Centroamérica
Fiscalía de Guatemala exige al TSE la inscripción de Bernardo Arévalo y detalles sobre funcionarios de Movimiento Semilla
16 de noviembre | Redacción |
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, a través de su dependencia, ha presentado una solicitud urgente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que, en un plazo no superior a 24 horas, se lleve a cabo la inscripción de Bernardo Arévalo, miembro del partido político Movimiento Semilla.
Según el comunicado oficial emitido este miércoles, la FECI demanda la «copia certificada de la resolución o acuerdo en el que conste la inscripción de César Bernardo Arévalo de León como diputado listado nacional por el partido político Movimiento Semilla». La solicitud incluye un total de ocho requerimientos, entre ellos la provisión de informes sobre los funcionarios del partido, abarcando cargos como secretario general, director general, director de informática, director del padrón electoral, registrador de ciudadanos, auditor electoral, inspector electoral y subsecretario desde 2018 hasta la fecha actual.
Además, la FECI requiere la copia certificada de la toma de posesión de los actuales magistrados titulares y suplentes del TSE. Esta acción legal se lleva a cabo en el contexto de la reciente declaración del director de la FECI, Rafael Curruchiche, quien anunció el 12 de julio que el partido Semilla perdía su personalidad jurídica por disposición del juez Orellana. Curruchiche sostuvo también que los candidatos electos no podrían asumir los cargos para los cuales fueron elegidos.
La solicitud de estos documentos cruciales fue firmada por la Fiscal de la FECI, Leonor Morales Lazo, y la auxiliar fiscal Wendy Marisol Jordan Virula, ambas subordinadas a Rafael Curruchiche. El Ministerio Público busca esclarecer la situación legal del partido político y garantizar la transparencia en el proceso electoral.
Centroamérica
Congreso de Honduras suspende al fiscal general Johel Zelaya y abre juicio político
El Congreso de Honduras aprobó la noche del lunes la suspensión del fiscal general, Johel Zelaya, con el objetivo de someterlo a un juicio político por presuntos delitos de abuso de autoridad y persecución durante los comicios de noviembre pasado.
La decisión fue respaldada por 93 de los 128 diputados en una sesión legislativa marcada por tensiones, en la que incluso se registraron incidentes entre parlamentarios. Como parte del proceso, se designó una comisión especial que tendrá un plazo de 30 días para investigar el caso y emitir una recomendación sobre la destitución o continuidad del funcionario.
El proceso contra Zelaya se da en el contexto de las disputadas elecciones presidenciales, en las que resultó ganador Nasry Asfura, tras un conteo que se extendió por casi un mes y estuvo acompañado de denuncias de fraude.
Zelaya, quien asumió el cargo en 2023 con el respaldo del partido Libre, es señalado de haber realizado declaraciones sobre supuestas conspiraciones dentro de las autoridades electorales y de promover acciones penales contra magistrados vinculados a partidos de derecha, presuntamente con el objetivo de favorecer a dicha fuerza política.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, defendió la decisión al señalar que el juicio político responde a un mecanismo de control constitucional cuando un alto funcionario actúa fuera del marco legal.
De acuerdo con la denuncia presentada, el fiscal también enfrenta señalamientos por presunta negligencia, incompetencia y por afectar la independencia de organismos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, además de actuar de manera selectiva en la persecución penal.
Centroamérica
FGR recibe 180 denuncias en caso Credicash y asegura más de $38 millones
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó este lunes que, desde el inicio de la investigación contra la financiera Credicash, han recibido al menos 180 denuncias en contra de su presunto líder, Gerson Orellana Ayala.
Según explicó el funcionario, las autoridades se encuentran en proceso de determinar los montos entregados por cada persona afectada, así como los niveles de inversión realizados. “Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas. Estamos estableciendo cuánto dinero entregó cada persona”, detalló.
La Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de datos con el objetivo de identificar a las víctimas y agilizar la resolución de los casos. Además, invitó a los afectados a acudir a cualquiera de sus oficinas para presentar sus denuncias.
Delgado señaló que también se realizan procesos de verificación para confirmar la identidad de los denunciantes, descartar posibles vínculos con estructuras criminales y validar la autenticidad de las inversiones reportadas.
El número de denuncias contrasta con la alta afluencia de personas que, según registros en redes sociales, acudían a las instalaciones de la financiera en Chalatenango. Asimismo, las autoridades han incautado alrededor de 18,000 contratos de mutuo, en los que podrían figurar uno o más acreedores.
Como parte de las diligencias, la FGR ha asegurado $27,550,750 en efectivo y ha inmovilizado $11,023,972 en cuentas bancarias, sumando un total de $38,574,722. También se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados al caso.
De acuerdo con las investigaciones, Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo rendimientos del 10 % mensual, una tasa que supera ampliamente las ofrecidas por el sistema financiero formal.
Las autoridades indicaron que la empresa realizaba captación ilegal de fondos y estaría vinculada a delitos como defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos. El modelo utilizado carecía de respaldo económico real, ya que los pagos a inversionistas se realizaban con el dinero aportado por nuevos participantes, característica de un esquema tipo Ponzi.
El fiscal general advirtió que este tipo de mecanismos engañan a las personas al prometer ganancias rápidas y sin riesgo. “Al inicio, algunos reciben dinero, lo que genera confianza; sin embargo, esos pagos no provienen de una actividad económica legítima”, explicó.
Para ejecutar el fraude, se utilizó la figura del contrato de mutuo como herramienta de captación. Los clientes entregaban dinero y firmaban documentos ante notario en los que figuraban como acreedores, mientras los administradores del esquema aparecían como deudores.
Centroamérica
Marina rescata y traslada a 16 náufragos ecuatorianos en operación humanitaria
La Fuerza Armada informó que la Marina Nacional ejecutó una operación humanitaria para trasladar a 16 náufragos de nacionalidad ecuatoriana, quienes fueron rescatados en alta mar.
Según el reporte oficial, dos de los rescatados fueron evacuados de manera prioritaria hacia la Base Naval de La Unión debido a que presentaban lesiones. Uno de ellos sufrió heridas en ambos pies, mientras que el otro registró quemaduras en la espalda, por lo que fueron remitidos a un centro asistencial para recibir atención médica oportuna.
Las autoridades detallaron que el resto del grupo será trasladado en las próximas horas, momento en el cual se verificará su estado de salud y su situación migratoria en el país.
La institución destacó que este tipo de operativos forma parte de las acciones humanitarias que impulsa El Salvador para salvaguardar la vida de personas en situaciones de emergencia en el mar.
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