Centroamérica
Nicaragua revoca la personalidad jurídica al INCAE y confisca sus bienes en medio de una creciente represión gubernamental
26 de septiembre | Redacción |
El gobierno de Nicaragua tomó la decisión el lunes de retirar la personalidad jurídica al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), una prestigiosa escuela de negocios con sedes en Nicaragua y Costa Rica. Según una resolución del Ministerio de Gobernación, el INCAE incumplió con la presentación de sus estados financieros entre 2020 y 2022, y se encontraron inconsistencias en los documentos proporcionados por la institución en el periodo 2015-2019. Además, se le acusa de no cumplir con los requisitos para recibir donaciones y de no registrarse como agentes extranjeros, tal como lo exige la ley.
La resolución, firmada por la ministra María Amelia Coronel Kinloch y publicada en el diario oficial La Gaceta, también alega que los directivos del INCAE no promovieron políticas de transparencia y administración de fondos, lo que plantea incertidumbres sobre la alineación de sus proyectos con sus objetivos y propósitos como organización. La Procuraduría General será responsable de la transferencia de los activos muebles e inmuebles del INCAE al Estado nicaragüense.
Este acto se produce en medio de un creciente clima de represión gubernamental en Nicaragua, que ya ha resultado en el cierre de alrededor de 3.000 organizaciones no gubernamentales, incluyendo más de veinte universidades, como parte de una serie de medidas restrictivas impulsadas por el presidente Daniel Ortega tras las protestas de 2018, que dejaron cientos de muertos en enfrentamientos entre opositores y partidarios del gobierno. El INCAE, fundado en 1964 con apoyo de la Universidad de Harvard y el Banco Interamericano de Desarrollo, es una institución internacional de negocios que ofrece programas de posgrado y maestrías en sus campus de Nicaragua y Costa Rica.
Centroamérica
Arévalo tilda de “burla” la postulación de Consuelo Porras para un tercer mandato
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, calificó este miércoles como “una burla” la postulación de la fiscal general Consuelo Porras para un tercer mandato al frente del Ministerio Público.
Durante una rueda de prensa, el mandatario —quien mantiene un enfrentamiento con la jefa del ente investigador desde antes de asumir el poder en enero de 2024— criticó que Porras, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), busque continuar en el cargo.
“Es una burla al pueblo de Guatemala postularse por tercera vez”, afirmó Arévalo.
La comisión de postulación encargada del proceso dio luz verde el martes a la candidatura de Porras, tras la primera ronda de depuración de aspirantes. El organismo deberá entregar en abril una nómina de seis candidatos al presidente, quien tendrá la facultad de designar al fiscal general para el periodo 2026-2030.
No obstante, Arévalo ha reiterado que, independientemente de que Porras avance en el proceso, será removida del cargo en mayo de este año.
Centroamérica
Consuelo Porras busca tercer mandato como fiscal general en Guatemala
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) bajo señalamientos de “corrupción” y conductas “antidemocráticas”, se postuló para un tercer periodo consecutivo al frente del Ministerio Público, informó el viernes la comisión encargada de conformar la nómina de candidatos.
El comité deberá entregar un listado de seis aspirantes entre los cuales el presidente Bernardo Arévalo elegirá al próximo fiscal general. El mandatario mantiene un enfrentamiento con Porras desde hace dos años, luego de que la funcionaria impulsara investigaciones que pusieron en duda su investidura.
Washington y la UE sancionaron a Porras —en el cargo desde 2018 y reelecta en 2022— al considerar que intentó obstaculizar la toma de posesión de Arévalo y promovió, según sus señalamientos, acciones contra exfuncionarios anticorrupción, periodistas y líderes sociales, varios de los cuales se encuentran actualmente en el exilio.
59 aspirantes al cargo
La secretaria de la comisión y presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, informó en conferencia de prensa que al cierre del período de recepción de expedientes se registraron 59 postulaciones para el cargo.
El funcionario que resulte electo asumirá el próximo 17 de mayo.
De acuerdo con el listado oficial divulgado por la comisión, la candidatura de Porras fue incluida pese a que no presentó personalmente su documentación. Según medios locales, la fiscal envió a una representante para completar el trámite.
Señalamientos y revés electoral
La funcionaria perdió recientemente una elección interna en la que una universidad pública designó a dos de los 10 magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la máxima instancia judicial del país, aunque podría optar nuevamente mediante la vía de la Corte Suprema.
Ese mismo día, expertos de la ONU vincularon a Porras con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas ocurrido en la década de 1980, durante la guerra civil guatemalteca, acusación que la fiscal rechazó.
El proceso de selección se desarrolla en un contexto de tensión política y escrutinio internacional sobre el sistema de justicia guatemalteco.
Centroamérica
El Salvador y Acnur celebran 45 años de cooperación en protección internacional
El Gobierno de El Salvador y la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) conmemoraron 45 años de trabajo conjunto y cooperación en materia de protección internacional y asistencia humanitaria.
La agencia de la ONU llegó al país en la década de los ochenta, en el contexto del conflicto armado, con el objetivo de brindar apoyo a la población afectada. Desde entonces, ha acompañado distintos proyectos orientados a la protección de personas refugiadas y desplazadas.
“Conmemorar 45 años de historia y trabajo conjunto entre El Salvador y Acnur es reconocer una alianza sólida que ha puesto la protección internacional y la salvaguarda de la dignidad humana en el centro de las políticas públicas y de nuestra visión de país”, expresó la vicecanciller Adriana Mira.
La diplomática destacó que esta cooperación ha permitido fortalecer la institucionalidad nacional, dando paso a la creación de la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas (Coder), liderada por la Cancillería de la República y articulada con diversas entidades del Estado.
Entre las instituciones que integran este esfuerzo se encuentran la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, la Procuraduría General de la República de El Salvador y el Registro Nacional de las Personas Naturales.
“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con determinación y responsabilidad, consolidando a El Salvador como un referente regional de dignidad, esperanza y solidaridad, donde la protección de las personas sea una realidad permanente y sostenible”, enfatizó Mira.
Las autoridades señalaron que la alianza continuará enfocada en fortalecer los mecanismos de protección y garantizar el respeto a los derechos de las personas en situación de movilidad.
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