Centroamérica
Protesta ciudadana cumple 50 días exigiendo cambios en el sistema judicial de Guatemala
20 de noviembre | Redacción |
Hoy marca el quincuagésimo día de una persistente protesta frente al edificio del Ministerio Público en Guatemala, donde ciudadanos y representantes de autoridades ancestrales se mantienen firmes en su demanda de la dimisión de funcionarios del sector justicia. Este movimiento, que inició el pasado 1 de octubre, tiene como objetivo que las autoridades electas asuman sus cargos en enero del próximo año.
Juan Carlos Toj, representante de la comunidad indígena aliadas de Chichicastenango, Quiché, expresó su descontento con el actuar de la Fiscalía durante la última semana, incluyendo la solicitud de seis antejuicios contra diputados, entre ellos el binomio presidencial electo, y la incautación de actas electorales al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Toj aseguró que la lucha por el respeto a la democracia continuará.
El representante indígena afirmó que seguirán en la lucha hasta el 14 de enero, fecha en la que se espera que las nuevas autoridades asuman sus funciones. Toj subrayó la importancia de respetar la decisión de cada guatemalteco, independientemente de su origen o afiliación, destacando la unidad bajo el lema «todos somos guatemaltecos».
Aunque Toj no adelantó detalles sobre futuras acciones, advirtió que se tomarán medidas adicionales en rechazo a las investigaciones del Ministerio Público (MP) contra el resultado electoral y los funcionarios electos. Publicamente, se ha solicitado la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana.
El líder indígena insistió en la salida de los funcionarios judiciales y pidió que «dejen en paz al nuevo presidente», Bernardo Arévalo, para que tome posesión antes de levantar la protesta pacífica frente al edificio del MP. Toj destacó la organización a nivel nacional y advirtió sobre la posibilidad de una manifestación general si sus peticiones no son escuchadas.
Centroamérica
Plan Control Territorial y régimen de excepción llevan al país a mínimos históricos de homicidios
Las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han permitido a las autoridades asestar duros golpes a las estructuras criminales, al tiempo que han contribuido a una reducción sostenida de los índices de violencia en el país.
De acuerdo con cifras oficiales, estas medidas han derivado en la captura de 90,639 pandilleros y colaboradores, así como en la incautación de 5,162 armas de fuego, 11,822 vehículos y 23,917 teléfonos celulares utilizados por las estructuras delictivas. Paralelamente, los homicidios han registrado una disminución drástica en los últimos años.
En ese contexto, el experto en seguridad pública y criminólogo Ricardo Sosa proyectó que El Salvador cerrará 2025 con menos de 100 homicidios intencionales, un hecho sin precedentes en los 204 años de vida republicana del país.
“El Salvador finalizará el año 2025 con menos de 100 homicidios intencionales por primera vez en su historia. Esto significa que, por primera ocasión, el país no registrará una cifra de tres dígitos en violencia homicida. Se trata de vidas salvadas y de evitar el luto y el dolor en las familias salvadoreñas, un resultado que muchos se resisten a reconocer como fruto del régimen de excepción y del Plan Control Territorial”, afirmó Sosa.
El especialista agregó que este enfoque orientado a la prevención y el control de la violencia también ha tenido impactos en otros ámbitos sociales. Según señaló, el país suma cuatro años sin reportes de asesinatos de estudiantes y ha logrado una reducción significativa en los niveles de deserción escolar, como consecuencia de la mejora en las condiciones de seguridad.
Centroamérica
Analistas confían en la participación electoral salvadoreña para los comicios de 2027
En un escenario marcado por cambios políticos y sociales, la conciencia electoral de la ciudadanía salvadoreña adquiere un papel determinante de cara a las elecciones generales previstas para 2027, coinciden analistas y expertos en materia electoral.
Juan Contreras, abogado y máster en Ciencias Políticas, subrayó que fomentar la conciencia ciudadana sobre la importancia de acudir a las urnas y ejercer el voto fortalece no solo el proceso electoral, sino también la democracia del país. A su juicio, una participación activa envía además un mensaje positivo a la comunidad internacional sobre la solidez de la cultura democrática en El Salvador.
Contreras señaló que existe confianza de la población en el próximo proceso electoral, que estará a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad responsable de organizar la elección de presidente de la república, diputados y concejos municipales. Indicó que el país ha demostrado que las elecciones continúan siendo el mecanismo idóneo para la toma de decisiones políticas.
Asimismo, recordó que las misiones de observación electoral han destacado la transparencia de los procesos electorales salvadoreños en los últimos años. “Después de la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador ingresó indudablemente a un estado democrático”, afirmó el especialista.
En cuanto a la participación ciudadana, Contreras indicó que los índices de votación históricamente se han mantenido por encima del 50 % y consideró que esta tendencia podría continuar en los próximos comicios. No obstante, señaló que será clave conocer las campañas que impulse el TSE para incentivar una mayor participación.
Sobre la decisión de votar o abstenerse, el experto explicó que esta responde a factores personales, culturales o religiosos. “Generalmente, quien tiene una cultura del voto lo hace de manera constante; es decir, si una persona ha votado anteriormente, suele mantener ese comportamiento”, explicó.
Finalmente, destacó que las plataformas digitales se han consolidado como una herramienta fundamental para informar a la población sobre los procesos electorales y como una nueva forma de hacer política en los últimos años.
Centroamérica
Gobierno refuerza señalización en zonas escolares para reducir accidentes de tránsito
La señalización vial en zonas escolares es un elemento clave para proteger la vida de estudiantes, docentes y padres de familia durante los horarios de ingreso y salida de los centros educativos, al reducir riesgos y ordenar la circulación vehicular.
En ese marco, el Gobierno, a través del Fondo de Conservación Vial (Fovial), ejecuta anualmente un proyecto de señalización vial enfocado en disminuir la siniestralidad, regular el tránsito y reducir la velocidad de los vehículos en áreas de alta afluencia escolar.
Entre mayo de 2024 y diciembre de 2025, el proyecto intervino 37 centros educativos ubicados en las zonas occidental, central y oriental del país, beneficiando directamente a 15,497 estudiantes. Las instituciones atendidas fueron catalogadas como de alto riesgo vial por el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) y el Ministerio de Educación (Mined), en el marco de sus atribuciones dentro del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Conasevi).
Las obras incluyeron la instalación de señalización vertical, como postes con señal de escuela, paneles reflectivos y señales informativas, así como señalización horizontal, entre ellas bandas alertadoras y logarítmicas, líneas continuas y discontinuas en colores blanco y amarillo, pintura de pasos peatonales, flechas sencillas y dobles, señalización escolar sobre el pavimento y vialetas reflectivas de una y dos caras.
Además, el proyecto contempló la colocación de boyas metálicas conocidas como “sapitos”, pintura de separadores centrales, delineadores verticales flexibles, separadores de carriles de polietileno y señalización de túmulos, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en los entornos escolares.
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