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Centroamérica

Negocios cierran a causa de la inseguridad que se vive en Guatemala

Negocios cierran a causa de la inseguridad que se vive en Guatemala

27 de abril | Redacción |

La prensa local de Guatemala ha dado a conocer que la inseguridad provocada por las pandillas, que cometen extorsiones y robos, está provocando el cierre de varios negocios y sucursales de cadenas de restaurantes en diversas zonas del país.

Uno de esos casos es Domino’s Pizza Guatemala que anunció ayer por medio de un comunicado compartido en Prensa Libre que «desafortunadamente, y como consecuencia de actos delictivos que ponen en riesgo a nuestro personal, nos hemos visto en la necesidad de suspender de manera temporal las operaciones de nuestro local comercial en Ciudad Real, municipio de Villa Nueva».

Según datos oficiales, los casos de extorsión a los restaurantes se han elevado, siendo las zonas de la Ciudad de Guatemala donde más se han denunciado este tipo de casos.

Por su parte, la Gremial Restaurantes de Guatemala (Grega GT) explicó que las extorsiones aumentaron en comparación con el tiempo de las restricciones por la pandemia (marzo de 2020).

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Un estudio realizado recientemente revelo que el 75 % de empresas fabricantes y distribuidoras de alimentos son víctimas de extorsión desde hace más de 3 años. El estudio muestra que ese porcentaje empresas paga «hasta Q100,000 [$12,820] de extorsiones anualmente, mientras que el 25 % estima que el monto va de Q101,000 a Q500,000. También se reveló que el 50 % de los encuestados considera que las extorsiones aumentaron en un 10 % en 2022, principalmente en la región metropolitana y el sur del país (Escuintla)».

Las pandillas MS y el Barrio 18 son los grupos delincuenciales que más se multiplican y se lucran de las extorsiones y del narcotráfico en el país centroamericano, de igual manera en Honduras, donde a diferencia de Guatemala, ya se ha implementado un estado de excepción como lo ha hecho El Salvador para atacar a las pandillas.

La baja significativa de violencia en El Salvador ha provocado así mismo el interés de otros países de replicar las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno salvadoreño, las cuales buscan frenar el accionar delictivo. Entre los interesados están autoridades de Perú, Ecuador, Chile, Honduras y Perú quienes han expresado la efectividad de las medidas.

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Centroamérica

Denuncian red de sobornos a fiscales en Guatemala por caso de fraude millonario

Una denuncia presentada en Guatemala revela la presunta existencia de una red de sobornos dirigida a fiscales vinculados a investigaciones contra varios imputados acusados de integrar una estructura delincuencial internacional relacionada con fraudes millonarios en el sector de telecomunicaciones.

Entre los señalados figuran Jorge Alberto Castro, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger, quienes son procesados por su supuesta participación en operaciones destinadas a desvalorizar empresas para adquirirlas por debajo de su valor de mercado.

Según la denuncia, el esquema habría sido articulado por ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente, de acuerdo con documentos judiciales.

El expediente también señala que una abogada de los imputados habría acudido a una sede fiscal en Guatemala, donde presuntamente recibió información privilegiada sobre el caso. De acuerdo con fuentes cercanas, la jurista se presentó como representante de las entidades Peppertree Capital Management y AMLQ Holdings, así como de varios ejecutivos extranjeros.

Durante esa interacción, la abogada habría ofrecido dinero a cambio de obtener la totalidad de los expedientes ministeriales y judiciales vinculados a investigaciones penales en curso, según se detalla en la denuncia. Los procesos estarían relacionados con un arbitraje internacional en Nueva York entre empresas del sector de telecomunicaciones.

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Los denunciantes solicitaron investigar el actuar de los fiscales de la Fiscalía número Cuatro, al considerar que podrían haberse cometido delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva de actuaciones, asociación ilícita, conspiración, encubrimiento e intento de soborno a funcionario público. De acuerdo con información preliminar, un fiscal ya habría sido destituido por presuntamente aceptar sobornos.

Asimismo, se advierte sobre indicios de una estructura criminal más amplia que buscaría manipular procesos judiciales mediante prácticas como fraude procesal, destrucción u ocultamiento de evidencia, presentación de pruebas fabricadas, uso de testigos falsos y colusión entre abogados.

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Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica promete aplicar el “modelo Bukele” en seguridad

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que implementará el denominado “modelo Bukele” en materia de seguridad al asumir el cargo, con el objetivo de reducir la criminalidad y garantizar la integridad de los ciudadanos.

En una entrevista con el medio DW Español, Fernández expresó su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por las políticas de seguridad aplicadas durante su gestión. “Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares en su país.

La mandataria electa destacó como uno de los principales aspectos del modelo salvadoreño el sistema penitenciario. “Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, señaló.

Fernández ejemplificó que, en Costa Rica, personas condenadas por delitos como narcotráfico continúan operando desde prisión debido a la falta de controles efectivos, lo que, según afirmó, permite la continuidad de las estructuras criminales.

“Eso es lo que quiero copiar: cómo lograron cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias”, enfatizó.

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Asimismo, cuestionó el rol de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, al considerar que priorizan la defensa de los detenidos por encima de las víctimas. “Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de la misma manera por los de las víctimas”, expresó.

Fernández asumirá la presidencia en mayo próximo, en medio de un debate regional sobre los modelos de seguridad y su impacto en los derechos humanos.

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Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

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