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Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba reforma para fortalecer el sistema judicial en casos de crimen organizado

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba reforma para fortalecer el sistema judicial en casos de crimen organizado

18 de octubre | Redacción |

Con 63 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Ley Orgánica Judicial a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta modificación tiene como objetivo la integración de cámaras especializadas para abordar casos de crimen organizado que involucren a menores de edad y asegurar el derecho de impugnación en estos casos.

La reforma consiste en la incorporación de un inciso al artículo 5 de la ley, que estipula que las cámaras contra el crimen organizado serán responsables de conocer las resoluciones emitidas por los tribunales de justicia en casos en los que la niñez o la adolescencia estén relacionadas con actos de crimen organizado.

Los diputados de Nuevas Ideas explicaron que estas enmiendas permitirán que la corte designe a uno de los tres magistrados que conformarán las cámaras, para que se encarguen de los incidentes y recursos presentados contra las resoluciones en los procesos en los que estén involucrados menores de edad vinculados a estructuras delincuenciales.

Además, se destacó que estas reformas están en línea con el artículo 35 de la Constitución de la República de El Salvador, que establece un régimen jurídico especial para las conductas antisociales de los jóvenes.

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Estas medidas también se espera que contribuyan al combate contra las pandillas y grupos terroristas, ya que permitirán el funcionamiento efectivo de las cámaras especializadas, lo que facilitará la erradicación de estas organizaciones criminales. La reforma representa un paso significativo para fortalecer el sistema judicial y garantizar un tratamiento adecuado de los casos de crimen organizado que involucran a menores de edad en El Salvador.

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Centroamérica

Presupuesto 2025 incluye fondos para proyectos en El Mozote como parte de la reparación a víctimas.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele continuará su apoyo a las familias víctimas de la masacre de El Mozote, destinando casi $3 millones en el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2025 para obras y proyectos en la zona.

Los recursos serán administrados por seis instituciones públicas: el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Local, Ministerio de Agricultura y Ganadería, e Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu). Según el desglose, Relaciones Exteriores ejecutará $750,000; Salud, $442,650; Cultura, $10,000; Desarrollo Local, $2,362,775; Agricultura, $50,000, y el Isdemu, $50,000. Estos fondos se suman a las inversiones previas realizadas en la zona desde 2019.

Las acciones interinstitucionales que se llevarán a cabo están alineadas con las medidas de reparación moral, simbólica y material para las víctimas de la masacre de El Mozote, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia que involucra a El Mozote y sus alrededores en Morazán.

En 2012, el Estado salvadoreño fue condenado por la CIDH por su responsabilidad en la masacre perpetrada por la Fuerza Armada en El Mozote y áreas cercanas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981. La corte determinó que el Estado violó derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad personal y la propiedad privada.

Cuatro años después, en 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, la cual había impedido la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra civil.

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Centroamérica

Empresarios destacan impacto positivo de la mejora en la calificación de riesgo de El Salvador

La firma estadounidense Moody’s Ratings elevó la calificación de riesgo de El Salvador de Caa1 a B3, lo que ha generado reacciones positivas entre empresarios y gremiales del país.

El informe de Moody’s destaca los avances en seguridad, la efectividad en el manejo de pasivos, como las recompras de bonos, y la designación de perfiles técnicos en puestos clave de la economía, factores que han contribuido a esta mejora.

Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), señaló que esta actualización refuerza los esfuerzos de las gremiales para atraer inversiones, enviando un mensaje de confianza hacia el exterior.

«Es una excelente noticia porque mejora las perspectivas para atraer inversión. Esto significa más confianza en el país, lo que puede traducirse en mayores oportunidades de trabajo, exportaciones y desarrollo empresarial», afirmó Cuéllar.

La mejora de la calificación reafirma el atractivo de El Salvador como un terreno fértil para el crecimiento económico, impulsando la seguridad jurídica y las condiciones necesarias para el desarrollo de negocios sostenibles.

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Centroamérica

ANDA avanza con la instalación de 2,115 metros de tubería para la nueva planta potabilizadora en Ilopango

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha comenzado la tercera fase de instalación de tuberías para la Planta Potabilizadora de Ilopango, con una intervención que incluye la colocación de 2,115 metros de doble tubería en una zona verde. Esta nueva fase conecta la planta potabilizadora con la Planta de Rebombeo Changallito en Ilopango, y no afectará el tránsito vehicular en la zona.

Simultáneamente, la ANDA ejecuta la segunda fase de este proyecto en la 4.ª avenida norte, hasta la intersección con la calle Rafael A. Gutiérrez, en Ilopango, una obra que comenzó el 2 de noviembre y se extenderá por 90 días.

El proyecto de la nueva Planta Potabilizadora, que cuenta con una inversión de más de $40 millones, mejorará el suministro de agua potable para más de 250,000 habitantes de Ilopango, Soyapango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, como parte de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de China y El Salvador.

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