Centroamérica
Más de 100,000 muertes violentas en Honduras entre el 2000 y septiembre de 2023, según informe del Conadeh
20 de noviembre | Redacción |
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh) ha hecho público un impactante informe que revela que más de 100,000 personas han perdido la vida de manera violenta en el país centroamericano desde el año 2000 hasta septiembre de 2023.
El informe detalla que en el año 2000 se registraron 3,176 muertes violentas, cifra que se ha mantenido elevada hasta el presente, con más de 2,300 casos en los primeros nueve meses de 2023. Este dato refleja aproximadamente nueve víctimas al día, indicando una persistencia alarmante de la violencia homicida en el país.
Entre los años 2000 y 2010, las muertes violentas ascendieron a 39,346, y en la década siguiente, de 2011 a 2020, la situación empeoró, llegando a un total de 52,393. Desde el año 2021 hasta la fecha actual, se han contabilizado cerca de 10,000 muertes violentas, agravadas por la ocurrencia constante de «masacres», lo que evidencia la dificultad de frenar la violencia homicida a pesar de las medidas implementadas, como el Estado de excepción.
La alta tasa de impunidad, que alcanza aproximadamente el 90 por ciento de los casos según cifras oficiales, agrava aún más la problemática. La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, ha recomendado al Gobierno adoptar una política integral que aborde de manera duradera y estructural esta crisis. Izaguirre enfatizó la necesidad de medidas excepcionales que respeten los Derechos Humanos, controlen la extorsión y las muertes múltiples, y contribuyan a la seguridad y el bienestar de la población hondureña.
Asimismo, la funcionaria instó a abordar las causas subyacentes del problema, incluyendo la pobreza, la corrupción y la impunidad, mientras abogaba por la creación de oportunidades de empleo para mejorar las condiciones de vida de la población. El Conadeh ha urgido a las autoridades a trabajar en conjunto para aplicar un enfoque basado en los Derechos Humanos y proteger a la población hondureña en general.
Centroamérica
Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.
Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.
Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.
Centroamérica
Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.
En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.
“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.
La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.
“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.
Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.
En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.
Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.
“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.
Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.
Centroamérica
Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.
Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.
“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.
Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.
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