Centroamérica
Presidente electo de Guatemala denuncia «asalto contra la democracia» ante intento de retirarle inmunidad
17 de noviembre | Redacción |
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó el jueves su preocupación por lo que calificó como un «asalto contra la democracia» en el país centroamericano, luego de que la Fiscalía anunciara su intención de solicitar a la Corte Suprema de Justicia que le retire la inmunidad.
Arévalo, quien se encontraba acompañado por sus seguidores afuera de la sede de los tribunales del país, afirmó que las acciones del Ministerio Público evidencian la persistencia de un ataque contra la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. «Lo que estamos viendo es que la capacidad de ellos para fabricar casos no tiene límite», destacó el presidente electo.
La Fiscalía guatemalteca anunció su intención de llevar a juicio a Arévalo por la ocupación de la Universidad de San Carlos en 2022. El fiscal Saúl Sánchez indicó que presentará los antejuicios contra Arévalo y Karim Herrera, con el objetivo de privarlos de la inmunidad que les otorga su condición de electos y llevarlos a juicio por presuntos daños contra el patrimonio de la universidad estatal.
El fiscal sostiene que el presidente electo podría haber cometido delitos como usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita. Por este caso, Marcela Blanco, excandidata a diputada del partido Semilla, fue detenida, y se emitió una orden de arresto contra otras 25 personas, incluyendo exfuncionarios, líderes políticos, estudiantes y docentes.
La decisión sobre la inmunidad de Bernardo Arévalo y Karim Herrera está ahora en manos de la Corte Suprema, cuyos nuevos magistrados fueron elegidos el 15 de noviembre por el Congreso, dominado por el oficialismo, en un proceso pendiente desde 2019.
Centroamérica
Gobierno guatemalteco acusa a policías penitenciarios por evasión masiva de Barrio 18
El gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, informó que el pasado 12 de octubre se escaparon 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 —considerada organización terrorista por Estados Unidos y Guatemala— de la cárcel Fraijanes II, ubicada cerca de la capital, en circunstancias aún no esclarecidas.
En respuesta a la fuga, las autoridades guatemaltecas detuvieron el sábado a 23 policías penitenciarios de la misma prisión, tras una requisa realizada por la policía y fiscales, según informó la vocera de la fiscalía, María José Mansilla.
Todos los agentes están acusados de “cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes”.
El incidente generó una crisis de seguridad en el país y llevó al presidente Arévalo a relevar a su cúpula de seguridad, en un intento por controlar la situación y reforzar el sistema penitenciario.
Centroamérica
Jornada violenta en Guatemala deja 20 muertos y recaptura de pandilleros
El pasado viernes 24 de octubre, Guatemala vivió una jornada marcada por la violencia, que dejó un total de 20 personas fallecidas en distintos puntos del país, según reportó el medio local Nuestro Diario.
Entre los incidentes más graves, las autoridades localizaron ocho cadáveres envueltos en bolsas plásticas bajo un puente en una carretera de un poblado al este de la capital. Tras este hallazgo, cuatro pandilleros fueron recapturados en relación con el crimen.
Ese mismo día, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de una pareja de sicarios acusada de haber atacado a tiros a una mujer en el mercado de Brisas, San Pedro Ayampuc. La víctima falleció debido a las lesiones sufridas.
Estos hechos reflejan la gravedad de la situación de inseguridad que atraviesa Guatemala.
Los crímenes coincidieron con el primer día en funciones del nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien asumió el cargo en medio de crecientes tensiones por la violencia que afecta al país.
Centroamérica
Guatemala aprueba ley que tipifica a pandillas MS-13 y Barrio 18 como terroristas
El Congreso de Guatemala aprobó la Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras, normativa que califica como terroristas a los miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18, permite la construcción de una cárcel de máxima seguridad y endurece las penas por delitos de extorsión, usura y reclutamiento de menores.
«Para nadie es un secreto que las pandillas en Guatemala han sembrado el terror en todos los hogares. Por ello, este Congreso ha dicho basta ya», afirmó el presidente del Legislativo, Nery Ramos, tras la aprobación de la ley con 145 votos a favor. Según el diputado, más del 90 % de las extorsiones y el 70 % de los delitos contra la vida en el país son cometidos por estas estructuras criminales.
La nueva legislación reconoce a la MS-13 y al Barrio 18 como grupos criminales organizados transnacionales y terroristas. Asimismo, establece penas de 14 a 18 años de prisión y multas para quienes recluten, organicen o intimiden a menores de 18 años para actividades delictivas, y aumenta hasta 18 años de cárcel la pena por extorsión, que anteriormente era de seis años.
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