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Centroamérica

Alarmante represión a la iglesia evangélica según informe de derechos humanos

Foto: AP

8 de diciembre | Redacción |

En los últimos dos años, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha clausurado al menos 256 asociaciones vinculadas a la Iglesia protestante o evangélica, como parte de una medida más amplia que afecta a más de 3.500 ONG, según un estudio publicado el jueves por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

A pesar de que el gobierno sandinista ha sido previamente acusado de perseguir y acosar a la Iglesia católica, incluyendo la prohibición de procesiones y el destierro de sacerdotes y monjas, el informe revela que los evangélicos también están experimentando hostigamiento y acoso por parte de las autoridades.

El estudio, titulado «Cierre del espacio cívico», detalla que el gobierno de Ortega ha cerrado o disuelto un total de 342 organizaciones religiosas, de las cuales 256 eran asociaciones evangélicas, 43 católicas y 43 relacionadas con otras iglesias.

Según Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos, en Nicaragua la Iglesia, especialmente la evangélica, está siendo perseguida de manera más silenciosa. Algunos líderes evangélicos han sido identificados como afines al gobierno, optando por no criticar la represión policial de las protestas de 2018. Además, la abogada señaló que el gobierno ha cerrado gradualmente estas asociaciones evangélicas, revocando sus permisos para operar legalmente en el país y recibir financiamiento del exterior.

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De las 256 asociaciones cerradas, la mayoría (183) se clausuraron en 2022. La medida también incluye el cierre de cuentas bancarias y la confiscación de propiedades a estas organizaciones religiosas.

A pesar de estas acciones, la actividad religiosa de los grupos evangélicos continúa, y aún se llevan a cabo cultos en diferentes ciudades del país. La población nicaragüense, en su gran mayoría creyente, se divide aproximadamente en un 45% que se identifica con la Iglesia católica y otro porcentaje similar que profesa la fe evangélica o protestante, con mayor arraigo en el interior del país y zonas rurales.

El informe también destaca que, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, entre 2019 y 2023, la Iglesia católica sufrió al menos 1,200 agresiones, con expulsiones de monjas y sacerdotes del país, y 12 religiosos encarcelados y condenados a penas de 8 a 30 años de prisión, incluyendo al obispo Álvarez, quien permanece detenido.

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Centroamérica

Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, pierde su visa estadounidense tras criticar al gobierno de Trump

Este martes, se informó que el gobierno de Donald Trump canceló la visa estadounidense al expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien ha sido un firme crítico del actual mandatario de la Casa Blanca. Arias, quien presidió el país centroamericano en dos periodos, primero de 1986 a 1990 y luego de 2006 a 2010, expresó su sorpresa ante la medida, pero reafirmó su postura de seguir siendo un crítico del gobierno de EE. UU.

En respuesta a la cancelación, Arias dijo: «Crítique al gobierno de EE. UU., tanto al actual como al pasado», y aseguró que, a pesar de perder la visa, continuará denunciando lo que considera injusticias, especialmente en temas de migración. «La pobreza no necesita pasaporte para viajar, ni con un muro ni con un mar de por medio», agregó el ganador del Premio Nobel de la Paz en 1987.

Aunque la cancelación de su visa sorprendió a Arias, recordó que lleva más de 50 años siendo un crítico del gobierno estadounidense en cuestiones relacionadas con la migración.

Arias no es el primer exmandatario centroamericano en ser privado de su visa estadounidense; sin embargo, en casos previos, los afectados generalmente estaban involucrados en procesos judiciales por corrupción en sus países. Además de Arias, el gobierno de Trump también revocó las visas de varios diputados costarricenses, incluidos Francisco Nicolás (PLN), Vanessa Castro (social cristiana), y los independientes Johanna Obando y Cynthia Córdoba, según reportes de medios locales.

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Centroamérica

Reino Unido congela activos y prohíbe la entrada a siete funcionarios guatemaltecos por socavar la democracia

El gobierno del Reino Unido anunció este miércoles que tomará medidas contra «siete actores corruptos» de Guatemala, incluido el expresidente Alejandro Giammattei, a quienes se les imponen sanciones por sus acciones que, según el Reino Unido, han socavado la democracia y el estado de derecho en ese país.

Además de Giammattei, quien fue presidente de Guatemala entre 2020 y 2024, también está incluida en la lista la fiscal general María Consuelo Porras.

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico explicó en un comunicado que estas sanciones son una reafirmación de su compromiso para combatir la corrupción y proteger las instituciones encargadas de exigir responsabilidad a individuos corruptos.

Según el comunicado, las sanciones incluyen prohibiciones de viaje y la congelación de activos, lo que impedirá a los sancionados ingresar al Reino Unido o mantener fondos o recursos económicos en este país.

Los otros cinco guatemaltecos sancionados son José Curruchiche y Cinthia Monterroso, quienes ocupan cargos de responsabilidad en la Fiscalía Especial contra la Impunidad; Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público; Melvin Quijivix, exresponsable del Instituto Nacional de Electrificación; y Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno.

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Centroamérica

El Salvador registra los niveles más bajos de homicidios en el primer trimestre de 2025

Las autoridades de El Salvador han cumplido su promesa de mejorar la seguridad, reflejándose en las cifras más bajas de crímenes contra la vida durante el primer trimestre de 2025. Con un promedio de 0.18 homicidios por día, el país ha logrado una notable disminución en comparación con años anteriores.

En los primeros tres meses de 2025, El Salvador ha registrado el promedio más bajo de homicidios. Por ejemplo, en el mismo periodo de 2024, el promedio fue de 0.27 homicidios diarios, y en 2023 fue de 0.41. Según datos de la Policía Nacional Civil, el número total de homicidios también ha disminuido: en enero de 2025 hubo seis homicidios, en 2024 fueron nueve y en 2023 fueron 11. En febrero, el país reportó tres homicidios, en 2024 fueron seis y en 2023 fueron 14. En marzo de 2025, hubo ocho homicidios, comparado con 10 en 2024 y 12 en 2023.

La reducción sostenida de homicidios en los últimos años es, según las autoridades de seguridad, el resultado de las estrategias implementadas por el presidente Nayib Bukele, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.

Además, las autoridades han señalado que las muertes violentas ya no se deben principalmente a las pandillas, como ocurría en el pasado, sino a situaciones de intolerancia, como peleas entre personas ebrias y crímenes pasionales. En 2024, de los 114 homicidios reportados, el 70% fueron atribuibles a estos factores de intolerancia social y familiar.

La significativa disminución de homicidios ha convertido a El Salvador en un referente internacional de cambio. De una tasa de 106 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015, el país llegó a una tasa de 1.9 al final de 2024, el año más seguro en su historia.

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«Lo que por décadas fue impensable para los salvadoreños, vivir sin miedo, con paz y libertad, ahora es una realidad. Somos el país más seguro del hemisferio occidental y vamos a continuar trabajando para garantizar que dentro de nuestro territorio no haya ni un solo criminal», afirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

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