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Centroamérica

Protesta ciudadana cumple 50 días exigiendo cambios en el sistema judicial de Guatemala

Protesta ciudadana cumple 50 días exigiendo cambios en el sistema judicial de Guatemala
Foto: Prensa Libre

20 de noviembre | Redacción |

Hoy marca el quincuagésimo día de una persistente protesta frente al edificio del Ministerio Público en Guatemala, donde ciudadanos y representantes de autoridades ancestrales se mantienen firmes en su demanda de la dimisión de funcionarios del sector justicia. Este movimiento, que inició el pasado 1 de octubre, tiene como objetivo que las autoridades electas asuman sus cargos en enero del próximo año.

Juan Carlos Toj, representante de la comunidad indígena aliadas de Chichicastenango, Quiché, expresó su descontento con el actuar de la Fiscalía durante la última semana, incluyendo la solicitud de seis antejuicios contra diputados, entre ellos el binomio presidencial electo, y la incautación de actas electorales al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Toj aseguró que la lucha por el respeto a la democracia continuará.

El representante indígena afirmó que seguirán en la lucha hasta el 14 de enero, fecha en la que se espera que las nuevas autoridades asuman sus funciones. Toj subrayó la importancia de respetar la decisión de cada guatemalteco, independientemente de su origen o afiliación, destacando la unidad bajo el lema «todos somos guatemaltecos».

Aunque Toj no adelantó detalles sobre futuras acciones, advirtió que se tomarán medidas adicionales en rechazo a las investigaciones del Ministerio Público (MP) contra el resultado electoral y los funcionarios electos. Publicamente, se ha solicitado la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana.

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El líder indígena insistió en la salida de los funcionarios judiciales y pidió que «dejen en paz al nuevo presidente», Bernardo Arévalo, para que tome posesión antes de levantar la protesta pacífica frente al edificio del MP. Toj destacó la organización a nivel nacional y advirtió sobre la posibilidad de una manifestación general si sus peticiones no son escuchadas.

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Centroamérica

Gobierno defiende reforma de cadena perpetua como medida contra la reincidencia

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que establece la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, una medida respaldada por el Gabinete de Seguridad como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el combate a la criminalidad.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señaló que la iniciativa responde a la necesidad de garantizar justicia y evitar la reincidencia delictiva. “No se va a permitir la presencia de homicidas, violadores ni terroristas en las comunidades”, afirmó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, respaldó la reforma al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger a la población, una condición que —según indicó— no se garantizaba en el pasado. “Estas medidas buscan evitar que los delincuentes regresen a las calles”, sostuvo.

Ambos funcionarios coincidieron en que la aprobación de la cadena perpetua forma parte de una política integral orientada a consolidar la reducción de delitos y fortalecer el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno reporta una disminución histórica en los índices de criminalidad.

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Centroamérica

Presidenta electa de Costa Rica propone replicar modelo de seguridad de Bukele

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró que al asumir el cargo impulsará medidas inspiradas en el denominado “modelo Bukele”, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en su país.

En una entrevista con DW Español, Fernández manifestó su admiración por las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, especialmente en el ámbito penitenciario y de control del crimen.

“Sí, señor, lo voy a replicar”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de adoptar estrategias similares a las desarrolladas en El Salvador, que —según afirmó— han contribuido a mejorar los niveles de seguridad.

La futura mandataria destacó como uno de los principales elementos del modelo salvadoreño la desconexión de los reclusos con las estructuras criminales externas, a través de sistemas penitenciarios de alta seguridad.

“Admiro que logró, con su cárcel de máxima seguridad, desconectar y desarticular las bandas de crimen organizado”, sostuvo.

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Fernández explicó que, en Costa Rica, los privados de libertad por delitos como narcotráfico continúan, en algunos casos, operando desde los centros penitenciarios debido a limitaciones en los controles carcelarios.

En ese sentido, indicó que su intención es replicar mecanismos que permitan cortar el vínculo entre los detenidos y las redes criminales, evitando que continúen delinquiendo desde prisión.

Asimismo, la presidenta electa cuestionó el papel de algunas organizaciones internacionales, al considerar que priorizan la defensa de los derechos de los detenidos por encima de las víctimas.

“Me llama la atención que muchas organizaciones se preocupen tanto por los derechos humanos de los criminales y no de las víctimas”, expresó, al tiempo que reiteró su interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a la realidad costarricense.

Fernández asumirá la Presidencia en mayo próximo, en medio de un contexto regional marcado por el debate sobre las estrategias más efectivas para enfrentar la criminalidad.

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Centroamérica

Petro cuestiona política de seguridad en El Salvador y advierte posibles consecuencias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en una entrevista que los pandilleros recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) podrían salir en el futuro y buscar represalias.

Durante sus declaraciones, el mandatario colombiano cuestionó la estrategia de seguridad implementada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señalando posibles violaciones a los derechos humanos.

“Se le va a reventar eso. Porque todos esos jóvenes, algunos culpables y otros no tanto, hay violaciones a los derechos humanos, van a salir de la cárcel. No existe cadena perpetua ni pena de muerte”, expresó Petro.

Las declaraciones del jefe de Estado colombiano se suman al debate internacional sobre las políticas de seguridad aplicadas en El Salvador, particularmente en torno al encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas y sus implicaciones en materia de derechos humanos.

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