El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que en el país no volverán a celebrarse elecciones, una decisión que profundiza el control político que su gobierno ha consolidado desde su regreso al poder en 2007 y que ha sido cuestionado por organismos internacionales y sectores de la oposición.

Durante el acto conmemorativo por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario afirmó que Nicaragua no volverá a realizar procesos electorales que, según sus palabras, permitan a la oposición “atrapar el Gobierno” o “atrapar el poder”.

“En Nicaragua no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró Ortega durante su discurso.

El gobernante nicaragüense, de 80 años, dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que modificó la estructura del poder ejecutivo.

El retorno de Ortega a la Presidencia fue posible luego de una reforma electoral derivada de un acuerdo político alcanzado en 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán. Ese cambio redujo del 45 % al 35 % el porcentaje mínimo de votos requerido para ganar en primera vuelta, permitiendo que Ortega triunfara en las elecciones de 2006 con el 37,99 % de los sufragios.

Otro punto clave en su permanencia en el poder ocurrió en 2009, cuando magistrados de la Sala Constitucional declararon “inaplicable” el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial consecutiva. Esta decisión abrió el camino para que Ortega buscara nuevamente la Presidencia en 2011, un proceso que posteriormente fue señalado por denuncias de irregularidades.

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Más recientemente, en enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la continuidad de Ortega en el poder.

El anuncio de suspender futuras elecciones representa un nuevo giro en la política nicaragüense y aumenta las críticas de sectores opositores y organizaciones internacionales que señalan un deterioro de las instituciones democráticas del país.

Tres ciudadanos sudamericanos fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas, luego de una vista pública realizada por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Los sentenciados fueron identificados como Rubén Darío Acevedo Cedeño e Hipólito Perlaza Moreno, ambos de nacionalidad ecuatoriana, y el colombiano Nolberto Valencia Arroyo.

De acuerdo con las autoridades, los tres hombres fueron capturados cuando se movilizaban a bordo de una Embarcación de Bajo Perfil (LPV), también conocida como semisumergible, utilizada para el traslado de drogas por organizaciones criminales.

La embarcación fue interceptada por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) de la Marina Nacional, a unas 600 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz.

Las autoridades explicaron que los LPV son naves modificadas empleadas por estructuras dedicadas al narcotráfico para evadir los sistemas de detección marítima, debido a que navegan a poca altura sobre el nivel del agua y mantienen expuesta únicamente una pequeña parte de su estructura.

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La condena forma parte de las acciones contra el tráfico internacional de drogas y el uso de rutas marítimas para el traslado de sustancias ilícitas en la región.