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Centroamérica

Panamá: presidente pide nuevo diálogo entre trabajadores y autoridades del CSS

Panamá: presidente pide nuevo diálogo entre trabajadores y autoridades del CSS

26 de mayo | Redacción |

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, llamó este día a un nuevo diálogo entre trabajadores y autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) para solventar diferencias en cuanto al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Luego de concluir una gira de trabajo por la capital, el mandatario respondió a preguntas de la prensa local, particularmente sobre la vieja crisis financiera y estructural que enfrenta la única institución pública que atiende a jubilados y pensionados y temas de salud. Además, instó a que se retorne a las conversaciones y presentar las mejores opciones.

Por su parte, los empresarios mantienen su posición de aumentar las medidas paramétricas, que prevén el aumento de la edad de jubilación, entre otras; mientras los empleados solicitan que se unan los sistemas de pensiones y las organizaciones sindicales abogan por la variante solidaria.

En ese sentido, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) entregó a la CSS en septiembre de 2022 el informe final sobre la situación actuarial del programa del IVM y, desde entonces, la entidad alertó del «agotamiento en el 2024 de la reserva total» de uno de los subsistemas de pensiones del seguro social de Panamá, en un informe en el que presentó recomendaciones para su reforma, entre ellas que el país ratifique el Convenio 102 sobre la seguridad social.

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Se estaba a la espera del informe para retomar las negociaciones, pero ya se presentó el documento y no hay fecha de reinicio.

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Centroamérica

Estados Unidos reafirma a El Salvador como socio clave en seguridad, migración y economía

La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, destacó la importancia de la relación bilateral entre ambos países y expresó el interés de su gobierno en continuar fortaleciendo la cooperación en distintas áreas estratégicas.

Fellows, quien asumió funciones en agosto de 2025, señaló que la colaboración con el gobierno salvadoreño ha sido constante en temas de seguridad, migración y desarrollo, así como en el apoyo a misiones internacionales y esfuerzos de cooperación humanitaria.

“Estamos muy orgullosos de ser socios con El Salvador ayudando en estas mismas maneras y trabajando juntos sobre estos temas. El Salvador es un socio muy importante en términos de migración, de seguridad regional, de combatir el crimen y el terrorismo a nivel regional, no solamente local”, afirmó durante una entrevista en el programa Frente a Frente.

La diplomática añadió que la relación bilateral también incluye el fortalecimiento de los vínculos económicos, mediante la promoción de la inversión y el comercio entre ambas naciones, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y generar oportunidades de desarrollo en El Salvador.

En ese sentido, subrayó la importancia de proyectos de infraestructura como carreteras y puertos, los cuales, dijo, facilitan el comercio regional y contribuyen a la integración económica.

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“Hay muchas oportunidades. Nosotros tenemos que asegurar nuestras cadenas de suministro, y hay que hacerlo con países amigos que están cerca de nosotros, y allí El Salvador está en una muy buena posición”, expresó.

Fellows también resaltó que, tras 163 años de relaciones diplomáticas, ambos países mantienen una alianza sólida y multidimensional.

“Las relaciones bilaterales entre los dos países están en un punto muy fuerte. Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos tienen muchos niveles, y el más importante es el de la relación entre las personas”, indicó.

Asimismo, afirmó que la cooperación en materia de seguridad continúa fortaleciéndose y reiteró el carácter histórico de la relación entre ambas naciones.

Finalmente, en relación con el tema migratorio, señaló que las personas con estatus legal en Estados Unidos no deberían enfrentar problemas bajo las políticas actuales de la administración estadounidense.

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Centroamérica

Rescatan con vida a hombre atrapado más de siete días bajo escombros en Venezuela

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que equipos de rescate lograron rescatar con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permaneció atrapado durante más de siete días bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, en Venezuela.

A través de sus redes sociales, el mandatario detalló que la operación de rescate se extendió por más de 72 horas de trabajo continuo, en una estructura que presentaba alto riesgo debido a réplicas, derrumbes e inestabilidad.

Según explicó, fue necesario habilitar una nueva vía de acceso para poder llegar hasta la víctima y extraerla con vida, pese a las condiciones adversas del lugar.

Bukele destacó que el operativo fue posible gracias a la coordinación de equipos de rescate de Chile, Estados Unidos, Portugal, México, Costa Rica, Venezuela y El Salvador, que trabajaron de manera ininterrumpida en la remoción de escombros, estabilización de la estructura y búsqueda del sobreviviente.

El mandatario expresó su reconocimiento a los rescatistas que participaron en la operación y resaltó la fortaleza del hombre rescatado durante el tiempo que permaneció bajo los escombros.

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Centroamérica

Fiscalía atribuye a la MS más de 500 homicidios durante juicio contra 486 cabecillas

La Fiscalía General de la República (FGR) reanudó este miércoles la presentación de sus alegatos finales en el juicio contra 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS), reafirmando que la estructura criminal fue responsable de una amplia ola de homicidios y otros delitos cometidos en el área metropolitana y la zona paracentral del país.

Durante la audiencia, la Subdirección contra el Crimen Organizado sostuvo que la pandilla operaba a través de 11 programas que controlaban 89 clicas en el área metropolitana, desde donde se planificaban y ejecutaban numerosos asesinatos.

Según la Fiscalía, entre las principales víctimas de la organización figuraban agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), efectivos de la Fuerza Armada, custodios de la Dirección General de Centros Penales y miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), quienes eran considerados objetivos por la estructura criminal.

El Ministerio Público destacó el funcionamiento del denominado Programa Centro, al que calificó como una de las estructuras más complejas de la pandilla. De acuerdo con la acusación, este grupo operó durante más de una década en el Centro Histórico de San Salvador, donde ejercía control territorial mediante la extorsión a vendedores ambulantes, comerciantes, empresarios y transportistas.

La Fiscalía afirmó que el Programa Centro, integrado por 39 clicas, también estaría vinculado al asesinato de varios agentes de seguridad privada que trabajaban en negocios y en el Mercado Central y que se opusieron a las actividades delictivas de la organización.

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Como parte de los alegatos finales, los fiscales clasificaron los homicidios atribuidos a la Mara Salvatrucha según las zonas de operación de 32 programas de la organización: ocho en el occidente del país, tres en la zona central —entre ellos el Programa Libertad, señalado como uno de los más violentos— y 11 en el área metropolitana, donde el Programa Centro concentraba el mayor número de clicas.

El proceso judicial se desarrolla en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que desde el 20 de abril de 2026 celebra una audiencia única abierta contra los 486 imputados. Durante el juicio, la Fiscalía ha incorporado pruebas relacionadas con 47,427 delitos, entre ellos cerca de 500 casos de homicidio que, según la acusación, dejaron alrededor de 29,000 víctimas.

Antes de abordar los hechos ocurridos en el área metropolitana, el Ministerio Público presentó una reconstrucción forense sobre los homicidios atribuidos a ocho programas de la MS en la zona occidental. La evidencia incorporada comprende 117 casos registrados entre 2012 y 2022, que dejaron 138 víctimas.

De acuerdo con la Fiscalía, la estructura de mando de la Mara Salvatrucha funcionaba mediante una cadena jerárquica encabezada por corredores nacionales y de programas, quienes mantenían el control territorial, imponían la disciplina interna, seleccionaban a las víctimas y ordenaban a los llamados gatilleros ejecutar los homicidios. El Ministerio Público sostiene que cada uno de estos crímenes era conocido y autorizado por la cúpula de la organización criminal.

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