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Fiscales solicitan condenas de hasta 30 años para vinculados a sustracción de fondos en el gobierno de Mauricio

Fiscales solicitan condenas de hasta 30 años para vinculados a sustracción de fondos en el gobierno de Mauricio Funes
Foto: Diario El Salvador

4 de noviembre | Redacción |

Fiscales de diversas unidades especializadas han presentado sus solicitudes al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador en un caso que ha capturado la atención del país. Piden que diez individuos vinculados a la sustracción de fondos en el gobierno del expresidente Mauricio Funes sean condenados a penas de prisión que varían entre 15 y 30 años.

La mayor pena solicitada por el ministerio público es de 30 años de prisión, y está dirigida a Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, quien enfrenta cargos de peculado y lavado de dinero. La segunda mayor condena, de 27 años, ha sido requerida para Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, y para Pablo Gómez, exasistente técnico de la Presidencia de la República, ambos acusados de peculado y lavado de dinero.

José Miguel Antonio Menéndez Avelar, también conocido como «Mecafé», se enfrenta a una solicitud de 23 años de prisión por lavado de dinero y defraudación al fisco. La exprimera dama Vanda Pignato enfrenta una condena de 19 años solicitada por la Fiscalía General, siendo señalada de lavado de dinero y simulación de delitos.

Además, los fiscales buscan que el tribunal imponga penas de 15 años de cárcel a Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro de Mauricio Funes; Rigoberto Palacios Panameño, exjefe de contabilidad de la Presidencia; Luis Miguel Ángel García, Jorge Alberto Hernández Castellanos, exjefe de Tesorería de Casa Presidencial y David Rivas, exsecretario de Comunicaciones.

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La Fiscalía ha argumentado durante dos meses que los acusados participaron en la apropiación de fondos públicos por parte del expresidente Mauricio Funes entre 2009 y 2014. Según la acusación, el exmandatario desvió la impresionante suma de $351,035,400.49 desde la cuenta subsidiaria del tesoro público de Casa Presidencial a siete cuentas corrientes a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga y una cuenta a nombre de Pablo Gómez.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador ahora tiene la importante tarea de considerar las solicitudes de las penas y emitir su fallo en este caso que ha generado un profundo interés público y que podría tener un impacto significativo en la lucha contra la corrupción en el país.

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Centroamérica

Presupuesto 2025 incluye fondos para proyectos en El Mozote como parte de la reparación a víctimas.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele continuará su apoyo a las familias víctimas de la masacre de El Mozote, destinando casi $3 millones en el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2025 para obras y proyectos en la zona.

Los recursos serán administrados por seis instituciones públicas: el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Local, Ministerio de Agricultura y Ganadería, e Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu). Según el desglose, Relaciones Exteriores ejecutará $750,000; Salud, $442,650; Cultura, $10,000; Desarrollo Local, $2,362,775; Agricultura, $50,000, y el Isdemu, $50,000. Estos fondos se suman a las inversiones previas realizadas en la zona desde 2019.

Las acciones interinstitucionales que se llevarán a cabo están alineadas con las medidas de reparación moral, simbólica y material para las víctimas de la masacre de El Mozote, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia que involucra a El Mozote y sus alrededores en Morazán.

En 2012, el Estado salvadoreño fue condenado por la CIDH por su responsabilidad en la masacre perpetrada por la Fuerza Armada en El Mozote y áreas cercanas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981. La corte determinó que el Estado violó derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad personal y la propiedad privada.

Cuatro años después, en 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, la cual había impedido la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra civil.

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Centroamérica

Empresarios destacan impacto positivo de la mejora en la calificación de riesgo de El Salvador

La firma estadounidense Moody’s Ratings elevó la calificación de riesgo de El Salvador de Caa1 a B3, lo que ha generado reacciones positivas entre empresarios y gremiales del país.

El informe de Moody’s destaca los avances en seguridad, la efectividad en el manejo de pasivos, como las recompras de bonos, y la designación de perfiles técnicos en puestos clave de la economía, factores que han contribuido a esta mejora.

Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), señaló que esta actualización refuerza los esfuerzos de las gremiales para atraer inversiones, enviando un mensaje de confianza hacia el exterior.

«Es una excelente noticia porque mejora las perspectivas para atraer inversión. Esto significa más confianza en el país, lo que puede traducirse en mayores oportunidades de trabajo, exportaciones y desarrollo empresarial», afirmó Cuéllar.

La mejora de la calificación reafirma el atractivo de El Salvador como un terreno fértil para el crecimiento económico, impulsando la seguridad jurídica y las condiciones necesarias para el desarrollo de negocios sostenibles.

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Centroamérica

ANDA avanza con la instalación de 2,115 metros de tubería para la nueva planta potabilizadora en Ilopango

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha comenzado la tercera fase de instalación de tuberías para la Planta Potabilizadora de Ilopango, con una intervención que incluye la colocación de 2,115 metros de doble tubería en una zona verde. Esta nueva fase conecta la planta potabilizadora con la Planta de Rebombeo Changallito en Ilopango, y no afectará el tránsito vehicular en la zona.

Simultáneamente, la ANDA ejecuta la segunda fase de este proyecto en la 4.ª avenida norte, hasta la intersección con la calle Rafael A. Gutiérrez, en Ilopango, una obra que comenzó el 2 de noviembre y se extenderá por 90 días.

El proyecto de la nueva Planta Potabilizadora, que cuenta con una inversión de más de $40 millones, mejorará el suministro de agua potable para más de 250,000 habitantes de Ilopango, Soyapango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, como parte de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de China y El Salvador.

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