3 de diciembre | Redacción |

El pasado viernes, Estados Unidos anunció sanciones bajo la Ley Global Magnitsky contra el exdirector del Centro de Gobierno de Guatemala, Miguel Martínez, por su presunta participación en un «esquema generalizado» de corrupción durante su mandato. Según el Departamento del Tesoro, la medida se enmarca en los esfuerzos de la administración de Joe Biden para abordar la corrupción, considerada una causa fundamental de la migración irregular desde el Triángulo Norte de Centroamérica.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) destacó que la acción destaca el impacto corrosivo de la corrupción en la confianza del público en las instituciones gubernamentales. Martínez, quien dirigió el Centro de Gobierno desde enero de 2020 hasta principios de 2021, es acusado de aprovechar su posición para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco.

Según las investigaciones estadounidenses, Martínez habría participado en redes de corrupción vinculadas a contratos gubernamentales, incluida la facilitación de la compra de vacunas rusas Sputnik V contra el COVID-19 mediante el presunto recibimiento de grandes sobornos. Además, se le acusa de confabularse con otros funcionarios para la adjudicación ilegal de contratos.

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La OFAC advirtió que seguirá responsabilizando a personas cuyos planes corruptos socaven la democracia y amenacen la integridad de una transición ordenada del poder en Guatemala. La sanción impuesta inhabilita a Martínez para realizar operaciones financieras en Estados Unidos, incluido el manejo de tarjetas de crédito o de propiedades que pudiera tener en el país norteamericano.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, destacó que la medida se toma en respuesta a la corrupción endémica, que actores malignos en Guatemala están explotando para socavar la transición democrática hacia el presidente electo Bernardo Arévalo. La Lista Engel, que impone sanciones, incluye también a jefes fiscales y funcionarios del poder judicial de Guatemala, entre otros en activo.

2 de diciembre | Redacción |

El Ministerio Público (MP) de Honduras ha anunciado en un comunicado reciente que a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida se ha presentado un requerimiento fiscal con orden de captura contra un nuevo implicado en el asesinato de la destacada activista hondureña Berta Cáceres.

Cáceres, de 44 años, perdió la vida en las últimas horas del 2 de marzo de 2016, cuando pistoleros ingresaron a su residencia en la comunidad de La Esperanza, en la región oeste del país. El comunicado del MP no revela la identidad del nuevo acusado, pero destaca que esta acción no cierra la causa del asesinato, a pesar de que siete de ocho personas involucradas ya fueron sentenciadas en diciembre de 2019 por penas de 30 a 50 años de cárcel.

Entre los condenados en 2019 se encontraban individuos acusados también del intento de homicidio del mexicano Gustavo Castro, quien sobrevivió a pesar de haber sido herido de bala mientras acompañaba a Cáceres.

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En junio de 2020, Roberto David Castillo, presidente de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión. La sentencia señalaba que ejecutivos de DESA orquestaron el asesinato de Cáceres, motivados por su oposición a la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, ubicado en territorio indígena.

Berta Cáceres, líder y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), había recibido amenazas de muerte por parte de ejecutivos de DESA debido a su activismo contra el proyecto hidroeléctrico. Ante estas amenazas, contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aunque el MP no ha divulgado el nombre del nuevo acusado, los familiares de Berta Cáceres y el Copinh han expresado en declaraciones a la prensa que señalan a prominentes banqueros asociados a DESA como los responsables del crimen. Este nuevo desarrollo abre un capítulo adicional en la búsqueda de justicia para la líder indígena y defensora de derechos humanos.

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2 de diciembre | Redacción |

En una rueda de prensa realizada el pasado viernes, los analistas políticos Mauricio Rodríguez, Óscar Peñate y René Martínez destacaron el impacto positivo que el presidente de la república de El Salvador, Nayib Bukele, ha tenido en la lucha contra la corrupción en el país. Los expertos resaltaron que, según su análisis, este fenómeno no fue abordado de manera efectiva por administraciones anteriores, particularmente por los gobiernos de ARENA y el FMLN.

La evaluación de los analistas surgió luego de que el presidente Bukele solicitara formalmente una licencia de seis meses a la Asamblea Legislativa el jueves pasado. El motivo de la licencia es permitir al mandatario dedicarse por completo a la campaña electoral junto a su compañero de fórmula, Félix Ulloa, para competir por un segundo mandato en las elecciones de 2024. En su ausencia, Claudia Juana Rodríguez de Guevara fue ratificada por el congreso como la designada por el presidente para ocupar temporalmente el cargo.

Rodríguez recordó que desde el inicio de su mandato en junio de 2019, el presidente Bukele ha abordado de manera clara y contundente la necesidad de combatir tanto la corrupción como la inseguridad pública. Este enfoque se reforzó durante la pandemia de la COVID-19, cuando Bukele advirtió a sus funcionarios en una transmisión nacional que cualquier desvío de fondos públicos sería castigado con severidad: «Quien toque un centavo [del dinero de los salvadoreños] yo mismo lo voy a meter preso».

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Los analistas resaltaron que, durante su gestión, el presidente Bukele ha demostrado un genuino interés en combatir la corrupción, independientemente de su origen. Se mencionó el caso de la alcaldesa de Nuevas Ideas del municipio de Soyapango, Nercy Montano, quien fue detenida por malversación de fondos el 28 de diciembre del año pasado. Bukele, a través de sus redes sociales, señaló que la corrupción previamente no fue abordada en El Salvador, especialmente cuando involucraba a funcionarios del mismo partido gobernante.

Los expertos también destacaron otros eventos importantes, como la captura del diputado Érick García en agosto por falsedad ideológica, así como la detención de Juan Pablo Durán en septiembre, exfuncionario del Ejecutivo y expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), acusado de actos arbitrarios y cohecho impropio. Además, subrayaron que las reformas al Código Penal, impulsadas por Bukele y aprobadas a petición suya, eliminaron la prescripción de los delitos, facilitando así el combate contra la corrupción en todos los niveles, incluso dentro de su propio partido, Nuevas Ideas, y su gobierno.