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Crisis diplomática y humanitaria: Salvadoreños varados en Panamá por protestas contra contrato minero

Crisis diplomática y humanitaria: Salvadoreños varados en Panamá por protestas contra contrato minero
Foto: AFP

27 de noviembre | Redacción |

Debido al cierre de carreteras en Panamá en medio de intensas protestas contra la aprobación de un nuevo contrato minero entre el estado y una empresa canadiense, varios transportistas salvadoreños se encuentran varados en el país centroamericano. Las manifestaciones, que han paralizado los accesos a la capital, Ciudad de Panamá, surgen como respuesta al rechazo del acuerdo, el cual ha sido objeto de críticas por sus posibles impactos ambientales.

Ante esta crisis, el Gobierno de El Salvador, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, ha emitido un comunicado solicitando la apertura de un corredor humanitario para permitir la salida de los transportistas salvadoreños afectados por los bloqueos de carreteras en Panamá. La Cancillería salvadoreña hace un llamado a las autoridades panameñas y a la sociedad civil del país para facilitar esta salida.

El comunicado, emitido el 26 de noviembre, detalla que la Embajada de El Salvador en Panamá ha estado proporcionando apoyo humanitario, incluyendo alimentación y atención médica, a los ciudadanos salvadoreños varados en territorio panameño durante más de 30 días. A pesar de estos esfuerzos, aún no se ha logrado encontrar una solución para los conductores afectados.

La solicitud de El Salvador se enmarca en las históricas relaciones diplomáticas y de cooperación con Panamá. Sin embargo, la situación se complica debido a las semanas de protestas en Panamá contra el contrato minero, que otorga a una compañía canadiense la autorización para operar en la zona caribeña del país por un período de 40 años.

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Este contrato, aprobado el 20 de octubre por el Congreso panameño, ha generado controversias al sustituir un acuerdo de 1997, declarado inconstitucional por carecer de licitación y consulta popular. Los manifestantes argumentan que el nuevo acuerdo presenta los mismos problemas y acusan a la mina de causar daños al medio ambiente local. Como parte de las protestas, se han bloqueado los accesos a la capital y se han realizado intentos de bloquear el puerto utilizado por la empresa minera.

La crisis actual pone de manifiesto la complejidad de las relaciones diplomáticas en la región, así como los desafíos humanitarios derivados de las tensiones sociales y medioambientales generadas por proyectos mineros a gran escala.

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Centroamérica

Presupuesto 2025 incluye fondos para proyectos en El Mozote como parte de la reparación a víctimas.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele continuará su apoyo a las familias víctimas de la masacre de El Mozote, destinando casi $3 millones en el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2025 para obras y proyectos en la zona.

Los recursos serán administrados por seis instituciones públicas: el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Local, Ministerio de Agricultura y Ganadería, e Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu). Según el desglose, Relaciones Exteriores ejecutará $750,000; Salud, $442,650; Cultura, $10,000; Desarrollo Local, $2,362,775; Agricultura, $50,000, y el Isdemu, $50,000. Estos fondos se suman a las inversiones previas realizadas en la zona desde 2019.

Las acciones interinstitucionales que se llevarán a cabo están alineadas con las medidas de reparación moral, simbólica y material para las víctimas de la masacre de El Mozote, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia que involucra a El Mozote y sus alrededores en Morazán.

En 2012, el Estado salvadoreño fue condenado por la CIDH por su responsabilidad en la masacre perpetrada por la Fuerza Armada en El Mozote y áreas cercanas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981. La corte determinó que el Estado violó derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad personal y la propiedad privada.

Cuatro años después, en 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, la cual había impedido la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra civil.

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Centroamérica

Empresarios destacan impacto positivo de la mejora en la calificación de riesgo de El Salvador

La firma estadounidense Moody’s Ratings elevó la calificación de riesgo de El Salvador de Caa1 a B3, lo que ha generado reacciones positivas entre empresarios y gremiales del país.

El informe de Moody’s destaca los avances en seguridad, la efectividad en el manejo de pasivos, como las recompras de bonos, y la designación de perfiles técnicos en puestos clave de la economía, factores que han contribuido a esta mejora.

Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), señaló que esta actualización refuerza los esfuerzos de las gremiales para atraer inversiones, enviando un mensaje de confianza hacia el exterior.

«Es una excelente noticia porque mejora las perspectivas para atraer inversión. Esto significa más confianza en el país, lo que puede traducirse en mayores oportunidades de trabajo, exportaciones y desarrollo empresarial», afirmó Cuéllar.

La mejora de la calificación reafirma el atractivo de El Salvador como un terreno fértil para el crecimiento económico, impulsando la seguridad jurídica y las condiciones necesarias para el desarrollo de negocios sostenibles.

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Centroamérica

ANDA avanza con la instalación de 2,115 metros de tubería para la nueva planta potabilizadora en Ilopango

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha comenzado la tercera fase de instalación de tuberías para la Planta Potabilizadora de Ilopango, con una intervención que incluye la colocación de 2,115 metros de doble tubería en una zona verde. Esta nueva fase conecta la planta potabilizadora con la Planta de Rebombeo Changallito en Ilopango, y no afectará el tránsito vehicular en la zona.

Simultáneamente, la ANDA ejecuta la segunda fase de este proyecto en la 4.ª avenida norte, hasta la intersección con la calle Rafael A. Gutiérrez, en Ilopango, una obra que comenzó el 2 de noviembre y se extenderá por 90 días.

El proyecto de la nueva Planta Potabilizadora, que cuenta con una inversión de más de $40 millones, mejorará el suministro de agua potable para más de 250,000 habitantes de Ilopango, Soyapango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, como parte de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de China y El Salvador.

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