Las autoridades salvadoreñas presentaron este miércoles un cargamento de una tonelada de cocaína incautado en aguas internacionales por la Fuerza Naval, durante la interceptación de una embarcación tripulada por cuatro ciudadanos costarricenses.

El operativo se realizó a bordo de una lancha pesquera artesanal equipada con tecnología de navegación para operar tanto de día como de noche. Además del cargamento de droga, valorado en aproximadamente 25,6 millones de dólares, se decomisaron seis fusiles AR-15, dos pistolas Glock y equipo especializado para navegación en altamar.

El presidente Nayib Bukele destacó en redes sociales que, con esta operación, las incautaciones de droga durante el último año ascienden a 28,2 toneladas, con un valor total estimado de 706,8 millones de dólares.

Durante la presentación del alijo, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, subrayó que la operación también logró detener el tráfico ilegal de armas. “No sólo detenemos el tráfico de droga, sino también el tráfico ilegal de armas de fuego”, aseguró.

El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William H. Duncan, felicitó a la Marina Nacional por su trabajo y reiteró el compromiso compartido en la lucha contra el narcotráfico. “Reconozco este logro como un ejemplo del firme compromiso que compartimos en la lucha contra el narcotráfico y por la seguridad regional”, expresó.

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Los cuatro detenidos serán procesados judicialmente por tráfico ilegal de drogas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las deportaciones masivas de inmigrantes desde Estados Unidos, así como por la colaboración de países como El Salvador y Panamá con la administración del presidente Donald Trump.

“Llama poderosamente la atención estas expulsiones masivas, que en muchos casos no advierten que se trata de personas que merecen protección internacional”, afirmó Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH, en declaraciones a la agencia AP. “Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos nos preocupan muchísimo», añadió.

El organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó este jueves su informe anual sobre derechos humanos en la región, el cual refleja el seguimiento que realiza a las políticas implementadas por Trump desde su retorno a la presidencia en enero de 2025.

Según la CIDH, las nuevas medidas de la Casa Blanca incluyen la expulsión de migrantes en situación irregular sin un debido proceso, incluso a países donde podrían estar en riesgo. La comisión denunció además que algunos deportados han sido enviados a prisiones de máxima seguridad, en violación de decisiones judiciales que ordenaban frenar las deportaciones.

Estados Unidos ha sellado acuerdos con El Salvador, Panamá y otras naciones para facilitar estas expulsiones. Aunque algunos países han rechazado recibir a deportados, estos convenios han permitido que la administración Trump expulse a cientos de personas en pocos meses.

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El gobierno estadounidense ha justificado estas acciones alegando que los deportados tienen vínculos con organizaciones criminales como la MS-13 y el Tren de Aragua. Sin embargo, el Departamento de Estado no respondió a una solicitud de información por parte de la AP.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó este jueves al Estado de Guatemala a cumplir con el reasentamiento de cientos de indígenas mayas desplazados forzadamente durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1960 y 1996.

En 2021, un grupo de 269 personas pertenecientes a los pueblos mayas k’iche’, ixil y kaqchikel presentó una denuncia ante el Comité, alegando que, desde la década de 1980, fueron víctimas de las operaciones militares de “tierra arrasada” y que, hasta la fecha, no han podido regresar a sus comunidades de origen ni recibir reparaciones adecuadas.

“El Comité ha declarado a Guatemala internacionalmente responsable por no implementar los acuerdos de reasentamiento y otras medidas de reparación”, señaló el órgano de la ONU en un comunicado, calificando la resolución como “histórica”.

La integrante del Comité, Hélène Tigroudja, subrayó que el desplazamiento forzado continúa mientras no se garantice un retorno seguro y digno o un reasentamiento voluntario en otro lugar. Además, el Comité consideró que el Estado violó también los derechos de los niños nacidos en el exilio, pertenecientes a la tercera generación de desplazados.

Las víctimas relataron que, al huir a la capital, se vieron forzadas a renunciar a su cultura: dejaron de usar vestimentas tradicionales, ocultaron sus lenguas y perdieron la posibilidad de realizar rituales funerarios, ya que no pudieron recuperar los restos de familiares desaparecidos o ejecutados.

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En 2011, las comunidades desplazadas habían alcanzado un acuerdo con el Estado para implementar medidas de reparación, pero estas nunca se llevaron a cabo, denunció el Comité.