Centroamérica
Protesta ciudadana cumple 50 días exigiendo cambios en el sistema judicial de Guatemala
20 de noviembre | Redacción |
Hoy marca el quincuagésimo día de una persistente protesta frente al edificio del Ministerio Público en Guatemala, donde ciudadanos y representantes de autoridades ancestrales se mantienen firmes en su demanda de la dimisión de funcionarios del sector justicia. Este movimiento, que inició el pasado 1 de octubre, tiene como objetivo que las autoridades electas asuman sus cargos en enero del próximo año.
Juan Carlos Toj, representante de la comunidad indígena aliadas de Chichicastenango, Quiché, expresó su descontento con el actuar de la Fiscalía durante la última semana, incluyendo la solicitud de seis antejuicios contra diputados, entre ellos el binomio presidencial electo, y la incautación de actas electorales al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Toj aseguró que la lucha por el respeto a la democracia continuará.
El representante indígena afirmó que seguirán en la lucha hasta el 14 de enero, fecha en la que se espera que las nuevas autoridades asuman sus funciones. Toj subrayó la importancia de respetar la decisión de cada guatemalteco, independientemente de su origen o afiliación, destacando la unidad bajo el lema «todos somos guatemaltecos».
Aunque Toj no adelantó detalles sobre futuras acciones, advirtió que se tomarán medidas adicionales en rechazo a las investigaciones del Ministerio Público (MP) contra el resultado electoral y los funcionarios electos. Publicamente, se ha solicitado la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y el juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana.
El líder indígena insistió en la salida de los funcionarios judiciales y pidió que «dejen en paz al nuevo presidente», Bernardo Arévalo, para que tome posesión antes de levantar la protesta pacífica frente al edificio del MP. Toj destacó la organización a nivel nacional y advirtió sobre la posibilidad de una manifestación general si sus peticiones no son escuchadas.
Centroamérica
Daniel Ortega cierra la puerta a nuevos comicios en Nicaragua tras décadas de concentración política
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que en el país no volverán a celebrarse elecciones, una decisión que profundiza el control político que su gobierno ha consolidado desde su regreso al poder en 2007 y que ha sido cuestionado por organismos internacionales y sectores de la oposición.
Durante el acto conmemorativo por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, el mandatario afirmó que Nicaragua no volverá a realizar procesos electorales que, según sus palabras, permitan a la oposición “atrapar el Gobierno” o “atrapar el poder”.
“En Nicaragua no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, declaró Ortega durante su discurso.
El gobernante nicaragüense, de 80 años, dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo, quien asumió el cargo de copresidenta en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que modificó la estructura del poder ejecutivo.
El retorno de Ortega a la Presidencia fue posible luego de una reforma electoral derivada de un acuerdo político alcanzado en 1999 con el expresidente Arnoldo Alemán. Ese cambio redujo del 45 % al 35 % el porcentaje mínimo de votos requerido para ganar en primera vuelta, permitiendo que Ortega triunfara en las elecciones de 2006 con el 37,99 % de los sufragios.
Otro punto clave en su permanencia en el poder ocurrió en 2009, cuando magistrados de la Sala Constitucional declararon “inaplicable” el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial consecutiva. Esta decisión abrió el camino para que Ortega buscara nuevamente la Presidencia en 2011, un proceso que posteriormente fue señalado por denuncias de irregularidades.
Más recientemente, en enero de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluyó que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la continuidad de Ortega en el poder.
El anuncio de suspender futuras elecciones representa un nuevo giro en la política nicaragüense y aumenta las críticas de sectores opositores y organizaciones internacionales que señalan un deterioro de las instituciones democráticas del país.
Centroamérica
PNC de Guatemala detiene a salvadoreño acusado de robo tras salir de prisión
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó la captura de un ciudadano salvadoreño identificado como Douglas Estrada, de 30 años, alias “Zapatón”, señalado por el delito de robo de equipo terminal móvil (celular).
La detención se realizó en el asentamiento La Línea, zona 4 de Escuintla, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un caso de robo, según detallaron las autoridades guatemaltecas.
La PNC indicó que Estrada había recuperado su libertad en febrero pasado, luego de cumplir una condena en la Granja Penal Canadá de Escuintla, también por un delito relacionado con robo de equipo terminal móvil.
Además, las autoridades señalaron que el detenido cuenta con antecedentes por ebriedad, escándalo y faltas contra las buenas costumbres.
Tras su captura, el acusado será puesto a disposición de un juzgado de Escuintla, donde deberá enfrentar el proceso penal correspondiente por el nuevo caso de robo. Mientras avanza la investigación de la Fiscalía guatemalteca, permanecerá bajo custodia.
Centroamérica
Tres sudamericanos reciben 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas en El Salvador
Tres ciudadanos sudamericanos fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas, luego de una vista pública realizada por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Los sentenciados fueron identificados como Rubén Darío Acevedo Cedeño e Hipólito Perlaza Moreno, ambos de nacionalidad ecuatoriana, y el colombiano Nolberto Valencia Arroyo.
De acuerdo con las autoridades, los tres hombres fueron capturados cuando se movilizaban a bordo de una Embarcación de Bajo Perfil (LPV), también conocida como semisumergible, utilizada para el traslado de drogas por organizaciones criminales.
La embarcación fue interceptada por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT) de la Marina Nacional, a unas 600 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, departamento de La Paz.
Las autoridades explicaron que los LPV son naves modificadas empleadas por estructuras dedicadas al narcotráfico para evadir los sistemas de detección marítima, debido a que navegan a poca altura sobre el nivel del agua y mantienen expuesta únicamente una pequeña parte de su estructura.
La condena forma parte de las acciones contra el tráfico internacional de drogas y el uso de rutas marítimas para el traslado de sustancias ilícitas en la región.
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