Centroamérica
Nicaragua revoca la personalidad jurídica al INCAE y confisca sus bienes en medio de una creciente represión gubernamental
26 de septiembre | Redacción |
El gobierno de Nicaragua tomó la decisión el lunes de retirar la personalidad jurídica al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), una prestigiosa escuela de negocios con sedes en Nicaragua y Costa Rica. Según una resolución del Ministerio de Gobernación, el INCAE incumplió con la presentación de sus estados financieros entre 2020 y 2022, y se encontraron inconsistencias en los documentos proporcionados por la institución en el periodo 2015-2019. Además, se le acusa de no cumplir con los requisitos para recibir donaciones y de no registrarse como agentes extranjeros, tal como lo exige la ley.
La resolución, firmada por la ministra María Amelia Coronel Kinloch y publicada en el diario oficial La Gaceta, también alega que los directivos del INCAE no promovieron políticas de transparencia y administración de fondos, lo que plantea incertidumbres sobre la alineación de sus proyectos con sus objetivos y propósitos como organización. La Procuraduría General será responsable de la transferencia de los activos muebles e inmuebles del INCAE al Estado nicaragüense.
Este acto se produce en medio de un creciente clima de represión gubernamental en Nicaragua, que ya ha resultado en el cierre de alrededor de 3.000 organizaciones no gubernamentales, incluyendo más de veinte universidades, como parte de una serie de medidas restrictivas impulsadas por el presidente Daniel Ortega tras las protestas de 2018, que dejaron cientos de muertos en enfrentamientos entre opositores y partidarios del gobierno. El INCAE, fundado en 1964 con apoyo de la Universidad de Harvard y el Banco Interamericano de Desarrollo, es una institución internacional de negocios que ofrece programas de posgrado y maestrías en sus campus de Nicaragua y Costa Rica.
Centroamérica
El Salvador sube seis puestos en el Índice Global de Poder Blando y se ubica en la posición 76
El Salvador avanzó seis posiciones en el Índice Global de Poder Blando 2026, elaborado por la consultora internacional Brand Finance, y se ubicó en el puesto 76 entre los 193 países evaluados, todos miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El estudio se basa en la opinión de más de 150.000 personas de 100 países y mide el desempeño de las naciones en áreas como turismo, cultura, gobernanza y relaciones exteriores. El objetivo es evaluar la influencia que los países ejercen a nivel internacional a través de mecanismos no coercitivos como la atracción, la inspiración y la persuasión, conocidos como “poder blando”.
El concepto, acuñado en la década de 1990 por el politólogo estadounidense Joseph Nye, ha cobrado mayor relevancia en los últimos años debido a la ampliación de las categorías utilizadas para medir las capacidades y el posicionamiento internacional de los Estados.
De acuerdo con el informe, disponible en el sitio web de Brand Finance, “el reconocimiento internacional actual de El Salvador es producto de un proceso deliberado de transformación estructural”.
El país fue incluido por primera vez en este ranking en 2024, cuando ocupó la posición 117. En 2025 registró el mayor avance a nivel global, al escalar 32 puestos hasta situarse en el lugar 82. En un período de tres años, El Salvador ha mejorado un total de 41 posiciones.
Para el sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez, estos resultados reflejan un crecimiento “sostenido” del país. A su juicio, “el principal elemento que ha viabilizado el desarrollo en todas las áreas es la seguridad, lo que ha generado un efecto cascada o dominó”.
El reporte 2026 de Brand Finance señala que la mejora en la reputación internacional de El Salvador incide directamente en la atracción de inversión extranjera, el crecimiento del sector turístico, el fortalecimiento de la cooperación internacional y la profundización de alianzas estratégicas.
En esa línea, Rodríguez sostiene que “la seguridad permitió que inversionistas extranjeros se fijaran en El Salvador y que ahora estén haciendo negocios con el país”.
Centroamérica
Violencia pandillera en Guatemala expone fallas de seguridad y presunto entramado político-criminal
La reciente escalada de violencia protagonizada por pandillas en Guatemala dejó en evidencia no solo las debilidades del aparato de seguridad del Estado, sino también un presunto complot político-criminal destinado a proteger alianzas entre sectores del poder y estructuras delictivas.
El asesinato de diez agentes de la Policía Nacional Civil durante el fin de semana —en represalia por la ocupación de tres centros penitenciarios donde pandilleros tomaron a decenas de rehenes— llevó al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio, una medida de excepción solo superada por el estado de guerra.
El exfiscal especializado en pandillas Juan Francisco Solórzano aseguró que existe “cero control” sobre el sistema penitenciario y cuestionó la falta de anticipación por parte de los servicios de inteligencia. “Estos ataques debieron haberse previsto”, afirmó durante una entrevista en el programa de análisis político TanGente Podcast, transmitido por plataformas digitales.
En la misma línea, el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval sostuvo que la ofensiva criminal no es producto del azar. “No es fortuita, obedece a operaciones deliberadas impulsadas por redes político-criminales”, escribió en la red social X. Sandoval se encuentra exiliado en Estados Unidos desde 2021, tras su destitución.
El exfuncionario fue removido de su cargo por la fiscal general Consuelo Porras, quien mantiene una abierta confrontación con el presidente Arévalo y ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de encubrir actos de corrupción.
Porras ha sido señalada de forma reiterada por el gobierno y organizaciones no gubernamentales como parte de una estructura que presuntamente protege a grupos criminales. De acuerdo con la ley, deberá ser sustituida en mayo por el mandatario. En 2023, la fiscal intentó bloquear la toma de posesión de Arévalo mediante maniobras legales.
Centroamérica
Alias “Dark” asegura que fuga de 20 reos fue coordinada con altos mandos del Estado
Milton Najarro, alias “Dark”, aseguró ante un tribunal que su fuga de la cárcel Fraijanes 2, ocurrida junto a otros 19 reclusos, fue coordinada con autoridades del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes —según su versión— facilitaron uniformes oficiales y patrullas para concretar la evasión.
Durante una audiencia realizada por videoconferencia, Najarro fue ligado a proceso penal por los delitos de evasión y portación ilegal de armas de fuego. En su declaración, afirmó que los privados de libertad abandonaron el centro penitenciario vestidos como agentes policiales y a bordo de vehículos oficiales, como parte de un supuesto acuerdo con altos mandos del Estado.
De acuerdo con su testimonio, el pacto habría tenido como objetivo garantizar “tranquilidad en el país”, aunque no ofreció detalles concretos sobre las condiciones del acuerdo ni sobre los beneficios económicos que, asegura, fueron entregados.
Najarro señaló directamente al entonces director del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez, quien actualmente se encuentra prófugo, y al director de la PNC, David Boteo, como los responsables de coordinar la fuga. No obstante, no presentó pruebas que respalden sus señalamientos ni precisó los montos del presunto soborno.
La evasión de Fraijanes 2 fue reportada por las autoridades el 12 de octubre. El imputado permanecerá recluido en la cárcel de Matamoros, mientras que la audiencia de etapa intermedia fue programada para el 7 de mayo.
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