Centroamérica
Panamá avanza en la regulación de cannabis medicinal
18 de septiembre | Redacción |
Hoy, 18 de septiembre, marca la fecha límite establecida por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá para recibir los sobres de las empresas interesadas en obtener la licencia de fabricación de los derivados del cannabis medicinal en el país.
La directora nacional de Farmacia y Drogas de la entidad, Elvia Lau, confirmó este importante hito y anunció que durante esta misma semana se llevará a cabo la apertura de los sobres que contienen las propuestas presentadas por las empresas.
En junio pasado, aproximadamente 20 empresas participaron en la reunión de homologación, con la aspiración de obtener una licencia para la fabricación de productos derivados del cannabis medicinal en Panamá.
Las inquietudes y preguntas planteadas por los empresarios durante este proceso se llevaron ante el Consejo Técnico de Cannabis, que tiene la facultad de realizar modificaciones y adendas a las bases del proceso, según confirmó la entidad.
Cabe destacar que las bases originales indicaban que los interesados tenían hasta el 29 de agosto para solicitar aclaraciones y formular preguntas a través de la página web oficial, y la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas tenía hasta el 5 de septiembre para proporcionar respuestas.
El cannabis medicinal es legal en aproximadamente 20 países en todo el mundo, y tanto la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han reconocido medicamentos derivados de esta planta.
La legislación panameña establece que el cannabis medicinal es adecuado para aliviar dolores crónicos o causados por lesiones nerviosas, controlar náuseas y vómitos, y tratar enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, el VIH/SIDA, el cáncer, la enfermedad de Crohn, la epilepsia, las convulsiones, el glaucoma, la esclerosis múltiple y los espasmos musculares. Este paso en la regulación del cannabis medicinal marca un avance significativo en la atención de la salud en Panamá.
Centroamérica
Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.
Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.
Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.
Centroamérica
Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.
En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.
“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.
La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.
“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.
Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.
En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.
Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.
“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.
Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.
Centroamérica
Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.
Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.
“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.
Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.
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