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Centroamérica

Tragedia en Honduras: Cinco hombres asesinados a balazos en una atroz masacre

Tragedia en Honduras: Cinco hombres asesinados a balazos en una atroz masacre

15 de septiembre | Redacción |

Un oscuro capítulo de violencia sacudió a la colonia Leones del Bosque, en el sector Baracoa, del departamento de Cortés, Honduras, el martes pasado, cuando cinco hombres, tres de ellos hermanos, perdieron la vida de manera trágica a manos de agresores que se hicieron pasar por miembros de la Fiscalía General. Este escalofriante incidente ha conmocionado a la comunidad y ha arrojado luz sobre la complejidad de la criminalidad en la región.

Según el relato angustiante de la madre de una de las víctimas, al menos ocho individuos vestidos de negro y portando chalecos antibalas llegaron a la residencia de las víctimas justo después de que los hermanos regresaran del trabajo. Los agresores se presentaron como funcionarios de la Fiscalía y solicitaron la colaboración de los hombres en un supuesto procedimiento oficial. Posteriormente, los subieron a vehículos y los trasladaron a un lugar cercano, donde fueron ejecutados de manera brutal.

Los cadáveres de las víctimas fueron encontrados en un callejón, con un cartel ominoso que decía: «Por cada uno que me toques, el cartel te mata 10. Cartel del Atlántico». La Policía Nacional indicó que la zona ha estado en disputa durante años entre dos bandas de narcotraficantes, lo que arroja luz sobre posibles motivos detrás de este horrendo acto.

Las víctimas han sido identificadas como Junior Alexander Grande Mendoza, de 34 años, supervisor de una maquila; Yeison Gabriel Grande Mendoza, de 22 años, trabajador en plantaciones; Josein Grande Mendoza, de 17 años, agricultor; Michael Enrique Meza Lara, de 20 años, también agricultor; y Adán García, de 42 años, albañil.

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El Secretario de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, calificó este acto de violencia como una «muestra de la complejidad del crimen en Honduras», insinuando una posible vinculación con el crimen organizado. Sin embargo, no proporcionó detalles adicionales sobre las investigaciones en curso.

Este espantoso suceso se produce en un contexto de aumento de la violencia en Honduras, con el Sistema Estadístico Policial (SEPOL) registrando 2,177 homicidios en lo que va del año hasta el 12 de septiembre. Junio fue el mes más mortífero, con 370 homicidios en 30 días. El año anterior, Honduras concluyó con 3,661 crímenes.

Cabe destacar que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, impuso un estado de excepción en diciembre de 2022 como medida para combatir la delincuencia y las extorsiones. Actualmente, esta medida de emergencia sigue en vigor en 158 de los 298 municipios del país hasta el 3 de octubre, en un esfuerzo por contener la creciente ola de violencia que afecta a la nación centroamericana.

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Centroamérica

Denuncian red de sobornos a fiscales en Guatemala por caso de fraude millonario

Una denuncia presentada en Guatemala revela la presunta existencia de una red de sobornos dirigida a fiscales vinculados a investigaciones contra varios imputados acusados de integrar una estructura delincuencial internacional relacionada con fraudes millonarios en el sector de telecomunicaciones.

Entre los señalados figuran Jorge Alberto Castro, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger, quienes son procesados por su supuesta participación en operaciones destinadas a desvalorizar empresas para adquirirlas por debajo de su valor de mercado.

Según la denuncia, el esquema habría sido articulado por ejecutivos vinculados a la firma estadounidense TPG Peppertree, con quienes Gaitán Castro y su padre habrían colaborado directamente, de acuerdo con documentos judiciales.

El expediente también señala que una abogada de los imputados habría acudido a una sede fiscal en Guatemala, donde presuntamente recibió información privilegiada sobre el caso. De acuerdo con fuentes cercanas, la jurista se presentó como representante de las entidades Peppertree Capital Management y AMLQ Holdings, así como de varios ejecutivos extranjeros.

Durante esa interacción, la abogada habría ofrecido dinero a cambio de obtener la totalidad de los expedientes ministeriales y judiciales vinculados a investigaciones penales en curso, según se detalla en la denuncia. Los procesos estarían relacionados con un arbitraje internacional en Nueva York entre empresas del sector de telecomunicaciones.

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Los denunciantes solicitaron investigar el actuar de los fiscales de la Fiscalía número Cuatro, al considerar que podrían haberse cometido delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva de actuaciones, asociación ilícita, conspiración, encubrimiento e intento de soborno a funcionario público. De acuerdo con información preliminar, un fiscal ya habría sido destituido por presuntamente aceptar sobornos.

Asimismo, se advierte sobre indicios de una estructura criminal más amplia que buscaría manipular procesos judiciales mediante prácticas como fraude procesal, destrucción u ocultamiento de evidencia, presentación de pruebas fabricadas, uso de testigos falsos y colusión entre abogados.

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Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica promete aplicar el “modelo Bukele” en seguridad

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que implementará el denominado “modelo Bukele” en materia de seguridad al asumir el cargo, con el objetivo de reducir la criminalidad y garantizar la integridad de los ciudadanos.

En una entrevista con el medio DW Español, Fernández expresó su admiración por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y por las políticas de seguridad aplicadas durante su gestión. “Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares en su país.

La mandataria electa destacó como uno de los principales aspectos del modelo salvadoreño el sistema penitenciario. “Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, señaló.

Fernández ejemplificó que, en Costa Rica, personas condenadas por delitos como narcotráfico continúan operando desde prisión debido a la falta de controles efectivos, lo que, según afirmó, permite la continuidad de las estructuras criminales.

“Eso es lo que quiero copiar: cómo lograron cortar el vínculo de esos criminales con el exterior, y que estando presos no sigan generando dolor a las familias”, enfatizó.

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Asimismo, cuestionó el rol de algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, al considerar que priorizan la defensa de los detenidos por encima de las víctimas. “Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de la misma manera por los de las víctimas”, expresó.

Fernández asumirá la presidencia en mayo próximo, en medio de un debate regional sobre los modelos de seguridad y su impacto en los derechos humanos.

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Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

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