Centroamérica
Protesta ciudadana cumple 50 días exigiendo cambios en el sistema judicial de Guatemala
20 de noviembre | Redacción |
Hoy marca el quincuagésimo día de una persistente protesta frente al edificio del Ministerio Público en Guatemala, donde ciudadanos y representantes de autoridades ancestrales se mantienen firmes en su demanda de la dimisión de funcionarios del sector justicia. Este movimiento, que inició el pasado 1 de octubre, tiene como objetivo que las autoridades electas asuman sus cargos en enero del próximo año.
Juan Carlos Toj, representante de la comunidad indígena aliadas de Chichicastenango, Quiché, expresó su descontento con el actuar de la Fiscalía durante la última semana, incluyendo la solicitud de seis antejuicios contra diputados, entre ellos el binomio presidencial electo, y la incautación de actas electorales al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Toj aseguró que la lucha por el respeto a la democracia continuará.
El representante indígena afirmó que seguirán en la lucha hasta el 14 de enero, fecha en la que se espera que las nuevas autoridades asuman sus funciones. Toj subrayó la importancia de respetar la decisión de cada guatemalteco, independientemente de su origen o afiliación, destacando la unidad bajo el lema «todos somos guatemaltecos».
Aunque Toj no adelantó detalles sobre futuras acciones, advirtió que se tomarán medidas adicionales en rechazo a las investigaciones del Ministerio Público (MP) contra el resultado electoral y los funcionarios electos. Publicamente, se ha solicitado la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana.
El líder indígena insistió en la salida de los funcionarios judiciales y pidió que «dejen en paz al nuevo presidente», Bernardo Arévalo, para que tome posesión antes de levantar la protesta pacífica frente al edificio del MP. Toj destacó la organización a nivel nacional y advirtió sobre la posibilidad de una manifestación general si sus peticiones no son escuchadas.
Centroamérica
El Salvador busca ampliar sus exportaciones a Belice con nuevo acuerdo comercial
El Salvador y Belice firmaron un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) que incorpora más de 400 líneas arancelariascon acceso preferencial para productos salvadoreños al mercado beliceño, con el objetivo de fortalecer el comercio bilateral, las exportaciones y las oportunidades de inversión.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, señaló que el acuerdo forma parte de los esfuerzos para ampliar y diversificar los mercados disponibles para las empresas salvadoreñas.
El instrumento contempla beneficios arancelarios para sectores como agroindustria, alimentos y bebidas, farmacéutica, plástico, textil y confección y metalmecánica, generando nuevas condiciones de acceso para empresas de ambos países.
Además de las preferencias arancelarias, el acuerdo establece disposiciones sobre acceso a mercados, reglas de origen, cooperación aduanera y facilitación del comercio, así como mecanismos para promover la inversión y la cooperación entre ambos países.
La ministra Hayem destacó que la apertura de nuevos mercados representa una oportunidad para que más empresas salvadoreñas incrementen sus exportaciones y amplíen su presencia internacional.
«Cada nuevo mercado que abrimos representa una nueva oportunidad para una empresa salvadoreña», afirmó la funcionaria.
El comercio entre ambos países ya mantiene una tendencia sostenida. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR), las exportaciones salvadoreñas hacia Belice promediaron $18.3 millones anuales entre 2021 y 2025.
Entre los principales productos enviados desde El Salvador hacia ese mercado se encuentran barras de hierro y acero, medicamentos y placas de celulosa-cemento.
Durante la firma del acuerdo también participaron representantes de Laboratorios VIJOSA, empresa salvadoreña que ejemplifica el potencial de expansión que las nuevas condiciones comerciales pueden representar para compañías nacionales interesadas en fortalecer su presencia en Belice.
El nuevo marco comercial busca brindar mayor certeza jurídica a las operaciones y favorecer una mayor integración económica entre El Salvador y Belice.
Centroamérica
Accidentes viales superan ampliamente a los homicidios como causa de muertes en El Salvador
Los accidentes de tránsito se han convertido en uno de los principales riesgos para la población salvadoreña, en un contexto en el que los homicidios mantienen una tendencia a la baja.
Entre el 1.º de enero y el 10 de agosto de 2026, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) registró 879 personas fallecidas en siniestros viales, mientras que la Policía Nacional Civil contabilizó 37 homicidios durante el mismo período.
Las cifras reflejan un cambio en los principales factores de riesgo que enfrenta la población. Las autoridades atribuyen la reducción de los homicidios a las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
De acuerdo con Onasevi, la principal causa de fallecimientos en accidentes de tránsito durante 2026 ha sido la distracción del conductor, con 286 víctimas.
Le siguen la invasión del carril, con 130 fallecidos; no respetar la señal de prioridad, con 30; y no guardar la distancia de seguridad, con 23 víctimas mortales.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, señaló que la distracción representa actualmente el principal problema para la seguridad vial.
“El enemigo público número uno de la seguridad vial es la distracción”, afirmó Reyes, quien advirtió sobre los riesgos de utilizar el teléfono celular mientras se conduce.
El funcionario señaló que acciones como responder mensajes, revisar el teléfono o tomar fotografías durante la conducción pueden provocar accidentes con consecuencias mortales.
Centroamérica
El Salvador reporta cero masacres mientras Honduras suma 98 muertos en ataques múltiples
El Salvador ha dejado de registrar masacres y homicidios múltiples, en contraste con países de la región como Honduras y Guatemala, donde continúan ocurriendo ataques atribuidos a estructuras criminales.
Las autoridades salvadoreñas atribuyen este cambio a las estrategias de seguridad implementadas durante la administración del presidente Nayib Bukele, entre ellas el régimen de excepción, que según el Gobierno permitió desarticular las principales estructuras de pandillas que durante décadas estuvieron vinculadas con hechos de violencia.
Antes de la actual política de seguridad, El Salvador registraba frecuentes homicidios múltiples. Entre enero y octubre de 2015, la Policía Nacional Civil contabilizó 83 masacres, mientras que en años anteriores y posteriores se reportaron numerosos hechos con cuatro o más víctimas.
Entre los casos más graves figura el ocurrido el 20 de junio de 2010, cuando pandilleros incendiaron un microbús de la ruta 47 en Mejicanos, San Salvador, provocando la muerte de 17 personas.
En marzo de 2016, 11 trabajadores fueron asesinados a machetazos y con armas de fuego mientras participaban en un proyecto de electricidad en San Juan Opico, La Libertad. También en enero de 2015, cinco trabajadores fueron asesinados por miembros de la pandilla 18 mientras realizaban labores de construcción en Santa Cruz Michapa, Cuscatlán.
Según las autoridades, este tipo de hechos dejó de registrarse tras la implementación de las actuales estrategias de seguridad. El Gobierno sostiene que la tasa de homicidios pasó de 38 por cada 100,000 habitantes a 1.3 en 2025.
En lo que va de 2026, las autoridades reportan 37 homicidios y aseguran que los responsables de estos casos han sido capturados.
La situación es diferente en Honduras. Datos oficiales citados por las autoridades hondureñas señalan que durante 2026 se han registrado al menos 22 masacres, con un saldo de 98 personas asesinadas.
Entre los casos más recientes se encuentra el ocurrido el 4 de agosto en Olanchito, departamento de Yoro, donde cinco personas fueron asesinadas a tiros dentro de una vivienda. De acuerdo con la Policía, hombres armados habrían ingresado por la fuerza al inmueble y atacado a los ocupantes.
Un día antes, tres hombres fueron asesinados por sujetos armados en Jutiapa, departamento de Atlántida.
Otro de los hechos de mayor magnitud ocurrió en mayo, cuando 20 trabajadores de una finca de palma africana fueron asesinados en Trujillo, departamento de Colón. Entre las víctimas había 14 hombres, tres mujeres y tres menores de edad.
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