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Amplían plazo de investigación en caso de desvío de fondos en la presidencia de El Salvador

Amplían plazo de investigación en caso de desvío de fondos en la presidencia de El Salvador
Foto: Factum

28 de noviembre | Redacción |

El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ha autorizado la ampliación del periodo de investigación por seis meses adicionales para que la Fiscalía General de la República concluya las pericias financieras contables relacionadas con la acusación contra el expresidente Sánchez Cerén y otras 17 personas. Están acusados de presuntamente desviar la considerable suma de $183 millones de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia.

La resolución judicial, fechada el 23 de noviembre de 2023, concede la prórroga hasta el 17 de mayo de 2024 para la presentación de los dictámenes periciales solicitados por la Fiscalía. Esta decisión busca garantizar una investigación exhaustiva y precisa sobre el desvío de fondos, que supuestamente tuvo lugar entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2019.

La acusación inicial formulada por la Fiscalía sostiene que los fondos desviados fueron transferidos a seis cuentas de terceros desde la Cuenta de Gastos Reservados de la Presidencia. Se alega que estos fondos terminaron en cuentas particulares del exsecretario privado, Manuel Melgar, y el exdirector ejecutivo de la presidencia, Manuel Ayala. La Fiscalía atribuye a Ayala el blanqueo del dinero a cuentas del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

En el mismo contexto, la Fiscalía acusa al exasistente financiero Pablo Gómez y a Edgar Lizama, exjefe del OIE, de desviar $3,968,547 provenientes de fondos de la cooperación China-Taiwán.

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De los 18 acusados, cuatro se encuentran en prisión, entre ellos el exdirector ejecutivo de Casa Presidencial, Manuel Arturo Ayala Orellana; el exjefe del Estado Mayor Presidencial, Jorge Antonio Revelo; la extesorera Daysi Armida Díaz y el dueño del taller «Frenos y Más», Alexander Benítez Peña.

Por otro lado, los imputados presentes, Jorge Alberto Herrera, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, tienen arresto domiciliario debido a su implicación en el caso Saqueo Público. El próximo 30 de noviembre, recibirán sentencia en relación con ese caso.

Entre los acusados en calidad de prófugos se encuentran el expresidente Salvador Sánchez Cerén, el exsecretario privado José Manuel Melgar Henríquez, y varios exfuncionarios de alto rango. La investigación en curso busca esclarecer las circunstancias del presunto desvío de fondos y llevar a los responsables ante la justicia.

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Centroamérica

Presupuesto 2025 incluye fondos para proyectos en El Mozote como parte de la reparación a víctimas.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele continuará su apoyo a las familias víctimas de la masacre de El Mozote, destinando casi $3 millones en el presupuesto general para el ejercicio fiscal 2025 para obras y proyectos en la zona.

Los recursos serán administrados por seis instituciones públicas: el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Local, Ministerio de Agricultura y Ganadería, e Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu). Según el desglose, Relaciones Exteriores ejecutará $750,000; Salud, $442,650; Cultura, $10,000; Desarrollo Local, $2,362,775; Agricultura, $50,000, y el Isdemu, $50,000. Estos fondos se suman a las inversiones previas realizadas en la zona desde 2019.

Las acciones interinstitucionales que se llevarán a cabo están alineadas con las medidas de reparación moral, simbólica y material para las víctimas de la masacre de El Mozote, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia que involucra a El Mozote y sus alrededores en Morazán.

En 2012, el Estado salvadoreño fue condenado por la CIDH por su responsabilidad en la masacre perpetrada por la Fuerza Armada en El Mozote y áreas cercanas entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981. La corte determinó que el Estado violó derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad personal y la propiedad privada.

Cuatro años después, en 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, la cual había impedido la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra civil.

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Centroamérica

Empresarios destacan impacto positivo de la mejora en la calificación de riesgo de El Salvador

La firma estadounidense Moody’s Ratings elevó la calificación de riesgo de El Salvador de Caa1 a B3, lo que ha generado reacciones positivas entre empresarios y gremiales del país.

El informe de Moody’s destaca los avances en seguridad, la efectividad en el manejo de pasivos, como las recompras de bonos, y la designación de perfiles técnicos en puestos clave de la economía, factores que han contribuido a esta mejora.

Silvia Cuéllar, presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), señaló que esta actualización refuerza los esfuerzos de las gremiales para atraer inversiones, enviando un mensaje de confianza hacia el exterior.

«Es una excelente noticia porque mejora las perspectivas para atraer inversión. Esto significa más confianza en el país, lo que puede traducirse en mayores oportunidades de trabajo, exportaciones y desarrollo empresarial», afirmó Cuéllar.

La mejora de la calificación reafirma el atractivo de El Salvador como un terreno fértil para el crecimiento económico, impulsando la seguridad jurídica y las condiciones necesarias para el desarrollo de negocios sostenibles.

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Centroamérica

ANDA avanza con la instalación de 2,115 metros de tubería para la nueva planta potabilizadora en Ilopango

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ha comenzado la tercera fase de instalación de tuberías para la Planta Potabilizadora de Ilopango, con una intervención que incluye la colocación de 2,115 metros de doble tubería en una zona verde. Esta nueva fase conecta la planta potabilizadora con la Planta de Rebombeo Changallito en Ilopango, y no afectará el tránsito vehicular en la zona.

Simultáneamente, la ANDA ejecuta la segunda fase de este proyecto en la 4.ª avenida norte, hasta la intersección con la calle Rafael A. Gutiérrez, en Ilopango, una obra que comenzó el 2 de noviembre y se extenderá por 90 días.

El proyecto de la nueva Planta Potabilizadora, que cuenta con una inversión de más de $40 millones, mejorará el suministro de agua potable para más de 250,000 habitantes de Ilopango, Soyapango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, como parte de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de China y El Salvador.

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