El abogado húngaro Reed Bródy, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, advirtió que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo está debilitando el Estado de derecho mediante medidas administrativas que, a su juicio, permiten desmantelar instituciones sin recurrir a acciones militares.

En una entrevista con EFE, Bródy, conocido como el «cazador de dictadores» por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, señaló que la eliminación masiva de abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua representa una nueva forma de control institucional.

«Se puede desmantelar el Estado de derecho sin tanques y sin decretos dramáticos: basta con una base de datos», afirmó el jurista, al cuestionar la supuesta exclusión de profesionales sin notificación, proceso disciplinario ni comunicación oficial.

Según Bródy, un Estado que decide administrativamente quién puede ejercer como abogado y quién no deja de garantizar un sistema basado en el derecho para convertirse en un mecanismo de sanción.

«Un Estado que decide por vía administrativa quién puede ser abogado y quién no, no tiene Estado de derecho; tiene un instrumento de castigo», señaló.

De acuerdo con denuncias de abogados afectados y fuentes judiciales citadas por medios nicaragüenses, al menos 2,000 profesionales habrían sido eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, ni el Gobierno ni el Poder Judicial han brindado una explicación pública sobre la medida.

El experto de Naciones Unidas explicó que la eliminación del registro judicial tiene consecuencias directas para los profesionales afectados, ya que les impide presentar escritos ante los tribunales, representar clientes o ejercer funciones notariales.

«Cada abogado eliminado son familias que se quedan sin quién presente un recurso, sin quién reclame por un detenido, sin quién firme una escritura. Cuando los abogados no pueden ejercer, los ciudadanos se quedan sin defensa», expresó.

Bródy alertó que la comunidad internacional debe prestar atención a esta situación, pues considera que permitir este tipo de acciones sin consecuencias podría enviar un mensaje a otros gobiernos con tendencias autoritarias.

«Los colegios de abogados del mundo entero deberían pronunciarse: hoy son sus colegas nicaragüenses los borrados», afirmó.

El abogado comparó esta situación con otras medidas atribuidas al Gobierno sandinista, como el cierre de organizaciones no gubernamentales, universidades, medios independientes e instituciones religiosas.

«Ahora le toca a la abogacía. El patrón se repite: eliminar, sin proceso alguno, a todo aquel que pueda interponerse entre el poder y el ciudadano», concluyó Bródy.

Periodistas guatemaltecos presentaron un nuevo libro que analiza la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP) y los cuestionamientos surgidos durante sus ocho años como fiscal general del país.

La obra, escrita por los comunicadores José del Cid y Figueroa, busca documentar lo que sus autores consideran abusos de poder y acciones de persecución selectiva durante la administración de Porras, quien dejó el cargo en mayo pasado tras concluir su segundo período al frente de la Fiscalía.

«Lo que tratamos de hacer con este libro es detallar los abusos del poder que durante los ocho años de Porras se cometieron. Explicamos cómo se hizo una persecución selectiva a través de diferentes fiscalías», afirmó el periodista durante la presentación.

Con esta publicación, Del Cid y Figueroa suman cuatro libros en conjunto. Anteriormente desarrollaron tres investigaciones periodísticas relacionadas con casos de corrupción ocurridos durante el Gobierno del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

Figueroa explicó que la nueva obra pretende contribuir a la construcción de memoria histórica y dejar registro del papel que tuvo el Ministerio Público durante la gestión de Porras.

«Lo que hacemos con este libro es generar memoria histórica para que los guatemaltecos y a nivel internacional sepan cuál fue el trabajo de impunidad de Porras en el Ministerio Público y cómo provocó un retroceso en la justicia guatemalteca», señaló.

Porras Argueta estuvo al frente de la Fiscalía General durante ocho años y fue señalada por Estados Unidos y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y por acciones relacionadas con el proceso electoral de 2023, cuyos resultados dieron la presidencia a Bernardo Arévalo de León.

Durante su gestión, decenas de personas vinculadas a la lucha contra la corrupción en Guatemala abandonaron el país. Entre ellas figuran fiscales, periodistas, líderes indígenas y otros actores sociales que denunciaron persecución judicial.

Del Cid afirmó durante la presentación que Porras defendió los intereses de los expresidentes Alejandro Giammattei y Jimmy Morales, quienes participaron en su designación como fiscal general.

«El libro hace un análisis también sobre las principales figuras cercanas a Porras», agregó el periodista ante los asistentes que acudieron al lanzamiento de la obra en el salón Miguel Ángel Asturias.

La presentación se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026), uno de los principales encuentros literarios de Centroamérica, que este año está dedicado a la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, y tiene a Alemania como país invitado de honor.

Los organizadores esperan recibir más de 100,000 visitantes durante la feria, que cuenta con cerca de 700 actividades entre presentaciones de libros, foros y conversatorios.

El Salvador cerró el domingo 12 de julio con cero homicidios a escala nacional, de acuerdo con los datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), publicados durante la madrugada de este lunes.

Con esta nueva jornada sin muertes violentas, el país acumula 166 días con cero homicidios durante 2026, según las estadísticas oficiales.

Desde que el presidente Nayib Bukele asumió el Gobierno en 2019, El Salvador registra 1,266 días sin homicidios, de acuerdo con los datos divulgados por la PNC.

Del total de jornadas sin muertes violentas contabilizadas durante la actual administración, 1,152 corresponden al período de vigencia del régimen de excepción, una medida implementada desde marzo de 2022 para combatir a las estructuras criminales.

Durante la aplicación de esta política de seguridad, las autoridades reportan la captura de más de 92,000 personas señaladas de pertenecer a pandillas.

El Gobierno atribuye la reducción de los homicidios a estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, medidas que, según las autoridades, han permitido mejorar los indicadores de seguridad del país.

Los resultados en materia de seguridad han llevado a El Salvador a destacar en distintos análisis internacionales por la reducción de los niveles de violencia registrados en los últimos años.