura se dedicaba a actividades de extorsión y tráfico de drogas, especialmente marihuana y crack, afectando a comunidades residenciales y zonas comerciales donde mantenían control del territorio.

El principal procesado es Mercedes Ávalos Orellana, alias “Extraño”, señalado como fundador de la clica. La Fiscalía solicitó para él la pena máxima de 60 años de prisión, al ser considerado uno de los principales responsables de la estructura criminal.

La misma condena fue requerida para Mario Vladimir López Romero, alias “Gordo”, identificado como corredor o máximo cabecilla de la organización. Además, entre los procesados figuran César William Rivera, alias “Pigui”, y Moisés Guevara Orantes, alias “Lunático”.

El expediente judicial detalla que dentro de la estructura también operaban 12 homeboys, cuatro chequeos, nueve observadores y 98 imputados adicionales que cumplían funciones de apoyo logístico, vigilancia y colaboración en las actividades ilícitas.

Los acusados enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas y tráfico ilícito de drogas. Estos últimos cargos se sustentan en la venta y distribución de sustancias como marihuana y crack, según la investigación fiscal.

Las capturas de los imputados se realizaron en diferentes fechas y zonas del país, en el marco de las acciones de seguridad implementadas bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.