Un análisis de los datos oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador revela que las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos, México y otros países se mantienen muy por debajode los niveles registrados entre 2014 y 2016, cuando el país enfrentó los picos más altos de retornos forzados.

Durante ese trienio, El Salvador recibió más de 50,000 deportados por año, tanto por vía aérea como terrestre. Aunque las cifras incluyen expulsiones desde distintos países, la mayoría provenía de Estados Unidos, según los registros oficiales.

En contraste, en los últimos tres años las deportaciones han oscilado entre 13,000 y 15,000 personas anuales. En 2023 se contabilizaron 13,358 deportados, en 2024 la cifra aumentó ligeramente a 14,986, y en 2025 se proyecta un nivel similar, ya que entre enero y septiembre se han registrado 10,162 deportaciones.

De acuerdo con la DGME, entre enero de 2013 y septiembre de 2025 El Salvador ha recibido un total de 334,557 personas deportadas. La institución publica estas estadísticas de forma trimestral y anual a través de su sitio web, en documentos en formato PDF.

La caída más pronunciada en las deportaciones se produjo a partir de 2017. Tras alcanzar 52,938 deportados en 2016, la cifra se desplomó en 2017 a 15,809, una reducción cercana al 70 %. Posteriormente, en 2019 se registró un repunte significativo, con 37,348 deportados, lo que representó un aumento del 131 % respecto al año previo. Sin embargo, esta alza fue temporal, ya que en 2020 las deportaciones volvieron a caer un 71 %, hasta 10,716 personas.

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En cuanto a las vías de retorno, los datos indican que 209,454 salvadoreños fueron deportados por vía aérea y 136,298 por vía terrestre entre 2013 y 2025. Las deportaciones terrestres, en particular, se redujeron drásticamente a partir de 2020, al pasar de 16,938 casos en 2019 a solo 1,750 en 2020, una caída abrupta que marcó un punto de inflexión en la tendencia migratoria.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró este viernes que la crisis diplomática con Estados Unidos ha quedado superada, tras las amenazas lanzadas en 2025 por el entonces presidente Donald Trump, quien llegó a plantear la posibilidad de recuperar el canal de Panamá al considerar que estaba bajo influencia china.

Durante su discurso de inicio de año ante la Asamblea Nacional, Mulino afirmó que su gobierno logró recomponer la relación bilateral mediante el diálogo y la diplomacia. “Panamá avanzó hacia una relación de respeto, recuperación de confianza, trabajo conjunto y amistad, y el canal siguió siendo panameño, como en efecto lo seguirá siendo”, sostuvo el mandatario.

Desde su regreso a la presidencia, Trump impulsó una ofensiva diplomática contra Panamá, al señalar que China ejercía control indirecto sobre la ruta interoceánica a través de la empresa hongkonesa Hutchison Holdings, concesionaria de dos puertos estratégicos ubicados en el Pacífico y el Atlántico.

Las reiteradas advertencias del líder republicano generaron preocupación en Panamá, tradicional aliado de Washington. Incluso, Estados Unidos llegó a solicitar —sin éxito— que sus buques cruzaran el canal sin pagar peaje, una exigencia que contraviene los tratados bilaterales vigentes.

Mulino destacó que, gracias al trabajo diplomático y al manejo prudente de la situación, Panamá mantiene actualmente una colaboración activa con Estados Unidos en la lucha contra el crimen internacional. “Con pulso y tiempo se recompuso la relación”, afirmó.

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El presidente también respondió a las críticas internas por la gestión del conflicto, al asegurar que “atrás quedaron los malos augurios y las declaraciones rimbombantes con mirada cortoplacista”.

Estados Unidos construyó e inauguró el canal de Panamá en 1914, pero lo transfirió oficialmente al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento de los tratados firmados entre ambos países.

El Salvador cerró 2025 con una mejora sostenida en su indicador de riesgo país, de acuerdo con el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés), elaborado por el banco de inversión estadounidense J. P. Morgan.

El país inició el año con un EMBI de 388 puntos en enero. Durante el primer semestre se mantuvo relativamente estable, aunque registró un repunte en julio, cuando alcanzó los 418 puntos. A partir de ese mes, el indicador comenzó a descender de forma gradual: en septiembre se ubicó en 375 puntos y en diciembre cerró en 328.

Este último dato representa la cifra más baja registrada por El Salvador desde 2018, cuando entre marzo y abril el indicador se situó en 372 puntos. Economistas atribuyen esta reducción a una serie de estrategias impulsadas por el Estado, entre ellas una gestión más eficiente de pasivos, la recompra de deuda y la consolidación de acuerdos internacionales, como el alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En términos anuales, el EMBI salvadoreño mostró una reducción cercana a los 60 puntos entre enero y diciembre de 2025, reflejando una mejora en la percepción de riesgo por parte de los mercados financieros internacionales.

La tendencia a la baja ya se había comenzado a observar en 2024, año que arrancó con un indicador de 687 puntos y cerró por debajo de los 400. Esta disminución fue atribuida a una estrategia agresiva de manejo de pasivos que incluyó tres recompras de bonos realizadas en julio, octubre y noviembre de ese año.

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El índice EMBI es una referencia clave para los inversionistas internacionales, ya que influye en la fijación de precios de las emisiones de deuda soberana y permite monitorear cambios en la percepción de solvencia y liquidez de un país. Así lo destacó en meses recientes el presidente de la República, Nayib Bukele.

“El índice EMBI rastrea la diferencia de rendimientos entre los bonos de mercados emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que indica el nivel de riesgo de invertir en esos mercados. Cuanto mayor sea el EMBI, mayor será el riesgo percibido”, explicó el mandatario.