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Centroamérica

Protesta ciudadana cumple 50 días exigiendo cambios en el sistema judicial de Guatemala

Protesta ciudadana cumple 50 días exigiendo cambios en el sistema judicial de Guatemala
Foto: Prensa Libre

20 de noviembre | Redacción |

Hoy marca el quincuagésimo día de una persistente protesta frente al edificio del Ministerio Público en Guatemala, donde ciudadanos y representantes de autoridades ancestrales se mantienen firmes en su demanda de la dimisión de funcionarios del sector justicia. Este movimiento, que inició el pasado 1 de octubre, tiene como objetivo que las autoridades electas asuman sus cargos en enero del próximo año.

Juan Carlos Toj, representante de la comunidad indígena aliadas de Chichicastenango, Quiché, expresó su descontento con el actuar de la Fiscalía durante la última semana, incluyendo la solicitud de seis antejuicios contra diputados, entre ellos el binomio presidencial electo, y la incautación de actas electorales al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Toj aseguró que la lucha por el respeto a la democracia continuará.

El representante indígena afirmó que seguirán en la lucha hasta el 14 de enero, fecha en la que se espera que las nuevas autoridades asuman sus funciones. Toj subrayó la importancia de respetar la decisión de cada guatemalteco, independientemente de su origen o afiliación, destacando la unidad bajo el lema «todos somos guatemaltecos».

Aunque Toj no adelantó detalles sobre futuras acciones, advirtió que se tomarán medidas adicionales en rechazo a las investigaciones del Ministerio Público (MP) contra el resultado electoral y los funcionarios electos. Publicamente, se ha solicitado la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana.

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El líder indígena insistió en la salida de los funcionarios judiciales y pidió que «dejen en paz al nuevo presidente», Bernardo Arévalo, para que tome posesión antes de levantar la protesta pacífica frente al edificio del MP. Toj destacó la organización a nivel nacional y advirtió sobre la posibilidad de una manifestación general si sus peticiones no son escuchadas.

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Centroamérica

Estados Unidos concentrará 53 de los 92 centros de votación en el exterior para 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que habilitará 92 centros de votación en el exterior para las elecciones generales de 2027, distribuidos en 29 países, donde los salvadoreños residentes fuera del país podrán ejercer el sufragio mediante la modalidad de voto electrónico presencial.

La cifra representa un incremento de 11 centros de votación respecto a los 81 habilitados para las elecciones de 2024, equivalente a un crecimiento del 14 %.

La presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que la decisión responde a un proceso de evaluación de la experiencia registrada en los comicios anteriores y a las recomendaciones planteadas por los salvadoreños residentes en el extranjero.

“Esta decisión responde a un proceso de evaluación y mejora continua. Hemos escuchado las opiniones, sugerencias y experiencias que nos han compartido nuestros compatriotas residentes en el extranjero”, señaló Soriano.

De acuerdo con la funcionaria, el objetivo es identificar las principales dificultades registradas durante el proceso electoral anterior y convertir los aprendizajes en medidas concretas para las elecciones de 2027.

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El TSE detalló que, hasta el 14 de julio de 2026, el registro electoral en el exterior contabilizaba 972,517 salvadoreños. Esta cifra se suma a los aproximadamente 5.5 millones de ciudadanos inscritos en el territorio nacional, para conformar un padrón electoral de alrededor de 6.5 millones de personas.

Estados Unidos concentrará la mayor cantidad de centros de votación en el exterior, con 53 de los 92 habilitados, equivalentes al 58.5 % del total.
El organismo electoral explicó que la distribución responde a las características y necesidades identificadas en cada país, con el propósito de reforzar la capacidad operativa en los territorios donde existe una mayor concentración y demanda de la población salvadoreña.

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Centroamérica

Reconocen a brigada salvadoreña que apoyó labores de rescate tras terremotos en Venezuela

La Asamblea Legislativa realizó una ceremonia de reconocimiento a los salvadoreños que integraron la misión internacional humanitaria enviada a Venezuela para brindar asistencia tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio.

El acto se desarrolló en el Salón Azul, donde el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, expresó su agradecimiento a los integrantes de la misión por el trabajo realizado durante las labores de atención y rescate.

“Este día rendimos honor y gratitud a los hombres y mujeres que arriesgaron su integridad física para salvar la vida de nuestros hermanos venezolanos”, afirmó Castro, quien destacó la respuesta de los equipos salvadoreños ante la emergencia.

La misión fue desplegada luego de que Venezuela registrara dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos con menos de un minuto de diferencia, según lo señalado durante el acto.

Castro destacó que, tras la emergencia, el Gobierno salvadoreño envió una misión humanitaria integrada por miembros del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de El Salvador (USAR) y de la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador (UHR-FAES).

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La brigada que se desplazó a territorio venezolano estuvo conformada inicialmente por unas 300 personas, entre socorristas, médicos, enfermeras, policías, militares, psicólogos y miembros de la unidad canina. Posteriormente, se incorporaron más integrantes para mantener la capacidad operativa del equipo.

Durante el reconocimiento, Castro destacó el papel de los salvadoreños desplegados en Venezuela y aseguró que su participación representó un mensaje de solidaridad para las familias afectadas por los terremotos.
“Ustedes representaron un rayo de esperanza y de fe para muchas familias”, expresó el presidente del Legislativo, al reconocer el trabajo de los miembros de la misión humanitaria.

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Centroamérica

EE. UU. planea ampliar a tierra sus operaciones contra el narcotráfico en Latinoamérica

Estados Unidos planea ampliar sus operaciones contra el narcotráfico a objetivos terrestres en Latinoamérica, como parte de una estrategia que hasta ahora se ha centrado en acciones contra presuntas embarcaciones utilizadas para transportar drogas en aguas internacionales, afirmó el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

El funcionario señaló en Panamá que Washington busca desarrollar, junto con países aliados, una capacidad operativa similar a la utilizada en las operaciones contra lanchas sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico oriental.

El Gobierno del presidente Donald Trump inició en septiembre pasado una campaña de ataques contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, operaciones que, según las autoridades estadounidenses, han dejado al menos 215 muertos.

Hegseth explicó que los nuevos planes forman parte de los esfuerzos de una alianza integrada por 19 países, aunque las operaciones podrían extenderse a cualquier territorio donde operen organizaciones dedicadas al narcotráfico.

A corto plazo, Estados Unidos espera desplegar junto con sus aliados capacidades para combatir a estas organizaciones en tierra. El secretario de Defensa mencionó específicamente la cooperación con Ecuador y Colombia para ampliar las acciones contra organizaciones de narcotráfico designadas por Washington como grupos terroristas.

“Será el mismo efecto en tierra”, afirmó Hegseth durante una conversación con periodistas en un punto no identificado de la selva panameña.

El funcionario se encontraba en Panamá como parte de una visita relacionada con ejercicios militares que se realizan anualmente en el país y en los que participan alrededor de una veintena de naciones.

La eventual ampliación de las operaciones al territorio terrestre marcaría una nueva fase en la estrategia antidrogas de la administración Trump, al trasladar parte de las acciones que hasta ahora se han desarrollado en aguas internacionales hacia zonas donde operan organizaciones vinculadas al narcotráfico.

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