Centroamérica

Negocios cierran a causa de la inseguridad que se vive en Guatemala

27 de abril | Redacción |

La prensa local de Guatemala ha dado a conocer que la inseguridad provocada por las pandillas, que cometen extorsiones y robos, está provocando el cierre de varios negocios y sucursales de cadenas de restaurantes en diversas zonas del país.

Uno de esos casos es Domino’s Pizza Guatemala que anunció ayer por medio de un comunicado compartido en Prensa Libre que «desafortunadamente, y como consecuencia de actos delictivos que ponen en riesgo a nuestro personal, nos hemos visto en la necesidad de suspender de manera temporal las operaciones de nuestro local comercial en Ciudad Real, municipio de Villa Nueva».

Según datos oficiales, los casos de extorsión a los restaurantes se han elevado, siendo las zonas de la Ciudad de Guatemala donde más se han denunciado este tipo de casos.

Por su parte, la Gremial Restaurantes de Guatemala (Grega GT) explicó que las extorsiones aumentaron en comparación con el tiempo de las restricciones por la pandemia (marzo de 2020).

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Un estudio realizado recientemente revelo que el 75 % de empresas fabricantes y distribuidoras de alimentos son víctimas de extorsión desde hace más de 3 años. El estudio muestra que ese porcentaje empresas paga «hasta Q100,000 [$12,820] de extorsiones anualmente, mientras que el 25 % estima que el monto va de Q101,000 a Q500,000. También se reveló que el 50 % de los encuestados considera que las extorsiones aumentaron en un 10 % en 2022, principalmente en la región metropolitana y el sur del país (Escuintla)».

Las pandillas MS y el Barrio 18 son los grupos delincuenciales que más se multiplican y se lucran de las extorsiones y del narcotráfico en el país centroamericano, de igual manera en Honduras, donde a diferencia de Guatemala, ya se ha implementado un estado de excepción como lo ha hecho El Salvador para atacar a las pandillas.

La baja significativa de violencia en El Salvador ha provocado así mismo el interés de otros países de replicar las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno salvadoreño, las cuales buscan frenar el accionar delictivo. Entre los interesados están autoridades de Perú, Ecuador, Chile, Honduras y Perú quienes han expresado la efectividad de las medidas.

Centroamérica

Masacre en restaurante de Guatemala deja seis muertos y varios heridos

Un ataque armado registrado este lunes en un restaurante de Ciudad de Guatemala dejó al menos seis personas fallecidas y varios heridos, entre ellos un niño de cinco años, según informaron medios y cuerpos de socorro locales.

El hecho ocurrió en la cevichería Viña del Mar, ubicada sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle de la Zona 6 de la capital guatemalteca. De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres con los rostros cubiertos ingresaron al establecimiento y dispararon contra clientes y empleados.

Cinco personas murieron en el lugar, mientras que varios lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de otra víctima.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años, quien fue llevado a una unidad especializada en emergencias pediátricas.

Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala y de los Bomberos Municipales de Guatemala acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que alertaron sobre múltiples detonaciones.

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Las autoridades de la Policía Nacional Civil de Guatemala y del Ministerio Público de Guatemala mantienen abierta una investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Centroamérica

Consuelo Porras queda fuera de la carrera por un tercer mandato como fiscal general

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quedó fuera del proceso para optar a un tercer mandato al frente del Ministerio Público, luego de no ser incluida en la lista final de candidatos aprobada por la comisión evaluadora.

Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y conductas antidemocráticas, no logró avanzar entre los seis aspirantes que serán remitidos al presidente Bernardo Arévalo para la designación del próximo fiscal general.

El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

La exclusión de Porras ocurre en medio de fuertes cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que consideran prioritario un cambio en la dirección del sistema judicial guatemalteco para enfrentar las estructuras de corrupción que afectan al país.

Aunque la fiscal encabezaba una tabla de evaluación basada en experiencia profesional y méritos académicos, la comisión decidió dejarla fuera del listado definitivo.

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El presidente Arévalo había manifestado previamente su rechazo a una eventual reelección de Porras, a quien calificó como una figura “peligrosa” para el país.

Diversos críticos señalan a la fiscal como una de las principales operadoras del denominado “pacto de corruptos”, término utilizado para describir a sectores político-empresariales conservadores acusados de influir en las instituciones estatales y el sistema de justicia.

Centroamérica

Condenan a excomisionado presidencial Cristian Flores por exigir sobornos a empresarios

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó este miércoles a Cristian Herson Flores Sandoval, excomisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, a cuatro años de prisión tras ser hallado culpable del delito de cohecho impropio.

De acuerdo con la resolución judicial, Flores Sandoval exigió más de 200,000 dólares a empresarios a cambio de garantizarles participación en proyectos impulsados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

En el mismo proceso también fue condenado su asistente personal, José Ángel Quintanilla Rosales, quien recibió una pena de dos años de trabajo de utilidad pública por el mismo delito.

Según informó Centros Judiciales El Salvador, el tribunal concluyó, tras valorar las pruebas presentadas, que los empresarios entregaron el dinero bajo presión, engaños y abuso de poder por parte de los imputados.

Las investigaciones determinaron que ambos ofrecían supuestos beneficios en licitaciones públicas y acceso a contactos políticos dentro del Gobierno a cambio de pagos económicos.