El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, confirmó este sábado que la Santa Sede realizó gestiones diplomáticas para buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela y evitar un derramamiento de sangre, incluyendo contactos con el presidente Nicolás Maduro y otros representantes del régimen, antes de que el mandatario fuera detenido por Estados Unidos.

Parolin hizo las declaraciones al margen de un acto oficial en el Vaticano, donde señaló que se intentó alcanzar un acuerdo similar al que fue mencionado por algunos medios internacionales. Sus palabras aludieron a informaciones publicadas por The Washington Post, que apuntan a esfuerzos del Vaticano para facilitar un salvoconducto o un destino negociado para Maduro previo a su captura.

“Habíamos intentado lo que también apareció en algunos periódicos”, afirmó el cardenal, en referencia a los reportes que indican que la Santa Sede exploró opciones como un posible asilo en Rusia para el mandatario venezolano antes de la operación estadounidense.

El secretario de Estado reiteró que la Iglesia católica ha defendido de forma constante una solución pacífica para la crisis venezolana, aunque reconoció que, finalmente, la situación derivó en un “hecho consumado” tras la acción militar de Estados Unidos que culminó con la detención de Maduro y su esposa.

Parolin señaló además que Venezuela atraviesa ahora un escenario de “gran incertidumbre” y expresó su deseo de que el país avance “hacia la estabilidad y hacia una recuperación económica”, al subrayar que la situación social es “muy precaria” y que la población continúa sufriendo. En ese contexto, remarcó que es “necesaria una democratización del país”.

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Aunque no ofreció detalles específicos sobre las gestiones diplomáticas, The Washington Post informó que el Vaticano, además de explorar posibles rutas de salida para Maduro, solicitó a las autoridades estadounidenses tiempo para evaluar opciones de asilo, incluso con garantías de seguridad respaldadas por Rusia.

Las autoridades de seguridad de El Salvador informaron que durante 2025 fueron incautadas 24.35 toneladas de diferentes tipos de droga, con un valor estimado en el mercado de 604.5 millones de dólares, como parte de las acciones contra el narcotráfico a nivel nacional e internacional. De ese total, 24 toneladas correspondieron a cocaína.

Uno de los decomisos más relevantes del año fue anunciado el pasado 2 de octubre por el presidente Nayib Bukele, quien detalló una operación ejecutada por la Marina Nacional en altamar que estableció un nuevo récord en distancia. Según el mandatario, se trató de la incautación más lejana realizada por fuerzas salvadoreñas desde sus costas.

“Hemos alcanzado un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional. Nuestra Marina Nacional interceptó, a 1,150 millas náuticas (2,130 kilómetros) de nuestras costas, una embarcación tripulada por tres narcotraficantes ecuatorianos que transportaban 1,795 kilos de cocaína, valorados en más de 44.8 millones de dólares”, informó Bukele.

El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, también destacó el logro alcanzado por la Fuerza de Tarea Naval Tridente y envió un mensaje directo a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. “Nuestra Fuerza de Tarea Naval Tridente impuso un nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico. A quienes desafían la ley que les quede claro: no hay distancia ni frontera donde puedan escapar de la justicia”, publicó el funcionario en su cuenta de X.

Tras el anuncio, el presidente Bukele reiteró que el Estado salvadoreño continuará enfrentando al narcotráfico de manera firme, pese a los intentos por obstaculizar estas acciones. En la misma línea, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, respaldó la postura del mandatario y aseguró que El Salvador mantendrá una ofensiva contundente contra este delito.

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A casi cuatro años de la implementación del régimen de excepción, las autoridades de Seguridad de El Salvador reportaron 1,000 días sin homicidios durante la vigencia de esta medida, un resultado que refleja una reducción sostenida de la violencia letal en el país. Bajo toda la gestión del presidente Nayib Bukele, el acumulado asciende a 1,114 jornadas sin homicidios.

La marca de los 1,000 días sin muertes violentas durante el régimen de excepción se alcanzó el jueves 15 de enero, cuando la Policía Nacional Civil (PNC) no registró ningún homicidio a escala nacional.

El régimen de excepción fue solicitado por el presidente Bukele el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte de homicidios atribuidos a las pandillas entre el 25 y 26 de marzo, período en el que se contabilizaron 76 asesinatos. La medida fue implementada con el objetivo de restablecer el orden y el control territorial, y, 46 meses después, continúa vigente y cuenta con el respaldo mayoritario de la población.

Diversas encuestas reflejan ese nivel de aprobación. A los 30 días de ejecución, el régimen obtuvo una calificación de 7.99, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Por su parte, un sondeo de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo) registró una aceptación del 83.7 % tras tres meses de vigencia, porcentaje que aumentó al 89.9 % a finales de 2022.

Al cumplirse el primer año, la calificación fue de 7.92, y en el segundo año subió a 8.13, de acuerdo con datos del Iudop. En noviembre de 2023, la encuestadora CID Gallup informó que el 96 % de los salvadoreños estaba de acuerdo, en alguna medida, con las acciones del Gobierno contra las pandillas.

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En 2024, el 84 % de los encuestados por CID Gallup se mostró a favor de la continuidad del régimen, mientras que en diciembre de 2025, el 96 % consideró como “muy” o “algo positivas” las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno.

Asimismo, la encuesta del Iudop de 2024 reveló que el 85.1 % de la población consideró que el régimen ayudó a controlar la delincuencia. Para 2025, la misma institución otorgó una calificación de 7.78, y el 60 % de los consultados señaló que la medida debía prorrogarse por más tiempo.

Hasta la fecha, el régimen de excepción ha sido prorrogado en 46 ocasiones, siendo la más reciente la que comprende del 1 al 31 de enero de 2026.