Centroamérica
Polémica en Costa Rica por aprobación de proyecto de ley para jornadas laborales de 4 días de trabajo
16 de agosto | Redacción |
El Congreso de Costa Rica ha dado un paso significativo en la reestructuración de las jornadas laborales al aprobar, en su primera votación, un proyecto de ley que permitiría la implementación de jornadas de trabajo de 4 días, seguidos de 3 días de descanso. Aunque esta iniciativa ha sido respaldada por algunos legisladores, ha desencadenado un debate acalorado en el país debido a las preocupaciones en torno a los derechos laborales.
La propuesta recibió el apoyo de 32 diputados, incluyendo la bancada del Gobierno, mientras que 17 legisladores se opusieron a ella. Sin embargo, los partidos en contra de la medida han anunciado su intención de presentar consultas a la Sala Constitucional para evaluar su constitucionalidad, lo que podría retrasar su implementación.
La iniciativa tiene como objetivo permitir a las empresas privadas implementar jornadas laborales en formato 4-3, lo que significa trabajar 4 días con jornadas de 12 horas cada uno y descansar 3 días. Importante destacar que, según el proyecto, la participación en estas jornadas sería voluntaria para los trabajadores, lo que significa que no serían obligados a adoptar esta modalidad.
En el caso de los empleados nocturnos, la propuesta establece una modalidad distinta, en la cual trabajarían 3 días seguidos de 12 horas y tendrían 4 días de descanso. No obstante, es importante mencionar que los trabajadores del sector público quedarían exentos de este cambio en las jornadas laborales.
Actualmente, las jornadas laborales en Costa Rica consisten en 8 horas diarias de trabajo, acumulando un total de 48 horas semanales. El proyecto de ley busca ofrecer una alternativa, pero ha generado controversia principalmente debido a las preocupaciones planteadas por los sindicatos.
Los sindicatos han expresado su inquietud en relación con esta reforma, argumentando que podría resultar en que las empresas eviten el pago de horas extras y aumenten la carga laboral para los trabajadores. En este sentido, consideran que la iniciativa podría constituir un retroceso en los derechos laborales y tener efectos negativos en la calidad de vida de los trabajadores.
La aprobación de este proyecto de ley en su primera votación marca un hito en el proceso legislativo, pero queda por verse cómo se desarrollará la discusión en torno a su constitucionalidad y qué cambios o ajustes podrían surgir antes de su eventual implementación. El debate sobre la flexibilidad laboral y los derechos de los trabajadores sigue siendo un tema central en Costa Rica y continuará siendo analizado con atención en los próximos meses.
Centroamérica
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Centroamérica
Consuelo Porras niega acusaciones sobre adopciones durante el conflicto armado
El Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, informó en rueda de prensa que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que los hechos sean investigados con “objetividad” e “independencia”.
Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo, con el fin de participar directamente en el proceso penal y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.
“Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley”, afirmó Saavedra, quien señaló que estas acciones responden al mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado con la justicia.
Señalamientos sobre adopciones durante el conflicto armado
De acuerdo con el comunicado divulgado por expertos de la ONU, existe “preocupación” por información que apunta a que al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez.
Según el informe, los hechos habrían ocurrido entre 1968 y 1996, en el contexto del conflicto armado interno guatemalteco. El documento señala que Porras habría actuado como “tutora legal” de los menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.
La fiscal general, quien dejará el cargo en mayo próximo tras ocho años de gestión, rechazó los señalamientos y acusó a la ONU de difundir acusaciones “falsas” y “politizadas”.
El caso se produce en un contexto de tensión institucional, mientras las autoridades guatemaltecas evalúan los pasos legales para esclarecer los hechos denunciados.
Centroamérica
Ordenan que $7,087 incautados a pandilleros pasen al Estado salvadoreño
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que $7,087 incautados a tres pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) sean transferidos a favor del Estado.
Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal demostró que el dinero fue decomisado el 2 de julio de 2019, en un procedimiento realizado en San Salvador, y que su origen estaba vinculado a actividades ilícitas.
Según explicó el fiscal del caso, se comprobó que los fondos provenían de aportaciones de distintas clicas, lo cual quedó evidenciado en manuscritos encontrados durante el operativo, utilizados para financiar actividades delictivas.
Personas vinculadas al caso
El monto fue incautado a:
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Santos Elías Guardado Flores
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William Arnoldo Hernández Navidad
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José Luis González Villalobos
Los implicados no lograron justificar la procedencia legal del dinero, por lo que el tribunal ordenó que los fondos pasen definitivamente al Estado.
Otro caso reciente
Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que $30,000 también fueran transferidos al Estado por estar relacionados con la actividad de agrupaciones ilícitas.
En ese caso, el dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía, en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía antecedentes por pertenecer a grupos criminales.
Las resoluciones forman parte de los procesos de extinción de dominio que buscan recuperar bienes vinculados a estructuras delictivas y destinarlos a favor del Estado.
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