Centroamérica
Investigación por tráfico de influencias: Fiscalía de Costa Rica indaga al presidente Chaves y funcionarios tras denuncia de empresario
2 de agosto | Redacción |
La Fiscalía de Costa Rica ha iniciado una investigación por «tráfico de influencias» que involucra al presidente Rodrigo Chaves y varios miembros del gobierno. La denuncia fue presentada por el empresario Leonel Baruch, presidente de la Corporación BCT y miembro de la junta directiva del medio de comunicación CR Hoy, medio que ha sido objeto de críticas por parte del presidente.
Además de Chaves, la Fiscalía también está investigando al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, al asesor Gabriel Vargas, a la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Adilia Caravaca Zúñiga, y a la exesposa del empresario, Yafit Ohana.
La denuncia de Baruch se centra en la presunta intervención del presidente y otros funcionarios en su proceso de divorcio y en la disputa por la custodia de sus hijos. El empresario alega que su exesposa recibió un trato de favor por parte del gobierno en su divorcio después de ayudar en la creación de un vídeo utilizado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para denunciar un caso de evasión fiscal.
El delito de «tráfico de influencias» en Costa Rica puede llevar a una pena de prisión de dos a cinco años. La causa se encuentra actualmente en etapa privada, según informó el Ministerio Público.
Esta es la segunda investigación abierta contra el presidente Chaves en menos de un mes. El pasado 17 de julio, el Ministerio Público inició otra investigación por presunto «abuso de poder», en relación con un «aparente delito de influencia en contra de la Hacienda Pública».
Cabe mencionar que durante este proceso, Chaves se encontraba en un viaje oficial en Bélgica para asistir a una cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y tenía programado un viaje a Letonia, país de origen de su esposa y primera dama, Signe Zeikate.
Centroamérica
Masacres en Honduras elevan tensión por violencia armada y disputas territoriales
Honduras vivió este jueves una nueva escalada de violencia armada que dejó al menos 25 personas fallecidas en dos masacres ocurridas en distintas zonas del país, según reportes preliminares de las autoridades.
Aproximadamente 12 horas después del primer hecho violento, el Ministerio Público de Honduras confirmó a medios locales la recuperación de 19 cuerpos en el departamento de Colón.
El portavoz de la institución, Yuri Mora, explicó que las víctimas fueron encontradas en distintos puntos de la zona.
“En un sector son 13 los cuerpos reconocidos y en otro son 6 hasta el momento”, detalló Mora.
Uno de los hechos ocurrió en el sector Palmeras, Paso Aguán, municipio de Trujillo, donde habitantes reportaron el asesinato de al menos diez trabajadores agrícolas de una finca de palma africana.
De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron atacadas durante la madrugada cuando se disponían a iniciar su jornada laboral.
La Policía Nacional de Honduras indicó que no pudo confirmar inicialmente el número de fallecidos debido a que familiares trasladaron los cuerpos antes de la llegada de Medicina Forense.
“Los cuerpos fueron levantados por familiares; es una aldea de difícil acceso. Eran personas que pernoctaban en estas fincas”, señaló una fuente policial.
Por su parte, Javier Talavera aseguró que una de las principales hipótesis apunta a conflictos de tierras en la zona, problemática que históricamente ha generado enfrentamientos en el sector del Bajo Aguán.
Las autoridades continúan investigando ambos hechos para determinar responsabilidades y esclarecer las causas de las masacres.
Centroamérica
Autoridades hondureñas investigan conexión de banda criminal con cártel mexicano
La Policía Nacional de Honduras informó este viernes que el operativo en el que murieron cinco agentes de unidades antipandillas en el norte del país estaba dirigido contra una estructura de narcotráfico vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal mexicana.
El hecho ocurrió en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, donde los agentes realizaban un allanamiento en una vivienda presuntamente utilizada por miembros de una banda liderada por el hondureño Heber Argueta.
Según el reporte oficial, los policías fueron atacados a tiros, posteriormente secuestrados y asesinados en una zona cercana a la frontera con Guatemala.
Durante el enfrentamiento también murieron dos civiles, mientras las autoridades investigan si tenían vínculos con la estructura criminal.
Wilber Mayes afirmó que Argueta habría mantenido nexos con la organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.
“El Mencho”, líder del CJNG, murió en febrero pasado durante un operativo de las fuerzas de seguridad mexicanas, según las autoridades.
Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han confirmado si Heber Argueta se encontraba dentro de la vivienda allanada durante el operativo.
Asimismo, dos hondureños procedentes de la zona del ataque fueron localizados en un hospital de Puerto Barrios, donde permanecen bajo custodia mientras se investiga su posible relación con el grupo criminal.
Tras el operativo fallido, el gobierno hondureño suspendió al director y a otros dos altos mandos de la división antipandillas, argumentando que la intervención no cumplió con los protocolos de legalidad establecidos.
La jornada violenta también incluyó una masacre ocurrida en una finca del municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde un comando armado asesinó a 19 personas.
Las autoridades señalaron que la zona permanece bajo disputa entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico y al control de tierras utilizadas para el cultivo de palma africana.
El aumento de la violencia se produce pocos días después de que el Congreso Nacional de Honduras aprobara una reforma que autoriza a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad pública y permite catalogar a pandillas y cárteles como organizaciones terroristas.
Centroamérica
Vicepresidente Félix Ulloa comparte experiencia del Plan Control Territorial con delegación costarricense
El Gobierno de El Salvador informó que fortalecerá el intercambio de experiencias y conocimientos con Costa Rica en materia de seguridad y desarrollo económico, tras una reunión encabezada por el vicepresidente Félix Ulloa y una delegación del gobierno costarricense.
La comitiva visitante estuvo integrada por el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gerald Campos; el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar; y la embajadora costarricense en El Salvador, Samy Araya.
Durante el encuentro, Ulloa presentó los resultados obtenidos con el Plan Control Territorial y el fortalecimiento institucional impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
El vicepresidente también destacó la implementación del Plan Cero Ocio, iniciativa enfocada en transformar el sistema penitenciario mediante actividades productivas, agrícolas, técnicas y artísticas para las personas privadas de libertad.
Por su parte, Gerald Campos reconoció el trabajo coordinado entre ambos gobiernos en temas de seguridad y señaló que Costa Rica comparte una visión similar sobre la necesidad de reforzar las estrategias contra la criminalidad.
El funcionario explicó que la visita tuvo como propósito conocer de primera mano las acciones implementadas por las autoridades salvadoreñas y fortalecer la cooperación bilateral.
Asimismo, Gabriel Aguilar afirmó que Costa Rica enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad y expresó el interés de adaptar algunas medidas del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.
Según el comunicado de la vicepresidencia, la presidenta costarricense Laura Fernández ha manifestado en distintas ocasiones su interés por el denominado “modelo Bukele” y ha impulsado proyectos inspirados en la estrategia salvadoreña, como el Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), basado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo.
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