El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este martes que su Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto denominado Ley Quincena 25, una iniciativa orientada a fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y contribuir a la estabilidad económica del país.

Según explicó el mandatario, la propuesta contempla un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual, que se pagará entre el 15 y el 25 de enero a los trabajadores de los sectores público y privado que perciban un salario de hasta 1,500 dólares.

Bukele precisó que este beneficio no sustituirá el salario ordinario, ni será objeto de descuentos por renta, ISSS o AFP, y tampoco podrá ser embargado, con el fin de garantizar que el monto llegue íntegramente a los trabajadores.

El jefe de Estado indicó que la normativa se implementará inicialmente en el sector público a partir de enero de 2026, mientras que en el sector privado su aplicación será gradual y responsable, con un enfoque en la protección del empleo.

Para el presente año, el pago en el sector privado será voluntario y contará con un incentivo fiscal, que permitirá a las empresas deducir el 100 % del monto otorgado del Impuesto Sobre la Renta, una medida que, según el Ejecutivo, busca preservar la estabilidad económica y laboral.

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“Esta medida llegará a las familias, impulsará los negocios y se sentirá en todo el país”, afirmó Bukele.

El proyecto cuenta con el respaldo de las principales gremiales empresariales, así como con el apoyo de organizaciones de trabajadores y de instancias de diálogo como la mesa tripartita del salario mínimo.

Unos 50 efectivos de la Marina de Estados Unidos y unidades de seguridad de Panamá iniciaron este lunes un entrenamiento conjunto que se extenderá hasta febrero y que tiene como objetivo fortalecer la protección del canal interoceánico, informaron autoridades panameñas.

Se trata del primer adiestramiento combinado de varias jornadas programado para 2026 entre ambos países. Durante 2025, Panamá y Estados Unidos realizaron tres ejercicios conjuntos en materia de seguridad.

Según un comunicado del Ministerio de Seguridad de Panamá, el entrenamiento se desarrollará del 12 de enero al 26 de febrero de 2026 en la Escuela de Selva de la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en las instalaciones de la Infantería de Marina de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez.

En las maniobras participarán 61 unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, junto con 50 infantes de la Marina estadounidense.

El programa de entrenamiento busca mejorar la preparación profesional de las fuerzas participantes y reforzar su capacidad de respuesta ante distintos escenarios operacionales. De acuerdo con el ministerio, estas actividades forman parte de una estrategia más amplia orientada a garantizar la seguridad y protección del canal de Panamá.

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El anuncio se produce semanas después de que el presidente panameño, José Raúl Mulino, diera por superada el pasado 2 de enero la crisis diplomática con Estados Unidos, originada tras declaraciones del presidente Donald Trump en 2025, cuando amenazó con “recuperar” el canal al alegar que estaba bajo control de China.

Tras los reportes de inundaciones registradas durante la noche del sábado en la residencial Ciudad Marsella, en San Juan Opico, los equipos de primera respuesta del Gobierno se movilizaron de manera inmediata para verificar la situación y brindar atención a las familias afectadas.

Personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos llegó a la zona para evaluar los daños ocasionados por el desbordamiento de agua, así como para iniciar labores de limpieza en las viviendas impactadas. Estas acciones, según se informó, están a cargo de la empresa constructora responsable del proyecto habitacional.

Como parte del acompañamiento institucional, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, se presentó en la residencial para realizar inspecciones técnicas y constatar las afectaciones en las viviendas. Durante su visita, reiteró el respaldo del Gobierno a las familias perjudicadas y afirmó que se exigirán las responsabilidades correspondientes a la empresa involucrada.

A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria informó sobre la suspensión, a nivel nacional, de los permisos de construcción y parcelación otorgados a la empresa Salazar Romero, hasta que se garantice el cumplimiento de los procesos legales y se indemnice a las familias afectadas.

Sol añadió que, de manera preliminar, se han identificado posibles fallas en el sistema de drenaje del proyecto habitacional, situación que será confirmada mediante una inspección técnica especializada.

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